Resuelven el misterio de Tikal, la mayor ciudad de los mayas

Resuelven el misterio de Tikal, la mayor ciudad de los mayas Reuters. Un equipo de investigadores asegura haber determinado cómo la civilización maya pudo sobrevivir durante varios siglos y construir una ciudad entera en un bosque tropical de la actual Guatemala. El secreto se encuentra en las prácticas eficientes del uso del suelo implementadas por los mayas, aseguran. Tikal, uno de los mayores centros urbanos de la civilización maya precolombina en los siglos I-IX d.C. tenía una población de más de 100.000 habitantes. Los científicos siempre buscaban la respuesta a la pregunta ¿cómo los mayas de Tikal pudieron mantener su población y prosperar en un ambiente de bosque tropical? El estudio dirigido por David L. Lentz de la Universidad de Cincinnati (Ohio, EE.UU.), determinó que la población maya en la ciudad de Tikal proveía sus necesidades básicas practicando formas intensivas de agricultura: los mayas utilizaban sistemas de riego, la construcción de terrazas y el cultivo de quema y roza, además, de técnicas agroforestales y de conservación de agua cuidadosamente controladas. A pesar de ello, la economía maya dependía en gran medida del agua de lluvia que caía en sus cultivos. Los científicos sugieren que la salida de los mayas de Tikal en el siglo IX se asoció con una grave sequía, que hizo imposible la continuación del funcionamiento de la economía. Los mayas pudieron haber exacerbado las condiciones de sequía a través de la tala de bosques, según los autores del estudio, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

El Gobierno federal de México suspende la búsqueda de los 42 estudiantes

El gobierno federal de México suspende la búsqueda de los 42 estudiantes Reuters/Jorge Lopez El Gobierno federal de México ha suspendido la búsqueda de los 42 estudiantes en las inmediaciones de Iguala, estado de Guerrero. Ahora se espera la llegada de los expertos de la CIDH, que apoyarán en la pesquisa. México: Los manifestantes 'secuestran' al alcalde de Acapulco por el caso Iguala El coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, ha confirmado que el Gobierno federal de México suspendió las labores de búsqueda de los 42 estudiantes, desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala. Además, recalcó que se espera la llegada de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que revisarán cómo están las averiguaciones y los protocolos de indagaciones y apoyarán la búsqueda, informa 'La Jornada'. Hernández señaló que los padres de los normalistas desaparecidos solicitarán ayuda a la Policía comunitaria del estado de Guerrero para continuar con la búsqueda. El especialista subrayó que los padres se han enterado de que las autoridades han perdido interés en la averiguación y en el compromiso de cumplir el plan de búsqueda, por lo que están realizando su propio trabajo para hallar a sus hijos.

APRUEBAN REGULAR GIROS MERCANTILES

· Está ley permitirá el aporte de forma ordenada y perdurable en los ingresos de los municipios · Establecerá las condiciones necesarias para el funcionamiento con garantías mínimas de seguridad y salubridad.

Ahora establecimientos de bajo riesgo en la entidad mexiquense, como son: tiendas de abarrotes, mercerías, papelerías, estéticas, entre otros, serán regulados; esto porque fue aprobada la iniciativa que el diputado del PRD, Saúl Benítez Avilés. El legislador perredista, lo propuso al congreso porque el Estado de México carece de una reglamentación uniforme, ya que ocasiones el pequeño empresario es sorprendido por funcionarios para exigir el pago de cuotas extraordinarias por requisitos inexistentes. Sin embargo, con la aprobación de esta Ley de establecimientos mercantiles, se dará certeza en el fomento de esta actividad económica y con ello aporte de forma ordenada y perdurable a la parte sustancial de los ingresos propios de los municipios. Además, de establecer las condiciones suficientes y necesarias para que la autoridad pueda garantizar su buen funcionamiento con garantías mínimas de seguridad y salubridad, que las licencias se ajusten a derecho, se cumplan con las obligaciones hacendarias y no comprometan el crecimiento urbano armónico y sustentable de la entidad. Incluso, se otorgarán atribuciones a las autoridades para intervenir en la expedición de licencias de funcionamiento, con lo cual los particulares o jurídico colectivas pueden acudir de manera directa. Realizar verificaciones para comprobar que se cumpla con las obligaciones contenidas en la presente Ley, fincando sanciones y estableciendo medios de defensa. Se definirán los requisitos para la expedición y contenido de la licencia de funcionamiento, permiso, autorización, avisos y manifestados en la Declaración de Apertura, regulando los juegos de video, electrónicos, mecánicos y electromecánicos, muy concurridos por menores. Así mismo, dentro de la propuesta ya aprobada del diputado Saúl Benítez, se fijan obligaciones de los propietarios de establecimientos mercantiles, que entre otros destaca el destino exclusivo del giro para el cual fue autorizado, por lo cual debe exhibirse la acreditación legal de funcionamiento en un lugar visible, los horarios de funcionamiento, de protección a los no fumadores, señalamientos de rutas de evacuación, la implementación de acciones y programas de protección civil, los límites permisibles para las emisiones sonoras, la prohibición de vender bebidas que contengan alcohol y cigarros a menores de edad, contar con un Seguro de Responsabilidad Civil con el que se pueda hacer frente ante daños causados a los usuarios en su persona o patrimonio. Además, habrá restricción o bloqueo de páginas que contengan pornografía en establecimientos que presten este servicio y al que concurran menores. Impulsará campañas sanitarias destinadas a la prevención del VIH/SIDA, infecciones de transmisión sexual, prevención en el consumo de alcohol y drogas, fomenta la cultura de la no violencia, prevención y erradicación del abuso y la explotación sexual comercial infantil, así como aquellas enfocadas a prevenir y evitar el sobrepeso, la obesidad y cualquier otro trastorno alimenticio.

Insulto gubernamental, empresarial y militar

JESÚS CANTÚ

Cienfuegos, Peña y Soberón en el Campo Militar 1. Foto: Benjamin Flores MÉXICO, D.F. (Proceso).- La semana antepasada fue pródiga en declaraciones de autoridades, líderes empresariales y hasta intelectuales que buscan “cerrar esa página”: las protestas sociales por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la denuncia pública por la Casa Blanca –propiedad de la esposa del presidente–, sin costo alguno para el gobierno federal y Enrique Peña Nieto. Primero fue el artículo de Enrique Krauze, en el New York Times, que señala: “Esta es quizá la más difícil petición que yo haría: que el presidente encare a la nación, reconozca sus errores y ofrezca una disculpa al pueblo mexicano. Nada confiere mayor nobleza a una persona en el poder que reconocer su propia humanidad”. Abunda: “Ninguna estrategia de reformas, ni siquiera la más racional, puede reemplazar la legitimidad de un liderazgo ético, especialmente en tiempos de crisis. Encarnar ese liderazgo debe ser la prioridad inmediata de Peña Nieto”. Y más adelante le pide realizar cambios en su gabinete, e incluso propone que uno de los sacrificados sea el secretario de Comunicaciones y Transportes, responsable de la licitación del tren México-Querétaro. La recomendación pública de Krauze pasa por alto que el presidente es el primer obligado a cumplir las leyes y que, por lo tanto, el presunto conflicto de intereses en que incurrió debe ser motivo de un procedimiento sancionatorio, puesto que existe una instancia jurídicamente responsable de exonerarlo o sancionarlo; su conducta no puede olvidarse con una simple disculpa. Aunque fuese un acto inédito en la vida política mexicana, la disculpa pública no puede solventar la presunta violación al estado de derecho; en consecuencia, no es la vía para concluir el debate del caso. Siguió el secretario de Marina, Vidal Soberón, quien recurrió al ancestral discurso de “los intereses ocultos” que pretenden desacreditar la labor gubernamental. El almirante manifestó: “Más coraje me da” que a “esta gente” que supuestamente “manipula” a los padres de familia, “no le interesan ni los padres ni estos muchachos…”. Olvida el almirante Soberón que la investigación en torno al hecho todavía tiene muchos cabos sueltos, y que no es un caso aislado, sino parte de las más de 22 mil personas desaparecidas en los últimos siete años, entre las cuales se encuentran los otros 28 cadáveres encontrados en las fosas localizadas en el municipio de Iguala, y que, como no correspondían a los estudiantes, han sido totalmente ignorados, pues no han merecido siquiera una declaración pública de las autoridades responsables. El Estado no quiere reconocer que el país vive la “peor crisis de derechos humanos en los últimos 50 años”, según denunció el director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz Rendón. No entienden que son decenas de miles las familias mexicanas afectadas por el asesinato o la desaparición de uno de sus miembros; son seres humanos que protestan y se manifiestan por el dolor que les provoca la desaparición de un ser querido, no por la manipulación de nadie. También son irritantes las declaraciones del presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Enrique Solana, quien en rueda de prensa manifestó que se debe dar vuelta a la página de las protestas por los 43 desaparecidos de Ayot­zinapa, ya que “es injustificado” que el “pequeño número de personas” que las realizan estén provocando un “daño terrible” a los “3.5 millones de habitantes que tiene Guerrero, 150 mil empresas y 800 mil familias. No hay proporción”. Y concluyó, de acuerdo con los medios de comunicación: “Para mí, (los estudiantes) están muertos, porque si encontraron los restos de ADN de uno de ellos en el basurero, es por lógica que, si desaparecieron 43 juntos, la conclusión final es que los otros 42 están ahí también (…) Esperemos que con la aparición de otro muchacho, otros dos o tres, pudiéramos concluir para cerrar esa página”. Más allá de los sentimientos de ira que generan sus expresiones, éstas muestran los dobles discursos y las auténticas preocupaciones de un sector de los empresarios mexicanos: promueven la cultura de la legalidad y reclaman la vigencia del estado de derecho mientras no toquen sus intereses particulares, y están dispuestos a sumarse a las marchas contra la inseguridad cuando afecta a las familias de sus agremiados si tales manifestaciones no perjudican sus negocios o rendimientos económicos. Ante la desbordada indignación de la ciudadanía, que sin duda trastorna la vida cotidiana, afecta el clima de negocios y muestra la ingobernabilidad, las voces de los beneficiarios del statu quo se unen para tratar de “cerrar esa página”, sin importar que ello implique tolerar los atropellos y abusos de autoridad de los cuerpos armados mexicanos, aceptar la corrupción del presidente de la República y los más altos funcionarios gubernamentales, permitir la violación de los derechos humanos, el incremento de la incidencia delictiva y la creciente inseguridad; en síntesis, decretar la inexistencia del estado de derecho en beneficio de una minoría poderosa política y/o económicamente. Mientras unos demandan hacer justicia y recuperar con vida a sus familiares desaparecidos, los personeros de la clase gobernante, un sector del empresariado y un grupo de la intelectualidad pretenden que todo termine simplemente con un “usted disculpe” para que el país recupere la paz que ellos requieren con el fin de seguir enriqueciéndose.

Premiados, los jueces relacionados con el caso Raúl Salinas

JENARO VILLAMIL

Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas. Foto: Marco A. Cruz MÉXICO, D.F. (Proceso).- Tras 19 años de litigios, Raúl Salinas de Gortari libró todas las acusaciones. Además, los jueces y magistrados que conocieron del expediente en sus distintas instancias –la mayoría radicadas en el Estado de México– han sido premiados desde que él salió del penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, el 14 de junio de 2005. Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Estado de México que lo liberaron tras 10 horas de deliberación fueron ascendiendo en los intrincados laberintos del Poder Judicial: José Nieves Luna Castro fue el responsable de elaborar el proyecto de sentencia que autorizó el amparo contra la sentencia de 50 años de cárcel por la presunta autoría intelectual de Raúl Salinas en el asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu. Emparentado con la poderosa familia Luna Ramos –que ocupa posiciones centrales en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación–, Luna Castro fue mencionado en 2009 como uno de los posibles aspirantes a ocupar las vacantes que dejaron los ministros Genaro Góngora y Mariano Azuela. Y aun cuando no logró la posición en el máximo tribunal, es titular de la Unidad de Implementación de la Reforma Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo su mando estará el diseño de los 44 centros de justicia federal en todo el país, un proyecto en el que se invertirán más de 4 mil millones de dólares. Adalid Ambriz Landa y Manuel Baráibar Constantino, los otros dos magistrados que le dieron el amparo a Raúl Salinas, también fueron beneficiados por la fortuna. Baráibar fue uno de los 35 aspirantes que se inscribieron en febrero de 2013 para ocupar un puesto en el Consejo de la Judicatura Federal. La bancada del PRI en el Senado apoyó a Baráibar y a la magistrada Martha María del Carmen Hernández Álvarez, exsubprocuradora del Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, para ese cargo.

Nestora Salgado, presa por consigna

JESUSA CERVANTES

Nestora Salgado, líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. Foto: José Luis de la Cruz Detenida arbitrariamente y enviada a un penal de alta seguridad, Nestora Salgado, jefa de la Policía Comunitaria de Olinalá, obtuvo ya la libertad… pero sólo en papel. Un juez ordenó su liberación inmediata, pero la guerrerense sigue en prisión. La tónica del gobierno federal es esa, advierte el diputado Roberto López Suárez, “encarcelar dirigentes comunitarios alzados contra el crimen organizado” MÉXICO, D.F. (Proceso).- Sin mostrarle ninguna orden de aprehensión y acusándola de “delincuencia organizada” en su modalidad de secuestro, autoridades guerrerenses con apoyo de la Marina y el Ejército detuvieron el 21 de agosto de 2013 a Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. Hace nueve meses un tribunal federal ordenó su inmediata liberación, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto la mantiene en una cárcel para reos de “alta peligrosidad”. El pasado 31 de marzo el magistrado del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, José Luis Arroyo Alcántara, consideró que no puede acusarse a Nestora Salgado de “secuestro” o de “delincuencia organizada”, pues actuó conforme a las facultades de la policía comunitaria reconocidas por la propia ley de Guerrero. Con ese argumento el magistrado federal revocó el auto de formal prisión y dictó la libertad de la líder de la Policía Comunitaria de Olinalá. Sin embargo, el gobierno federal se resiste a que Salgado abandone el penal federal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, donde ha estado recluida desde el 21 de agosto de 2013, explica a Proceso el diputado perredista Roberto López Suárez, quien forma parte de la comisión de legisladores que busca su liberación. Quienes la demandaron (autoridades guerrerenses) recurrieron la decisión del magistrado Arroyo Alcántara y pidieron la suspensión provisional, es decir que no se liberara a Nestora, pero se les negó, agrega López Suárez. El legislador considera que el gobierno federal está en desacato a una orden judicial, pero también que la política de la actual administración es “encarcelar dirigentes comunitarios alzados contra el crimen organizado”. Como un ejemplo más recuerda la detención del líder de las autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, José Manuel Mireles, el pasado 14 de junio, a quien recluyeron en el penal federal de alta seguridad de Tepic. (Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)

La pira que no se vio ni desde el aire

ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER

Peritos trabajan en una fosa clandestina hallada en Cocula, Guerrero. Foto: Germán Canseco MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una bitácora de vuelo contribuye a derribar la versión difundida el pasado 7 de noviembre por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre fueron incinerados el 27 de septiembre en un basurero de Cocula. Un experimentado piloto militar que trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero y quien durante 10 años laboró para la PGR, voló ese día sobre Iguala y sus alrededores para buscar a los estudiantes desaparecidos. De acuerdo con su bitácora, el vuelo tuvo lugar justo en las horas en las cuales, según el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), habría una inmensa hoguera donde eran calcinados los cuerpos de los estudiantes en el basurero de Cocula, a menos de 30 kilómetros de Iguala. Pero el piloto reportó “sin novedad”. Según la conferencia de prensa de Murillo Karam el pasado 7 de noviembre, Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona y Agustín García Reyes, El Chereje, supuestos miembros de Guerreros Unidos, confesaron que mataron y quemaron a los 43 estudiantes desaparecidos. Con llantas, madera, gasolina y diésel hicieron una inmensa pira que ardió entre la medianoche del 26 de septiembre hasta las 15:00 horas del día siguiente. No fue sino hasta las 17:30 horas del 27 de septiembre cuando supuestamente pudieron manipular los restos, ponerlos en ocho bolsas negras de basura y tirarlos al río San Juan, donde después habrían sido encontradas por la Policía Federal. Pero ese mismo 27 de septiembre, entre las 12:00 y las 13:06 horas el helicóptero UH-1H matrícula XC-LLC de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, como parte del operativo de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, voló a 350 pies –altura considerada baja en la aeronáutica civil– sobre la cabecera municipal de Iguala y sus alrededores . Pero luego de una hora de vuelo el reporte fue: “Sin novedad”. (Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)