•Participan diputadas, diputados, expertos, líderes comunitarios, académicos, funcionarios y organizaciones sociales
Este viernes se realizó, en el Congreso del Estado de Sinaloa, el Diálogo
Estatal “Reformas Constitucionales para el Bienestar”, con la finalidad de
analizar y discutir las iniciativas del Ejecutivo a los artículos 4º y 27, y la
adición de un segundo párrafo al artículo 123, todos de la Constitución
Política, convocado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados y la Comisión de Bienestar.
La Presidenta de la Comisión de Bienestar, Diputada Ana
Karina Rojo Pimentel (PT), explicó que en este foro se analizaron y discutieron
las iniciativas de reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo
Federal en materia de programas para el bienestar. Asimismo, se abordaron
propuestas que tienen como objetivo primordial garantizar una vida digna y
plena para todas y todos los mexicanos.
Destacó que la iniciativa en materia de programas de bienestar propone reformar
el artículo 4° de la Constitución Política con el fin de garantizar una pensión
contributiva para las personas con discapacidad permanente menores de 65 años,
así como para las personas adultas mayores a partir de esa edad.
Plantea reducir la edad para acceder a la pensión de adultos mayores de 68 a 65
años, además de blindar los recursos destinados a estos programas sociales, al
establecer que serán suficientes, oportunos y adecuados, y que no podrán ser
disminuidos en términos reales.
Por otra parte, añadió, adiciona el artículo 27 constitucional para garantizar
un jornal seguro, justo y permanente a los campesinos que cultiven sus tierras,
apoyos directos y fertilizantes gratuitos para los productores de pequeña escala
y los pescadores artesanales. Propone mantener precios de garantía para la
compra de granos básicos.
El Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), Presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales, aseguró que las opiniones y propuestas que de este encuentro
surjan servirán para sacar de mejor manera la reforma en materia de bienestar,
enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, toda vez que se busca
instaurar en la Constitución los derechos sociales para todas y todos los
mexicanos.
En este sentido, se pronunció a favor de que se le dé al país y a los mexicanos
el lugar que merecen para avanzar a través de las reformas que se van
construyendo, hacia un liderazgo fuerte, “pues más nos vale no desmantelar” a
la nación y mantenerla firme.
La Diputada Merary Villegas Sánchez (MORENA) refirió que es deber de las y los
legisladores otorgar herramientas que garanticen mejores oportunidades para el
bienestar, progreso, justicia social, reducir brechas de género y desigualdad
social. Consideró que solo con la participación de todos, sociedad civil,
académicos, entes gubernamentales y organismos autónomos se consolidará un
estado de bienestar. Afirmó que este ejercicio es relevante porque fortalece
las bases constitucionales para mejorar las condiciones de vida.
En su oportunidad, la Diputada Olegaria Carrazco Macías (MORENA) dijo que con
estas reformas se asegura que las personas adultas mayores a partir de los 65
años tengan garantizado un ingreso digno a través de una pensión que se
incrementará cada año, como un reconocimiento a su trabajo y aportación a la
sociedad, garantizando su bienestar en una etapa de su vida que más lo
necesita.
En tanto, la Diputada Ana Yolanda Elizalde Gastelo (MORENA) destacó que el tema
de bienestar es relevante e importante para la ciudadanía. Mencionó que la
discapacidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es el
impedimento de la capacidad de realizar una actividad en forma o dentro del
marco que se considera normal para el ser humano. La reforma plantea garantizar
el apoyo a las personas adultas que sufran algún tipo de discapacidad.
El Diputado Casimiro Zamora Valdez (MORENA) destacó la importancia de la
participación del pueblo para aterrizar los programas sociales. Mencionó que
entre los objetivos del foro de bienestar es que el pueblo se entere que se
proponen reformas para darle un nuevo sentido a la justicia social. “De 2018 a
la fecha se han realizado foros para que se sepa qué es lo que hacen las
diputadas y los diputados para beneficiar a la población”.
Por su parte, la Diputada local del PT, María Guadalupe Cázares Gallegos,
integrante de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, afirmó
que este encuentro es acertado y representa un paso crucial hacia un futuro más
prometedor y equitativo para la sociedad, en un momento en el que el país
enfrenta múltiples desafíos que afectan a las comunidades, por lo que el
intercambio de ideas llevará a emprender acciones más justas hacia la sociedad.
El Diputado local, Rubén Miranda López (MORENA), del Congreso de Sinaloa,
celebró que se lleven a cabo estos foros en donde las distintas opiniones y
formas de ver la realidad social de México son compartidas, y desde ese
ejercicio democrático se pueden construir las mejores rutas para mejorar la
vida de las y los mexicanos. Destacó que es primordial el análisis y diálogo de
las leyes que rigen nuestra nación y en este caso de las iniciativas
presentadas por el Ejecutivo.
Ponencias
José Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), puntualizó que los
grupos poblacionales que tendrán mayor incidencia en la discusión de estas
iniciativas son las personas con discapacidad y el grupo de 65 años y más por
encontrase en mayor rezago social. Mencionó que en 2022 el 36.3 por ciento de
la población estaba en situación de pobreza multidimensional. Si se compara con
2018, que había 41.9 por ciento, y entre 2018 y 2020, hubo una reducción de
casi seis puntos porcentuales.
Comentó que la carencia que tuvo mayor prevalencia en 2022 en promedio nacional
fue la de acceso a seguridad social, 50.2 por ciento de la población la
reporta, mientras que 39 por ciento denuncia la falta de servicios de salud y
19.4 por ciento tiene rezago educativo. Apuntó que la reducción más
significativa fue la carencia por alimentación nutritiva de calidad, que en
2018 rondaba casi el 23 por ciento de la población y para 2022 disminuyó a poco
más de 18 por ciento.
María Inés Pérez Corral, Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del
Gobierno de Sinaloa, estimó que el análisis y debate de las iniciativas para
elevar a rango constitucional los programas sociales debe girar en torno a su
permanencia, universalidad y salvaguarda en cada uno de los estados de la
República. Enfatizó que la pensión dirigida a la población con discapacidad no
debe ser discriminatoria y llegar a las personas que lo necesitan desde cero
hasta los 64 años, pues actualmente el límite es de 29 años.
El Doctor en derecho constitucional, Felipe César González Morga, destacó la
importancia de reformar el artículo 4º constitucional, ya que garantiza los
derechos humanos a las personas con discapacidad y a las personas adultas
mayores. En el caso de los discapacitados, se adiciona un aspecto
novedoso: que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la
rehabilitación o habilitación, para que adquieran capacidades nuevas, se
desarrollen de mejor manera y tengan beneficios individuales y sociales.
Francisco Álvarez Valdéz, Doctor en derecho constitucional, dijo que la
iniciativa es un avance importante porque beneficia a jóvenes entre 18 y 29
años a quienes se propone capacitar, por lo que resulta relevante destinar
presupuesto para garantizar este derecho. “Debe instituirse la obligación de la
Federación, entidades federativas y ayuntamientos para que establezcan partidas
específicas en el Presupuesto de Egresos que se aprueba de forma anual.
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