En México, con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto enfrenta ahora, el desafío de que las fuerzas policiales deberán mejorar el proceso para enjuiciar y encarcelar a los verdaderos culpables de los delitos.
Esto advirtió The Economist, en un artículo titulado “Ensayos y errores. La reforma correcta se ha introducido, pero perfeccionarla podría tomar años”, el semanario inglés alerta que “los oficiales de policía tendrán que mejorar la protección y prevención de contaminación de la escena del crimen, aunque los oficiales corruptos obtendrán nuevos medios para sabotear los procedimientos legales por un mal manejo de pruebas y alegar que fue un error”.
“La percepción popular es que los tribunales del país no logran convencer a la mayoría de las personas. Alrededor de tres cuartas parte de los homicidios se quedan sin resolver, y el público se ha acostumbrado al espectáculo de soldados enmascarados que presentan ante las cámaras a ‘narcotraficantes’ o ‘sicarios’, recientemente detenidos, para verlos libres días después”, deploró.
Explicó la revista que uno de los problemas de fondo, es que al dejar libres a los culpables, se castiga en su lugar a personas inocentes. Históricamente ha habido condenas en cerca de 95% de las denuncias penales en México. El 90% de ellas se basa en confesiones obtenidas por la policía, que “tiene el repugnante hábito de golpear a los prisioneros”.
También detalló que los expertos en seguridad coinciden en que sólo mediante la protección de los derechos del acusado y la construcción de la confianza pública en el sistema de justicia, el Estado podrá aspirar a amasar la evidencia necesaria para capturar y consignar a los culpables reales y desalentar el crimen organizado.
Luego enumeró algunas de las bondades del nuevo sistema: abandona el enfoque “inquisitorial” a un modelo donde los abogados argumentan sus casos de forma oral; establece los derechos básicos de los acusados, como la presunción de inocencia y la provisión de un abogado; y excluye además las confesiones en las que no esté presente un defensor legal, entre otros.
The Economist citó el informe del Centro de Investigación para el Desarrollo, que analizó y pronosticó once años más para que el nuevo sistema, que entra en vigor este sábado 18, funcione eficazmente.
Sin embargo, acota, “a pesar de los dolores por el crecimiento, existe un amplio consenso de que las reformas son necesarias, aunque insuficientes para establecer el estado de derecho en cada rincón de México. Su puesta en práctica, dice David Shirk, de la Universidad de San Diego, representa la piedra angular en el maratón para mejorar el sistema de justicia penal. Esto es un motivo de esperanza”.
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