Plantean iniciativa para promover la no discriminación en el sector turístico

• La propuesta de la Diputada Ana Karina Rojo Pimentel reforma los artículos 18 y 19 de la Ley General de Turismo

La Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) propuso reformar la Ley General de Turismo, con el objetivo de que la Secretaría del ramo promueva la no discriminación en la prestación de los servicios en ese sector.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Turismo para su análisis, modifica los artículos 18 y 19 de dicho ordenamiento legal para agregar que los prestadores de estos servicios deberán proveer hasta el 10 por ciento de habitaciones accesibles para personas con discapacidad.

Considera que es fundamental construir un futuro más equitativo y próspero para todos, y la inclusión es una oportunidad para que el turismo sea la directriz de la equidad y la diversidad; además de que se aprovecha el gran impacto económico que aporta.

Refiere que las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea.

Agrega que la discriminación y la falta de conciencia por parte de la industria turística pueden crear ambientes hostiles o poco acogedores para ciertos grupos, lo que afecta negativamente su experiencia.

La propuesta de la diputada cita que cifras del Censo de Población y Vivienda 2020, señalan que en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 por ciento de la población total del país; de ellas, 53 por ciento son mujeres y 47 por ciento hombres.

Indica que, en el caribe mexicano, sólo el uno por ciento de los 130 mil cuartos de hotel, así como los parques y demás servicios turísticos, cumplen con los parámetros de diseño e infraestructura para ser accesibles a personas con algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, visual, por enfermedad o edad.

Además, subraya, es notoria la falta de capacitación de personal y atención para este mercado. Por cada persona con discapacidad que viaja, en promedio se estima que se suman cuatro acompañantes, lo que representa un aumento en el gasto per cápita y un impulso para la economía local.

El documento menciona que el turismo inclusivo se basa en el principio de igualdad de acceso y oportunidades para todos los individuos, sin importar sus características o circunstancias.

Esto implica eliminar barreras físicas, como la falta de infraestructuras accesibles, sociales y emocionales que dificultan su movilidad y podrían excluir a ciertos grupos de la participación en actividades turísticas; por ello, el objetivo es permitir que todas las personas experimenten y disfruten de destinos turísticos, atracciones y servicios de manera equitativa, puntualiza.

Comisión organiza el Foro “Los retos en la política de Bienestar y los efectos sociales derivados de la Covid-19”

• Se busca reformar y mejorar el marco jurídico en favor de los que menos tienen: diputada Rojo Pimentel

Durante el Foro “Los retos en la política de Bienestar y los efectos sociales derivados de la Covid-19”, la presidenta de la Comisión de Bienestar, diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), aseguró que las propuestas y conclusiones se analizarán en la Cámara de Diputados, a fin de reformar y mejorar el marco legal para fortalecer el trabajo en favor de los que menos tienen. 

El Poder Legislativo aportará un valioso instrumento social que mejorará la calidad de vida en los sectores más desfavorecidos, afirmó.

Expresó la disposición de la Cámara de Diputados de lograr ese objetivo y se comprometió a seguir en la lucha por alcanzar un estado de bienestar donde prevalezca el derecho y una democracia como forma de vida. 

Al resaltar que la Comisión de Bienestar coadyuvó en la organización del foro, la legisladora destacó que estará pendiente de las propuestas para analizar el marco jurídico en busca de su viabilidad a nivel nacional.

Refirió que la pandemia detonó una crisis económica y de salud, y la única garantía que tuvimos para reducir ese impacto fueron los programas de bienestar, derivado del impulso para transitar hacia un estado de bienestar tendente a disminuir las desigualdades sociales, concibiendo los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales como auténticas garantías fundamentales, intrínsecos al ser humano y reconocidos en la Constitución Política.

Aclaró que “el modelo de bienestar no atiende a medidas de carácter asistencialista, sino garantiza un reordenamiento socioeconómico basado en la justicia social”, al referir la reforma al artículo cuarto constitucional, donde se reconocieron los derechos humanos de diversos sectores vulnerables de la población.

Actualización y modernización legislativa

Armando Reyes Ledesma, diputado del PT, secretario de la Comisión del Bienestar, señaló que para reducir la brecha de desigualdad, pobreza y rezago social ocasionado por la pandemia del Covid-19, se impulsará la actualización y modernización legislativa para lograr una efectiva coordinación interinstitucional que permita aprovechar los programas sociales de la mejor manera.

“Se generarán los insumos legislativos que permitan mejorar el trabajo parlamentario y tener un impacto real que se refleje en el bienestar de las familias” con un enfoque basado en los derechos humanos y el bien común de todos los ciudadanos, apuntó.

Entre los objetivos parlamentarios, el legislador subrayó la creación de un marco jurídico que regule, favorezca y promueva el bienestar de las personas más vulnerables.

Además, impulsar proyectos de iniciativas y decretos de ley para incorporarlos al marco jurídico vigente que coadyuven a profundizar la atención de los que menos tienen, así como proporcionar un espacio de diálogo entre el Poder Legislativo y la sociedad para fortalecer los derechos de los menores, adultos mayores, mujeres, migrantes, indígenas y a quienes viven en pobreza extrema.

Asimismo, fortalecer a través del marco legal de los programas de Bienestar y mejorar las reglas de operación de los mismos, a fin de modernizar y adecuar la Ley de Bienestar.

Ofrecer opiniones claras y expeditas con la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de planificación de los programas para que lleguen a más personas todos los recursos y combatir la pobreza, y fomentar la participación y respetar la opinión de los beneficiarios.

Durante el foro se presentaron las ponencias: La importancia de los programas sociales en México después de la pandemia, impartida por la subsecretaria de Bienestar del Gobierno de la República, María del Rocío García Pérez. Con el tema “En defensa del Bienestar con valores y resiliencia”, participó la embajadora de Finlandia en México, Päivi Pohjanheimo.

José Nabor Cruz Marcelo, secretario Ejecutivo del CONEVAL expuso la ponencia “El ejercicio de los Derechos Sociales en México: Reflexiones desde un enfoque de acceso efectivo”. Del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Virginia Leal Cota, especialista en metodologías y generación de evidencia para el desarrollo, planteó el tema “Retos de la Política de Bienestar y Efectos Sociales de la COVID-19: Una Perspectiva desde el Desarrollo Sostenible”.

A nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México, Lina Pohl Alfaro, presentó la ponencia Retos y Compromisos Internacionales por una Alimentación Suficiente y Saludable.

Asimismo, participaron en el foro el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, la secretaria de Bienestar de esa entidad, Lizeth Sánchez García y el presidente de la Comisión de Bienestar del Congreso estatal, Antonio López Ruíz.

También, se efectuaron cuatro mesas de trabajo, donde se analizaron los derechos sociales, los desafíos en la medición de la desigualdad para el diseño de políticas públicas, el presupuesto de bienestar para el desarrollo sostenible y las adecuaciones de las leyes a nivel local, donde participaron senadores, diputados federales y locales, funcionarios estatales, presidentes municipales y especialistas.