* La propuesta fue enviada al Diario Oficial de la Federación para su publicación
El Presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó que el proyecto de declaratoria fue remitido por la Cámara de Diputados.
Posteriormente, se realizó el cómputo de las legislaturas que hasta el momento han dado su respaldo a la propuesta, que son: Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Zacatecas y de la Ciudad de México.
Por tal motivo, al contar con los suficientes votos aprobatorios de los congresos de las entidades federativas, 19 de 17 que exige el artículo 135 de la Carta Magna, es que el presidente de la Mesa Directiva realizó la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional, y remitió el documento al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
Fernández Noroña indicó que la Presidencia del Senado de la República seguirá atenta a las resoluciones que emitan las otras legislaturas de los estados sobre este asunto, las cuales se integrarán al expediente.
El proyecto precisa que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
Además, plantea que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, auxiliará al titular del Ejecutivo federal en funciones en esta materia y coordinará el sistema nacional de inteligencia en el rubro de seguridad.
También podrá coordinar la colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de sus instituciones de seguridad, quienes deberán proporcionar información que dispongan o recaben en materia de seguridad; la SSPC, además, podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para identificar y esclareces hechos presuntamente delictivos.
Y establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública contará con un Secretariado Ejecutivo que, además de emitir bases, acuerdos y lineamientos, podrá realizar las acciones necesarias para homologar estándares y criterios en materia de seguridad, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes de gobierno
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