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viernes, 24 de abril de 2026

Plantean trasladar a 2028 elección de juzgadores para mejorar participación ciudadana y contar con aspirantes adecuados

  • No se está “renunciando a la reforma judicial”, sino que se busca fortalecerla, consolidarla y mejorarla, subraya el Senador Corral Jurado.

Académicos, juzgadores e integrantes de organizaciones civiles expusieron la conveniencia de que la elección de juzgadores de 2027 se traslade a 2028, a fin de mejorar la participación ciudadana, contar con aspirantes adecuados e impedir que se afecte la capacidad de organización del Instituto Nacional Electoral, pues sería concurrente con el proceso electoral de legisladores, gobernadores y alcaldes.

Al concluir las mesas del foro “Fortalecimiento de las Elecciones Judiciales en México”, el Presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, aseguró que con estas propuestas y las que impulsan varios legisladores del Congreso de la Unión para trasladar la elección de juzgadores a 2028, no se está “renunciando a la reforma judicial”, sino que se busca fortalecerla, consolidarla y mejorarla.

“La calidad de los juzgadores es un asunto fundamental para la democracia, para la justicia y para la libertad. En eso estamos, en eso estamos nosotros empeñados y en ese esfuerzo vamos a poner nuestro empeño”, agregó.

La Diputada de MORENA, Mariana Benítez Tiburcio, consideró importante dar la posibilidad a la ciudadanía de analizar con más tiempo los perfiles de las personas juzgadoras; por ello, celebró que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haya mostrado apertura para analizar la viabilidad de posponer la elección del Poder Judicial.

Indicó que los cambios propuestos por 19 legisladores no buscan sustituir la reforma judicial de 2024 ni su esencia, sino que funcione mejor, que garantice mayor certeza y eleve el estándar y la calidad de las personas juzgadoras, para darle mayor legitimidad a quienes juzgan, al sistema judicial y a un “modelo inédito que respondió a una demanda social”.

Mariela Ponce Villa, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, propuso asegurar la independencia y la imparcialidad de los juzgadores a través de certificaciones y evaluaciones suficientes, adecuadas, transparentes y públicas de las personas que aparezcan en las boletas para las elecciones del Poder Judicial.

Daniela Arias, de Laboratorio Electoral, refirió que el nivel de participación en la primera elección del Poder Judicial fue muy bajo, por lo que no se esperaría una participación más alta si se realizaran de manera concurrente; además de que la ciudadanía se enfrentaría a “un collage de boletas”, donde tienen que elegir una gran cantidad de cargos con los que no están familiarizados.

Jorge Sepúlveda, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, consideró que México atraviesa por un momento decisivo en la redefinición del sistema de justicia, por lo que es necesario separar los procesos electorales; “yo no me fijaría en el 2028, porque hay una gran preparación que hay que hacer en los candidatos, a lo mejor habría que pensar en el 2029”, opinó.

Jorge Peñúñuri Pantoja, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, detalló que el proceso electoral de las personas juzgadoras implicó una gran carga cognitiva para el electorado al ponerlo frente a múltiples boletas y cargos desconocidos, además de que hubo saturación operativa en casillas con tiempos extendidos de votación y filas prolongadas, algo que debe evitarse en la próxima elección.

El investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rafael Estrada Michel, propuso a las y los legisladores replantear la estructuración del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración de Justicia, con el objeto de que vigilen el cumplimiento de los principios constitucionales por parte de los jueces y eviten que sus decisiones sólo “busquen popularidad.”

El foro contó con la asistencia de más de 25 expertos, que participaron en las mesas de “Elección Judicial Concurrente en 2027 o Elección Independiente en 2028”, “Fortalecimiento de los Perfiles en la Próxima Elección” y “Organización de la Elección, Jornada Electoral y Periodo Postelectoral”.

miércoles, 25 de septiembre de 2024

González Yáñez propone elevar a rango constitucional la democracia participativa

* Que ciudadanos sean los principales actores en la toma de decisiones públicas, el objetivo del senador


El Senador Alejandro González Yáñez propuso elevar a rango constitucional la decisión del pueblo de México para constituirse en una República participativa, humanista, democrática, laica y representativa.

La iniciativa del legislador del Partido del Trabajo modifica el artículo 40 de la Constitución Política, con el propósito de que el pueblo “sea el actor principal en la construcción de la democracia” y en la toma de decisiones públicas.

En la tribuna senatorial, González Yáñez explicó que nuestro país vive una “gran primavera democrática”, por lo que se vuelve de gran trascendencia incorporar el “paradigma” de la república participativa a nivel constitucional.

Detalló que es vital reivindicar el papel del pueblo en las decisiones nacionales, para que el poder popular se construya “no como un suceso, sino como un proceso a través de una línea de masas”.

El legislador recordó, en este punto, que hace unos días el Congreso de la Unión aprobó una reforma para democratizar al Poder Judicial, con la elección directa de jueces, ministros y magistrados, lo que ocurrirá por primera vez en todo el mundo.

“Podemos decir, con orgullo, que estamos pasando de un Estado neoliberal a un Estado humanista, democrático y popular”. Y añadió: “es por ello qué en México, y aquí en la Cámara de Senadores, ya no manda ni mandará la oligarquía, aquí manda el pueblo”.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Durante la sesión matutina, senadores de MORENA, PAN, PRI y PVEM presentaron iniciativas en materia de autonomía sindical, para eliminar el uso de boletos o tickets como recibos de pago en los establecimientos comerciales o de servicios, y prohibir el comercio, distribución y uso del asbesto, entre otros temas.