• Fortalece Gobierno del Edoméx su política social enfocada
a los sujetos de derechos.
• Dialoga CIEPS con instituciones académicas y asociaciones
civiles sobre los retos en materia de monitoreo y evaluación.
Toluca, Estado de México, junio de 2022. Durante las
actividades organizadas por gLocal sobre cómo las innovaciones en la
recopilación, el análisis y el uso de datos influyen en el campo del monitoreo
y evaluación (M&E), se logró reunir a 400 asistentes pertenecientes a
instituciones públicas, académicas, organizaciones de la sociedad civil,
tomadores de decisiones, investigadores y expertos del tema.
El Consejo de Investigación y Evaluación de la Política
Social (CIEPS) organismo perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social,
que dirige Alejandra Del Moral Vela, participó con cuatro actividades en
colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma
(UAM-Lerma), la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL) y la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM).
Para la administración encabezada por el gobernador Alfredo
Del Mazo Maza, el enfoque de derechos es el modelo que se constituye como una
herramienta procedimental que plantea la evaluación como una estrategia clave
de desarrollo social en su visión más integral.
Este panel tuvo como objetivo identificar las políticas
basadas en el enfoque de derechos humanos como un área de oportunidad para
impulsar el desarrollo social y humano con equidad y justicia social, así como
visualizar la importancia del M&E como mecanismo que posibilita un mayor
bienestar.
Laura Zapata, Carlos Ricardo Aguilar Astorga y Ángel Mundo,
profesores-investigadores de la UAM-Lerma, enfatizaron sobre la relevancia que
representa en esta labor la colaboración activa de la ciudadanía, pues permite
una mejor orientación de los beneficios y un monitoreo permanente de la acción
pública.
Asimismo, recalcaron que el enfoque de derechos humanos cambia el paradigma tradicional de la política social paternalista y que, ante la coyuntura actual, obliga a replantear a los gobiernos estatales y locales los diseños de los programas sociales.
