Con la finalidad de que las imágenes o sonidos captados por los equipos tecnológicos de seguridad pública puedan ser utilizadas también por el defensor del imputado o por el asesor jurídico de la víctima, favoreciendo con ello una defensa o asesoría jurídica sólida que permita exhibir dichos registros de investigación como medio de prueba para acreditar la inculpabilidad del indiciado, o bien para evitar violaciones graves al debido proceso, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la LX Legislatura propusieron reformas a la Ley, para regular el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública estatal.
A nombre de su bancada, la diputada Araceli Casasola Salazar reconoció la importancia de salvaguardar los derechos fundamentales, la presunción de inocencia y el debido proceso de todas las partes en el proceso penal, así como de proteger la igualdad de las partes en la etapa de investigación y de garantizar la defensa y la asesoría jurídica adecuada y eficaz.
Por lo que argumentó que, el contexto actual reafirma la necesidad que se tiene de incorporar las tecnologías de la información y comunicación en cada uno de los procesos que se realizan, especialmente en el sector público, pues denota un aspecto de optimización en tiempos y formas que, de no cumplir con la incorporación, es probable que la eficiencia y la eficacia de la dependencia se vean comprometidas; pero si el tema del que se habla se complejiza, se pone en juego la libertad o la culpabilidad de una persona.
Resaltó que el Estado de méxico es una de las entidades federativas que cuenta con una de las incidencias delictivas más significativas en todo el país, por lo que el uso de las tecnologías en materia de Seguridad Pública permite contribuir de manera contundente a prevenir, inhibir y combatir las conductas ilícitas de la ciudadanía, teniendo por cometido garantizar el orden y la tranquilidad de los habitantes.
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