•Diputadas y diputados de MORENA proponen cambios al artículo 31 de la Constitución Política
Diputadas y diputados del grupo parlamentario de MORENA presentaron
una iniciativa de reforma al artículo 31 de la Constitución Política para
incorporar el principio de progresividad tributaria a los conceptos que rigen
la obligación de las y los mexicanos de contribuir al gasto público del país.
El documento, turnado a la Comisión de Puntos
Constitucionales, señala en los considerandos que el concepto de progresividad
tributaria refiere a que las personas o empresas que tengan una mayor capacidad
económica o de pago, deberían pagar un porcentaje mayor de impuestos.
Añade que con un sistema tributario progresivo, el Estado
busca que mientras mayor sea el porcentaje de la riqueza o ingreso del agente
económico, será mayor la aportación de impuestos y otros ingresos públicos, y
menor será la proporción de dinero público que se les destine en forma de
bienes y servicios públicos o transferencias gubernamentales.
“Dicho en palabras más sencillas: Que pague más quien más
gana o tiene, y que reciba más quien menos gana o tiene”, subraya.
La propuesta, signada por las diputadas Aleida Alavez Ruiz,
María Clemente García Moreno y Marisol García Segura, así como por los
diputados Manuel Vázquez Arellano y Jorge Alberto Barrera Toledo, hace
obligatoria la progresividad fiscal, para contar con un sistema robusto y
redistributivo, con recursos crecientes que permitan cumplir las obligaciones
del Estado en derechos humanos.
Con ello, precisa, se establecen los cimientos jurídicos que
coadyuven a la creación de nuevos gravámenes que impacten únicamente a la
riqueza extrema que persiste.
Indica que la concentración de la riqueza precisa impulsar
nuevos impuestos al patrimonio y los grandes capitales, para fortalecer al
erario sin afectar a la inmensa mayoría de la población.
Añade que un sistema fiscal funcional con perspectiva social
debe recaudar ingresos para sostener el gasto público del gobierno, financiar
el funcionamiento del Estado y garantizar el pleno cumplimiento de los derechos
humanos, así como tener un efecto redistributivo y cerrar las brechas de
desigualdad económica.
Refiere que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México el 53% de la
población (67 millones de personas) vive en pobreza por ingresos y este
porcentaje fue incrementándose de manera constante.
Enfatiza que “en México la riqueza se encuentra terriblemente distribuida y es acaparada por unos cuantos potentados, con graves efectos en el bienestar, paz y pleno ejercicio de derechos de la mayoría de la población”.
