- Al iniciar el análisis de las iniciativas para expedir una nueva Ley de Salud, propuestas de la Diputada Ana Yurixi Leyva y de la Gobernadora Delfina Gómez, congresistas se pronunciaron por un estudio amplio para diseñar un marco normativo que garantice el derecho a la salud.
- Las bancadas de MORENA, PVEM, PRI y MC coincidieron en que deben considerarse recursos presupuestales suficientes.
Al comenzar el análisis de las iniciativas para expedir una Ley de Salud estatal, integrantes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Salud, Asistencia y Bienestar Social del Congreso mexiquense, coincidieron en la pertinencia de profundizar el estudio de las propuestas de la Diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) y de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, además de prever los recursos presupuestales necesarios para garantizar el derecho a la salud a la población.
El Diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (MORENA), Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, destacó que el estudio no debe agotarse al interior del recinto legislativo, mientras que la Legisladora Jennifer Nathalie González López (MORENA), Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social, indicó que, si bien la iniciativa puede fortalecerse, es un proyecto integral, por lo que llamó a respaldarlo, al señalar que es resultado de un trabajo profesional, ético y con visión integradora.
También de morena, el Parlamentario Octavio Martínez Vargas consideró que la propuesta debe robustecerse en temas como la subrogación de servicios y la atención a la salud mental, particularmente en lo relativo a adicciones y personas en situación de calle. A su vez, la Diputada Paola Jiménez Hernández señaló que permite una simplificación normativa y una actualización técnica y tecnológica, aunque solicitó prever recursos suficientes.
De la misma bancada, la Legisladora María del Carmen de la Rosa Mendoza planteó incluir mecanismos de coordinación entre autoridades para implementar acciones, estrategias, planes, programas u operativos orientados a prevenir y combatir el robo de medicamentos e insumos esenciales.
En su intervención, la Parlamentaria Honoria Arellano Ocampo (PVEM) cuestionó que se asigne un presupuesto “raquítico” al sector y coincidió en que la ley debe analizarse con detenimiento para evitar improvisaciones que, añadió, han generado deficiencias tanto para la ciudadanía como para el personal de salud.
La Congresista Ana Yurixi Leyva, quien propuso la realización de un parlamento abierto para analizar la propuesta, recordó que presentó una iniciativa en coautoría con ciudadanía e instituciones como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, para expedir una Ley de Salud estatal, por lo que pidió que sus planteamientos sean considerados en el análisis.
El Legislador Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) señaló que se trata de una iniciativa de avanzada; sin embargo, enfatizó que debe traducirse en un mejor presupuesto, pues la salud representa un desafío importante, toda vez que 44.5 millones de personas carecen de servicios de salud en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de las cuales 7.5 millones son mexiquenses.
La Diputada Maricela Beltrán Sánchez (MC) propuso actuar con cautela y responsabilidad legislativa, al advertir que la centralización del sector podría convertirse en un riesgo burocrático que no necesariamente fortalecería la atención médica. Asimismo, solicitó ampliar el enfoque oncológico de la iniciativa. En tanto, su compañera de bancada, la Legisladora Ruth Salinas Reyes, se pronunció por un análisis profundo en un parlamento abierto que incorpore también el componente financiero.
Por parte del gobierno estatal, Viridiana Martínez Pérez, Jefa de la Unidad de Modernización Administrativa del Instituto de Salud del Estado de México, explicó que la propuesta busca garantizar el derecho a la salud desde un enfoque integral e interseccional.
La iniciativa, que también plantea reformas a diversos ordenamientos estatales, prevé un abordaje integral del derecho a la salud en todas sus dimensiones —preventiva, curativa, rehabilitadora y paliativa— y establece con claridad sus principios rectores, entre ellos: calidad, eficiencia, enfoque transformador, equidad, gratuidad, humanismo, integralidad, interculturalidad, interés superior de la niñez, justicia social, no revictimización, perspectiva etaria y de género, progresividad, sostenibilidad y universalidad. Asimismo, incluye un capítulo sobre la prestación de servicios de interrupción del embarazo.
Javier de Jesús Domínguez, encargado de despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, destacó la coordinación entre dependencias del Ejecutivo para la elaboración de la iniciativa.
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