En Tlalnepantla no se reportan ni se atienden todos los
delitos, denunció Max Correa.
Autoridades estatales y municipales deben guiarse por los
principios de profesionalismo y respeto a los derechos humanos.
El Congreso del Estado de México solicitó a los titulares de
la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia, del Estado de
México, que, en ejercicio de sus atribuciones, de manera coordinada apliquen
las políticas de investigación, dictando las disposiciones necesarias para
asegurar y proteger en forma inmediata el orden público y los derechos humanos
garantizando el funcionamiento del C5, y de los C4 en colaboración con los
municipios.
Dichas actividades, indica el punto de acuerdo aprobado por unanimidad, deberán
guiarse por los principios de eficacia, honradez, imparcialidad, objetividad,
profesionalismo y respeto a los derechos humanos con perspectiva de género.
El acuerdo, impulsado por el Diputado Max Agustín Correa Hernández (MORENA), en
atención a denuncias de la ciudadanía de Tlalnepantla en el sentido de que no
se atienden ni reportan todos los delitos, solicita a la Secretaría de
Seguridad corroborar si cada homicidio, robo o delito son registrados o no por
la Fiscalía General de Justicia del Estado; y también solicita a la Secretaría
de Seguridad aplique una auditoría de funcionamiento a las cámaras de
vigilancia C-5 y C-4 en coordinación con los municipios.
Conforme al punto de acuerdo, esta situación contrasta con lo que señalan los
gobiernos municipales que operan con simulación y ventajismo, pues hasta son
premiados a nivel internacional por tener bajos índices de seguridad, cuando en
los hechos se padece todos los días y a toda hora.
Por la bancada del PAN, los Legisladores Francisco Javier Santos Arreola y
Alonso Adrián Juárez Jiménez, se sumaron al exhorto, pero rechazaron
responsabilizar a un solo municipio, y pidieron no politizar los temas de
seguridad.
