viernes, 17 de abril de 2015
Se aplicará la ley a responsables del caso Tlatlaya, afirma Manzur
LA CRÓNICA El gobierno del Estado de México atendió de manera puntual la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el caso Tlatlaya y aplicará la ley en contra de quienes resulten responsables por esos hechos, dijo ayer el secretario general de Gobierno de ese estado, José Manzur Quiróga.
En una reunión de trabajo integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dijo también que en el Estado de México se cuenta con un Fideicomiso de Atención a las Victimas, al cual podrán acceder las tres mujeres involucradas en los hechos de Tlatlaya, si la autoridad lo determina.
Manzur aseguró que la sociedad mexiquense puede sentirse protegida porque sus autoridades trabajan para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y existe la voluntad política y jurídica de parte del gobierno estatal, para hacerlos valer cabal y puntualmente.
“Para el gobernador del Estado de México, respetar los derechos humanos y prevenir cualquier acción que los vulnere, es un principio transversal de las dependencias y entidades de la administración, gracias a los instrumentos jurídicos existentes que han ganado solidez en la presente gestión”, expresó.
Luego recordó que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado de México la que cambió el estatus de testigos a víctimas a las tres mujeres relacionadas en el caso, porque la dependencia siempre estuvo pendiente de resguardar la integridad de estas personas.
Manzur Quiroga respondió más de 15 preguntas de diputados del PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, Panal, PVEM, PRD y PRI, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, encabezada por el legislador Heriberto Galindo Quiñones.
Expresó que desde el inicio de la administración, el titular del Ejecutivo estatal ha enviado a la Legislatura mexiquense diversas iniciativas orientadas a modificar leyes ya existentes, a fin de dar certeza a los ciudadanos de que su administración y los gobiernos municipales cuentan con instrumentos institucionales para hacer valer los derechos de todos.
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