• El diputado Raymundo Atanacio (PT) propuso adicionar la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
• Si es positivo el resultado por consumo de sustancias
prohibidas, sería invalidado el registro.
Para que las y los candidatos a presidente de la República,
senador, diputado federal y local, gobernador, presidente municipal, regidor y
síndico, cumplan con el requisito obligatorio de realizarse un examen
toxicológico por medio del sector salud, el diputado Raymundo Atanacio Luna
(PT) presentó una iniciativa.
El documento, que adiciona el párrafo 4 al artículo 11 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, plantea que deberán
presentar el resultado ante el Instituto Electoral de cada entidad federativa,
mismo que de ser positivo por el consumo de sustancias prohibidas por la Ley,
se llevará a efecto la invalidación de su registro.
Indica que no se pretende vulnerar los derechos humanos de
las y los candidatos; lo que se busca es dar cumplimiento a los principios y
valores que todo servidor público debe tener para ejercer un cargo, de acuerdo
con el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal y con la
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Menciona que, de acuerdo con dicho Código de Ética, uno de
los valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su
cargo es la integridad, la cual tiene que ver con entender, aceptar y escoger
vivir conforme a los principios éticos y morales, incluyendo la honestidad, la
rectitud y la decencia.
Refiere que México llevará a cabo elecciones federales en
2024, donde se elegirá al presidente de la República, renovar senadoras y
senadores, diputadas y diputados federales, así como gubernaturas, congresos
locales y gobiernos municipales o alcaldías.
“Nos encontramos en un avance positivo de transformación en
el país y no podemos permitir por ningún motivo, que el futuro de México quede
en manos de personas que no tienen los principios y valores necesarios para
asumir el cargo por el que fueron electos, sobre todo cuando se trata de alguna
adicción que les impida cumplir con su mandato”, añade.
Por ello, plantea que, en cada proceso electoral del país,
toda persona que aspire a ocupar un cargo de elección popular a nivel federal,
estatal y municipal, deberá, como requisito obligatorio, realizarse un examen
toxicológico para detectar que no esté mínimamente afectada por el consumo de
sustancias prohibidas por la Ley, que le impidan un adecuado desarrollo de sus
funciones, además de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos
55, 58, 82, 115 y 116 de la Constitución Política.
De esta forma, se garantizaría al pueblo de México que la candidata o candidato a ocupar un cargo de elección popular goce de capacidades y facultades mentales sanas para cumplir con su encargo, enfatiza la iniciativa enviada a la Comisión de Reforma Política-Electoral.
