• La diputada Edna Díaz (PRD) impulsa iniciativa de reforma
al artículo 420 Quáter del Código Penal Federal
• Afirma que se tiene la obligación de cuidar y proteger al
medio ambiente a través de la denuncia
Para que los delitos en contra de especies de flora o fauna
silvestres, terrestres o acuáticas se persigan de oficio por la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la diputada Edna Gisel Díaz
Acevedo (PRD) presentó una iniciativa que reforma el artículo 420 Quáter del
Código Penal Federal.
El documento enviado a la Comisión de Justicia, menciona que
actualmente el Código Penal Federal prevé expresamente que la PROFEPA, en su
calidad de representante social, formule querella en los delitos cometidos en
contra de la gestión ambiental, lo cual, permite otorgar el perdón de manera
discrecional al infractor sin restaurar el daño causado, directa o
indirectamente, a la sociedad y a su ambiente.
La iniciativa argumenta que México cuenta con sistemas
megadiversos en cuanto a flora y fauna a nivel mundial; concentra el 70 por
ciento de la variedad de plantas presentes en el planeta, razón por la que
“tenemos la obligación de cuidar y proteger al medio ambiente coadyuvando en la
denuncia de los delitos”.
Cifras de Global Witness, relata que en 2018 fueron
asesinadas 14 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, lo que
posiciona a México como el sexto país más peligroso para este tipo de activistas.
Además, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), precisa que, por delitos del fuero común, a
septiembre de 2019, se abrieron mil 541 carpetas de investigación en las 32
entidades federativas por violaciones cometidas contra el ambiente y la gestión
ambiental.
Añade que cinco entidades concentraron el 81.8 por ciento de
las carpetas iniciadas. La lista la encabeza la Ciudad de México con 650, el
estado de México con 356, San Luis Potosí con 97, Veracruz con 86, y Michoacán
con 72.
En contraste, en el ámbito federal, la distribución de los
delitos cometidos contra del ambiente y la gestión ambiental es menos drástica.
En 2019 iniciaron mil 144 carpetas en el fuero federal, donde cinco estados
concentran el 36.8 por ciento: estado de México (95), Michoacán (89), Chiapas
(87), Jalisco (77) y Oaxaca (73).
“La disparidad en la concentración de dichos números podría
ser considerada como consecuencia de la cifra negra en el fuero común, ya sea
por desestimación de la denuncia, negativa a iniciar una carpeta de
investigación, por lo que las cifras no reflejan la realidad del delito contra
el medio ambiente en el país”, expone la iniciativa.
La diputada Díaz Acevedo detalla que eso implica un
obstáculo para la procuración de justicia ambiental, ya que la investigación de
estos delitos implicaría lograr una carga probatoria que permita una sanción,
pues la misma requiere de una investigación continua que refleje las
capacidades del Ministerio Público para vincular a proceso y obtener una
sanción.
Agrega que la reparación del daño por los delitos ambientales no puede limitarse a retribuciones monetarias, sino a la creación de una industria responsable con el medio ambiente, con las comunidades que han sido vulneradas y una reparación del daño que integre las repercusiones intergeneracionales.
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