•Con el planteamiento garantizaría castigo a la corrupción.
•Actualmente los juicios tardan hasta más de tres años con
procedimientos burocráticos. Esto inhibe el acceso a una justicia pronta y
eficaz.
•Quedan en la indefensión dueños de establecimientos y
negocios que sufren abusos en revisiones administrativas de autoridades.
Por Mario Ruiz Hernández
Valle de México., agosto del 2023.- Para garantizar la
sanción a actos de corrupción de las autoridades estatales y municipales, los
cuales en la actualidad tardan en ser castigados por trámites burocráticos.
Por otra parte, el Consejo Coordinador Empresarial del
Estado de México (CCEM) propuso una reforma al Tribunal de Justicia
Administrativa de la entidad que incluye incorporar la oralidad en los juicios
e instrumentar la carrera judicial en la designación de su personal.
La presidenta del CCEM, Laura González Hernández, detalló
que esta reforma, que será planteada a los diputados y diputadas locales en la
próxima presentación de su agenda económica legislativa, esto implica
simplificar los trámites estipulados en el Código de Procedimientos
Administrativos, lo cual incorporaría el mecanismo de resolución oral, que a su
vez permitiría a los ciudadanos ser escuchados por los magistrados del citado
Tribunal, con lo cual las sentencias deberán ser inmediatas.
Además, el ajuste legal que propone el CCEM incluye crear la
carrera judicial para otorgar los cargos de magistrados, secretarios y personal
de actuación, esto mediante distintas capacitaciones y exámenes.
También se pide aumentar los recursos al Tribunal de
Justicia Administrativa y mejorar sus instalaciones para garantizar la
legalidad en todos los actos administrativos.
En conferencia de prensa, la presidenta del CCEM señaló que
las reuniones con integrantes del Congreso local reiniciarán esta semana e
incluyen una agenda integral que contempla la simplificación administrativa y
mejora regulatoria, destinar presupuestos para la rehabilitación de vialidades,
inclusión de empresas locales en compras y licitaciones estatales, la
reingeniería de las Secretarías del Campo y Desarrollo Económico, y la revisión
de impuestos estatales.
González Hernández indicó que un punto prioritario será
revisar con el Congreso local las normas para las verificaciones e inspecciones
administrativas, lo cual está relacionado con la serie de modificaciones para
el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
La representante empresarial advirtió que deben evitarse
excesos, arbitrariedades, injusticias, multas injustificadas y corrupción por
parte de las entidades verificadoras administrativas, pues esto provoca la
indefensión a dueños de establecimientos comerciales y negocios.
Detalló que entre las ambigüedades que ocurren en dichas
verificaciones administrativas están asuntos que recaen en temas absurdos e
ilógicos.
González Hernández recordó que todo acto de verificación o
inspección administrativa, de existir inconformidades de los particulares,
termina en el citado Tribunal, pero si este órgano no es sólido se pierde
certeza sobre la defensa de los ciudadanos.
En este contexto, comentó que la propuesta de reforma al
Tribunal de Justicia Administrativa tiene como principal objetivo la defensa
efectiva de los derechos ciudadanos frente a los abusos de las administraciones
públicas.
“También debiera sancionar con efectividad y prontitud los
actos de corrupción cometidos por los servidores públicos del estado y de los
municipios, queremos que se cumpla a cabalidad este objetivo”, indicó la
representante empresarial.
Sin embargo, González Hernández indicó que la problemática
actual del referido Tribunal registra trámites complicados y burocráticos, lo
cual inhibe el acceso a la justicia pronta y expedita para los ciudadanos
afectados por un acto administrativo de las autoridades estatales y
municipales.
“Hoy por hoy emitir un simple acuerdo en este Tribunal se
demora entre dos y hasta seis meses, y el promedio de duración de los juicios
es de hasta tres años y en algunos casos más”, expresó.
A esto se suma la falta de recursos para atender con calidad
y eficiencia a los ciudadanos afectados.
En su oportunidad, Marco Antonio González Castillo,
integrante del Consejo Consultivo del CCEM, comentó que la intención de estas
reformas también consiste en alentar la creación de empleos e incentivar la
actividad económica del Estado de México, por ello se requiere trabajar de
manera conjunta con el Poder Legislativo.
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