• La Diputada Hernández Guerrero (PVEM) impulsa adicionar el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional
La Diputada Kenia del Refugio Hernández Guerrero (PVEM)
plantea considerar como amenazas a la seguridad nacional todo acto, conducta,
incidente o amenaza ofensiva o maliciosa con la capacidad de provocar un efecto
adverso, una falla, un acceso no autorizado, una vulnerabilidad, pérdida, daño
o un delito desde el ámbito digital o ciberespacio, en contra de las personas,
activos, información, infraestructuras de información, tecnologías de operación
o instancias e instituciones del Estado mexicano.
A través de la iniciativa que adiciona la fracción XIV al
artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, enviada a la Comisión de Seguridad
Ciudadana, propone establecer este tipo de delitos como una amenaza, porque se
trata de un ilícito con orígenes y alcances no solo nacionales, sino
internacionales, y cuyos daños son incuantificables.
Indica que con esta reforma se reconoce la gravedad del
problema y se garantiza la atención multiinstitucional y multifactorial que se
necesita, para que verdaderamente y de manera efectiva y pronta, se pueda
hacerle frente, mediante la atención, prevención, identificación, denuncia y
sanción, de todas las instituciones relacionadas con la seguridad pública.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de
Seguridad Nacional, al momento de incluir la ciberseguridad como tarea de
seguridad nacional, el tema será objeto de atención del Consejo de Seguridad
Nacional que, como señala el ordenamiento citado, se encarga de garantizar y
asumir la materia.
Hernández Guerrero menciona que los ciberdelitos han crecido
debido a los adelantos tecnológicos, y los mismos no atienden exclusividad de
edad o género, ni tampoco condición social o estatus público o privado. “Es tan
grande su prevalencia hoy, que hace parecer que se trata de un delito cobijado
por la invisibilidad, o bien, por la impunidad”.
Según información del Buró Federal de Investigaciones,
México fue uno de los países con más ataques cibernéticos durante 2020,
ocupando el 9º lugar de esa lista, lo que revela no solo la gravedad, sino la
impunidad que goza.
Expone que la población ha sido víctima de un sinfín de
delitos cibernéticos, pues en 2020 tanto empresas como personas “fuimos presa
de una diversidad de estafas y extorsiones”, dado que la mayor cantidad de
dinero robado fue por medio de correos electrónicos empresariales falsos,
esquemas de romance y confianza, y fraude de inversiones.
Respecto a los delitos por Internet y conforme a datos de la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
entre enero y mayo de 2021, se registró un alza de al menos 89 por ciento en
fraudes cibernéticos en el país respecto a 2020. Además, se cometieron a
inicios de 2021, un promedio de 463 fraudes cibernéticos en operaciones por
comercio electrónico y banca móvil cada hora.
Indica que, en lo que respecta a las instituciones públicas
en materia de ciberseguridad, el tema es lamentable y sumamente grave y
preocupante. Conforme a un sitio especializado, entre mayo de 2020 y el mismo
mes de 2021, al menos cinco instituciones federales fueron hackeadas y sus
archivos vulnerados.
La Diputada Hernández Guerrero relata que es muy amplio el
catálogo de delitos que se derivan por cuestiones de ciberseguridad, pues van
desde ciberacoso, hasta trata de personas, sustracción y robo de menores de
edad. “Eso nos hace ver que estamos ante un delito tan grave, que incluso
atenta en contra de la seguridad nacional”.
Aunado a ello, México, tiene una penetración tecnológica
constante y creciente, ya que el uso del internet alcanza a 59.8 por ciento de
la población, lo que equivale a 65 millones de usuarios, al que los mexicanos
dedican siete horas y 14 minutos y, de acuerdo con el INEGI, 30.6 millones de
jóvenes entre 15 y 29 años demandan tecnología.
Por ello, añade, es urgente atender este delito, dado que se
estima que hay más de 104 millones de líneas de celular, y existe una
dependencia tecnológica en comunicaciones a nivel gobierno y empresarial, los
sistemas financieros corren sobre plataformas tecnológicas de información que
si bien son robustas pudieran ser vulnerables, y el sistema de energía
eléctrica, agua, gas y petróleo tiene un componente tecnológico importante para
operar.
“Estamos ante un delito y un grave problema en materia de
seguridad, que cada vez está afectando a más personas en el país y nos está
exponiendo a diversos y muy graves delitos que perjudican no solo en lo
patrimonial, sin
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