La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial,
que preside la Diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN), aprobó por 16 votos
su opinión al proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2º, 23 y
87 de la Ley Agraria.
La propuesta busca otorgar preferencia a los fines
agrícolas, pecuarios, forestales y de preservación ecológica en las asambleas
de ejidatarios, al delimitar áreas de urbanización y relocalización en zonas
urbanas, lo que significa un planteamiento de gran relevancia desde una
perspectiva jurídica y de sostenibilidad.
La resolución de la Comisión señala que esta modificación,
que está en consonancia con los principios de la legislación agraria y
ambiental, tiene como objetivo garantizar que se respeten y protejan los
derechos de los ejidatarios y promover el equilibrio ambiental y la preservación
de los recursos naturales.
Además, promueve la conservación de la vocación productiva
de la tierra, contribuye al bienestar económico de los campesinos y al
desarrollo sostenible de las comunidades rurales.
Aclara que al otorgar preferencia a los fines agrícolas,
pecuarios, forestales y de preservación ecológica en las asambleas de
ejidatarios, la iniciativa es jurídicamente sólida, ya que protege los
derechos, la sostenibilidad ambiental y el bienestar comunitario.
Además, no solo se cierra a que las tierras ejidales
enajenadas sean utilizadas para cuestiones agrícolas, sino que abre la
posibilidad de que puedan ser utilizadas para el desarrollo urbano, siempre que
cumplan con los requisitos jurídicos que marque la ley.
El proponente de la reforma, Diputado Óscar Gustavo Cárdenas
Monroy (PRI), dijo que es fundamental alinear la Ley Agraria con la Ley de
Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en virtud
de que las manchas urbanas están creciendo y generan desorden territorial.
Precisó que se trata de preservar las zonas agrícolas,
delimitar los territorios urbanizables y que exista una figura que permita que
las cosas se den de mejor forma.
Puntualizó que la iniciativa privilegia todo aquello que tiene que ver con la vocación productiva de la tierra, particularmente las actividades agropecuarias del sector primario, que son los alimentos y todo lo relacionado con el cuidado ambiental y ecológico.
