• Materializa esfuerzos legislativos para que nuestro país
cumpla sus compromisos internacionales: diputada Guerra Castillo (PRI)
• México tiene un marco legal sólido en la materia, pero aún
enfrenta grandes desafíos: Gautier Mignot
El Grupo de Trabajo para dar Seguimiento a la Implementación
de la Agenda 2030, que coordina la diputada Marcela Guerra Castillo (PRI),
recibió el documento “Cooperación en materia de agua entre la Unión Europea y
México. La incorporación del derecho humano al agua y al saneamiento en la
política y gestión del agua de la UE”.
En el acto protocolario, la también vicepresidenta de la
Mesa Directiva destacó la importancia de este evento porque “materializa los
esfuerzos y resultados de este grupo de trabajo para que México cumpla sus
compromisos internacionales establecidos, a través de los tres órdenes de
gobierno y la Cámara de Diputados”.
Expresó que en 2010 se reconoció en la Constitución como
derecho humano el acceso al agua y “fue una gran conquista, pero se encuentra pendiente
la Ley General de Aguas, para regular la disponibilidad, sostenibilidad y el
saneamiento del vital líquido. Necesitamos hacer esfuerzos legislativos y
políticos para lograr este objetivo”.
Guerra Castillo resaltó que la Unión Europea tiene una legislación
que da pauta para integrar la estrategia parlamentaria que debemos conformar
las y los diputados, a fin de que el marco jurídico sea completo e integral.
“Queda mucho por hacer, pero con compromisos como este y con
aliados como la Unión Europea, lograremos posicionar el papel del agua en el
desarrollo del futuro, así como afrontar los obstáculos y retos actuales para
tomar medidas pertinentes para el bienestar de todas y todos”, subrayó.
Se trata de un estudio sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible
número 6 para garantizar la disponibilidad, gestión sostenible y saneamiento
del agua, y contiene una estrategia de participación pública para el acceso,
gestión de información, financiamiento e infraestructura hídrica, así como de
investigación innovación y gestión de recursos hídricos en la cooperación.
La diputada Karen Castrejón Trujillo (PVEM), presidenta de
la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó que está pendiente
la ley para garantizar el derecho humano al agua. Destacó la importancia de
fortalecer la colaboración con la Unión Europea para incluir al Legislativo en
labores de cooperación internacional, pues “de aquí emanan los cambios en la
legislación nacional y deben estar alineados con acuerdos internacionales, como
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.
Agregó que el documento permitirá identificar oportunidades
de cooperación entre México y la Unión Europea y se pronunció por abordar temas
de captación de lluvia, protección y restauración de ecosistemas, ríos lagos y
humedales; conservación de bosques; recolección de aguas residuales y
concientización.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI),
presidenta de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y
Autosuficiencia Alimentaria, recordó que 70 por ciento del agua se usa para el
sector agrícola en nuestro país, "el agua es la base de la producción de
alimentos; se requieren presas, canales de riego, mantenimiento de pozos,
sistemas de bombeo, conducción del agua y tecnificación del riego".
A su vez, el diputado Noel Mata Atilano (PAN), secretario de
la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, señaló la
necesidad de cambiar la visión sobre el consumo del agua, para pasar de una
posición antropocéntrica a una ambiocéntrica. “Si solo vemos el agua para
consumo humano y no para todos los seres vivos, vamos a desequilibrar el
sistema y a tener problemas muy serios, como ya lo estamos viendo con el
calentamiento global".
Expresó que, en México, 21.3 millones de personas no cuentan
con servicio público de agua; 28.9 no tiene servicio público de drenaje y hay
un serio problema por la obsolescencia de las redes de conducción del agua, que
presenta pérdidas de 47 por ciento del agua que se extrae o se trae de alguna reserva.
El diputado Gabriel Ricardo Quadri de La Torre (PAN),
secretario de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, dijo que, en
México, 76 por ciento del agua se usa en agricultura, que no paga por el
derecho a su uso. Es un problema institucional y de regulación.
Refirió que los temas fundamentales son: escasez y
agotamiento; contaminación y degradación de cuerpos de agua, lo cual es un tema
de Estado de derecho, porque en México no se vigila ni se cumple la ley; y de
regulación del servicio público para que sea eficiente, transparente y
autosuficiente en términos financieros; y de infraestructura hidráulica para la
adaptación al cambio climático.
El diputado Alfredo Porras Domínguez (MORENA) invitó a
reflexionar sobre una cultura política transversal para el manejo eficiente del
líquido e invocó a usar términos como la "cosecha" del agua. Se
refirió, por ejemplo, en el caso de la capital del país donde "llueve seis
meses del año y en Iztapalapa no tienen agua; y tuvieron millones de litros de
agua".
La diputada Julieta Mejía Ibáñez (MC) celebró el grupo de
trabajo legislativo para contribuir en la cooperación e intercambio en materia
internacional con la Unión Europea. Destacó que es necesario atender el reto de
cuidar y fortalecer las aguas subterráneas
Delegación de la Unión Europea en México
En su participación, Gautier Mignot, jefe de la Delegación
de la Unión Europea en México, expresó que México fue uno de los primeros
países en reconocer el derecho humano al agua y saneamiento, y tiene un marco
legal sólido en la materia, pero aún tiene que enfrentar desafíos en materia de
cambio climático, consumo, industria, agricultura intensiva, inversión e
infraestructura.
Destacó que se debe fortalecer la inversión y legislar para
que el agua sea una prioridad en los presupuestos públicos, así como controlar
los niveles de contaminación ambiental, industrial y humana, “para lo cual el
Congreso es clave”.
Explicó que la Unión Europea adoptó un marco legal que garantiza el acceso al vital líquido y asegura la participación de actores públicos y privados en su gestión racional y protección, experiencia que puede ser de utilidad a países socios con los ajustes de acuerdo a su situación específica.
