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miércoles, 17 de abril de 2024

Maíz transgénico, fracking, minería y agua, temas analizados por diputadas y diputados en Foro de Diálogo Estatal de Nuevo León


• Participaron legisladores, investigadores, académicos y representantes del sector minería


Como parte de los Foros de Diálogo Estatal, la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, por instrucción de la Junta de Coordinación Política, llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) el encuentro de análisis y debate titulado “Maíz transgénico, fracking, minería y agua”.


La presidenta de la Comisión, Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI), comentó que el foro permite conocer los puntos de vista y la opinión de expertos respecto al proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución, en materia de derecho a la alimentación, medio ambiente sano y derecho a agua, presentada por el Ejecutivo Federal el pasado 5 de febrero.

Enfatizó que el encuentro ayudará a recabar información para aportar elementos a las y los diputados que ayuden a orientar sus decisiones sobre la prohibición de maíz genéticamente modificado, así como autorizar asignaciones presupuestales que garanticen el consumo personal y uso doméstico de agua, además de no otorgar concesiones en zonas de baja disponibilidad del recurso.

También, prohibir prácticas que dañen el medio ambiente y la salud de la población como las actividades de minería a cielo abierto y el fracturamiento hidráulico.

Jaime Arturo Castillo Elizondo, secretario académico de la UANL, destacó la relevancia del evento, pues da la oportunidad de conversar y reflexionar desde el punto de vista académico, particularmente en las áreas de expertise de la Casa de Estudios, a través de las y los investigadores, docentes y alumnos.

“Hoy la universidad abre sus puertas a un foro que busca no solo escuchar, sino comprender las voces y perspectiva de expertos y grupos de interés en temas vitales para nuestro país”, anotó.

Por su parte, Benjamín Limón Rodríguez, secretario administrativo de la Facultad de Ingeniería Civil de la UANL, dijo que hay una gran responsabilidad en la discusión de estos temas que tiene repercusiones nacionales e internacionales, ya que tienen que ver principalmente con el derecho a la vida, la salud y la economía de las personas. “son asuntos polémicos y nos invitan a reflexionar”.

Mesa 1 “Maíz transgénico”

El Diputado Juan Francisco Espinoza Eguía (PRI), secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y Saneamiento, dijo que al Legislativo le toca escuchar los planteamientos y llevarlos a la mesa de discusión, pues hay muchos planteamientos como el que no somos autosuficientes en producción alimentaria.

Francisco Zavala García, profesor e investigador de la Facultad de Agronomía de la UANL, aseguró que México importa alrededor de 17 millones de toneladas de maíz amarillo transgénico a Estados Unidos, el cual tiene un uso extraoficial con riesgo de que su polen vuele hacia otros cultivos nativos con efectos nocivos para la salud, pero no se han hecho hasta ahora trabajos para conocer cómo afecta.

Por su parte, Sugey Ramona Sinagawa García, profesora e investigadora de la Facultad de Agronomía de la UANL, apuntó que sin lugar a duda los productos transgénicos son comercializados en diversos países con beneficio a los productores, y los principales cultivos son maíz, algodón y soya, pero su introducción a nuestro país podría contaminar a variedades especies nativas, además que el uso extensivo de agroquímicos como el glifosato puede afectar la salud.

Jesús Guzmán Glores, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, (CEDRSSA), consideró que de aprobarse la reforma cambiaría radicalmente toda la legislación, ya que, según encuestas, los mexicanos no quieren transgénicos en sus granos básicos y en su dieta; no obstante, ha habido una práctica de mejoramiento del maíz nativo desde hace varios años, tanto en comunidades indígenas como en comunidades rurales.

Mesa 2 “Fracking y minería”

La Diputada Luz Adriana Candelario Figueroa (Morena), integrante de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, resaltó la importancia de este acto de donde el Legislativo sacará lo que el pueblo quiere, al alzar la voz por los productores. “no venimos a convencerlos de algo, sino para escucharlos y analizar la reforma enviada por el presidente”.

En su exposición “Fracking: mitos y realidades”, Víctor Matías Pérez, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la UANL, explicó que usualmente se piensa que estas fracturas contaminarán los mantos acuíferos, pero la realidad es que los primeros están a más de 3 kilómetros de profundidad y los segundos a 300 metro de profundidad.

Juan Rodríguez González, coordinador de la Confederación Nacional de Concesionarios y Empresarios Mineros de México, indicó que muchos artículos y componentes que hay en casas, vehículos y accesorios de vestir, provienen de la minería y aseguró que no se ha explotado ni siquiera el 4 por ciento del territorio concesionado; además, es una actividad que se sataniza bajo el argumento que hace mucho daño al medio ambiente.

Efraín Álva Niño, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la Tierra, remarcó que la minería es una de las actividades más reglamentadas y revisadas por todo lo que se dice a su alrededor, pero se deben conocer los beneficios como el pago de impuestos, generación de empleos y responsabilidad social. Consideró que se debe poner atención en la informalidad de la actividad, pues es donde ocurren más accidentes.

Karen Flores, directora general de la Cámara Minera de México, calificó como irresponsabilidad no aprovechar la basta riqueza minera de México para generar el desarrollo tan necesario, el cual en los últimos siete años ha pagado más de 300 mil millones de pesos en impuestos y genera una derrama económica en 696 comunidades por 249 mil millones de pesos por negocios y empleos alternos a la actividad. “La minería es algo que se encuentra en nuestras vidas y debemos sentirnos orgullosos como mexicanos”.

La experta ambiental, Paola Cázares, dijo que actualmente hay 23 mil títulos de concesión vigentes, los cuales representan el 7.95 por ciento del territorio nacional. Afirmó que esta industria ha procurado hacer un uso eficiente del agua mediante estrictos controles, la implementación de ciclos cerrados para evitar descargas y su reutilización, así como incrementar la recuperación del recurso.

Mesa 3 “Agua”

El Diputado Juan González Lima (PVEM), integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y Saneamiento, aseguró que no se les ha dado la importancia a los temas abordados, aunque existe la necesidad de dar seguridad hidro-alimentaria a todos y cada uno de las y los mexicanos.

Sergio Elías Gutiérrez Salazar, especialista e investigador en Derecho Constitucional, alertó que existen demasiadas leyes relacionadas al agua con disposiciones muy complicadas, cuando lo que en realidad se debe buscar es la protección del agua potable. Propuso elevar a Secretaría de Estado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que se encargaba de administrar los recursos en nuestro país.

En tanto, Ignacio Navarro de León, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la Tierra, dijo que en la última parte del siglo XX se ha dado una lucha entre sectores por el control del agua, recurso al que se le ha dado un valor comercial. Pidió revisar la NOM-011-CONAGUA -2015 y llamó al Poder Legislativo a aprovechar el potencial que universidades y centros de investigaciones representan para dar base científica a la formulación de las leyes.

Alonso Bustillos, integrante del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, declaró que, si no se ve al agua desde la perspectiva de la ciencia y la conciencia, no se podrán establecer parámetros de cambios a la Constitución. Afirmó que la ley debe ser ejecutada como es, por lo que se requiere revalorizar los principios de gestión de este recurso.

Celestino García Gómez, profesor e investigador de la Facultad de Agronomía de la UANL, precisó que se producen cerca de 215 metros cúbicos de aguas residuales por segundo, de las que 145 metros cúbicos son tratadas en las cerca de 2 mil 800 plantas tratadoras. “Es necesario implementar sistemas que ayuden a aumentar el aprovechamiento o reutilización directa del líquido”.

Horacio Martínez Reyes, director general del Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León, resaltó que en su entidad se da tratamiento al 99 por ciento del agua recuperada. Asimismo, se cuenta con proyectos para la reutilización de agua residual tratada. Dijo que se requiere de mayor inversión en infraestructura hidráulica y mantenimiento de las obras, así como lograr mayor eficiencia en el manejo del agua.

lunes, 8 de abril de 2024

En Diálogo Estatal, celebrado en Culiacán, analizan propuesta de reforma constitucional del Ejecutivo Federal en materia de bienestar

•Participan diputadas, diputados, expertos, líderes comunitarios, académicos, funcionarios y organizaciones sociales

Este viernes se realizó, en el Congreso del Estado de Sinaloa, el Diálogo Estatal “Reformas Constitucionales para el Bienestar”, con la finalidad de analizar y discutir las iniciativas del Ejecutivo a los artículos 4º y 27, y la adición de un segundo párrafo al artículo 123, todos de la Constitución Política, convocado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y la Comisión de Bienestar.

La Presidenta de la Comisión de Bienestar, Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), explicó que en este foro se analizaron y discutieron las iniciativas de reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo Federal en materia de programas para el bienestar. Asimismo, se abordaron propuestas que tienen como objetivo primordial garantizar una vida digna y plena para todas y todos los mexicanos.  

Destacó que la iniciativa en materia de programas de bienestar propone reformar el artículo 4° de la Constitución Política con el fin de garantizar una pensión contributiva para las personas con discapacidad permanente menores de 65 años, así como para las personas adultas mayores a partir de esa edad.

Plantea reducir la edad para acceder a la pensión de adultos mayores de 68 a 65 años, además de blindar los recursos destinados a estos programas sociales, al establecer que serán suficientes, oportunos y adecuados, y que no podrán ser disminuidos en términos reales.

Por otra parte, añadió, adiciona el artículo 27 constitucional para garantizar un jornal seguro, justo y permanente a los campesinos que cultiven sus tierras, apoyos directos y fertilizantes gratuitos para los productores de pequeña escala y los pescadores artesanales. Propone mantener precios de garantía para la compra de granos básicos.

El Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que las opiniones y propuestas que de este encuentro surjan servirán para sacar de mejor manera la reforma en materia de bienestar, enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, toda vez que se busca instaurar en la Constitución los derechos sociales para todas y todos los mexicanos.
    
En este sentido, se pronunció a favor de que se le dé al país y a los mexicanos el lugar que merecen para avanzar a través de las reformas que se van construyendo, hacia un liderazgo fuerte, “pues más nos vale no desmantelar” a la nación y mantenerla firme.

La Diputada Merary Villegas Sánchez (MORENA) refirió que es deber de las y los legisladores otorgar herramientas que garanticen mejores oportunidades para el bienestar, progreso, justicia social, reducir brechas de género y desigualdad social. Consideró que solo con la participación de todos, sociedad civil, académicos, entes gubernamentales y organismos autónomos se consolidará un estado de bienestar. Afirmó que este ejercicio es relevante porque fortalece las bases constitucionales para mejorar las condiciones de vida.
    
En su oportunidad, la Diputada Olegaria Carrazco Macías (MORENA) dijo que con estas reformas se asegura que las personas adultas mayores a partir de los 65 años tengan garantizado un ingreso digno a través de una pensión que se incrementará cada año, como un reconocimiento a su trabajo y aportación a la sociedad, garantizando su bienestar en una etapa de su vida que más lo necesita.
 
En tanto, la Diputada Ana Yolanda Elizalde Gastelo (MORENA) destacó que el tema de bienestar es relevante e importante para la ciudadanía. Mencionó que la discapacidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es el impedimento de la capacidad de realizar una actividad en forma o dentro del marco que se considera normal para el ser humano. La reforma plantea garantizar el apoyo a las personas adultas que sufran algún tipo de discapacidad.

El Diputado Casimiro Zamora Valdez (MORENA) destacó la importancia de la participación del pueblo para aterrizar los programas sociales. Mencionó que entre los objetivos del foro de bienestar es que el pueblo se entere que se proponen reformas para darle un nuevo sentido a la justicia social. “De 2018 a la fecha se han realizado foros para que se sepa qué es lo que hacen las diputadas y los diputados para beneficiar a la población”.

Por su parte, la Diputada local del PT, María Guadalupe Cázares Gallegos, integrante de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, afirmó que este encuentro es acertado y representa un paso crucial hacia un futuro más prometedor y equitativo para la sociedad, en un momento en el que el país enfrenta múltiples desafíos que afectan a las comunidades, por lo que el intercambio de ideas llevará a emprender acciones más justas hacia la sociedad.

El Diputado local, Rubén Miranda López (MORENA), del Congreso de Sinaloa, celebró que se lleven a cabo estos foros en donde las distintas opiniones y formas de ver la realidad social de México son compartidas, y desde ese ejercicio democrático se pueden construir las mejores rutas para mejorar la vida de las y los mexicanos. Destacó que es primordial el análisis y diálogo de las leyes que rigen nuestra nación y en este caso de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo.
 
Ponencias


José Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), puntualizó que los grupos poblacionales que tendrán mayor incidencia en la discusión de estas iniciativas son las personas con discapacidad y el grupo de 65 años y más por encontrase en mayor rezago social. Mencionó que en 2022 el 36.3 por ciento de la población estaba en situación de pobreza multidimensional. Si se compara con 2018, que había 41.9 por ciento, y entre 2018 y 2020, hubo una reducción de casi seis puntos porcentuales.

Comentó que la carencia que tuvo mayor prevalencia en 2022 en promedio nacional fue la de acceso a seguridad social, 50.2 por ciento de la población la reporta, mientras que 39 por ciento denuncia la falta de servicios de salud y 19.4 por ciento tiene rezago educativo. Apuntó que la reducción más significativa fue la carencia por alimentación nutritiva de calidad, que en 2018 rondaba casi el 23 por ciento de la población y para 2022 disminuyó a poco más de 18 por ciento.

María Inés Pérez Corral, Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno de Sinaloa, estimó que el análisis y debate de las iniciativas para elevar a rango constitucional los programas sociales debe girar en torno a su permanencia, universalidad y salvaguarda en cada uno de los estados de la República. Enfatizó que la pensión dirigida a la población con discapacidad no debe ser discriminatoria y llegar a las personas que lo necesitan desde cero hasta los 64 años, pues actualmente el límite es de 29 años.
 
El Doctor en derecho constitucional, Felipe César González Morga, destacó la importancia de reformar el artículo 4º constitucional, ya que garantiza los derechos humanos a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores.  En el caso de los discapacitados, se adiciona un aspecto novedoso: que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación o habilitación, para que adquieran capacidades nuevas, se desarrollen de mejor manera y tengan beneficios individuales y sociales.

Francisco Álvarez Valdéz, Doctor en derecho constitucional, dijo que la iniciativa es un avance importante porque beneficia a jóvenes entre 18 y 29 años a quienes se propone capacitar, por lo que resulta relevante destinar presupuesto para garantizar este derecho. “Debe instituirse la obligación de la Federación, entidades federativas y ayuntamientos para que establezcan partidas específicas en el Presupuesto de Egresos que se aprueba de forma anual.