- La Consejera Cruz García rindió protesta como Presidenta provisional del INE
- Se garantiza la continuidad en la conducción institucional mientras se desarrolla el procedimiento previsto en la Constitución y la ley para la designación definitiva de la Presidencia del Instituto
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), designó por unanimidad, a Blanca Yassahara Cruz García como Consejera Presidenta provisional, con el propósito de garantizar la continuidad de las funciones constitucionales y legales de la autoridad electoral nacional.
Luego de rendir protesta de ley ante el pleno, la Consejera Cruz García destacó que esta etapa debe servir para fortalecer el carácter colegiado de la autoridad electoral y preservar la continuidad institucional, al señalar que el organismo es resultado de décadas de construcción democrática y que sus decisiones deben seguir sustentándose en la pluralidad, el diálogo y la responsabilidad compartida, por lo que sostuvo que “el INE no fue concebido para depender de una sola voluntad”.
En este contexto, enfatizó que la conducción de la institución corresponde al conjunto del Consejo General y que la Presidencia tiene la responsabilidad de facilitar el diálogo y contribuir a que las determinaciones se adopten con transparencia, independencia y apego a la ley.
“La colegialidad no es un trámite ni una formalidad. Es el principio que da sustento a nuestras decisiones, las enriquece mediante la deliberación y les otorga fortaleza democrática”, aseveró, y agregó que “ninguna responsabilidad individual está por encima de la responsabilidad colectiva de este Consejo”.
Cruz García aseguró que la transición en la Presidencia no afectará la preparación del proceso electoral 2026-2027, ya que las actividades previstas continuarán conforme al calendario establecido y con el profesionalismo que demanda la ciudadanía, al tiempo que refrendó el compromiso institucional con la legalidad, la fiscalización y la rendición de cuentas mediante la colaboración con las autoridades competentes y el pleno respeto a la autonomía del Órgano Interno de Control, con el propósito de consolidar un Instituto profesional, independiente, transparente y colegiado.
Blanca Cruz García ocupará de manera provisional el cargo de Presidenta del Consejo General hasta que la Cámara de Diputados designe, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la persona sustituta que habrá de concluir con el tiempo restante del cargo vacante.
Con una trayectoria de más de una década en el ámbito electoral, Blanca Cruz García es Licenciada en Derecho, con especialidad en Derecho Constitucional y Amparo, y Maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A lo largo de su carrera en el INE ha desempeñado roles clave en la organización de elecciones y gestión jurídica, habiendo encabezado áreas estratégicas en juntas distritales y en la Junta Local Ejecutiva de Puebla.
Su experiencia y especialización la llevaron a ser designada en 2022 como Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Tras consolidar un perfil técnico y operativo de alto nivel en el sistema electoral mexicano, el pasado 21 de abril de 2026 fue nombrada por la Cámara de Diputados como integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Fortaleza del INE reside en sus órganos colegiados
Al fijar su postura sobre la designación de la Consejera Cruz García como Presidenta provisional, el Consejero Martín Faz Mora opinó que la crisis institucional “no puede entenderse como un acontecimiento aislado” ni resolverse únicamente con la sustitución de una persona, pues consideró necesario corregir las prácticas de conducción que han debilitado los contrapesos, fortalecer la profesionalización de las áreas directivas y recuperar la rendición de cuentas. Afirmó que la fortaleza del INE no reside en una persona ni en la concentración de facultades en su Presidencia, sino en sus órganos colegiados, sus procedimientos y su estructura profesional, por lo que llamó a aprovechar esta transición para recuperar la colegialidad y garantizar controles efectivos.
La designación de una Presidencia provisional garantiza la continuidad
En su intervención, la Consejera Carla Humphrey Jordan aseguró que el INE mantiene plena capacidad operativa y apego a los principios rectores de la función electoral y del Estado de derecho, al tiempo que destacó que el mecanismo de designación de una Presidencia provisional garantiza la continuidad de los trabajos institucionales y preserva la colegialidad mientras concluye el procedimiento de designación definitiva en la Cámara de Diputados, por lo que estableció que “no existe espacio para la incertidumbre ni para la especulación. El INE no se detiene. Además, calificó de urgente que el Congreso de la Unión retire las atribuciones excesivas para nombrar a la Junta General Ejecutiva con el fin de preservar la colegialidad y la corresponsabilidad.
INE no puede tolerar complicidades con intereses particulares
El Instituto Nacional Electoral enfrenta una “crisis extremadamente grave y sin precedentes”, declaró el Consejero Uuc-kib Espadas Ancona, lo cual obliga a combatir la corrupción, rechazar cualquier forma de impunidad y fincar responsabilidades sin considerar jerarquías o posiciones políticas, añadió, al tiempo que advirtió que la institución no puede tolerar complicidades con intereses particulares ni conflictos de interés que comprometan su función pública; asimismo, planteó que la recuperación de la credibilidad exige acreditar ante la sociedad el uso correcto de los recursos públicos y fortalecer una autonomía que se exprese en cada acto del INE, libre de interferencias externas y orientada a restablecer la confianza ciudadana.
Responsabilidad de Estado ante crisis institucional
Al respaldar la designación de la Consejera Blanca Cruz para asumir la Presidencia provisional del INE, el Consejero Arturo Castillo Loza manifestó que “se trata de una responsabilidad de Estado en un contexto sumamente adverso”. La institución, apuntó, enfrenta “la mayor crisis institucional” y dijo que la respuesta debe centrarse en recuperar la colegialidad del Consejo General, restaurar la integridad institucional mediante la transparencia, la rendición de cuentas y la investigación de posibles irregularidades, así como garantizar la continuidad del proceso electoral en curso, por lo que subrayó que “será necesario revisar la actuación de toda la Junta General Ejecutiva y de todas las personas que pudieran estar involucradas en alguna irregularidad, iniciar las investigaciones que sean necesarias y llevarlas hasta sus últimas consecuencias”.
Las decisiones institucionales requieren diálogo y consenso
El INE atraviesa una “coyuntura delicada”, pero la respuesta de su órgano de dirección debe sustentarse en la “madurez, legalidad y unidad”, aseveró el Consejero Jorge Montaño Ventura, quien resaltó que la democracia mexicana no depende de una sola persona sino de la confianza ciudadana, del trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional y de los acuerdos colegiados; de igual modo, expresó su respaldo a la Presidenta provisional, e indicó que las decisiones de trascendencia institucional deben construirse mediante el diálogo y el consenso, al tiempo que reflexionó que el acompañamiento a las investigaciones de los órganos de fiscalización y control representa una oportunidad de saneamiento institucional y fortalecimiento democrático, con el propósito de preservar la autonomía del Instituto y garantizar el desarrollo de los procesos electorales en puerta.
El INE mantiene el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales
La Consejera Norma De la Cruz sostuvo que, pese a los retos que enfrenta la institución, el INE mantiene el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales mediante el trabajo colegiado y la coordinación institucional, por lo que respaldó a la Presidencia provisional de Blanca Cruz y llamó a fortalecer la comunicación entre las consejerías y las áreas del Instituto para garantizar decisiones adoptadas con responsabilidad, legalidad e interés público, además de que especificó la labor del personal en la organización del proceso electoral 2026-2027 y enfatizó que “la ciudadanía debe seguir en el centro de nuestras decisiones”, pues la confianza pública se protege con hechos, transparencia, imparcialidad y un manejo responsable de los recursos públicos.
La organización de los comicios y la tutela de los derechos político-electorales están garantizadas
La Consejera Rita Bell López Vences manifestó que este momento en el INE representa una oportunidad para reencontrarse con los principios de diálogo, respeto y construcción colectiva que deben orientar los trabajos del Consejo General; además, sustentó que la ciudadanía debe tener certeza de que la organización de los procesos electorales y la tutela de los derechos político-electorales están garantizadas por procedimientos sólidos, capacidades técnicas y personal especializado, por lo que llamó a fortalecer la colegialidad, construir consensos y robustecer la confianza ciudadana mediante el apego al marco constitucional y legal.
La ciudadanía merece conocer la verdad en esta nueva etapa de la institución
En su intervención, la Consejera Frida D. Gómez Puga externó que los acontecimientos recientes deben investigarse “con seriedad, transparencia e imparcialidad”, porque la ciudadanía merece conocer la verdad, al tiempo que expuso que la llegada de Cruz García abre una nueva etapa para la institución; asimismo, señaló que la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027 exige coordinación, decisiones oportunas y un uso responsable de los recursos públicos para garantizar el ejercicio libre del voto, además de mantener apertura al escrutinio público, transparentar las decisiones y rendir cuentas con información verificable para fortalecer la confianza ciudadana.
Una conducción colegiada debe permitir recuperar la confianza ciudadana
Para el Consejero Arturo Chávez López, la crisis que enfrenta el INE debe asumirse como una oportunidad para corregir problemas estructurales y actuar de manera ejemplar; por ello, reconoció necesario revisar el modelo de atribuciones de la Presidencia del Instituto, su estructura burocrática, la relación de los gobiernos con las autoridades electorales y, sobre todo, enfrentar seriamente la corrupción; de tal manera que la existencia de una “corrupción legal”, sustentada en formalidades que encubren acuerdos, negociaciones privadas y complicidades entre proveedores y funcionarios, debe ser erradicada de la vida electoral, e insistió en que una conducción colegiada debe permitir recuperar la confianza ciudadana en la institución.
