jueves, 25 de agosto de 2016
“El PRD es implacable contra la corrupción y rechaza declaraciones de AMLO”: Octavio Martínez Vargas, Secretario Electoral del PRD Nacional
El objetivo del gobierno del PRD es que paguen todos los servidores de la administración que hayan malversado recursos públicos y son desafortunadas las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador.
Tras destacar que hace algunos días, en un evento que se realizó en Acapulco Guerrero, el presidente de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador ofreció amnistía y perdón a quienes se beneficiaron del poder político, asegurando que si su partido llega a la presidencia en el 2018 no habrá represalias o represión para nadie, el Secretario Electoral del PRD Nacional, Octavio Martínez Vargas, aseveró, que con estas declaraciones, se evidencia, que de llegar a la presidencia de la República AMLO será cómplice de este tipo de conductas y no combatirá la corrupción.
El integrante del Secretariado Nacional del Partido del Sol Azteca, Martínez Vargas, recordó, que en el Foro Era Familiar Princess 2016, el tabasqueño también adelantó que decretará una amnistía para garantizar la promesa de “no tocar” a quienes se han aprovechado de sus cargos como servidores públicos.
Por ello, el Partido de la Revolución Democrática aspira a que su candidato o candidata a la presidencia de la República tenga la mano firme y revise escrupulosamente si hubo algún exceso de parte de servidores públicos federales, o de titulares de órganos autónomos, para que se les castigue con apego a la legalidad. Subrayó el integrante de la dirigencia nacional del PRD.
Recalcó que el PRD no pretende llegar al poder para mantener la misma complicidad que ha habido en pasadas administraciones con los gobiernos del PRI y del PAN donde con absoluta impunidad exoneran a servidores públicos.
“No es la intención, no compartimos las declaraciones del dirigente nacional de MORENA y lamentamos esas declaraciones de quien se ha autonombrado defensor de la población y que expresó que no perseguirá actos ilícitos”. No obedece a lo que nuestro país requiere, ratificó Martínez Vargas.
El secretario Electoral del PRD Nacional, reiteró, el PRD tiene que ser implacable, la candidata o candidato del PRD a la presidencia de la República tiene que ser inflexible contra la corrupción.
Resaltó que en su momento, si el candidato o candidata del PRD llega a la presidencia de la República hará valer la legalidad y el Estado de Derecho y quien tenga alguna cuenta pendiente con el estado por el mal uso de recursos públicos, lo pague, como lo establece la normatividad vigente.
Señaló que hay algunas presunciones de malos servidores públicos, particularmente de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, sobre las licitaciones que se han dado y existen audios que han salido a relucir de la empresa OHL con servidores públicos de esta dependencia gubernamental, de ahí se derivó el escándalo de la Casa Blanca con uno de los contratistas del Gobierno de la República.
Por lo que el próximo Gobierno tiene que investigar hasta sus últimas consecuencias a las empresas HIGA y OHL, e indagar cómo es que le han sido asignadas las concesiones y cómo se le han ampliado las mismas en algunas entidades y en el propio Gobierno de la República.
“La voluntad popular es de rechazo a la corrupción y no puede haber un aspirante al Gobierno de la República que establezca de antemano que habrá perdón para todos estos infractores o delincuentes”, aclaró.
“Tiene que haber mano dura, el PRD expresa firmeza contra la corrupción y lo vamos a enfrentar en su oportunidad, lo demandamos desde ahora en nuestros gobiernos, lo estamos haciendo en Quintana Roo, en Veracruz y en Durango, donde nuestros candidatos electos producto de la Coalición van a gobernar y de haber irregularidades, como presumimos existen de desvió de recursos, los ex gobernadores vayan a prisión”, advirtió Octavio Martínez Vargas.
Finalmente el Secretario Electoral del PRD Nacional, Octavio Martínez, acentuó, que la solicitud del PRD es que paguen todos los servidores públicos que hayan malversado recursos en beneficio de su patrimonio particular.
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