• La diputada Mejía Ibáñez (MC) propone reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal
Julieta Mejía Ibáñez, diputada de MC, plantea a través de
una iniciativa, reformar el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal,
en materia de maternidad y lactancia de mujeres privadas de su libertad en un
centro penitenciario.
La iniciativa turnada a la Comisión de Justicia para
dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género para opinión, busca establecer
que la maternidad y la lactancia de las mamás en prisión se realice en espacios
diseñados específicamente para tal fin, dignos, privados, higiénicos,
tranquilos y accesibles, separados de la población general.
Igualmente, que la hija o el hijo menor de tres años pueda
permanecer con su madre en el penal en espacios dignos, higiénicos, tranquilos
y separados de la población general, que fomenten el adecuado desarrollo
físico, mental y psicoemocional del menor.
En la exposición de motivos de la iniciativa se establece
que, en el caso de las mujeres privadas de libertad, el Sistema Penal ignora
sus necesidades y características, sin atender de fondo el impacto diferenciado
que la privación de la libertad les genera en función de los roles que la
sociedad tradicionalmente asigna, entre ellas, la crianza y cuidado de los
hijos e hijas.
Indica que el 67.8 por ciento de las mujeres privadas de su
libertad tiene hijos menores de edad; el 53.4 por ciento procrea dos o tres
hijos. Añade que las condiciones deplorables de las prisiones son padecidas
principalmente por ellas y sus hijos, al contemplar las características
especiales de su género en la prisión y en menoscabo de su integridad y
desarrollo.
Además, que el interés superior de la niñez, conforme al
criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), deberá ser una
consideración primordial en atender, lo cual incluye no solo las decisiones,
sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios y
procedimientos.
La iniciativa, destaca que la falta de disposiciones legales que garanticen de forma efectiva el derecho a la maternidad y la lactancia, así como el interés superior del menor, constituyen violencia institucional, puesto que sólo las mujeres son afectadas y revictimizadas por un sistema que no contempla las características especiales de su género en prisión.
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