Mostrando entradas con la etiqueta CNGE. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta CNGE. Mostrar todas las entradas

viernes, 5 de diciembre de 2025

INEGI: Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción


• En el primer semestre de 2025, 45.2 % de las personas de 18 años y más, residentes de áreas urbanas, fue víctima de corrupción al interactuar con autoridades de seguridad pública. Este porcentaje fue de 49.9 % en hombres y de 36.8 % en mujeres.

• En 2023, 169 769 empresas (3.5 %) fueron víctimas de corrupción. Las empresas medianas registraron la mayor prevalencia, con 8.4 por ciento.

• En ese mismo periodo, hubo 2 341 personas sancionadas en la administración pública federal, equivalente a 14.4 por cada 10 mil personas servidoras públicas.

En 2003, Naciones Unidas estableció el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción, con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre este tema y resaltar la importancia de su prevención y combate. En el marco de esta conmemoración, el INEGI ofrece al público datos sobre la prevalencia de actos de corrupción en personas y empresas a partir de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 2020-2025; la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), 2014-2024; el Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF), 2019-2024 y el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE), 2024.

I. Personas víctimas de corrupcción

De enero a junio de 2025, 8.9 % de personas de 18 años y más, residentes de áreas urbanas, que realizaron de forma directa algún trámite, pago o solicitud de servicio ante una persona servidora pública, fue víctima de corrupción. Este porcentaje fue mayor en hombres (10.2 %) que en mujeres (7.9 %). (Ver gráfica 1).


Por otro lado, durante el primer semestre de 2025, 45.2 % de las personas de 18 años o más, de áreas urbanas, que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, fue víctima de corrupción. Este porcentaje fue de 49.9 % en hombres y de 36.8 % en mujeres (ver gráfica 2).


II. Empresas víctimas de corrupcción

En 2023, 169 769 empresas (3.5 %) fueron víctimas de corrupción. Esta prevalencia de corrupción es menor a la registrada en 2017, año con la prevalencia más alta en el periodo analizado (ver gráfica 3).


En 2023, las empresas medianas fueron las más afectadas por actos de corrupción. Por cada microempresa víctima de corrupción hubo 2.5 empresas medianas en la misma situación. Por sector económico, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de corrupción en las empresas de los sectores comercio, industria y servicios (ver gráfica 4).


III. Investigaciones indicadas

Las faltas administrativas ocurren cuando las personas servidoras públicas cometen actos u omisiones que incumplen o transgreden los principios y obligaciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). De acuerdo con esta, los Órganos Internos de Control (OIC) son instancias facultadas para ejecutar, en el ámbito de sus competencias, investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas. Dichas investigaciones, en caso de comprobarse la responsabilidad de las personas servidoras públicas, pueden derivar en sanciones.

Durante 2023, se iniciaron 40 145 investigaciones por presunta responsabilidad de faltas administrativas en la Administración Pública Federal (APF), lo que representó una tasa de 24.8 investigaciones por cada mil personas servidoras públicas (ver gráfica 5).


A nivel estatal, por cada mil personas servidoras públicas se iniciaron 34.6 investigaciones durante 2023. Quintana Roo y Chihuahua tuvieron las tasas más altas, con más de130 investigaciones por cada mil personas adscritas a las instituciones públicas estatales, mientras que en 6 entidades federativas esta tasa fue de menos de 10 investigaciones por cada mil personas (ver gráfica 6).


IV. Personal sancionado

Durante 2023, 2 341 personas servidoras públicas de la APF fueron sancionadas, lo que equivale a una tasa de 14.4 por cada 10 mil personas servidoras públicas (ver gráfica 7).


A nivel estatal, México y Campeche tuvieron las tasas más altas de personal sancionado en 2023, con 103.1 y 81.0 personas sancionadas por cada 10 mil personas servidoras públicas, respectivamente. En el mismo año, en las APE de Baja California Sur y Colima no se registraron personas servidoras públicas sancionadas (ver gráfica 8).

INEGI: Censo Nacional de Gobierno Federal y Gobiernos Estatales


Al cierre de 2024, había 3.9 millones de personas servidoras públicas en las administraciones públicas federal y estatales, 2.5 % menos que en 2023

• A precios constantes de la segunda quincena de julio de 2018, el presupuesto que ejerció la APF en 2024 aumentó 10.6 %, mientras que el que ejercieron las APE disminuyó 2.8 %, en comparación con 2023.

• La APF y las APE celebraron y realizaron 189 482 contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 80.0 % fue por adjudicación directa.

• Las APE operaron 1 379 programas o acciones de desarrollo social con un presupuesto de 146 795.3 millones de pesos.

• El trámite más frecuente en la APF fue consulta e impresión de la constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con 196 022 459 solicitudes y en las APE fue consulta médica, con 56 948 163.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados del Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) y del Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2025. Estos programas estadísticos ofrecen información sobre la gestión y desempeño de las instituciones que integran la Administración Pública Federal (APF) y las Administraciones Públicas estatales (APE). Generan información de manera transversal en los temas de Estructura organizacional, infraestructura, recursos y ejercicio de funciones específicas; Trámites y servicios; Programas sociales; Control interno y anticorrupción; Contrataciones públicas y Administración de archivos y gestión documental. Adicionalmente, el CNGE recopila información relacionada con los temas de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; Participación ciudadana; Servicios postpenales y servicios para adolescentes egresados y/o en tratamiento externo; Libertad condicionada; Tránsito y vialidad; Alojamientos de asistencia social; Protección civil; Servicios periciales y/o servicio médico forense; Defensoría pública; Justicia cívica; Medio ambiente, así como Catastro, registro y territorio. Su finalidad es vincular los datos con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los temas referidos.

I. Personal

Al cierre de 2024, se reportaron 3 928 586 personas servidoras públicas adscritas a las instituciones de las administraciones públicas: 1 691 406 (43.1 %) en la APF y 2 237 180(56.9 %) en las APE. En comparación con 2023, la cantidad total de personal disminuyó 2.5 % en 2024 (ver gráfica 1).

 


II. Presupuesto ejercido

En 2024, las administraciones públicas ejercieron un presupuesto de 7 844 333.1 millones de pesos corrientes. A precios constantes de la segunda quincena de julio de 2018, este presupuesto fue de 5 808 910.3 millones de pesos: 4 000 212.9 millones correspondieron a la APF y 1 808 697.3 millones, a las APE. En términos reales, la cantidad de presupuesto ejercido por la APF en 2024 aumentó 10.6 %, mientras que el presupuesto ejercido por las APE disminuyó 2.8 %, en comparación con 2023 (ver gráfica 2).


III. Contrataciones públicas 1

Durante 2024, se celebraron o realizaron 189 482 contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios: 67.4 % correspondió a la APF y 32.6 %, a las APE (ver gráfica 3).


De acuerdo con el tipo de procedimiento, 80.0 % del total de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios se realizó mediante adjudicación directa (ver tabla 1).


En materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, se celebraron o realizaron 16 569 contratos. De estos, 21.1 % correspondió a la APF y 78.9 %, a las APE (ver gráfica 4).


IV. Programas sociales

Durante 2024, las instituciones de las APE operaron 1 379 programas o acciones de desarrollo social. En contraste con 2023, la cantidad de programas o acciones de desarrollo social que se operaron en el ámbito estatal disminuyó 0.9 por ciento. 2 En el mismo periodo, se ejercieron 146 795.3 millones de pesos para la operación de dichos programas o acciones. Al contrastar con 2023, el total de presupuesto ejercido aumentó 15.7 % (ver tabla 2). 3


2 En el periodo referido se reportaron 1 391 programas o acciones de desarrollo social.
3 En el periodo referido se reportó un presupuesto ejercido por los programas o acciones de desarrollo social de 126 847.2 millones de pesos.

V. Trámites y servicios

Durante 2024, la APF recibió 678 973 653 solicitudes de trámites y servicios. 4 Por tipo, los más frecuentes fueron consulta e impresión de la constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), con 196 022 459; aviso de movimientos afiliatorios de trabajadores al IMSS, con 131 390 738; y solicitud de constancia de semanas cotizadas en el IMSS, con 87 158 811 (ver tabla 3). 


En el mismo periodo, las APE recibieron 294 172 202 solicitudes de trámites y servicios. 5 Por tipo los más frecuentes fueron: consulta médica (incluye cualquier tipo de especialidad médica, por ejemplo: medicina general, psicología, psiquiatría, odontología, ginecología, etc.), con 56 948 163 solicitudes; otros trámites de educación (constancias de estudios, revalidaciones, certificados, etc.), con 55 106 441; y servicio de laboratorio clínico, con 46 229 765 (ver tabla 4).

4 Trámites y servicios registrados por las instituciones de la APF en el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (Cnartys).
5 De un listado de 24 tipos de trámites y servicios seleccionados que se establecieron en el instrumento de captación.

martes, 4 de junio de 2024

INEGI: Estadísticas a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente

ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
(5 de junio)
Datos nacionales

• En 2022, las administraciones estatales aplicaron 20 programas sobre regulación de uso del suelo vinculados con los asentamientos humanos y actividades productivas. Solo hubo cuatro sobre la desertificación, degradación y contaminación de suelos.
 
• En ese año, los programas más aplicados por las administraciones estatales, en materia de biodiversidad y ecosistemas, fueron los relacionados con las áreas naturales protegidas, conservación de flora y fauna, así como zoológicos y jardines botánicos.

En 1972, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el 5 de junio como el Día Mundial de Medio Ambiente. En las últimas cinco décadas, esta conmemoración se ha convertido en una de las mayores plataformas mundiales de divulgación ambiental. Decenas de millones de personas en todo el mundo participan ya sea en línea, o través de actividades, eventos y acciones presenciales.1 Este año, el país anfitrión será el Reino de Arabia Saudita con los temas: restauración de la tierra, desertificación y resiliencia a la sequía. 

A propósito de esta fecha, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece información relacionada con el lema que Naciones Unidas estableció para este año: «Nuestras tierras. Nuestro futuro. Somos la #GeneraciónRestauración».

I. EL CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS ESTATALES

 Los datos del INEGI en torno a la resiliencia ante los fenómenos de desertificación y sequía, entre otros, provienen del Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE), que se publica anualmente. En su edición 2023 (con periodo de referencia 2022), proporcionó datos sobre la aplicación de programas medioambientales. 

En 2022, se aplicaron 20 programas por parte de las administraciones estatales sobre regulación de uso del suelo, vinculados con los asentamientos humanos y actividades productivas. Solo cuatro correspondieron a desertificación, degradación y contaminación de suelos (ver gráfica 1).

Gráfica 1 
PROGRAMAS APLICADOS POR LAS ADMINISTRACIONES ESTATALES EN MATERIA DE SUELO, USO DEL SUELO Y EDIFICACIONES 
2022 
(número de programas aplicados)
Fuente: INEGI. CNGE 2023. 

En 2022, la mayor cantidad de auditorías ambientales a los gobiernos estatales se produjo en el tema de residuos. Por su parte, biodiversidad fue el de menos auditorías (ver gráfica 2).

Gráfica 2 
AUDITORÍAS AMBIENTALES APLICADAS POR LAS ADMINISTRACIONES ESTATALES 
2022 
(número de auditorías aplicadas)
Fuente: INEGI. CNGE 2023.

En materia de sostenibilidad, la mayor cantidad de programas aplicados por las administraciones estatales en 2022 se dirigió a reforestación y control de incendios forestales. En contrapartida, la protección del patrimonio cultural no ameritó programa alguno. La cédula de operación anual y playas limpias tuvo la menor cantidad de programas aplicados (ver gráfica 3).

Gráfica 3 
OTROS PROGRAMAS APLICADOS POR LAS ADMINISTRACIONES ESTATALES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD 
2022 
(número de programas aplicados)
Fuente: INEGI. CNGE 2023. 

Durante 2022, los programas más aplicados por las administraciones estatales, en materia de biodiversidad y ecosistemas, fueron los que tienen que ver con las áreas naturales protegidas, conservación de la flora y fauna, así como con zoológicos, acuarios y jardines botánicos. La menor cantidad estuvo en los servicios ambientales (pagos por conservación) (ver gráfica 4).

Gráfica 4 
PROGRAMAS APLICADOS POR LAS ADMINISTRACIONES ESTATALES EN MATERIA DE BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS 
2022 
(número de programas aplicados)
Fuente: INEGI. CNGE 2023. 

Para consultas de medios y periodistas, escribir a: comunicacionsocial@inegi.org.mx o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, extensiones 321064, 321134 y 321241. Dirección de Atención a Medios/ Dirección General Adjunta de Comunicación.