Congreso mexiquense aprueba simplificar la Presea ‘Estado de México’ para reducir de 15 a 8 categorías

• La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso mexiquense aprobó la iniciativa de la Gobernadora estatal Delfina Gómez Álvarez que reconfigura y simplifica las categorías de la Presea ‘Estado de México’, en concordancia con el principio de austeridad republicana, para optimizar el uso de recursos públicos sin renunciar al deber institucional de reconocer a quienes engrandecen a la entidad

• La iniciativa reduce de 15 a ocho los reconocimientos que anualmente se entregan a personas mexiquenses por su conducta ejemplar o por actos relevantes que benefician a la humanidad, al país, al estado o a sus comunidades.

• A partir de 2027 se entregarán las preseas: al Mérito Científico, Tecnológico y Educativo; a la Cultura y los Pueblos Indígenas; al Fomento Económico, Ambiental y Social; a la Salud, el Trabajo y la Vocación de Servicio; al Desarrollo Productivo y Agrario; al Liderazgo Joven y la Innovación Social; a la Defensa de los Derechos Humanos y Bienestar Animal; y a la Libertad de Expresión y al Mérito Cívico.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso estatal aprobó la iniciativa de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez que reconfigura y simplifica las categorías de la Presea ‘Estado de México’, en concordancia con el principio de austeridad republicana, para optimizar el uso de recursos públicos sin renunciar al deber institucional de reconocer a quienes engrandecen a la entidad.

La iniciativa reduce de 15 a ocho los reconocimientos que anualmente se entregan a personas mexiquenses por su conducta ejemplar o por actos relevantes que benefician a la humanidad, al país, al estado o a sus comunidades.

Durante la reunión que presidió el Diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (MORENA), la Diputada Paola Jiménez Hernández (MORENA) dio lectura al dictamen del proyecto legislativo que destaca como nuevas modalidades de la presea las siguientes: al Mérito Científico, Tecnológico y Educativo, para honrar a quienes logren aportaciones en investigación, innovación o docencia y hayan contribuido al avance del conocimiento, el desarrollo tecnológico o la mejora educativa en el Estado de México, fortaleciendo el derecho humano a la educación, la democratización del saber y la aplicación social de la ciencia.

De igual manera, a la Cultura y a los Pueblos Indígenas, que reconoce a las personas que promuevan el arte o las formas de expresión cultural, sus trayectorias y obras realizadas, así como para homenajear las labores comunitarias y humanitarias en la promoción cultural o la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de la entidad, así como sus lenguas, tradiciones, conocimientos y formas de vida, y las acciones para el fortalecimiento del tejido social, la identidad colectiva y la diversidad cultural.

Además, al Fomento Económico, Ambiental y Social, para destacar a quienes hayan generado un impacto positivo en el desarrollo sostenible y en la mejora de la calidad de vida de las y los mexiquenses, con acciones que promuevan el desarrollo económico, la generación de empleos, la innovación empresarial, la economía circular, la protección del medio ambiente, el uso eficiente y sostenible de recursos naturales, la reducción de la desigualdad, el fomento a la equidad y la promoción de la cohesión social.

Igualmente, a la Salud, el Trabajo y la Vocación de Servicio, para honrar a quienes, con ética, vocación y compromiso social, han contribuido a mejorar las condiciones de salud, impulsar la prevención, dignificar el trabajo o consolidar prácticas ejemplares de servicio comunitario, fortaleciendo con ello el derecho a la salud, el trabajo digno y el bienestar colectivo.

Asimismo, al Desarrollo Productivo y Agrario, para reconocer a personas que se hayan destacado por su innovación, eficiencia, fomento al empleo o impulso a la productividad, garantizando la soberanía alimentaria, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del campo mexiquense como base de justicia social y prosperidad.

Del mismo modo, al Liderazgo Joven y la Innovación Social, para personas menores de 29 años cuya conducta, acciones u obras representen un ejemplo de superación personal, compromiso comunitario, impulso creativo o transformación positiva en su entorno, promoviendo la participación juvenil como motor de cambio social.

La Presea a la Defensa de los Derechos Humanos y Bienestar Animal, para personas físicas o jurídicas colectivas que se hayan destacado por su labor en la promoción, difusión, defensa, respeto o protección de los derechos humanos, la igualdad sustantiva, la equidad de género, la prevención y eliminación de cualquier forma de discriminación, así como la protección y defensa del bienestar de los seres sintientes.

Por último, Presea a la Libertad de Expresión y al Mérito Cívico, para las personas físicas o jurídicas colectivas que por su esfuerzo, trayectoria y dedicación, promuevan la veracidad, la objetividad y el uso responsable de la libertad de expresión, así como actos de compromiso cívico y servicio comunitario de alto valor social, fortaleciendo la vida democrática y la participación ciudadana.

En otro punto, la iniciativa precisa que las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo estatal únicamente podrán entregar las preseas o premios establecidos en la ley, decreto o reglamento expedido por la persona titular del Ejecutivo estatal.

Durante el análisis de la iniciativa, Carlos Zurita señaló que reconocer a las y los mejores mexiquenses también es gobernar, y que una sociedad que reconoce a quienes aportan fortalece los valores y la identidad mexiquense. Añadió que las nuevas categorías de este galardón conservan el reconocimiento al mérito, la trayectoria y el servicio a las y los demás.

El Parlamentario Octavio Martínez Vargas (MORENA) señaló que estas modificaciones contribuyen a dignificar a las personas galardonadas. Agregó que, en ocasiones, algunas preseas o galardones llevan los nombres de personas que no contribuyeron al fortalecimiento de la democracia ni de la transparencia.

Este proyecto legislativo fue presentado en sesión de la Diputación Permanente, presidida por la Legisladora Martha Azucena Camacho Reynoso (MORENA), a través del Parlamentario Gerardo Pliego Santana (MORENA).

Conforme al régimen transitorio del decreto respectivo, la reforma será aplicable al procedimiento relativo al otorgamiento de la Presea ‘Estado de México’ 2026, cuya entrega se realizará en marzo de 2027.

Además, las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto se sujetarán a la disponibilidad de recursos y se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a las dependencias o entidades competentes para el ejercicio fiscal en curso y subsecuentes.

Fortalece Congreso mexiquense servicios de salud en Nezahualcóyotl, La Paz y Texcoco

• En beneficio de la población de Nezahualcóyotl, La Paz y Texcoco, la Diputación Permanente del Congreso mexiquense aprobó la donación de ocho inmuebles para fortalecer la prestación de servicios médicos y hospitalarios.

• A propuesta de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, autorizó estas donaciones de predios al modelo Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Bienestar y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En beneficio de la población de Nezahualcóyotl, La Paz y Texcoco, la Diputación Permanente del Congreso mexiquense aprobó la donación de ocho inmuebles para fortalecer la prestación de servicios médicos y hospitalarios del modelo Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Bienestar y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo con los documentos, leídos en sesión por los diputados Octavio Martínez Vargas, Román Francisco Cortés Lugo, Vladimir Hernández Villegas y Gerardo Pliego Santana, de MORENA; Isaías Peláez Soria (PVEM), Isaac Josué Hernández Méndez (PT), y Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI), las iniciativas de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez señalan que, en Nezahualcóyotl, se trata de seis inmuebles que el ayuntamiento donará al IMSS-Bienestar para brindar gratuitamente servicios médicos y hospitalarios, así como medicamentos e insumos, a personas que no cuentan con afiliación a alguna institución de seguridad social.

Se trata del predio Uno, Manzana 12, en avenida Nezahualcóyotl, donde se ubica el Centro de Salud ‘Virgencitas’, con una superficie de mil 195.7 metros cuadrados. Así como del Lote área de donación-1, en la calle Vergelito, sin número, manzana sin número, colonia Aurora, donde está el Centro de Salud ‘Col. Benito Juárez II en Vergelito’, con una superficie de mil 526.92 metros cuadrados.

También se trata del lote predio 3-B, ubicado en avenida Pantitlán, sin número, manzana sin número, colonia Reforma ‘A’, Sección I, donde se encuentra el Centro de Salud ‘Reforma’, con una superficie de mil 602.47 metros cuadrados. Asimismo, el lote 2-B, ubicado en avenida Aeropuerto, sin número, manzana ‘A’, colonia Ampliación Ciudad Lago ASA, donde se encuentra el Centro de Salud ‘Ciudad Lago’, con una superficie de mil 413.59 metros cuadrados.

De igual manera, el Predio Uno, manzana sin número, colonia Reforma ‘B’ Ampliación La Perla, cuenta con una superficie de 14 mil 170.86 metros cuadrados, así como el identificado como Lote Predio 2B, ubicado en calle Norte 3, sin número, manzana sin número, en la colonia Reforma ‘B’ Ampliación La Perla, con una superficie de 7 mil 376.05 metros cuadrados, donde se encuentra construido el Hospital General de Nezahualcóyotl ‘La Perla’, ubicado en avenida Escondida, sin número, colonia La Perla.

En La Paz, el ayuntamiento donará al IMSS-Bienestar el inmueble identificado como fracción uno del terreno rústico sin nombre, perteneciente a la Ex Hacienda de San Isidro, ubicado en calle Río Guadiana, manzana 10, lote número 23, identificado con el número oficial 2 y catastralmente en la manzana 18, colonia Reyes I, donde se encuentra el Centro de Salud San Isidro, con una superficie de mil 554.63 metros cuadrados. Al igual que los predios de Nezahualcóyotl, esta donación tiene como objetivo fortalecer la prestación de servicios médicos y hospitalarios.

Finalmente, el ayuntamiento de Texcoco donará al ISSSTE el lote único resultante de la fusión de los lotes uno y dos del predio denominado ‘Tierra Larga’, ubicado en calle Camino a Tolimpa, antes calle Limones, números 31 B y 33 B, colonia San Mateo Huexotla, con una superficie de 20,000.28 metros cuadrados. La donación tendrá como finalidad que el inmueble sea destinado al cumplimiento de las funciones y objetivos del ISSSTE.

Cabe señalar que estas donaciones estarán condicionadas a que no se cambie el uso y destino que motivaron su autorización. En caso contrario, se revertirán en favor de los patrimonios municipales.

Congreso mexiquense analizará iniciativa sobre desarrollo urbano y ordenamiento territorial

• En sesión de la Diputación Permanente, el Congreso mexiquense recibió una propuesta legislativa de la Gobernadora Delfina Gómez para dar mayor claridad a los conceptos en materia de desarrollo urbano, mejorar la regulación de los procesos de ordenamiento territorial y dar certeza a los trámites en esta materia.

• La iniciativa, leída por el Diputado Octavio Martínez (MORENA), pretende fortalecer los procedimientos administrativos y garantizar la correcta aplicación de sus disposiciones con base en el marco jurídico aplicable y las políticas de desarrollo sostenible promovidas por el gobierno estatal

El Congreso mexiquense estudiará la iniciativa de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez que busca dar mayor claridad a los conceptos en materia de desarrollo urbano, mejorar la regulación de los procesos de ordenamiento territorial y dar certeza a los trámites en esta materia.

Mediante reformas al Código Administrativo, la Ley de la Comisión de Impacto Estatal y la Ley Orgánica de la Administración Pública, todas del Estado de México, se pretende fortalecer los procedimientos administrativos y garantizar la correcta aplicación de sus disposiciones con base en el marco jurídico aplicable y las políticas de desarrollo sostenible promovidas por el gobierno estatal.

La iniciativa, leída por el Diputado Octavio Martínez Vargas (MORENA) en sesión de la Diputación Permanente, plantea precisiones sobre los trámites y autorizaciones en materia de uso de suelo, subdivisiones y condominios, con el fin de fortalecer la seguridad jurídica y la certeza en los procedimientos administrativos.

También, se propone eliminar figuras que, de acuerdo con el proyecto, no resultan compatibles con la normativa en materia urbana, como la ejecución de obra pública como forma de cumplimiento de obligaciones, ya que esta tiene su propia normatividad aplicable en el Código Administrativo estatal y su reglamento.

El documento indica que la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura ha adecuado sus actos y procedimientos administrativos con el propósito de alinearlos con los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029. Adicionalmente, en virtud de la expedición de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, publicada en el Periódico Oficial ‘Gaceta del Gobierno’ en septiembre de 2023, así como de las subsecuentes armonizaciones al marco jurídico estatal, resulta necesario actualizar y modificar el marco legal aplicable.

Cabe señalar que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México modificó la denominación de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, que pasó a ser Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

De igual manera, dicha ley descentralizó la Comisión del Agua del Estado de México, incorporándola a la recién creada Secretaría del Agua. Estos cambios implicaron la derogación de diversas atribuciones que anteriormente correspondían a la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, así como la incorporación de nuevas facultades derivadas de su modificación denominativa y de la reorganización de las funciones administrativas.

La iniciativa considera la necesidad de adecuar el marco legal en materia de desarrollo urbano respecto al Libro Quinto del Código Administrativo denominado ‘Del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y el Desarrollo Urbano de los Centros de Población’ y de la Ley de la Comisión de Impacto Estatal, órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, responsable de la emisión de la Evaluación de Impacto Estatal.

En ese sentido, además de dar mayor claridad a los conceptos normativos y otorgar certeza en los trámites, se busca reflejar la realidad operativa de la Comisión de Impacto Estatal y de las instancias responsables.

La iniciativa refiere que es indispensable armonizar la Ley de la Comisión de Impacto Estatal con el Código Administrativo y su reglamento, ya que en estos últimos ordenamientos se norman las autorizaciones subsecuentes a la Evaluación de Impacto Estatal, como, por ejemplo, la licencia de uso de suelo, los cambios de uso de suelo, entre otras autorizaciones que, al igual que la Evaluación de Impacto Estatal, están configuradas para otorgarse por el predio en su totalidad y no sólo por una fracción.

Lo anterior, advierte el documento, conllevaría una subdivisión, en el entendido de que los coeficientes de ocupación y utilización del suelo se calculan precisamente tomando en consideración la unidad de propiedad.

Por otro lado, en atención a la publicación en la ‘Gaceta del Gobierno’ (21 de mayo de 2024) de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México y sus Municipios, que establece la atribución de la Secretaría de Movilidad estatal de llevar a cabo la evaluación técnica de impacto en materia de movilidad, se plantea armonizar el marco jurídico estatal sobre el trámite realizado ante la Comisión de Impacto Estatal para unificar la evaluación técnica competencia de dicha dependencia y homologar las referencias en los distintos ordenamientos.

Este proyecto legislativo incorpora definiciones como Área Privativa, Área Vendible o Enajenable, Caminos Vecinales, Licencia de Uso de Suelo, Vacío Urbano y Vía Pública, además de que se introduce la figura de Vivienda Intraurbana para regular su desarrollo en espacios urbanos subutilizados y fomentar ciudades más compactas y sostenibles.

El área privativa se define como el espacio de un condominio destinado a vivienda, local, nave y los elementos anexos que le correspondan, tales como estacionamiento, cuarto de servicio, jaulas de tendido, lavaderos y cualquier otro elemento que no constituya un área o bien de uso común, sobre el cual existe un derecho de propiedad y uso exclusivo, debidamente acreditado. Por su parte, el área vendible o enajenable se define como el espacio de un predio o condominio susceptible de aprovechamiento con fines comerciales, de servicios o industriales.

Asimismo, los caminos vecinales son comprendidos como las vías de tránsito local de titularidad municipal, de bajo flujo vehicular, cuyo propósito es conectar pequeños centros poblados, parcelas, zonas agrícolas, industriales o comunidades cercanas, y que a su vez se vinculan con la red de vías públicas principales. Su función es garantizar la circulación de personas, bienes y servicios dentro del municipio y entre localidades próximas, contribuyendo a la integración territorial y al ordenamiento del desarrollo urbano y rural local.

La licencia de uso de suelo es identificada como el documento que autoriza ejercer el uso y aprovechamiento de un predio determinado, en el cual se establecen las normas a las cuales se encuentra sujeto el mismo, tales como el coeficiente de ocupación del suelo, el coeficiente de utilización del suelo, la altura máxima de edificación, el número de cajones de estacionamiento, y en su caso el alineamiento y número oficial, además de señalar las restricciones procedentes del Plan Municipal de Desarrollo Urbano.

Por su parte, el vacío urbano se define como el espacio de suelo que permanece sin ocuparse o que cuenta con construcciones temporales al interior de las zonas urbanas, generalmente rodeado de infraestructura urbana básica, como agua potable, electrificación, drenaje y alcantarillado. A su vez, la vía pública se define como todo espacio de dominio público y uso común destinado al tránsito de personas peatonas y vehículos, así como a la prestación de servicios públicos y a la instalación de infraestructura y mobiliario.

Finalmente, la iniciativa define la vivienda intraurbana como el aprovechamiento habitacional destinado a la ejecución de vivienda mediante el desarrollo de inmuebles ubicados en vacíos urbanos, áreas subutilizadas o deterioradas dentro de las zonas urbanas consolidadas previstas en los planes municipales de desarrollo urbano.

De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura atender el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, la regulación del desarrollo urbano de los centros de población y la vivienda, así como coordinar y evaluar las acciones y programas orientados al desarrollo armónico y sostenible de las zonas metropolitanas. De igual forma, tiene a su cargo la ejecución de las obras públicas de su competencia, así como la promoción y el desarrollo de infraestructura en la entidad.

PRD impulsa reformas para fortalecer la protección social, la salud y el bienestar en la Legislatura Mexiquense

• Del 31 de enero al 15 de julio de 2026, el Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) logró la aprobación de reformas enfocadas en la protección de mujeres, niñas y niños, la corresponsabilidad familiar, el fortalecimiento a la salud y la protección animal.

• El Diputado Omar Ortega Álvarez, Coordinador Parlamentario de la bancada, y Vocal de la Junta de Coordinación Política, participó en las aprobaciones para modernizar el trabajo parlamentario, expedir el reglamento del Instituto de Estudios Legislativos del Poder Legislativo y conformar las comisiones en materia de amnistía y bienestar animal.

Del 31 de enero al 15 de julio de 2026, el Grupo Parlamentario del PRD, coordinado por el Diputado Omar Ortega Álvarez, logró la aprobación, en el Pleno de la LXII Legislatura, de reformas orientadas a fortalecer la protección de mujeres, niñas y niños frente a la violencia vicaria; promover la corresponsabilidad familiar; y garantizar el acceso, la coordinación y la prestación eficiente de los servicios de salud y bienestar animal.

Asimismo, el Diputado Omar Ortega, en su calidad de Vocal de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), promovió la aprobación de iniciativas para agilizar y modernizar el trabajo parlamentario, expedir el Reglamento Interno del Instituto de Estudios Legislativos del Poder Legislativo, así como integrar las comisiones legislativas de Seguimiento a los Casos de Amnistía y Especial para el Cuidado y Bienestar Animal.

En materia de violencia vicaria, la bancada también conformada por la Diputada Araceli Casasola Salazar logró la aprobación de reformas que establecen penas de hasta ocho años de prisión para quienes utilicen a hijas, hijos, familiares o personas cercanas con el propósito de causar daño a una mujer. Las modificaciones también contemplan sanciones económicas, la pérdida de la patria potestad y la aplicación de tratamientos psicológicos o programas reeducativos.

Igualmente establecen que la convivencia se suspenderá cuando se acredite cualquier tipo o modalidad de violencia contra las mujeres, o la ejercida contra la niña, niño o adolescente, y sólo podrá reanudarse si se acredita un proceso satisfactorio de reeducación en crianza positiva, con opinión favorable de la autoridad competente.

El dictamen, derivado de propuestas presentadas por MORENA y PVEM, así como de una promovida conjuntamente por el PRD y el PAN, incorporó la violencia vicaria como una conducta que atenta o puede vulnerar la dignidad y la integridad física o psicológica de las personas integrantes del núcleo familiar.

Respecto a la corresponsabilidad familiar, consiguió el aval para incorporar esta figura dentro de la convivencia en el matrimonio y el concubinato, además de fomentar una distribución equilibrada de las tareas domésticas y responsabilidades familiares. El dictamen conjuntó iniciativas del PRD y MORENA.

Las adecuaciones también establecen que autoridades estatales y municipales deberán promover acciones y programas orientados a la distribución equitativa de tareas del hogar y cuidados, la participación justa en la crianza y atención de personas dependientes, así como el fortalecimiento de vínculos familiares libres de estereotipos de género.

En el rubro de salud, promovió la aprobación de una nueva normativa con el objetivo de garantizar el derecho a la atención médica, fortalecer la coordinación institucional y mejorar la calidad de los servicios. El dictamen reunió 15 iniciativas presentadas por el PRD, MORENA, PVEM, PT, PRI, PAN y MC, además de una propuesta de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

El nuevo ordenamiento, de aplicación obligatoria en los sectores público, privado y social, busca mejorar la calidad de los servicios de salud; fortalecer las acciones de promoción y prevención de enfermedades; y ampliar el fomento, regulación y control epidemiológico y sanitario.

Además, garantiza el enfoque integral del derecho a la salud en sus dimensiones preventiva, curativa, rehabilitadora y paliativa; y contempla la creación del Sistema Estatal de Salud como mecanismo de coordinación para facilitar políticas públicas transversales, consolidar la prestación de servicios e impulsar mecanismos de colaboración interinstitucional.

En materia de bienestar animal, se avaló un paquete de reformas para reconocer a los animales como seres sintientes, garantizar su protección y endurecer sanciones por maltrato animal, que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión con la consideración de diferentes agravantes. Además de la del PRD, el paquete legislativo reunió también propuestas de MORENA, PVEM, PAN y MC, y una de la mandataria estatal.

Las disposiciones conllevan la creación del Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal; el establecimiento de los centros estatal y municipales de control y bienestar animal; la implementación del Registro Único de Animales de Compañía; la integración del Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales; la constitución del Fondo para la Protección de los Animales; y la asignación de la Clave Única de Registro de Animales de Compañía.

Asimismo, se mandata que los centros control y bienestar animal proporcionarán servicios médicos veterinarios a animales de compañía en situación de calle, abandonados o sujetos de maltrato o crueldad y realizarán campañas destinadas a la adopción, así como orientación para el cuidado de los animales.

En tanto que los centros de control y bienestar animal municipales estarán destinados a la captura, esterilización, vacunación, desparasitación, atención médica veterinaria, resguardo y adopción; así como atender quejas y solicitudes ciudadanas para el rescate de animales.

Estos centros expedirán los certificados de bienestar animal de aquellos animales abandonados en proceso de adopción.

Las fechas referidas abarcan el Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, así como el sexto y séptimo periodos extraordinarios de la LXII Legislatura mexiquense, y sesiones de la Diputación Permanente.

Nombra Congreso mexiquense a encargados de las contralorías del TRIJAEM y TEEM

• La Diputación Permanente de la LXII Legislatura estatal designó a Nestor Alejandro Olguín Colín y César Pérez Rubio como encargados de los despachos del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), y la Contraloría General del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), respectivamente.

• Las personas designadas fueron propuestas por la Junta de Coordinación Política que preside el Diputado José Francisco Vázquez Rodríguez.

• Ambos designados ocuparán los cargos hasta que la Legislatura designe a las personas titulares, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en la legislación secundaria de la entidad.

La Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense designó a Nestor Alejandro Olguín Colín y a César Pérez Rubio como encargados de los despachos del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) y de la Contraloría General del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), respectivamente.

Tras su nombramiento —a propuesta de la Junta de Coordinación Política que preside el Diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (MORENA)—, ambos rindieron protesta de ley ante la Diputación Permanente presidida por la Legisladora Martha Azucena Camacho Reynoso (MORENA).

De acuerdo con las iniciativas aprobadas, a las cuales dieron lectura los parlamentarios Vladimir Hernández Villegas y Octavio Martínez Vargas, los designados asumirán estos cargos al día siguiente de la publicación de los decretos relacionados en el Periódico Oficial ‘Gaceta del Gobierno’, hasta que la legislatura designe a las personas titulares, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en la legislación secundaria de la entidad.

 

En el caso de Nestor Olguín, el documento indica que su nombramiento obedece a que la actual persona Titular, Everardo Camacho Rosales, concluye sus funciones el próximo 20 de agosto, por lo que Luis Eduardo Gómez García, Presidente del TRIJAEM, solicitó al Congreso hacer esta designación a fin de dar continuidad a las labores de vigilancia, prevención, supervisión e inspección que deben ser observadas en el servicio público.

En atención a esta petición, la JUCOPO determinó proponer la iniciativa ante la Diputación Permanente, a fin de garantizar la continuidad de sus funciones indispensables hasta que se realice la designación definitiva.

Respecto de César Pérez, la propuesta señala que Carolina Viridiana Rocha González, actual titular de la Contraloría, concluirá su gestión el próximo 19 de agosto. Por ello, el propio Tribunal solicitó a la Legislatura designar a una persona encargada del despacho, con el propósito de salvaguardar la regularidad institucional, evitar una parálisis administrativa y garantizar la continuidad de los mecanismos de control, así como impedir que la Contraloría quede sin conducción.

Congreso mexiquense se suma a Jornada Nacional de Reforestación para fortalecer la protección de los bosques y el medio ambiente

• Encabezados por la Diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (MORENA), Presidenta de la Diputación Permanente, diputadas y diputados participaron en la jornada realizada en Temoaya.

• ⁠En el paraje La Cañada fueron plantados más de cuatro mil árboles en 21.5 hectáreas, como parte de la iniciativa nacional en la que participaron los 125 municipios mexiquenses.

Congresistas de la LXII Legislatura del Estado de México, encabezados por la Diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (MORENA), Presidenta de la Diputación Permanente, se sumaron a la Jornada Nacional de Reforestación realizada en el paraje La Cañada, en Temoaya, donde fueron plantados más de cuatro mil ejemplares de pino, encino y agave.

La jornada, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue encabezada en el Estado de México por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y contó con la participación simultánea de los 125 municipios de la entidad.

La Diputada Martha Camacho destacó que el cuidado de los recursos naturales representa también un compromiso con el bienestar de las familias y de las futuras generaciones, por lo que resaltó la importancia de sumar esfuerzos entre ciudadanía y autoridades para proteger los bosques, el agua y el medio ambiente.

En Temoaya, alrededor de mil 400 participantes contribuyeron a la reforestación de 21.5 hectáreas afectadas por procesos de erosión y pérdida de bosque, mediante la plantación de especies propias de la región y otras acciones encaminadas a la recuperación del ecosistema.

La Gobernadora Delfina Gómez resaltó que la reforestación contribuye al cuidado de los bosques y del agua, además de representar una acción en favor de las generaciones presentes y futuras.

A la jornada se sumaron autoridades federales, estatales y municipales, representantes de instituciones ambientales y de seguridad, integrantes del Poder Judicial, legisladoras y legisladores federales, así como personas servidoras públicas y ciudadanía.

Congreso mexiquense analiza propuesta para que partidos destinen 1% de su financiamiento a liderazgos indígenas y afromexicanos

• El diputado del PRI propuso que los partidos políticos destinen anualmente al menos el 1% de su financiamiento público ordinario a la formación, capacitación y desarrollo de liderazgos indígenas y afromexicanos.

• Su iniciativa también plantea que estas organizaciones políticas cuenten con una instancia interna responsable de garantizar y evaluar el cumplimiento efectivo de dicha obligación.

El Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) propuso que los partidos políticos destinen anualmente al menos el uno por ciento de su financiamiento público ordinario a la formación, capacitación y desarrollo de liderazgos indígenas y afromexicanos, y que cuenten con una instancia interna responsable de garantizar y evaluar el cumplimiento efectivo de esta obligación.

La iniciativa de reforma al Código Electoral del Estado de México afirma que no se trata únicamente de una reorientación presupuestal, sino de un mecanismo de inclusión democrática que permitiría generar condiciones reales para que las personas indígenas y afromexicanas conozcan, ejerzan y defiendan sus derechos; participen en la vida interna de los partidos políticos; accedan a espacios de poder y, desde ahí, contribuyan a la integración de agendas públicas más representativas, plurales e interculturales.

El documento, presentado en la sesión de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense, señala que el porcentaje resulta razonable, proporcional y financieramente viable, ya que no implica la asignación de recursos adicionales ni una carga presupuestal extraordinaria para el Estado, sino sólo la reorientación de una parte mínima del financiamiento público que todos los años reciben los partidos políticos.

Agrega que se trata de una acción afirmativa orientada a cerrar brechas de participación, fortalecer la igualdad sustantiva y garantizar que los derechos constitucionales puedan ejercerse de manera real, progresiva y efectiva, pues permitiría que las necesidades, prioridades y formas de organización de estas comunidades tengan una vía más sólida de expresión dentro del sistema democrático estatal, especialmente en una entidad donde la diversidad territorial, cultural y social exige mecanismos de participación más incluyentes.

El proyecto legislativo precisa que, de acuerdo con el Programa Institucional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 2025-2030, en México, a febrero de 2025, se habían identificado 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, los cuales se distribuyen en 16 mil 114 comunidades (15 mil 600 indígenas, 444 afromexicanas y 70 pluriculturales) ubicadas en mil 393 municipios de 28 entidades federativas. Detalla que, en el Estado de México, según el Consejo Estatal de Población, la población indígena asciende a 417 mil 603 personas, que representan el 2.6 por ciento de la población total. 

Subraya que la exclusión social que históricamente han enfrentado los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas no sólo se expresa en condiciones de pobreza, rezago educativo, falta de acceso efectivo a servicios públicos o discriminación cultural, sino también en una menor posibilidad de incidir en los espacios donde se toman las decisiones públicas.

El documento refiere que, si bien el reconocimiento constitucional de la composición pluriétnica y pluricultural de la nación constituye un avance, resulta insuficiente si no se traduce en mecanismos concretos que permitan que las personas indígenas y afromexicanas participen activamente en la vida interna de los partidos políticos, en la construcción de agendas públicas, en los procesos de formación de liderazgos y en la toma de decisiones.

En este sentido, advierte que no basta con abrir formalmente las puertas a la militancia indígena o afromexicana, toda vez que es necesario contar con recursos, programas de capacitación, acompañamiento institucional, mecanismos de promoción, espacios de deliberación y estructuras responsables de dar seguimiento al desarrollo de liderazgos propios, culturalmente pertinentes y territorialmente vinculados con sus comunidades. 

Congreso mexiquense analiza iniciativa para fortalecer los controles en las tesorerías municipales

• El Diputado Javier Cruz (MORENA) propuso ampliar los requisitos y establecer la exigencia de mayoría calificada en los cabildos (dos terceras partes de sus integrantes) para el nombramiento y remoción de la persona titular de la tesorería municipal.

• La iniciativa, leída por el Legislador Isaac Josué Hernández (PT) en sesión de la Diputación Permanente, busca establecer un régimen de corresponsabilidad para quienes comprometan el patrimonio municipal, definir medidas cautelares y consecuencias jurídicas por riesgos e irregularidades.

• También pretende garantizar la continuidad administrativa mediante la figura de una persona encargada de despacho en casos de separación provisional o remoción definitiva de la persona titular.

A fin de contar con un esquema integral de control preventivo y de reacción institucional ante riesgos o afectaciones a la hacienda pública, el Diputado Javier Cruz Jaramillo (MORENA) propuso ampliar los requisitos y establecer la exigencia de mayoría calificada en los cabildos (dos terceras partes de sus integrantes) para el nombramiento y remoción de la persona titular de la tesorería, así como definir un régimen de corresponsabilidad para quienes comprometan el patrimonio municipal.

La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que también busca establecer medidas cautelares y consecuencias jurídicas por riesgos e irregularidades e incorporar la figura de persona encargada de despacho como mecanismo de continuidad administrativa en casos de separación provisional o remoción definitiva de la persona titular, contempla evaluaciones técnicas y de confianza, así como un dictamen especializado en materia hacendaria como requisitos para ser la persona tesorera.

El proyecto legislativo leído por el Legislador Isaac Josué Hernández Méndez (PT) en sesión de la Diputación Permanente del Congreso mexiquense, subraya que no se intenta criminalizar ni prejuzgar conductas; por el contrario, precisa que se establece un modelo institucional de prevención, control y responsabilidad, respetuoso del debido proceso, que fortalece la gobernanza financiera municipal y protege de manera efectiva la hacienda pública en beneficio directo de la comunidad.

La iniciativa plantea que las personas integrantes del ayuntamiento que intervengan en el nombramiento o remoción de la persona titular de la tesorería sean responsables administrativa, civil y, en su caso, penalmente, cuando con motivo de su actuación u omisión autoricen, toleren o mantengan dicho nombramiento con dolo, conflicto de interés o negligencia grave y ello genere daño, menoscabo o riesgo para la hacienda pública municipal.

Se pretende incluir entre los requisitos para ocupar este cargo los de acreditar evaluación de confianza aprobatoria, practicada por la Unidad Estatal de Evaluación de Confianza u órgano estatal competente dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones y contar con dictamen de idoneidad técnica y financiera, emitido por el Instituto Hacendario del Estado de México, a solicitud del ayuntamiento, dentro del mismo plazo.

De igual forma, presentar constancia de no antecedentes penales del ámbito federal y estatal, así como declaración patrimonial, de intereses y fiscal ante el órgano interno de control municipal, sin perjuicio de las facultades de verificación de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México.

De aprobarse por el pleno, tendría que comparecer públicamente ante el cabildo para exponer su perfil profesional y su plan de trabajo, así como para atender los cuestionamientos relacionados con el manejo y protección de la hacienda pública municipal, además de cumplir con otros requisitos que señalen las leyes o acuerde el ayuntamiento.

El documento precisa que, cuando del ejercicio de las funciones de la tesorería municipal se advierta riesgo, irregularidad financiera relevante o afectación al patrimonio municipal, el ayuntamiento podría adoptar medidas institucionales de control respecto de la persona titular, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que resulten.

Entre estas acciones se encuentra la separación inmediata y provisional del cargo, como medida cautelar y sin prejuzgar responsabilidad, en supuestos como omisión reiterada o grave en la entrega de información financiera, contable o presupuestal requerida legalmente por el ayuntamiento, la persona titular de la presidencia municipal, la sindicatura, el Órgano Interno de Control (OIC), la Secretaría de la Contraloría estatal o el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

El mismo supuesto aplicaría por la detección de irregularidades financieras relevantes, inconsistencias graves o riesgos fundados para la hacienda pública municipal, advertidos mediante auditoría, revisión preventiva o informe del OIC, de la Secretaría de la Contraloría o del OSFEM, así como la negativa injustificada a comparecer ante el ayuntamiento o a atender requerimientos legales directamente vinculados con el ejercicio de sus funciones.

La separación provisional sería acordada por el ayuntamiento mediante mayoría simple, garantizando el derecho de audiencia posterior. La remoción definitiva procedería, previa substanciación del procedimiento administrativo, cuando se acredite el incumplimiento, una vez transcurrido el plazo de seis meses contado a partir del inicio de funciones, de los requisitos para poder ser persona tesorera. Asimismo, aplicaría en los casos en los que se determine responsabilidad administrativa grave, daño o perjuicio a la hacienda pública municipal, o responsabilidad civil o penal.

En los casos de separación provisional o remoción definitiva, el ayuntamiento estaría obligado a designar de inmediato a una persona encargada de despacho, con el objeto de garantizar la continuidad administrativa y el manejo ordinario de la hacienda pública. Esa persona ejercería el cargo de manera temporal y con facultades limitadas, por lo que no podría autorizar actos de disposición patrimonial extraordinaria, comprometer recursos fuera de la administración ordinaria ni realizar actos que comprometan el patrimonio municipal, salvo autorización expresa del ayuntamiento.

En los artículos transitorios del proyecto legislativo se establece que el decreto entraría en vigor el primero de enero de 2028, para que sus disposiciones sean aplicables a partir del inicio de la próxima administración municipal y únicamente aplicarían a las personas que sean designadas a partir de su entrada en vigor.

En la exposición de motivos, el legislador argumenta que la iniciativa se justifica en la necesidad de fortalecer estructuralmente la protección de la hacienda pública municipal, atendiendo a principios de legalidad, prevención del daño patrimonial, responsabilidad institucional y continuidad administrativa.

Refiere que, si bien la Ley Orgánica Municipal de la entidad establece requisitos para el desempeño del cargo titular de la Tesorería Municipal y reconoce la atribución del Ayuntamiento para su nombramiento y remoción, el diseño normativo vigente no desarrolla de manera suficiente un esquema integral de control preventivo y de reacción institucional ante riesgos o afectaciones a la hacienda pública.

Analiza Congreso mexiquense iniciativa para fortalecer brigadas forestales en el Estado de México

• El Grupo Parlamentario del PVEM (GPPVEM) —que coordina el Diputado Alberto Couttolenc— propuso que la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE) y los ayuntamientos garanticen recursos humanos, materiales y financieros para la integración y operación de brigadas de combate de incendios forestales.

• La iniciativa que presentó el Legislador de esta bancada, Isaías Peláez, señala que este organismo y los ayuntamientos deben proveer equipamiento adecuado y especializado; brindar capacitación continua; otorgar apoyos y estímulos económicos a combatientes de incendios; y garantizar condiciones dignas para el desarrollo de sus funciones.

El Grupo Parlamentario del PVEM —coordinado por el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello— propuso que la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE) y los ayuntamientos garanticen la disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros suficientes para la integración y operación de brigadas de combate de incendios forestales.

Para esto, la iniciativa presentada en la sesión de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense, dispone que deben proveer equipamiento adecuado y especializado; brindar capacitación continua; otorgar apoyos y estímulos económicos a personas combatientes de incendios; así como garantizar condiciones dignas para el desarrollo de sus funciones.

Al reconocer que los incendios forestales constituyen uno de los principales problemas que enfrentan diversas zonas forestales, el proyecto legislativo dispone que PROBOSQUE gestione los recursos materiales, financieros y humanos necesarios para el adecuado desempeño de las brigadas de combate, priorizando su seguridad, capacitación y equipamiento.

La iniciativa, que busca reformar el Código para la Biodiversidad de la entidad y leída por el Legislador Isaías Peláez Soria (PVEM), añade que la dependencia deberá buscar que, en los convenios y acuerdos de colaboración que acuerde con otros organismos, se contemplen mecanismos de financiamiento, dotación de equipo, capacitación especializada y apoyos para las agrupaciones de defensa forestal, a efecto de fortalecer sus capacidades de prevención y combate a estas catástrofes.

Aparte, mandata que la autoridad municipal prevea en su presupuesto anual los recursos necesarios para la atención, combate y control de tales siniestros, así como para la integración, equipamiento y capacitación de brigadas.

Al exponer el planteamiento, Isaías Peláez detalló que en 2025 12 brigadistas perdieron la vida en el país combatiendo estos incendios, y que PROBOSQUE cuenta con un grupo especializado de aproximadamente 250 integrantes, conocidos como ‘Dragones’, que realizan labores estratégicas como la apertura de líneas negras, la ejecución de quemas controladas y la construcción de brechas cortafuego, además de brindar capacitación y asesoría a ejidatarios, autoridades locales y brigadistas municipales.

No obstante, precisa que, si bien la legislación reconoce a las y los brigadistas, el marco normativo se centra principalmente en la capacitación y la coordinación institucional, sin establecer de manera expresa la obligación de garantizar los recursos necesarios para su adecuado desempeño, lo que fundamenta la presente modificación.

Congreso mexiquense impulsa reconocimiento a la técnica artesanal del peluche de Xonacatlán

• La Diputada Martha Camacho (MORENA), Presidenta de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense, propuso declarar como Patrimonio Cultural Inmaterial de la entidad a la Técnica Artesanal Tradicional para la Elaboración del Peluche del Municipio de Xonacatlán.

• El reconocimiento no implica exclusividad, restricción o limitación alguna respecto de la fabricación, comercialización o distribución del producto dentro o fuera del territorio del Estado de México.

La Diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (MORENA), Presidenta de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense, propuso declarar como Patrimonio Cultural Inmaterial de la entidad a la Técnica Artesanal Tradicional para la Elaboración del Peluche del Municipio de Xonacatlán.

En sesión del órgano legislativo que preside, la legisladora detalló que su iniciativa reconoce y protege los elementos culturales e identitarios vinculados a dicha técnica artesanal y a los conocimientos comunitarios asociados a su transmisión, preservación y desarrollo.

A esta propuesta se sumó, a nombre del Grupo Parlamentario del PT, el Diputado Isaac Josué Hernández Méndez, quien consideró que se alinea con el interés del Congreso de fortalecer a las personas artesanas.

El documento define esta técnica como el conjunto de conocimientos, saberes, expresiones culturales, prácticas comunitarias, procesos de aprendizaje, técnicas y formas de organización social transmitidas de generación en generación para el diseño, patronaje, corte, costura, bordado, ensamblaje, relleno, acabado y demás procesos tradicionales asociados a la elaboración artesanal del producto.

Además, precisa que este reconocimiento no implica exclusividad, restricción o limitación alguna respecto de la fabricación, comercialización o distribución del producto dentro o fuera del territorio del Estado de México.

Por otro lado, mandata que la Secretaría de Cultura y Turismo estatal, de conformidad con el presupuesto existente, podrá desarrollar acciones de investigación, documentación, registro, difusión, promoción, preservación y salvaguardia de la técnica, procurando la participación de las personas artesanas y productoras, instituciones académicas, organizaciones sociales y demás actores vinculados con esta manifestación cultural.

Del mismo modo, que esta secretaría y el ayuntamiento de la demarcación promuevan mecanismos de coordinación con instituciones educativas, organizaciones de artesanas y artesanos y personas portadoras de este patrimonio cultural, para impulsar acciones de documentación, investigación, difusión y fortalecimiento de esta manifestación cultural.

Al presentar el proyecto, Martha Camacho detalló que esta actividad se remonta a la década de los años ochenta, cuando la señora Nohemí Bustamante Díaz —tras participar en cursos de manualidades y confección— inició la elaboración de muñecos de felpa que posteriormente comenzaron a comercializarse dentro y fuera del municipio.

Con el tiempo, prosiguió la congresista, estos conocimientos fueron compartidos con familiares, vecinos y otras personas de la comunidad, permitiendo el surgimiento de numerosos talleres familiares, generando una cadena de conocimientos transmitidos entre generaciones.

Desde entonces, acotó, la elaboración artesanal del peluche dejó de ser únicamente una actividad económica para convertirse en una práctica comunitaria que forma parte de la identidad local y de la memoria colectiva.

Finalmente, agregó, la trascendencia de esta actividad alcanzó reconocimiento internacional en 2019, cuando personas artesanas y productoras de Xonacatlán participaron en la elaboración del oso de peluche gigante conocido como ‘Xonita’, proyecto que obtuvo reconocimiento mundial y proyectó el nombre del municipio y del Estado de México más allá de sus fronteras.

Llama el Congreso mexiquense a autoridades responsables para prevenir inundaciones

• A propuesta del Grupo Parlamentario del PAN, coordinado por el Diputado Pablo Fernández, la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense solicitó a las autoridades federales, estatales y municipales realizar acciones urgentes de prevención y atención oportuna, eficiente y responsable de las inundaciones, a fin de proteger la integridad y el patrimonio de las familias mexiquenses.

• El llamado, presentado por la Diputada Joanna Felipe solicitó al gobierno estatal que, en coordinación con los municipios, implemente un programa extraordinario de atención y apoyo a las familias afectadas por las inundaciones, y a destinar recursos suficientes para la prevención y atención de estas afectaciones en el proyecto del Presupuesto de Egresos del Estado de México 2027.

• Congresistas de MORENA y PT destacaron las acciones y resultados de los tres órdenes de gobierno; por el PRI se solicitó incluir la rehabilitación de vialidades dañadas por estos fenómenos; y por el PAN se precisó que se busca coadyuvar con el gobierno estatal para que los municipios en riesgo y afectados puedan ser atendidos, toda vez que se trata de una demanda permanente de la población.

La Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense aprobó un exhorto dirigido a la Comisión Nacional del Agua, la Comisión del Agua del Estado de México, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del gobierno estatal, así como a los 125 municipios, para que realicen acciones urgentes de prevención y atención oportuna, eficiente y responsable de las inundaciones, a fin de proteger la integridad y el patrimonio de las familias, así como mitigar las afectaciones viales.

El punto de acuerdo, presentado por la Diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y el Diputado Pablo Fernández de Cevallos González, en nombre del Grupo Parlamentario del PAN, puntualiza que estas acciones deberán realizarse a través de sus organismos operadores de agua y áreas de protección civil.

El documento, leído por la Legisladora Joanna Felipe, también hace un llamado al gobierno estatal para que, en coordinación con los municipios, implemente un programa extraordinario de atención y apoyo a las familias afectadas por las inundaciones, y destine recursos suficientes —por medio de la Secretaría de Finanzas— para la prevención y atención de estas afectaciones en el proyecto del Presupuesto de Egresos del Estado de México 2027.

Durante la presentación del acuerdo, congresistas de MORENA y del PT destacaron las acciones y resultados implementados por los tres órdenes de gobierno en materia de prevención de inundaciones, aunque reconocieron que aún existen tareas pendientes por atender.

Por su parte, la bancada del PRI propuso incluir la rehabilitación de las vialidades afectadas por estos fenómenos. En tanto, Joanna Felipe precisó que el objetivo del exhorto es coadyuvar con el gobierno estatal para que los municipios en riesgo o afectados reciban la atención necesaria, al tratarse de una de las principales demandas de la población.

La Legisladora Martha Azucena Camacho Reynoso (MORENA), Presidenta de la Diputación Permanente, destacó que los tres órdenes de gobierno, junto con la población, ya se coordinan para prevenir impactos severos por las lluvias, con resultados positivos en comunidades como San Pedro Tlaltizapán en el municipio de Tianguistenco.

 

El Parlamentario Vladimir Hernández Villegas (MORENA) apuntó que el gobierno de Delfina Gómez Álvarez trabaja en la prevención y se coordina con el federal para atender a familias afectadas. Por otro lado, convocó al Congreso a evaluar cómo programar recursos para la atención del tema en el presupuesto.

Su compañero de bancada, el Legislador Octavio Martínez Vargas, rechazó que Ecatepec registre pérdidas humanas y daños materiales en esta temporada de lluvias gracias al trabajo preventivo del gobierno local y reconoció las acciones de prevención del gobierno estatal.

El Diputado Isaac Josué Hernández Méndez (PT) expuso que los gobiernos federal y estatal operan el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, que incluye acciones para afrontar problemas como las inundaciones en 10 municipios prioritarios de esa región.

Por el grupo del PRI, el Congresista Eduardo Zarzosa Sánchez, quien reconoció la oportunidad del exhorto y la labor realizada por la administración estatal, resaltó la necesidad de que la Junta de Caminos de la entidad atienda las carretas afectadas por las precipitaciones.

El proyecto legislativo señala que el Atlas de Riesgos del Estado de México de 2026 (que documenta los eventos hidrometeorológicos registrados durante la temporada de lluvias 2025) advierte que 11 mil 895 habitantes de 41 municipios se encuentran en riesgo por estos desastres, siendo las áreas más vulnerables el Valle de México y el Valle de Toluca debido a su alta densidad urbana, la saturación de los sistemas de drenaje y la acumulación de residuos sólidos que agravan las consecuencias de las lluvias.

Detalla, además, que en la temporada de lluvias 2025 hubo un incremento en el número de demarcaciones afectadas en relación con el año anterior, al pasar de 34 a 41 municipios con inundaciones, de los cuales 20 se ubicaron en el Valle de México, 15 en el Valle de Toluca y 6 en la cuenca del Río Balsas. Asimismo, añade que los municipios más impactados por estos eventos y por inmuebles dañados fueron Ecatepec, La Paz, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza y Atlacomulco.

El documento refiere que el 17.1 por ciento de la superficie estatal presenta algún nivel de vulnerabilidad por estos fenómenos (lo que incluye a municipios como Morelos, Jilotepec y Villa del Carbón).

Por ello, la bancada del PAN pidió exhortar a las autoridades competentes a implementar acciones preventivas que protejan el patrimonio de las familias, eviten que las personas que se trasladan a la escuela o al trabajo pierdan tiempo a causa del tráfico o sufran daños en sus vehículos por las anegaciones, y salvaguarden su integridad ante el riesgo de ingreso de aguas negras a los hogares.

Iniciativa en el Congreso mexiquense propone el 29 de octubre como el ‘Día Estatal de las Personas Cuidadoras’

• El Legislador Carlos Zurita (MORENA) planteó instituir el 29 de octubre como el ‘Día Estatal de las Personas Cuidadoras’.

• La propuesta busca visibilizar y reconocer socialmente a quienes dedican su vida al cuidado de otras personas, fortalecer una cultura de corresponsabilidad y contribuir a la consolidación del Sistema Estatal de Cuidados.

A fin de visibilizar y reconocer socialmente la labor de quienes dedican su tiempo y esfuerzo al cuidado de otras personas, el Diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (MORENA) propuso declarar el 29 de octubre como el ‘Día Estatal de las Personas Cuidadoras’, con lo cual —resalta la iniciativa— se fortalecería una cultura de corresponsabilidad y contribuiría a la consolidación del Sistema Estatal de Cuidados.

El proyecto legislativo, expuesto en sesión de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense por el Parlamentario Gerardo Pliego Santana (MORENA), busca establecer esta conmemoración anual y dispone que el Ejecutivo estatal, por conducto de las dependencias y organismos auxiliares, realice las acciones necesarias para difundir su importancia.

“El reconocimiento del trabajo de cuidados no puede limitarse a una visión asistencial o simbólica, implica un cambio de paradigma al reconocer que el cuidado es un derecho, una función social y un eje estructural de desarrollo. Involucra también entender que sin cuidados no hay bienestar, no hay productividad y no hay cohesión social”, expresó Gerardo Pliego.

La iniciativa agrega que los trabajos de cuidados comprenden actividades de atención, apoyo, acompañamiento, mantenimiento del hogar y provisión de bienestar físico y psicosocial dirigidas a personas que, por su ciclo de vida o condiciones específicas, requieren asistencia para su desarrollo cotidiano.

Asimismo, señala que cuidar implica alimentar, acompañar, educar, atender la salud, brindar apoyo emocional, sostener vínculos y garantizar condiciones básicas para el desarrollo integral de las personas.

Por otro lado, refiere que la propuesta responde a un referente internacional ampliamente reconocido, pues, mediante la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio de 2023, se proclamó el 29 de octubre como el ‘Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo’, con el propósito de visibilizar la importancia de los cuidados para el bienestar de las personas, la sostenibilidad de las sociedades y el funcionamiento de las economías.

De igual forma, menciona que la iniciativa de decreto surge de la propuesta y compromiso de Rocío Pegueros Velázquez, Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, cuya labor cercana con las familias y las personas cuidadoras permitió identificar la necesidad de reconocer social e institucionalmente a quienes dedican su vida al cuidado de los demás.

Finalmente, puntualiza que reconocer a las personas cuidadoras a través de una declaratoria estatal implica que el Estado de México reafirme que el cuidado importa y tiene un valor social, además de sentar las bases para avanzar hacia políticas públicas más robustas, instituciones más sensibles y mecanismos que garanticen el ejercicio pleno.

Contribuye Congreso mexiquense al fortalecimiento de infraestructura educativa

• A través de la Diputación Permanente, la LXII Legislatura mexiquense autorizó al Ayuntamiento de Ecatepec donar un inmueble al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

• De acuerdo con la propuesta de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el proyecto fortalecerá la atención integral de la primera infancia mediante un modelo que combina cuidado, educación y desarrollo inicial.

La Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense aprobó una iniciativa de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para que el Ayuntamiento de Ecatepec done al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un inmueble de 2 mil 752.44 metros cuadrados para la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI), con el objetivo de ampliar los servicios de atención y cuidado para la población infantil.

Durante la sesión, presidida por la Diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (MORENA), el Diputado Octavio Martínez Vargas (MORENA) dio lectura a la iniciativa, la cual precisa que el inmueble se encuentra en la fracción identificada como Lote B del predio denominado 'Ejército del Trabajo II', ubicado en la avenida Valle del Júcar (avenida Lázaro Cárdenas), entre las calles Fuerza y Superación, manzana s/n, lote s/n, en la colonia Ejército del Trabajo II.

Cabe señalar que el proyecto de decreto puntualiza que la donación del predio está condicionada a que no se cambie el uso y destino que motivó su autorización. En caso contrario, se revertirá a favor del patrimonio municipal.

Congreso mexiquense analizará Ley de Cuidados propuesta por Gobernadora Delfina Gómez

• La LXII Legislatura mexiquense analizará la propuesta de Ley del Derecho al Cuidado Digno del Estado de México y sus Municipios presentada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para promover, proteger y garantizar el derecho de todas las personas al cuidado digno.

• La iniciativa plantea crear un Sistema Integral de Cuidados y Apoyos y un Consejo de Cuidados.

• Sobre el cuidado digno, propone que los entes públicos deberán reconocerlo, promoverlo, protegerlo y garantizarlo como un derecho humano de todas las personas.

La LXII Legislatura mexiquense analizará la propuesta de Ley del Derecho al Cuidado Digno del Estado de México y sus Municipios de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuyo fin es establecer las disposiciones jurídicas y criterios constitucionales e institucionales para respetar, promover, proteger y garantizar el derecho de todas las personas al cuidado digno, a partir de un Sistema Integral de Cuidados y Apoyos, así como un Consejo de Cuidados estatales.

Para este propósito, la iniciativa —presentada en la sesión de la Diputación Permanente, presidida por la Diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (MORENA)— define los cuidados como los procesos, relaciones, servicios, bienes, apoyos, acciones y actividades necesarias para la atención, sostenimiento, protección, acompañamiento, inclusión, desarrollo y bienestar integral de las personas, así como para la sostenibilidad de la vida diaria, al tiempo de reconocerlos como una necesidad, un derecho y un trabajo.

El documento, leído por el Diputado Octavio Martínez Vargas (MORENA), indica que actualmente muchas acciones de cuidado son invisibilizadas por no considerarse productivas en términos económicos, y que históricamente han sido asumidas por mujeres bajo la lógica de los roles tradicionales de género que les atribuyen la responsabilidad de lo doméstico y lo afectivo. De acuerdo con datos oficiales, añade que las mujeres dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, mientras que los hombres destinan solamente 18.2.

De igual manera detalla que el valor económico del trabajo no remunerado en los hogares fue de 8.4 billones de pesos en 2018, de los cuales la mayor parte fue aportada por mujeres. Puntualiza que esto evidencia que el trabajo doméstico y de cuidados tiene un peso económico considerable y debe ser valorado como tal.

La iniciativa considera el derecho humano al cuidado digno y corresponsable como un bien fundamental inherente a toda persona sin distinción de edad, sexo, identidad o expresión de género, orientación sexual, condición física, mental, psicosocial o sensorial, situación de discapacidad, estado de salud, embarazo, origen étnico o nacional, condición de movilidad, situación socioeconómica, nivel educativo, religión, residencia o cualquier otra condición o circunstancia.

El planteamiento distingue las modalidades de cuidado en remuneradas, no remuneradas y comunitarias; sus tipos en básicos y cotidianos, intensos y extensos, especializados e indirectos; y sus dimensiones en el acto de cuidar, recibir cuidados y el autocuidado.

Para las personas cuidadoras —remuneradas o no, profesionales o comunitarias, que realizan estas labores de manera directa o indirecta— se plantea garantizar su derecho al reconocimiento social, al apoyo estatal, al acceso a servicios públicos, a la formación, al descanso y al autocuidado, así como a condiciones de vida dignas que les permitan desempeñar su labor sin afectar su bienestar físico, emocional, económico, familiar o social.

En cuanto al sistema, el documento expone que constituye el conjunto articulado de políticas públicas, programas, normativas, instituciones, infraestructura, servicios y mecanismos operativos y de participación, orientados a garantizar el ejercicio pleno del derecho al cuidado digno y corresponsable para todas las personas que habitan en el territorio estatal, conforme a los principios, enfoques y criterios establecidos en esta ley. Contará con un sistema de indicadores para el monitoreo, seguimiento y evaluación de su actuar.

Se trata de una red integral e intersectorial que articula acciones a través de los tres poderes del Estado, los organismos autónomos y los gobiernos municipales, incluyendo a sus organismos auxiliares y con la participación corresponsable de la sociedad civil, las comunidades y el sector privado. Su finalidad es asegurar el acceso efectivo al cuidado en sus tres dimensiones fundamentales: el derecho a cuidar, el derecho a recibir cuidados y el derecho al autocuidado, a lo largo del ciclo de vida y en función de las condiciones específicas de cada persona.

Respecto al consejo, se plantea como el máximo órgano de toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos del Sistema, que se integrará por diversas dependencias del Ejecutivo, y por personas representantes de los poderes Judicial y Legislativo.

Este consejo elaborará el programa estatal de cuidados en el marco del Sistema de Planeación Democrática y conforme a lo establecido en esta ley, en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, y en armonía con el Plan de Desarrollo del Estado de México. Será el principal instrumento programático de la Política Integral de Cuidados, y deberá desarrollarse con base en los enfoques de derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad, territorialidad y curso de vida previstos en esta propuesta de ley. Incluirá metas, acciones, indicadores, líneas de acción, estrategias presupuestarias y mecanismos de evaluación y seguimiento.

El Estado, a través de las dependencias y entidades competentes de la administración pública estatal y en coordinación con los gobiernos municipales, implementará un Programa de Sensibilización, Capacitación, Formación y Certificación para personas cuidadoras, mientras que, en coordinación con los municipios y con la participación de la sociedad civil, los medios de comunicación, instituciones educativas, comunidades organizadas y sector privado, deberá diseñar, implementar y mantener una campaña permanente de comunicación y transformación cultural en torno a la organización social de los cuidados.

La norma propuesta dispone que los entes públicos reconozcan este derecho, lo promuevan y protejan con acciones como proveer bienes, servicios y mecanismos que den respuesta a las diversas necesidades de cuidado a lo largo del ciclo de vida, conformando una oferta pública, privada, comunitaria y social articulada, accesible, de calidad y culturalmente pertinente.

Asimismo, promover la retribución económica, remuneración justa, reconocimiento social, protección laboral y acceso a la seguridad social para todas las personas que realizan trabajo de cuidados, remunerado o no, formal o informal, incluyendo en ello esquemas compatibles con la diversidad de vínculos, entornos y formas organizativas existentes en el territorio mexiquense.

Además, impulsar la redistribución corresponsable de los cuidados entre mujeres y hombres, entre los distintos actores sociales, familias, comunidad, sector privado y entre los niveles de gobierno, mediante la asignación suficiente de recursos humanos, técnicos, presupuestales y de infraestructura en todos los municipios del Estado.

Igualmente, adoptar todas aquellas medidas administrativas, legislativas, presupuestales, institucionales, judiciales o de otra índole que resulten necesarias para cumplir los objetivos de la ley, y promover la creación de espacios de cuidado de niñas, niños y adolescentes y casas de día para personas adultas mayores, con horarios ampliados.

De aprobarse esta normatividad, el régimen transitorio solicita que, a partir del ejercicio fiscal 2027 y en los subsecuentes, los entes públicos, en el ámbito de su competencia, deberán prever y programar los recursos presupuestarios necesarios para la implementación gradual, ordenada y financieramente sostenible de las acciones previstas en la presente ley, destinadas a proteger, promover y garantizar el derecho al cuidado digno.

Declara Congreso mexiquense constitucionalidad de reforma indígena

• En sesión de la Diputación Permanente, el Congreso mexiquense declaró la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de derechos de comunidades indígenas y afromexicanas.

• La modificación constitucional reconoce a esas colectividades como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

• En cuanto a su libre autodeterminación y autonomía, se les garantiza decidir sus formas internas de gobierno, convivencia y organización social, económica, política y cultural.

A través de la Diputación Permanente, presidida por la Diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (MORENA), el Congreso del Estado de México declaró la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Con la declaratoria de reforma constitucional, aprobada por mayoría de los ayuntamientos, se estableció que los pueblos originarios son aquellas colectividades con continuidad histórica respecto de las sociedades precoloniales, asentadas en el territorio estatal, que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas, total o parcialmente.

Se determinó que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos. Para el reconocimiento de estas colectividades deberán considerarse criterios etnolingüísticos, de asentamiento físico y de autoadscripción.

En sesión de la Diputación Permanente, la Legisladora Paola Jiménez Hernández (MORENA) leyó el dictamen que armoniza la legislación estatal con la federal, conforme a las iniciativas de la Parlamentaria Leticia Mejía García (PRI), la bancada de MC —coordinada por el Diputado Juan Manuel Zepeda Hernández— y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como las aportaciones de los grupos parlamentarios que conforman la Legislatura local.

El decreto señala que, en cuanto a su libre autodeterminación y autonomía, se les garantiza decidir sus formas internas de gobierno, convivencia y organización social, económica, política y cultural; así como aplicar y desarrollar sus sistemas normativos para la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de las constituciones federal y estatal y a las leyes aplicables, respetando los derechos humanos, sus garantías individuales y, de manera particular, la dignidad e integridad de las mujeres.

Además, podrán preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, incluida su propiedad intelectual; conservar sus lenguas como elemento constitutivo de la diversidad cultural; participar en la construcción de modelos educativos que reconozcan el carácter pluricultural del país; practicar y promover la medicina tradicional, incluida la partería para la atención del embarazo, parto y puerperio; así como preservar la bioculturalidad y la integridad de sus tierras.

Asimismo, tendrán acceso, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los territorios que habitan y ocupan, salvo aquellos que correspondan a áreas estratégicas.

De igual forma, podrán acceder a la jurisdicción del Estado y, en todos los juicios y procedimientos en los que sean parte, de manera individual o colectiva, se tomarán en cuenta sus sistemas normativos, con el apoyo y la asesoría de intérpretes, traductores, defensores y peritos especializados en materia indígena.

También tendrán derecho a ejercer su derecho al desarrollo integral con base en sus formas de organización económica, social y cultural; a ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno. Toda persona física o jurídica colectiva que obtenga un beneficio económico de estas medidas deberá otorgar a los pueblos y comunidades indígenas un beneficio justo y equitativo, en los términos que establezcan las leyes aplicables.

En este marco, las autoridades impulsarán el desarrollo comunitario y regional de estos pueblos y comunidades; les aportarán presupuesto para su administración directa; fortalecerán la educación intercultural y plurilingüe; garantizarán servicios sociales básicos de salud y alimentación nutritiva con énfasis en la población infantil; promoverán mejores condiciones de vida y acciones de vivienda; y asegurarán la participación de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad para su desarrollo integral.

Del mismo modo, promoverán la mejora y ampliación de infraestructura de comunicaciones y transporte en sus regiones; actividades productivas y de desarrollo sustentable; establecerán políticas públicas para proteger a las comunidades y personas indígenas migrantes, tanto en el territorio estatal como en el extranjero; asegurarán los derechos laborales de las personas jornaleras agrícolas, trabajadoras del hogar y con discapacidad, y les consultarán en la elaboración del Plan de Desarrollo estatal y los planes municipales, incorporando sus recomendaciones y propuestas.

La reforma avalada establece este mismo reconocimiento y garantías a los pueblos y comunidades afrodescendientes, precisando que se integran por descendientes de personas de poblaciones del continente africano asentadas en el territorio estatal desde la época colonial, con formas propias de organización social, económica, política y cultural, o parte de ellas, y que se reconocen como colectividades culturalmente diferenciadas.

Por último, el Congreso del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer las partidas específicas en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos, para que los pueblos y comunidades indígenas las administren y ejerzan conforme a las leyes de la materia.

Cabe mencionar que la reforma fue sometida a una consulta pública de seis asambleas en las que participaron de manera libre e informada personas indígenas y afromexicanas de 48 municipios mexiquenses reconocidos legalmente por contar con poblaciones y comunidades Mazahua, Otomí, Nahua, Tlahuica y Matlatzinca, originarias de la entidad, así como de otras etnias del país y afromexicanas, quienes la validaron.

Aprueban comisiones ampliar duración de la presidencia de Directiva

* La legislación favorecerá el desarrollo de las actividades de la Directiva

* Quien presida la Directiva también presidirá los dos periodos ordinarios de cada año de gestión, la Diputación Permanente en los recesos y las sesiones extraordinarias

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso Local, presidida por el Diputado Carlos Antonio Martínez Zurita (MORENA), aprobó que la persona titular de la Directiva de la Legislatura mexiquense presida los dos periodos ordinarios de cada año de gestión, la Diputación Permanente en los recesos y las sesiones extraordinarias, con lo cual durará en el cargo un año.

De acuerdo con la iniciativa para reformar la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo, presentada por la bancada de MORENA, se fortalecerán y agilizarán las actividades de la Directiva, y se armonizará la legislación con la de otros congresos.

El dictamen establece la sustitución de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) por una Secretaría Ejecutiva, cuya persona titular será designada por quien presida la Directiva, y que entre sus principales funciones serán el comunicar y dar seguimiento a los acuerdos de la JUCOPO, y fungir como enlace técnico entre las bancadas parlamentarias y los órganos legislativos.

Con la reforma, adquirirán el carácter de permanentes las comisiones legislativas para la Defensa de Derechos de las Poblaciones LGBTTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexual y Queer), y Para el Seguimiento al Plan de Desarrollo del Estado de México.

El documento indica que la Legislatura podrá sesionar a distancia y en modalidad mixta, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación o medios electrónicos disponibles, que permitan la transmisión en vivo en la página de internet oficial de la Legislatura, en la cual se deberá garantizar la correcta identificación de los integrantes, sus intervenciones, así como el sentido de su voto.

Puntualiza que, posterior a la entrada en vigor del presente decreto, la asamblea de la LXII Legislatura elegirá la integración de la Directiva conforme a los procedimientos establecidos para tales efectos y con la duración que en el decreto se determina.

Además, a propuesta de la bancada del PAN, se estableció que, para esta ocasión, las personas titulares de las vicepresidencias y la secretarías que resulten electas concluirán sus funciones el 4 de diciembre del año en curso.

En el análisis del dictamen, el Diputado Carlos Martínez destacó que el documento conjuntó las aportaciones de todas las fuerzas políticas del Congreso local y que su grupo parlamentario avaló la iniciativa al considerar adecuadas las modificaciones, respaldando así la mayoría legislativa que determinó el pueblo mexiquense.

Al respecto, los Legisladores Octavio Martínez Vargas (MORENA), Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) y Pablo Fernández de Cevallos (PAN) resaltaron la apertura al diálogo que se privilegió en el análisis de la iniciativa.

El Diputado Octavio Martínez añadió que la reforma fortalecerá y profesionalizará los trabajos legislativos de la Directiva y reconoció que se brinde el carácter de permanente a las comisiones legislativas referidas; en tanto que Vladimir Hernández Villegas (MORENA) refirió que en el dictamen se reflejan las diferentes voces partidistas.

En su participación, la Parlamentaria Ruth Salinas Reyes (MC) aseguró que es falso que se escuchen a todas las fuerzas políticas, porque en el dictamen no se incorporaron previamente las propuestas de su bancada.

Cuestionó los beneficios de algunos puntos de la reforma, como la coordinación entre grupos parlamentarios, la decisión para establecer que la Directiva sólo cuente con tres secretarías, sin privilegiar la paridad de género; y que se haya rechazado su modificación para transparentar los acuerdos de la JUCOPO. Por lo anterior, reservó diversos artículos en lo particular para su votación, los cuales fueron rechazados por mayoría.