• El Diputado Pintos Caballero (MC) impulsa una iniciativa
para establecer dicha facultad en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente
El Diputado Andrés Pintos Caballero (MC) impulsa una
iniciativa para adicionar el artículo 111 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de facultar a las entidades
federativas para expedir una regulación estatal que establezca mayores
prohibiciones y deberes a efecto de controlar, reducir o evitar la
contaminación de la atmósfera.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales para dictamen, precisa que actualmente no existe esa
potestad, ya que la ley únicamente señala que debe haber concurrencia entre los
gobiernos Federal, las entidades federativas y municipios en materia de
protección al medio ambiente, y preservación y restauración del equilibrio
ecológico.
Destaca la importancia de que todos los entes
gubernamentales tengan injerencia en solucionar y proteger el medio ambiente;
asimismo, que cualquier autoridad que pueda dar una respuesta pronta sea la que
aplique medidas cuando exista un detrimento a la atmósfera en perjuicio de la población.
Sostiene que una de las razones de dar mayores atribuciones
a los estados, es que éstos son quienes tienen que vigilar y procurar un
entorno ambiental sano de toda su circunscripción territorial. Afirma que las
leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación y poner mayor énfasis
en determinados aspectos que sean preocupantes en una región específica.
El documento menciona que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) ha sostenido que las leyes generales expedidas por el Congreso de
la Unión asientan las bases y la plataforma mínima de las obligaciones que se
desprendan de estas normas en todas las entidades federativas; sin embargo, no
son limitativas para que los estados expidan una regulación local sobre una
materia concurrente.
Refiere que el artículo 4º de la Constitución Política
establece que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El
daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley”.
Por ello, indica, se debe adicionar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pues al ser un derecho humano toda autoridad está obligada a promover, respetar, proteger y garantizar dicho derecho. Además, se evitaría la obstaculización para dar protección al medio ambiente sano.
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