En México, el Senado de la República aprobó por unanimidad imponer penas adicionales para los reos que se fuguen de prisión y para quienes los ayuden.
Se trata de reformas al Código Penal Federal que permitirán aplicar sanciones superiores a los 25 años de cárcel a servidores públicos que sean cómplices en la fuga de narcotraficantes, además de ser destituidos e inhabilitados.
La reforma al Código Penal Federal también contempla sanciones a los familiares que los ayuden a escapar:
“ascendientes, descendientes, cónyuge o hermanos del prófugo, y a sus parientes por afinidad hasta el segundo grado, cuando favorezcan la evasión de algún detenido, procesado o condenado, con los que exista algún vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio u otra relación estable de afectividad similar”.
Las sanciones son diversas de acuerdo con el delito que haya cometido el prófugo y el nivel de responsabilidad y cercanía de quienes los ayuden a fugarse.
Quienes logren escapar y sean reaprehendidos serán sancionados hasta con 10 años adicionales de cárcel, más las penas que les impongan por los delitos que hayan cometido.
Esta reforma fue promovida por la fuga de Joaquín ‘El Chapo’Guzmán Loera ocurrida el 11 de julio del 2015 en el penal federal de alta seguridad del Altiplano.
El dictamen explica que busca combatir la corrupción de funcionarios públicos encargados de las cárceles del país.
De esta manera, la minuta fue devuelta con cambios a la Cámara de Diputados.
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