Se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece que quien fabrique, comercialice, instale, porte o utilice estos artefactos podrá enfrentar penas de 12 a 15 años de prisión.
Se busca proteger y reforzar al traslado de mercancías, y con ello a toda la cadena de distribución integrada por empresas transportistas, proveedores de rastreo satelital y dueños de la carga.
Cabe apuntar que entre enero y diciembre de 2019, solo entre los asociados ANERPV, se reportaron más de 3 mil 400 robos a nivel nacional, gran parte de ellos vinculados al transporte de carga, en más del 85% de los casos se utilizaron “Jammers”.
Reducción significativa de robos al transporte de carga y dotar de una herramienta legal a autoridades estatales, es lo que se espera con la publicación de hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se adicionan un artículo 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y un artículo 168 Ter al Código Penal Federal, en materia de bloqueadores de señales de telecomunicación (“Jammers”), la cual establece la sanción por la fabricación, venta, compra, instalación, portación o uso de bloqueadores de señal de telefonía, radiocomunicación o transmisión de datos o imagen.
De acuerdo con Víctor Manuel Presichi Amador, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), la “Ley Anti-Jammer”, será benéfica para los sectores del autotransporte de carga, asegurador y de rastreo satelital, pues permitirá incrementar los niveles de seguridad para el traslado de mercancías, reducir los hurtos en carreteras federales, estatales y municipales, así como será un instrumento legal para otras autoridades judiciales y policiales que atienden en su momento este tipo de delitos.
“Con esta nueva ley publicada hoy 24 de enero de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se busca proteger y reforzar al traslado de mercancías, y con ello a toda la cadena de distribución integrada por fabricantes de bienes y productos, empresas transportistas, proveedores de rastreo satelital, custodias, aseguradoras y comercializadores. Nuestro reconocimiento al Congreso de la Unión y sus legisladores Víctor Manuel Pérez, Juanita Guerra, Higinio Martínez, Ricardo Moreno y Lucía Trasviña, quienes atendieron y entendieron las necesidades de la industria de la seguridad privada, en especial de los proveedores de rastreo vehicular”, mencionó Presichi Amador.
Y es que es importante puntualizar que el robo a transporte de carga en México anualmente registra un importante incremento, ejemplo de ello son las cifras que ANERPV reporta mensualmente. De enero a diciembre de 2019 documentó más de 3 mil 400 robos a nivel nacional (únicamente entre sus asociados) y en más del 85% de los casos se utilizaron “Jammers”. Las rutas más vulnerables son el corredor San Martín Texmelucan – La Tinaja Veracruz, Querétaro-Celaya - Salamanca, Cuautitlán- Querétaro, Arco Norte y Circuito Exterior Mexiquense.
“ANERPV desde el inicio del proyecto de reforma de Ley, fue un activo promotor, pues aunque los servicios de localización satelital han permitido contrarrestar el robo al transporte y mercancías en tránsito, la utilización de ´Jammers´ por parte de la delincuencia organizada, permitió el incremento de manera exponencial y con un mínimo de riesgo.
Los empresarios que integran a la ANERPV han trabajado arduamente en los últimos meses de la mano de miembros del Poder Legislativo para impulsar las modificaciones constitucionales y del Código Penal que permitan terminar con el uso de dispositivos de bloqueo de señal de rastreo con fines delictivos. Estos productos han tenido una vasta demanda por su libre y abierta comercialización, principalmente en sitios de internet.
De acuerdo con el titular de la ANERPV, la ley aprobada y emitida por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, establece una sanción de 12 a 15 años de prisión para quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte u opere dichos dispositivos, conocidos como Jammer. Dichas adiciones contemplan la excepción de uso para que los operadores de centros penitenciarios y de reinserción social puedan utilizar esta tecnología con fines de seguridad pública. Sin duda es un gran paso en pro de la seguridad del autotransporte y de todos los sectores que en él participamos”, refirió el directivo.
Víctor Presichi ratificó que cada año el robo a autotransporte tiene un impacto económico de 92 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), lo que representa aproximadamente el 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
La ANERPV –afirmó el directivo- ha participado con gran responsabilidad desde el ámbito de la sociedad civil y como asociación de las empresas líderes del rastreo satelital en México en el impulso, revisión y asesoramiento técnico necesario para formular esta “Ley Anti-Jammer”, pues también como mexicanos, sociedad, empresarios y padres de familia, buscamos y promovemos un país más seguro, pues es un hecho que los buenos somos más, por ello el deber de entregarle a las nuevas generaciones una nación más fuerte y, si es posible, más segura. |
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