Deportistas en situación de discapacidad deben ser incluidos al deporte mexicano con respeto e igualdad

• La diputada Sánchez Escobedo (PRI) promueve reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte

La diputada María José Sánchez Escobedo (PRI) propone mediante una iniciativa reformar el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para la inclusión de las personas que viven o padecen algún tipo de discapacidad y que se desempeñan en el deporte mexicano. 

Establece que se debe fomentar una cultura de deporte incluyente que promueva, proteja y asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de los deportistas en situación de discapacidad, asegurando su plena inclusión al deporte mexicano en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Deporte para dictamen, y a la de Atención a Grupos Vulnerables para opinión, señala que es fundamental realizar adecuaciones en materia de inclusión al marco legal del deporte mexicano, en pro de las personas que viven o padecen algún tipo de discapacidad y que se desempeñan en alguna actividad deportiva.

Expone que el lenguaje inclusivo busca integrar a todos los colectivos en la manera en la que hablamos y en la que escribimos. Asimismo, es la forma que tenemos de reconocer la diversidad que compone nuestra sociedad y de nombrar adecuadamente las distintas realidades con las que convivimos.

Menciona que las personas deportistas que viven o padecen algún tipo de discapacidad se enfrentan a múltiples barreras externas que dificultan su desempeño desde una vida autónoma hasta la realización de su actividad deportiva, sumando a esto todas las barreras actitudinales presentes.

Se trata de conductas, palabras, sentimientos, prejuicios y estigmas que impiden u obstaculizan la igualdad entre todas las personas y fomentan el desarrollo de otras barreras y obstáculos. Por ello, vincular el lenguaje inclusivo y la discapacidad, ayudará a derribarlas, añade.

Refiere que la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad celebra la diversidad y la dignidad humanas y transmite primordialmente el mensaje de que las personas en situación de discapacidad están facultadas para ejercer toda la gama de derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación.

La legisladora resalta que es fundamental crear conciencia y adecuar el marco jurídico para el correcto uso del lenguaje al hablar acerca de las personas que viven o padecen algún tipo de discapacidad; de lo contrario, se seguirá con la desigualdad, exclusión y generación de barreras que impiden la participación plena y genuina en el deporte mexicano.

Buscan prohibir el matrimonio infantil y adolescente en Edoméx

Pide Rigoberto Vargas precisar que la edad para contraer matrimonio sea de 18 años en adelante.

A fin de proteger el derecho de las y los menores y adolescentes a un desarrollo integral de su personalidad, e impedir que sus padres o tutores legales los obliguen a contraer matrimonio siendo menores de edad, el diputado sin partido Rigoberto Vargas Cervantes propuso establecer en el Código Civil que la edad para contraer matrimonio sea de 18 años.

En sesión deliberante, el legislador precisó que, para el cumplimiento de esta limitante, no procede la invocación de los usos y costumbres a los que tienen derecho los pueblos y comunidades indígenas, por lo que prevalecerá el interés superior de la niñez, para quienes las autoridades estatales y municipales deberán garantizar su sano desarrollo físico, mental, psicológico y emocional.

Para el proponente, el hecho de que las niñas o niños sean obligados a casarse antes de los 18 años, representa la vulneración de sus derechos humanos y trastoca su desarrollo integral así como la negación del derecho de elegir, con un consentimiento libre y pleno, sin coerción o miedo, con quién casarse y en qué momento hacerlo y las expone a quedar embarazadas antes de que sus cuerpos maduren, lo cual en un alto porcentaje de menores tiene como consecuencia el riesgo de muerte de la madre y/o del bebé.

La propuesta fue remitida a dictamen de las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia.

Impulsan iniciativa para garantizar a personas adultas mayores acceso gratuito al transporte público

• La diputada Corona Nakamura (PVEM) presentó reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
• Se remitió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis y dictamen.

Rocío Corona Nakamura, diputada del PVEM, presentó una iniciativa con el fin de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantice a las personas adultas mayores el derecho permanente, y en todo tiempo, de acceder de manera gratuita al transporte de servicio público.

La propuesta de modificación a la fracción IV del artículo 20 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, añade que se otorgará este derecho previa acreditación de la edad mediante identificación oficial, credencial de jubilado o pensionado. Se remitió a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen, y a la de Comunicaciones y Transportes para opinión.

Puntualiza que la reforma representa una gran ayuda para más de 15 millones de personas adultas mayores en el país.

Refiere que este ordenamiento fue promulgado el 25 de junio del 2002, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, es decir hasta hace apenas 20 años empezamos a entender que las personas adultas mayores tienen necesidades específicas, requerimientos propios a su edad o circunstancias y, sobre todo, derechos que son irrenunciables, innegables y elementales.

La iniciativa busca atender un tema sensible para este sector que repercute gravemente e incide con fuerza en su desarrollo, es decir en la movilidad, en sus opciones de transporte público y las condiciones en las que acceden a él. Esto, agrega, no es un tema de concesión o dádiva, se trata de la atención a un derecho que se les ha negado.

Menciona que aproximadamente 18 por ciento de las personas adultas mayores presentan problemas para movilizarse sin ayuda, y a partir de los 75 años más de la mitad presentan dificultades para salir de casa, lo que condena al 20 por ciento de éstos a vivir confinados.

Por lo anterior, es imprescindible y obligatorio el cuidado, atención y capacidad de respuesta para ofrecerles, en todo el país, opciones de transporte público no solo funcionales, sino también accesibles.

Subraya que el índice de envejecimiento es alto, el número de mayores de 60 y más años, por cada 100 niños y jóvenes de 0 a 14 años de edad, es de 47.7 por ciento a escala nacional. “Dicho de otra forma, somos una sociedad con un proceso de envejecimiento acelerado”.

Precisa que aún hay grandes pendientes y retos en materia de atención, procuración, protección y cuidado, y este esfuerzo beneficiará, ayudará y motivará a esta población en la conquista y acceso a mejores oportunidades de vida, desarrollo y movilidad, y a la sociedad en su conjunto le permitirá reconocerles no sólo sus derechos elementales, sino también garantizarles el urgente e irrestricto disfrute pleno de los mismos.

Señala que este esfuerzo es una atención a la deuda pendiente y añeja de la sociedad con las personas adultas mayores, porque no se ha podido ofrecerles, proveerles y garantizarles autonomía, movilidad, salud emocional, social y psicológica como requerimientos básicos para su bienestar.