Logran vincular a proceso a feminicidas, mediante Cero Impunidad

Derivado de la estrategia Cero Impunidad, se vinculó a proceso a los feminicidas de la vicepresidenta de un grupo pro-mujeres y de una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El Subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, presentó el informe correspondiente al periodo del 23 de julio al 5 de agosto, en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En cuanto a las vinculaciones a proceso, mencionó el caso de Rodrigo “N”, acusado del feminicidio Irma “N”, vicepresidenta del grupo feminista 50 Más 1, y de homicidio en grado de tentativa del acompañante de la víctima. Los hechos ocurrieron el 15 de julio, en Puerto Vallarta, Jalisco.

El aparente móvil fue una venganza, debido a que, en una reunión sindical, Rodrigo “N” no fue elegido como supervisor del condominio donde laboraba.

Por su parte, Luis Alfredo “N” fue vinculado a proceso por el feminicidio de Noriko Dallana “N”, enfermera del IMSS, en Coatzacoalcos, el 19 de julio. La Fiscalía General del Estado de Veracruz continúa las investigaciones para esclarecer el asesinato.

El Subsecretario se refirió a la investigación por el homicidio del Coordinador General de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Milton “N”, el pasado 21 de julio, en Coacalco, Estado de México.

Indicó que Erick Gerardo “N” y Lorena Janeth “N” fueron vinculados a proceso con medida cautelar de prisión preventiva justificada, por su probable participación en el asesinato, además enfrentan el cargo de homicidio en grado de tentativa del empleado, de 77 años, del establecimiento de venta de pollo donde ocurrieron los hechos.

Por lo que corresponde a detenciones, expresó que Brayan Jair “N” y Julio César “N”, fueron capturados por la Fiscalía del Estado de Quintana Roo por su presunta participación en el homicidio de un menor de edad, en Cancún.

Mientras que Víctor Hugo “N”, presunto líder de un grupo criminal fue aprehendido por su probable participación en el homicidio de seis personas en la Plaza Garibaldi, alcaldía Cuauhtémoc.

Otro arresto es el de Juan Gustavo “N”, señalado de cometer homicidio calificado en agravio de una mujer, en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Posteriormente, el funcionario federal expuso las sentencias que se han conseguido con la estrategia Cero Impunidad, a Jonathan “N” le impusieron 50 años de prisión, por el secuestro exprés de tres personas a quienes les robaron mercancía con valor de 500 mil pesos, que transportaban en un vehículo, en Tecámac, Estado de México.

A Martín Heriberto “N”, de profesión enfermero, se le aplicó sentencia de 75 años de cárcel por el feminicidio y violación de la doctora Alí Jasel “N”, ocurrido el 17 de septiembre del año 2023, en San José del Cabo, Baja California Sur.

También presentó el caso de prisión vitalicia contra José “N”, alias “47”, integrante de un grupo delictivo, por la agresión registrada el 28 de octubre del 2018, en Almoloya de Alquisiras, en el Estado de México, en donde cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad mexiquense fallecieron y seis más resultaron lesionados por disparos de arma de fuego.

Sobre el homicidio del Periodista Alejandro Martínez Noguez, conocido como “El Hijo del Llanero Solitito”, el Subsecretario dijo que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una carpeta de investigación y designó un equipo forense y operativo para el esclarecimiento de los hechos y lograr la detención de los responsables.

El Subsecretario Rodríguez Bucio detalló que José Antonio “N”, Exdirector General de Servicios Aéreos de la entonces Procuraduría General de la República fue beneficiado por la jueza de Distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente en la Ciudad de México, Alejandra Domínguez Santos, quien ordenó el levantamiento de las medidas cautelares.

El exdirector enfrentaba un proceso por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y fraude equiparado, derivado de haber celebrado, en 2013 y 2015, dos contratos para la adquisición de aeronaves no tripuladas y drones por una cantidad superior a los 614 millones de pesos.

Señaló que la Fiscalía General de la República interpondrá recurso de apelación contra la determinación y procederá penalmente contra la jueza por delitos contra la administración de justicia.

Además, dio cuenta de la extradición de tres personas que eran requeridas por Cortes de Oregón, Ohio y Nueva York por el homicidio de una mujer, abuso sexual, y homicidio calificado.

Impulsan en el Congreso permiso menstrual

 

Piden 15 años de prisión por ecocidio y que feminicidas pierdan derechos sobre descendientes, ascendientes y colaterales.

Plantean considerar a mujeres vulnerables en programas sociales y promover el cuidado al medio ambiente en menores de edad.

El Congreso local analizará iniciativas para otorgar un permiso menstrual a servidoras públicas, para establecer penas de hasta 15 años de prisión por el delito de ecocidio, para que feminicidas pierdan sus derechos con descendientes, ascendientes o colaterales, para considerar a las mujeres en situación de vulnerabilidad o violencia en planes y programas sociales, así como para promover el respeto al medio ambiente entre menores de edad.

En sesión deliberante, en la cual, Iván Flores Paredes rindió protesta como diputado de la LXI Legislatura mexiquense, se presentó la propuesta de reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios para que a las personas servidoras públicas se les otorgue licencia por un día hábil al mes con goce de sueldo cuando se encuentren imposibilitadas de llevar a cabo su jornada laboral a causa de los malestares físicos presentados durante su periodo menstrual. Esta propuesta será analizada por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social y que plantea

Proponen sanciones de 15 años de cárcel por ecocidio

Durante la sesión también se recibió la propuesta de reformas al Código Penal de la entidad que propone incluir el capítulo denominado ‘Ecocidio’ para establecer penas de hasta 15 años de prisión a quien cometa el delito de ecocidio, para quien, por sí mismo o por interpósita persona, derivado de las actividades que realice, cause un daño grave, masivo y extenso en superficie y temporalidad a los recursos naturales, flora, fauna, calidad del agua, suelo, subsuelo, aire o el ambiente, cuyo resultado sea la afectación parcial o total de un ecosistema determinado, así como el desequilibrio que pueda sufrir. Será analizada por las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Procuración Ambiental y Cambio Climático.

La iniciativa añade que el delito también será cometido por toda autoridad, servidor o funcionario público que a partir de su jerarquía modifique, autorice, altere documentos o permisos que traigan como resultado el ecocidio, así como aquellos que en complicidad con terceras personas sean omisos a la atención de la afectación de un ecosistema, con conocimiento previo de la situación; y que habrá una pena de hasta 17 años de prisión cuando las conductas se realicen por servidores públicos para obtener un lucro o beneficio económico y se documente la complicidad para lograr el delito. 

Piden que feminicidas pierdan derechos sobre descendientes y ascendientes

Asimismo, se turnó a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia la iniciativa para reformar los códigos penal y civil estatales para que quien cometa el delito de feminicidio pierda todos los derechos con relación a sus descendientes, ascendientes o colaterales, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela, guarda y custodia, de régimen de convivencia o derecho de visita según sea el caso, así como de su derecho de exigir deberes alimentarios o de cuidado si es que este existiere.

Desarrollo social con perspectiva de género

También se recibió la iniciativa de reformas a la Ley de Desarrollo Social de la entidad que busca establecer que, en los planes y programas estatales y municipales de desarrollo social, se contemplen prioritariamente la generación, conservación y capacitación para el trabajo y el incremento de la competitividad, con perspectiva de género e igualdad sustantiva; vivienda, a través de instrumentos y apoyos para que la familia disfrute de un hogar digno y decoroso, así como para las mujeres en situación de vulnerabilidad o víctimas de violencia. Será analizada por la Comisión de Desarrollo y Apoyo Social.

Educación medioambiental desde la niñez

Durante la sesión se recibió la iniciativa de reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estatal para que las autoridades estales eduquen a niñas, niños y adolescentes sobre el respeto al medio ambiente, inculcando en ellas y ellos la adopción de estilos de vida sustentables, así como que generen conciencia sobre las causas-efectos del cambio climático. La propuesta fue sometida a dictamen de las comisiones de Protección Ambiental y Cambio Climático y Especial de las Niñas, Niños, Adolescentes y de la Primera Infancia.

Proponen diputadas ecologistas suspender patria potestad a feminicidas

• Se debe suspender la patria potestad desde que se les vincule a proceso aún en grado de tentativa: María Luisa Mendoza.

• Plantea que la responsabilidad de hijas e hijos quede en los familiares maternos desde la vinculación a proceso y no hasta la sentencia.

Las diputadas ecologistas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo plantearon reformas en materia civil y penal a fin de eliminar la patria potestad sobre niñas, niños y adolescentes, hijas e hijos en común, al padre que sea condenado o vinculado a proceso por feminicidio.
En sesión deliberante, la legisladora propuso que aún sobre la presunción de inocencia del supuesto feminicida, se suspendan los derechos de patria potestad de los hijos en común con la víctima desde el momento del auto de vinculación a proceso por feminicidio o su tentativa. Una vez que el feminicida sea condenado, la pérdida de la patria potestad será definitiva.
La iniciativa de reforma a los Códigos Penal y Civil de la entidad, también propone que la responsabilidad de las hijas e hijos quede en los familiares maternos desde la vinculación a proceso y no hasta la sentencia, como suele ocurrir actualmente, y considerar como agravante si el feminicidio se comete frente a las hijas o hijos de la víctima directa.
La legisladora María Luisa Mendoza explicó que se plantea fortalecer el marco normativo para garantizar una efectiva procuración e impartición de justicia a las mujeres víctimas de feminicidio, pero también de salvaguardar los derechos de las víctimas colaterales, como hijas e hijos, quienes se quedan en una situación de vulnerabilidad ante el asesinato de su madre.
La iniciativa fue remitida a dictamen de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de la Familia y Desarrollo Humano en sesión en la que se contó con la presencia de la diputada de Puebla Mónica Silva Ruiz, quien impulsó una iniciativa con este propósito, conocida como “Ley Monzón” en aquella entidad.