• En el primer semestre de 2025, 45.2 % de las personas de 18 años y más, residentes de áreas urbanas, fue víctima de corrupción al interactuar con autoridades de seguridad pública. Este porcentaje fue de 49.9 % en hombres y de 36.8 % en mujeres.
• En 2023, 169 769 empresas (3.5 %) fueron víctimas de corrupción. Las empresas medianas registraron la mayor prevalencia, con 8.4 por ciento.
• En ese mismo periodo, hubo 2 341 personas sancionadas en la administración pública federal, equivalente a 14.4 por cada 10 mil personas servidoras públicas.
En 2003, Naciones Unidas estableció el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción, con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre este tema y resaltar la importancia de su prevención y combate. En el marco de esta conmemoración, el INEGI ofrece al público datos sobre la prevalencia de actos de corrupción en personas y empresas a partir de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 2020-2025; la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), 2014-2024; el Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF), 2019-2024 y el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE), 2024.
I. Personas víctimas de corrupcción
De enero a junio de 2025, 8.9 % de personas de 18 años y más, residentes de áreas urbanas, que realizaron de forma directa algún trámite, pago o solicitud de servicio ante una persona servidora pública, fue víctima de corrupción. Este porcentaje fue mayor en hombres (10.2 %) que en mujeres (7.9 %). (Ver gráfica 1).
Por otro lado, durante el primer semestre de 2025, 45.2 % de las personas de 18 años o más, de áreas urbanas, que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, fue víctima de corrupción. Este porcentaje fue de 49.9 % en hombres y de 36.8 % en mujeres (ver gráfica 2).
II. Empresas víctimas de corrupcción
En 2023, 169 769 empresas (3.5 %) fueron víctimas de corrupción. Esta prevalencia de corrupción es menor a la registrada en 2017, año con la prevalencia más alta en el periodo analizado (ver gráfica 3).
En 2023, las empresas medianas fueron las más afectadas por actos de corrupción. Por cada microempresa víctima de corrupción hubo 2.5 empresas medianas en la misma situación. Por sector económico, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de corrupción en las empresas de los sectores comercio, industria y servicios (ver gráfica 4).
III. Investigaciones indicadas
Las faltas administrativas ocurren cuando las personas servidoras públicas cometen actos u omisiones que incumplen o transgreden los principios y obligaciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). De acuerdo con esta, los Órganos Internos de Control (OIC) son instancias facultadas para ejecutar, en el ámbito de sus competencias, investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas. Dichas investigaciones, en caso de comprobarse la responsabilidad de las personas servidoras públicas, pueden derivar en sanciones.
Durante 2023, se iniciaron 40 145 investigaciones por presunta responsabilidad de faltas administrativas en la Administración Pública Federal (APF), lo que representó una tasa de 24.8 investigaciones por cada mil personas servidoras públicas (ver gráfica 5).
A nivel estatal, por cada mil personas servidoras públicas se iniciaron 34.6 investigaciones durante 2023. Quintana Roo y Chihuahua tuvieron las tasas más altas, con más de130 investigaciones por cada mil personas adscritas a las instituciones públicas estatales, mientras que en 6 entidades federativas esta tasa fue de menos de 10 investigaciones por cada mil personas (ver gráfica 6).
IV. Personal sancionado
Durante 2023, 2 341 personas servidoras públicas de la APF fueron sancionadas, lo que equivale a una tasa de 14.4 por cada 10 mil personas servidoras públicas (ver gráfica 7).
A nivel estatal, México y Campeche tuvieron las tasas más altas de personal sancionado en 2023, con 103.1 y 81.0 personas sancionadas por cada 10 mil personas servidoras públicas, respectivamente. En el mismo año, en las APE de Baja California Sur y Colima no se registraron personas servidoras públicas sancionadas (ver gráfica 8).
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