En noviembre pasado, se reveló que una docena de policías ministeriales fueron asignados como guardaespaldas de los ex-gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y Eugenio Hernández, a pesar de ser buscados por los Gobiernos de México y Estados Unidos.
El servicio de protección, autorizado por la administración de Egidio Torre costó más de 30 millones de pesos al gobierno de Tamaulipas, en salarios y viáticos de los elementos, pese a que los ex-mandatarios son considerados prófugos de la justicia.
En noviembre de 2016, Irving Barrios, procurador general de Justicia de Tamaulipas, dijo que “Tomás Yarrington tenía ocho personas comisionadas para su seguridad y Eugenio Hernández tenía cuatro personas”.
El gobierno del panista Francisco García Cabeza de Vaca ordenó cancelar el servicio de escoltas para los exmandatarios.
“Dimos parte a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de su competencia pudiera hacer las acciones que consideraran pertinentes en el presente caso”, indicó el procurador Barrios.
Diez días después de esa denuncia, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que llevara a la captura de Tomás Yarrington.
En México, Yarrington tiene una orden de aprehensión por delitos contra la salud y por operaciones con recursos de procedencia ilícita, girada desde agosto de 2012. Se le acusa de recibir dinero del Cártel del Golfo y de Los Zetas; podría enfrentar nuevos cargos en Tamaulipas, según adelantó el actual gobernador de la entidad, Francisco Cabeza de Vaca.
El gobernador de Tamaulipas apuntó que las acusaciones contra Yarrington “tienen mucho que ver con desvío de recursos públicos, pero muy importante también, terrenos, propiedades que eran del estado y que pasaron a manos de particulares”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario