Presume Fiscalía de Veracruz que ya “concluyeron” diligencias por caso Narvarte

PROCESO La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y su Fiscalía de Investigación de Homicidios Dolosos ya concluyó sus diligencias y toma de declaraciones con servidores públicos de Veracruz, presumió la Fiscalía General del Estado (FGE).

El ente autónomo del gobierno de Javier Duarte aseguró que los servidores públicos citados, Arturo Bermúdez Zurita de la Secretaria de Seguridad Pública, (SSP), Luis Fernando Perera Escamilla de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y las directivas de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), Namiko Matzumuto y Benita González, ya rindieron su declaración para ayudar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la colonia Narvarte de la ciudad de México, donde fueron ejecutados con el tiro de gracia, el fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro, Rubén Espinosa y la activista del Movimiento 132, Nadia Vera. “Este miércoles, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo Bermúdez rindió su declaración en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. En el marco de las investigaciones que se realizan, el funcionario estatal reiteró la absoluta disposición del gobierno de Veracruz por colaborar en la investigación de estos hechos”. El comunicado precisa que el extitular de la misma Secretaría, Sergio López Esquer solo se comunicó con las autoridades de la Fiscalía Estatal, pues el exfuncionario ya no reside en el estado de Veracruz desde 2011. La FGE precisó que declarará, pero no puntualizó si lo hará en el Distrito Federal o lo hará en otra entidad federativa, apoyado en la colaboración de una procuraduría local. En el noticiero nocturno de Televisa, Joaquín López Doriga aseguró que López Esquer aún no rendía su declaración. El comunicado de la FGE detalla que ya se “agotó” el pliego de solicitud de colaboración por parte de la PGJDF luego de que ayer miércoles presentaron su declaración la Presidenta y a la Secretaria Técnica de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas. “La Fiscalía General del Estado informó que los funcionarios atendieron la totalidad de los cuestionarios presentados por la Procuraduría capitalina, en los que se incluyeron los cuestionamientos elaborados por el coadyuvante de la investigación Artículo 19”. Sin embargo, ni la FGE ni la PGJDF tomaron en cuenta, que los abogados de los familiares de Nadia Vera habían solicitado la declaración de amigos de la activista, así como también del fotoperiodista de Proceso, Rubén Espinosa.

Trabajar muchas horas aumenta el riesgo de sufrir una embolia cerebral

LA CRÓNICA Las largas jornadas laborales suponen un grave peligro para la salud y podrían aumentar el riesgo de sufrir una embolia cerebral, según una investigación difundida hoy por la revista científica "The Lancet".

Los investigadores descubrieron -a partir de los datos de más de 500.000 personas de Estados Unidos, Europa y Australia- que aquellos que trabajan más horas tenían también más riesgo de sufrir una embolia o un ataque al corazón. Los científicos tomaron como referencia una jornada laboral media de entre 35 y 40 horas semanales para comprobar cómo afectaba el aumento de horas de trabajo al riesgo de enfermedades cardiovasculares. Así, comprobaron como en una jornada laboral de 41 a 48 horas semanales el riesgo asociado se incrementaba en un 10 %; mientras que trabajar de 49 a 54 horas a la semana aumentaba el peligro hasta el 27 %; y hacer más de 55 horas suponía multiplicar el peligro por tres. Los científicos emplearon el metaanálisis para cruzar los datos de 25 estudios, localizando así tendencias que se hubiesen podido pasar por alto en las investigaciones previas. Mika Kivimaki, investigador de la University College London, afirmó que "la puesta en común de los estudios previos disponibles" les permitió "investigar la relación entre trabajar muchas horas y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares con una precisión sin precedentes". Una vez establecida la relación, los científicos deben aclarar por qué las largas jornadas laborales tienen tal impacto en este tipo de afecciones; los autores apuntaron que otras causas como el estrés, la vida sedentaria y el alcohol podrían estar relacionadas. Por su parte, el coautor del estudio Urban Jarlert, investigador de la Universidad Umea de Suecia, alertó de que trabajar muchas horas no es una "negligencia insignificante" e insistió en la necesidad de una legislación que regule las horas máximas de las jornadas de trabajo. Jarlert explicó que, dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Turquía es el país donde las jornadas laborales son más largas con el 43 % de la población trabajando más de 50 horas semanales, en contraste con Holanda, donde esa proporción disminuye hasta el 1 %.

Ayotzinapa, la mentira histórica al desnudo

PROCESO El 27 de enero pasado Jesús Murillo Karam dio una de sus últimas y polémicas conferencias de prensa sobre los sucesos de Iguala y la situación de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Presumió la detención de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y afirmó que tras 386 declaraciones “esta es la verdad histórica: los normalistas fueron calcinados, están muertos”.

Murillo Karam ya no está en la PGR, pero su “verdad histórica” sigue siendo tan cuestionada y desmantelada como en su momento lo fue su tenebroso relato del “holocausto” en Cocula, Guerrero, del 7 de noviembre anterior. La pretensión de darle “carpetazo” a la desaparición de los 43 normalistas fue su misión como procurador, nunca la justicia y menos una investigación a la altura de la conmoción nacional e internacional generada por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. El reciente avance del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH viene a ser una estocada no sólo a la “verdad histórica”, sino a las mentiras veladas y abiertas de Murillo Karam y de todos los integrantes del Estado mexicano involucrados en la investigación. “No hay una sola evidencia” de la participación del Ejército en los sucesos de Iguala, sentenció aquel 27 de enero Murillo Karam. Ahora, este lunes 17 el GIEI fue contundente: existe una negativa sistemática del Estado mexicano para que los expertos independientes entrevisten a militares del 27 batallón de Iguala. “El GIEI no entiende por qué ha podido entrevistar a víctimas, policías, inculpados, testigos y otros agentes del Estado y; sin embargo, en este caso es remitido a la vía penal… En nuestra respuesta remitida al Estado el 4 de agosto señalamos la urgencia de hacer las entrevistas y la disponibilidad de hacerlo del 10 al 14 de agosto, en nuestra última visita antes de presentar el informe”, subrayaron en el documento que está disponible en la página oficial del grupo de expertos. La respuesta de la PGR a este grupo de cuatro expertos fue que formularan “por escrito” las “posiciones” que consideren formen parte de la diligencia ministerial y que, derivado de las características de esta indagatoria, “sólo estará presente la autoridad ministerial y quienes deban desahogar las posiciones que sean formuladas”. El GIEI lamentó la respuesta y considera relevante poder entrevistar a los integrantes del 27 Batallón de Iguala, sin inculparlos o responsabilizarlos de nada. No puede existir “verdad histórica” en tanto el Estado mexicano se cierre a la posibilidad de que los efectivos militares rindan cuentas de su papel –aun sea por omisión– en los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. El GIEI también aportó nuevas revelaciones que sacuden todas las certezas de la “verdad histórica”: 1.- Se perdieron pruebas del caso. Lo más grave es la destrucción de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de los 43 normalistas en la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia. “Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del Tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos”, advirtieron los especialistas en su informe preliminar. 2.-Nuevas evidencias de ropa de los normalistas desestimadas por la PGR. Esta falla es considerada “grave” por el GIEI, pues en la diligencia original del 27 de septiembre de 2014 se resguardó ropa de algunos de los normalistas desaparecidos. Esta situación no era conocida por familiares ni representantes legales y tampoco existía “un registro específico ni procesamiento de la misma”. El GIEI ha pedido a la PGR que esta ropa fuera examinada por sus peritos y por los integrantes del Equipo de Argentino de Antropología Forense (EAAF), el primer organismo internacional que cuestionó abiertamente la “verdad histórica” de Murillo Karam. 3.-Necesidad de nuevas autopsias ante evidencias de “posibles artefactos o de caninos”. En el caso de Julio César Mondragón Fuentes, de Daniel Solís y Julio César Ramírez, los especialistas advierten que “no se evaluaron ciertas lesiones que aparecen en el informe original de la autopsia y en las fotografías proporcionadas”. En el caso de Mondragón se registraron “huellas en los huesos de la cara de posibles artefactos o de caninos que dejan señales características”. Ninguna de las 386 declaraciones que Murillo Karam presumió como parte del expediente de 115 tomos mencionó la existencia de perros en el ataque a los normalistas ¿Por qué? ¿Quiénes utilizan perros para agredir a jóvenes? Por esta razón, el GIEI solicitó que se haga una “segunda autopsia” al cuerpo de Julio César Mondragón. 4.-No se les reconoce como víctimas de desaparición forzada.- Ni a los heridos ni familiares de los normalistas, ni a las víctimas directas o indirectas del caso, se les han dado “medidas de atención y reparación integral”. El GIEI ha pedido a la CNDH que “realice recomendaciones para que todas las disposiciones de la ley de víctimas y el conjunto de los derechos de las víctimas cuenten con el necesario reconocimiento y soporte legal”. En tanto la “verdad histórica” pretende dar carpetazo desde la célebre conferencia del 7 de noviembre del “Ya me cansé” de Murillo Karam, los análisis e informes de entidades ajenas al Estado mexicano reiteran que se trata de un caso de desapariciones forzadas que no ha sido indagado ni investigado como tal. El informe preliminar del GIEI (el final se dará a conocer el 2 de septiembre próximo) constituye, quizá, el golpe más certero a la mentira histórica que el Estado mexicano pretende construir en torno a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Peritos argentinos y CNDH Antes de este documento, los peritos de la EAAF cuestionaron el 7 de febrero la “verdad histórica” de Murillo Karam con un informe muy detallado que resultó una clara denuncia a la manera de la PGR de colectar y resguardar evidencias. Los peritos argentinos afirmaron que no estuvieron presentes en la recolección de evidencias en el basurero de Cocula entre el 27 de octubre y 6 de noviembre de 2014. Los peritos de la PGR recogieron evidencia consistente en 42 elementos balísticos, muestras de tierra y otros elementos no biológicos “sin haber avisado ni contar con la presencia de la EAAF”. También señalaron la “ausencia de custodia en el basurero de Cocula”, entre el 7 y el 28 de noviembre anterior. La EAAF encontró “fuerte evidencia sobre la existencia de múltiples focos de fuego en los últimos años en el basurero de Cocula”, por lo tanto, no es concluyente la tesis de la PGR de que fue “un solo evento de fuego” el que originó que calcinaran presuntamente a los normalistas. El 24 de julio pasado en su Informe del Estado de la Investigación del Caso Iguala, la CNDH también señaló que se cometieron varias fallas y omisiones para aclarar los hechos. El organismo mexicano mencionó la “falta de pruebas”, pero no fue tan detallado ni explícito como los cuatro expertos del GIEI. ¿Qué hará ahora la procuradora Arely Gómez ante el desafío que plantean las observaciones y denuncias a la “verdad histórica” de Murillo Karam? Si la orden de Enrique Peña Nieto es mantenerse en la tesis original de un holocausto cometido por sicarios del narcotráfico, coludidos solamente con policías municipales de Iguala, estaremos presenciando la mentira histórica más grave y más vergonzosa del Estado mexicano frente a la comunidad internacional.

Alcanza dólar los 17.04 pesos a media jornada

LA CRÓNICA Bancos del Distrito Federal ofrecen el dólar libre en un máximo de 17.04 pesos, lo que representa el alza de un centavo respecto al inicio de la sesión, y se compra en un mínimo de 16.09 pesos.

Por su parte, el euro avanzó cuatro centavos, al situar su cotización máxima a la venta en 19 pesos. De acuerdo con Grupo Financiero Monex, las cifras en Estados Unidos fueron mixtas con sesgo positivo, lo que apoya la fortaleza del dólar, las ganancias en el mercado accionario y pérdidas en el mercado de deuda norteamericano. El Banco de México (Banxico), subastó 200 millones de dólares sin precio mínimo, a un tipo de cambio ponderado de 16.7324 pesos, como parte de los mecanismos que utiliza para proveer de liquidez al mercado cambiario. Asimismo fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana es de 16.4908 pesos.

México, en riesgo de un embargo pesquero por tortugas caguama

PROCESO México quedó en riesgo de sufrir sanciones comerciales por parte de Estados Unidos por no proteger adecuadamente a las tortugas caguama.

El origen de esas penalizaciones radica en la certificación negativa expedida el 14 de agosto por el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS, por sus siglas en inglés), debido a que considera que las normas mexicanas no son comparables en alcance y efectividad con las de Estados Unidos. Aunque México ha instaurado regulaciones para proteger a la tortuga ‘caretta caretta’, caguama o amarilla, “no ha adoptado un programa regulatorio para eliminar o reducir la captura incidental que sea comparable en efectividad al de Estados Unidos, tomando en cuenta condiciones diferentes que podrían respaldar la capacidad y eficacia de estas medidas”, cita la ‘Adenda al reporte bianual al Congreso’, de cinco páginas de extensión y consultada por Apro. El documento, enviado a la Casa Blanca, señala que México no entregó evidencia de medidas de manejo que sean comparables en efectividad a las de Estados Unidos al abordar la captura incidental de los quelonios a causa de las artes de pesca utilizadas en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur (BCS). La resolución se basó en el examen del “Acuerdo por el que se establece una zona de refugio pesquero y medidas para reducir la posible interacción de la pesca con tortugas marinas en la Costa Occidental de Baja California Sur”, publicado el 10 de abril último por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). Esta disposición avala la mortalidad incidental de 90 ejemplares anuales en la zona, impone restricciones para redes pesqueras a partir de octubre próximo y hasta abril de 2017, y demarca un santuario de 8 mil 848 kilómetros cuadrados, de los cuales las prohibiciones sólo aplican a 2 mil 511 kilómetros. Además, instaura un Programa de Asistentes Técnicos a Bordo u Observadores Científicos de la flota ribereña, con el propósito de que las inspecciones se vuelvan permanentes. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, de la cual depende NMFS, despedazó el programa de protección. “La reserva y el área de restricción tienen alcances geográficos limitados, así como las acciones de manejo asociadas. Además, algunas de las restricciones a las redes son sólo aplicables de mayo a agosto y hay un retraso de seis meses antes de que los requisitos entren en vigor. Incluso, las restricciones sólo abordan el tamaño de la malla y no otros factores (tiempo de inmersión, largo de la red) que podrían impactar en la frecuencia de la captura incidental y la mortalidad de las tortugas”, cuestionó la autoridad estadunidense. El informe revela que México no entregó evidencia documental para indicar qué medidas de manejo estarán vigentes de septiembre a abril para disminuir directamente la captura incidental, fuera de las medidas de mitigación de redes en el área restringida. Adicionalmente, el programa está autorizado sólo para 2016 y México no ha dado información sobre cómo abordará estos temas a partir de 2017. “La incertidumbre también rodea la efectividad de la aplicación del límite de mortalidad”, cita el texto, pues las regulaciones no requieren el reporte de captura incidental en tiempo real, “lo que no deja claro cómo la pesquería podría ser clausurada a tiempo para garantizar que no ocurra una mortalidad adicional”. NMFS puso en duda el cumplimiento del tope de especímenes muertos. “Es posible que México subestime el nivel de mortalidad. Los límites aplican sólo dentro de la reserva, pero es sabido que las embarcaciones operan fuera del área”, afirma. Finalmente, el examen indica que los programas de observadores y de cumplimiento de las normas no fueron descritos a detalle y hubo una falta total de claridad sobre cómo serán ejecutados. “Hay preocupaciones específicas sobre la efectividad del programa de observadores y su habilidad para apoyar la aplicación del límite de mortalidad”, resume. La tortuga caguama anida y desova en las costas de Japón, y cada año nada hasta el litoral del suroccidente de Estados Unidos y la península de Baja California. Su arribo se incrementa de mayo a agosto, cuando los quelonios más jóvenes maduran y regresan a playas niponas. Entre 15 mil y 20 mil ejemplares llegan a aguas mexicanas, y para éstos la mayor amenaza es la captura incidental por el uso de redes de arrastre y otros equipos marinos. En 1990 México prohibió la captura directa e intencional de tortugas marinas. Además, la caguama se encuentra entre las variedades protegidas. En Estados Unidos esa tortuga fue originalmente enlistada como “amenazada” bajo la Ley de Especies en Peligro en 1978. NMFS agregó en 2011 cuatro poblaciones, incluyendo la caguama del Pacífico Norte al status “en riesgo de extinción”. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental y varios científicos estiman que más de 2 mil tortugas mueren al año debido a las prácticas pesqueras en BCS, la mayor mortalidad global documentada. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente calculó más de 200 especímenes varados en 2014: 145 de tortuga caguama, 37 de tortuga prieta y 30 de golfina. Presión exitosa Organizaciones ambientalistas que han pugnado por la certificación negativa apoyan ese fallo y urgen al presidente estadunidense Barack Obama a definir las sanciones con prontitud. Estados Unidos “ha dicho formalmente que México no está haciendo lo suficiente para proteger a las tortugas caguama. Saludamos la decisión, pues es una buena noticia para las tortugas marinas. La ley estipula que el presidente declare un embargo a los productos marinos mexicanos”, declaró a Apro Sarah Uhlemann, directora del programa internacional del estadunidense Centro para la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés). La especialista explicó que las regulaciones mexicanas simplemente no son suficientes para proteger de la extinción a las tortugas caguama. “Al emitir una certificación negativa, NMFS le dice a México que debe ajustar esas regulaciones o perderá pronto su habilidad para vender ciertos productos pesqueros en el mercado estadunidense”, precisó. Uhlemann adelantó que presionarán a la Casa Blanca para que tome “una acción pronta y fuerte”. Aunque la ley no estipula un lapso para imponer las sanciones ni su naturaleza, establece que NMFS debe evaluar si éstas han sido eficaces a los 60 días de anunciar su decisión. Por ello, México puede perder la entrada de productos pesqueros al país vecino y beneficios portuarios. Desde 2005, el país ha exportado un promedio anual de unos 500 millones de dólares en productos pesqueros, según la Oficina estadunidense del Censo. La certificación negativa persistirá hasta que la Secretaría de Comercio resuelva que México ha tomado las acciones necesarias acorde con la ley. Si el país revierte la certificación antes del reporte bianual de 2017, NMFS elaborará otra adenda para anunciar esa determinación. Es la primera vez que Estados Unidos certifica negativamente a una nación por pesca ilícita no reportada o captura incidental de especies marinas bajo la Ley de Protección Moratoria. Desde febrero de 2013 al 1 de mayo último ambos gobiernos efectuaron 19 intercambios, entre envíos de información y reuniones conjuntas, sobre la evaluación y las respuestas por parte del gobierno mexicano. En enero de 2013, el Departamento de Comercio envió al Congreso estadunidense su reporte bianual “Mejorando el manejo de las pesquerías internacionales”, en el que identificó por primera vez a México por actividades pesqueras que implican la captura incidental de recursos marinos vivientes protegidos. En su informe similar de febrero último, NMFS pospuso para mayo la decisión de sanciones a México por su política hacia el quelonio. Pero el retraso mexicano en enviar la normativa a sus contrapartes estadunidenses demoró la resolución hasta este viernes 14. Desde mayo de 2013, CBD y la Red de Restauración Turtle Island iniciaron una campaña por la imposición de sanciones a México con el argumento de que el país viola la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, vigente desde 2001 –en la que se comprometió a reducir su captura incidental–, y las disposiciones de Estados Unidos sobre el cuidado de recursos marinos amenazados. “Esperamos que México responda rápidamente y fortalezca sus regulaciones y las aplique inmediata e indefinidamente”, planteó Uhlemann. En su evaluación, NMFS concluyó que el programa mexicano puede incentivar la pesca fuera de la reserva, donde actualmente no hay reducción de captura incidental o requisitos de presencia de observadores, pero sí hay caguamas. “Cualquier mortalidad fuera de la reserva no sería incluida en el límite de 90 ejemplares”, alertó. Para evitar una certificación negativa, un país debe demostrar la adopción de un programa regulatorio para terminar con la pesca incidental o para reducirla de tal manera que sea comparable con la de Estados Unidos, y establecer un plan de manejo para cooperar con la recolección de datos específicos por especie para respaldar la evaluación del inventario de ejemplares y los esfuerzos de conservación.

Muere actriz española Lina Morgan

LA CRÓNICA La actriz española Lina Morgan, uno de los rostros más conocidos de los teatros, cines y televisión de este país, murió hoy a los 78 años de edad, y su fallecimiento generó consternación en el ámbito cultural del país.

María de los Ángeles López Segovia, conocida como Lina Morgan, nació en Madrid en 1937, debutó con 13 años de edad en un espectáculo musical y a partir de allí se incorporó al teatro de revista con el que se consolidó desde los años 60 y destacó en toda su carrera en papeles cómicos. En el Teatro de La Latina de Madrid, que arrendó en los años 80, presentó en esa década algunos de sus éxitos más conocidos como “Vaya par de gemelas”, “Sí al amor”, “El último tranvía” y “El celeste no es color”. En su carrera sumó 61 obras de teatro de diverso género, 26 películas como “La tonta de bote” (1970) que fue uno de sus mayores éxitos, y en televisión en numerosos programas y series, como las recientes “Aquí no hay quien viva” y “Escenas de matrimonio”. Las reacciones a su muerte provinieron fundamentalmente de compañeros como la actriz Concha Velasco, Emilio Gutiérrez Caba, el realizador Manuel Gutiérrez Aragón, el productor José Luis Moreno, la Academia Española de Televisión, entre muchos otros. Por parte del gobierno expresaron sus condolencias el presidente Mariano Rajoy, así como el líder del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez. En tanto, en la plataforma Change.org se lanzó una iniciativa para pedir firmas que avalen que el Teatro de La Latina de Madrid lleve el nombre de Lina Morgan.

Incumple México con 14 Objetivos de Desarrollo del Milenio

PROCESO Las insuficiencias en el ingreso laboral, la salud y la protección al medio ambiente hacen que México incumpla con 14 de los 51 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que se comprometió a alcanzar para finales de este año.

De acuerdo con el Informe de los Avances de los Objetivos del Milenio 2015, que presentaron hoy altos funcionarios del gobierno federal –entre ellos la titular de la Sedesol, Rosario Robles–, la situación del medio ambiente en México empeoró en los últimos 25 años. Así, la superficie del país cubierta por bosques y selvas se redujo en 2% desde los años noventa, mientras se dispararon las emisiones de dióxido de carbono y la utilización de los recursos hídricos. Por su parte, la proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria se encuentra en 2.8%, una tasa superior a la de 2010 y 0.4% por encima del objetivo establecido. Si bien las metas de cobertura educativa están, en su mayoría, cumplidas, todavía 4% de los niños que entran en la escuela la abandonan antes de terminar la primaria, cuando México se comprometió a eliminar esta carencia en su totalidad para finales de este mismo año. En el 2000, México afirmó que reduciría la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes en los siguientes 15 años, la cual llegaría por debajo de 22 por cada 100 mil nacidos vivos. Sin embargo, hasta la fecha esta tasa sigue inalterable en 38.2. La tasa de mortalidad infantil se encuentra en 13 por cada 100 mil bebés nacidos, por encima del 10.8 que se fijó como objetivo. México también estableció la meta de que al menos 80% de los portadores del VIH con infección avanzada se beneficiaría de un tratamiento adecuado con base en medicamentos antirretrovirales. En 2013, solo 75% de ellos tuvieron acceso a las medicinas, 5% menos que en 2010. Lo mismo ocurrió con el objetivo de reducir la proporción de mexicanos afectados por la tuberculosis a 15.6 por cada cien mil habitantes: en lugar de disminuir, esta tasa se incrementó en los últimos diez años y alcanzó 16.8 en 2014, una cifra mayor a la de 1990. A nivel económico, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por persona ocupada se encuentra prácticamente al mismo nivel que 1994. El informe, elaborado por el Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que conforman distintas dependencias federales, estimó que “la evaluación de los resultados es positiva”. También asumió que México logró 37 de los objetivos, entre ellos la disminución de la pobreza extrema, la paridad de género en la educación y los puestos políticos, la alfabetización, así como la cobertura de telecomunicaciones. En los últimos 15 años, México mejoró en el acceso a los servicios de agua y saneamiento y en las condiciones de las viviendas urbanas, aunque todavía uno de cada seis mexicanos en medio urbano habita en una vivienda precaria. Sin embargo, el informe advirtió que detrás de los resultados nacionales se esconden realidades estatales muy distintas, ya que el Distrito Federal, Nuevo León o Jalisco, por ejemplo, cumplen con prácticamente todos los ODM, mientras que Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz se encuentran muy retrasados. Chiapas resultó el estado más alejado al cumplimiento de los ODM, con rezagos importantes en términos de pobreza, salud materna, medio ambiente, tecnologías e igualdad de género. Guerrero y Oaxaca dieron resultados catastróficos en la protección al medio ambiente y el acceso a la tecnología; mientras Nuevo León y Tabasco exhibieron graves rezagos en términos de igualdad de género.