lunes, 11 de julio de 2016

Insuficiente la acción de inconstitucionalidad que la PGR presentó ante la SCJN para invalidar blindaje de Duarte y Borge: PRD

· PRD exige al Jefe del Ejecutivo Federal, ordene que ambos gobernadores dejen sus cargos de manera inmediata. · El PRD insistirá en que Duarte y Borge sean juzgados y encarcelados por el saqueo y desastre financiero y administrativo en el que sumieron a los estados de Veracruz y Quintana Roo.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) reconoce la prevalencia de justicia mínima en la decisión del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de ordenar a la Procuraduría General de la República (PGR) presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad contra los gobiernos y congresos de Veracruz y Quintana Roo, sin embargo esto no es suficiente ante las acciones que alteraran el cauce de la administración pública que emprendieron Javier Duarte Ochoa y Roberto Borge mandatarios estatales de ambas entidades. Por lo anterior, el Comité Ejecutivo Nacional exige al Jefe del Ejecutivo Federal, vigile que en ambos estados se respete la legalidad y se dé paso a una transición pacífica, como muestra de civilidad política por parte del Gobierno Federal. De igual forma, ambos mandatarios deben ser desde ahora investigados por enriquecimiento ilícito y desvió de recursos, por ello el PRD insistirá en que Duarte y Borge sean juzgados y encarcelados por saqueo, desastre financiero y administrativo en el que sumieron a los estados de Veracruz y Quintana Roo. Asimismo es importante que esta “buena voluntad” de la PGR no quede en una acción mediática y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide a la brevedad y advierta que las entidades carecen de facultades para crear sistemas anticorrupción a modo que blinde y proteja a los Gobernadores. Finalmente, es importante destacar que el PRD confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dará celeridad al tema y los magistrados dicten sentencia antes de que culmine el mandato de los Gobernadores y con ello evitar que el juicio se resuelva hasta 2017.

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