Atención preferente a personas adultas mayores en trámites: Diputado local Luis Valdeña

• El Diputado Luis Valdeña (MORENA) propuso que las personas adultas mayores reciban atención preferente en trámites, servicios y procedimientos de autoridades estatales y municipales.

• La iniciativa busca que las autoridades establezcan mecanismos visibles y accesibles que garanticen el ejercicio de este derecho, sin que ello implique erogaciones adicionales a su presupuesto.

Para avanzar hacia una administración pública más humana, incluyente y respetuosa de la dignidad de quienes han contribuido al desarrollo social, económico y comunitario de la entidad, el Diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida (MORENA) propuso que las personas adultas mayores reciban atención preferente, digna y expedita en todos los trámites, servicios y procedimientos que ofrezcan las dependencias y entidades de la administración pública estatal, los ayuntamientos y sus organismos auxiliares.

La iniciativa para reformar la Ley de las Personas Adultas Mayores estatal, expuesta en sesión deliberante, añade que las autoridades deberán establecer mecanismos visibles y accesibles que garanticen el ejercicio de este derecho, sin que ello implique erogaciones adicionales al presupuesto autorizado.

En su participación, el proponente expuso que su iniciativa ayuda a reforzar el catálogo de derechos para evitar dispersión normativa, armonizar el ordenamiento jurídico y fortalecer el enfoque de derechos humanos, alineado con las políticas de bienestar impulsadas a nivel estatal y nacional para la protección integral de las personas adultas mayores.

Añadió que, con esta reforma, el Estado de México avanzaría hacia una administración pública más humana, incluyente y respetuosa de la dignidad de quienes han contribuido al desarrollo social, económico y comunitario de la entidad.

Recordó que, aunque el marco jurídico reconoce un catálogo de derechos para este sector de la población, no establece uno general y transversal de atención preferente en trámites y procedimientos administrativos, lo que genera vacíos normativos, discrecionalidad en su aplicación y trato desigual entre instituciones.

El documento señala que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una proporción significativa de personas adultas mayores presenta limitaciones de movilidad, condiciones de salud crónicas o dependencia parcial, lo que hace que los tiempos prolongados de espera, la falta de orientación clara y la ausencia de mecanismos diferenciados de atención en oficinas públicas resulten especialmente gravosos.

Asimismo, con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022, en el Estado de México hay 2 millones 390 mil 564 personas adultas mayores mexiquenses que requieren la atención y apoyo directo del gobierno, principalmente en los rubros alimentario, económico y de salud.

Incluir a personas cuidadoras en política social, propone Luis Valdeña en el Congreso mexiquense

• El Diputado Luis Valdeña planteó que se considere a las y los cuidadores, especialmente a quienes se encuentren en condiciones de pobreza, como grupos de atención en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de desarrollo social

• Expuso que los cambios demográficos, el incremento en la esperanza de vida, la prevalencia de enfermedades crónicas y discapacidades han generado una demanda creciente de cuidados para personas en situación de dependencia.

• Detalló que el trabajo de personas cuidadoras, particularmente adultas mayores, se ha invisibilizado, lo que las coloca en condiciones de vulnerabilidad.

Ante el desafío que representa para el Estado la organización social del cuidado debido a la creciente demanda de atención para personas en situación de dependencia, el Diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida (MORENA) propuso reconocer, apoyar y fortalecer a las mujeres y hombres que brindan asistencia no remunerada, en congruencia con el derecho al cuidado digno, cuya incorporación en la Constitución estatal fue aprobada en 2024. 

Mediante una iniciativa de reforma a la Ley de Bienestar y Desarrollo Social de la entidad, el legislador propuso que las y los cuidadores —especialmente quienes se encuentren en condiciones de pobreza, exclusión o vulnerabilidad social— sean considerados grupos que merecen atención prioritaria en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de desarrollo social estatal y municipal.

En sesión deliberante, expuso que los cambios demográficos, el aumento de la esperanza de vida, la prevalencia de enfermedades crónicas y discapacidades, así como las persistentes desigualdades socioeconómicas, han generado una creciente demanda de cuidados para personas en situación de dependencia, con discapacidad, con enfermedad crónica, adultas mayores, así como niñas, niños y adolescentes. 

Explicó que esta labor se realiza mayoritariamente en los hogares y es llevada a cabo de manera no remunerada por mujeres y hombres de distintas edades. Compartió que, del total de hogares en México, en 78.1 por ciento alguna persona requiere apoyo o cuidados, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Señaló que el grupo con mayor necesidad de cuidados corresponde a niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años, seguido de la población adulta mayor. 

Este trabajo, puntualizó, ha sido invisibilizado y no siempre considerado de manera explícita en los procesos de planeación del desarrollo social, lo que ha dado lugar a personas cuidadoras —particularmente adultas mayores— que enfrentan condiciones de vulnerabilidad no sólo por su nivel de ingresos o contexto territorial, sino también por la responsabilidad permanente de brindar cuidado sin recibir remuneración. 

Por lo anterior, señaló, su iniciativa fortalecería la planeación del desarrollo social, reconociendo explícitamente a las personas cuidadoras como un grupo que enfrenta riesgos específicos y que puede ser sujeto de atención prioritaria en términos de política pública, conforme a la disponibilidad presupuestal y a los principios de progresividad y sostenibilidad financiera, por lo que no crea derechos subjetivos nuevos, no establece prestaciones directas ni genera obligaciones presupuestales automáticas.