Plantean regular los servicios de hospedaje compartido en casas o departamentos

• Actualmente se transita del hospedaje en grandes hoteles al alojamiento en habitaciones de casas y departamentos particulares: Diputado Prieto Gómez (PRD)

El Diputado del PRD, Mauricio Prieto Gómez, promueve una iniciativa que reforma la fracción X del artículo 1 y adiciona un artículo 65 Quáter, de la Ley Federal del Consumidor, en materia de los servicios de alojamiento compartido en casas o departamentos.

Revela el legislador que a la fecha no existe una disposición en esa Ley que especifique la protección de miles de consumidores de este servicio, por lo que se busca que las personas reciban el mismo trato de aquellas que se hospedan en hoteles tradicionales y que están amparados por una ley del consumidor.

Con base en lo anterior, propone que la Ley Federal del Consumidor otorgue la protección de los derechos de las personas en actividades de consumo, ampliando la descripción de condición social, de salud, de religión, por opiniones, de preferencias sexuales, de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y afromexicanos.

Asimismo, plantea que las disposiciones se apliquen en los servicios de hospedaje a través de alojamiento temporal en casas o departamentos, que se ofrecen mediante distintas aplicaciones digitales.

En la celebración y prestación de dichos servicios se cumplirá con lo siguiente: contratar una póliza de seguro de hogar, que ofrezca la protección necesaria para las personas, inmueble y los bienes que se encuentren en ella, para cubrir los gastos derivados de accidentes que pueden darse en el lugar.

Proporcionar en condiciones de higiene y limpieza adecuadas la casa o departamento y habitaciones privadas con capacidad para dos huéspedes o menos. Facilitar la información de contacto del anfitrión, de seguridad, de las normas y restricciones pertinentes.

Disponer de un detector de humo, un detector de monóxido de carbono y un extintor de incendios. Divulgar previamente las normas de la comunidad de vecinos u otras establecidas por las organizaciones de inquilinos, las normas de la casa o departamento y la guía para el huésped.

Informar al huésped en el momento de reservar un alojamiento, las comisiones de servicio y gastos de limpieza que va a pagar y cómo se distribuye, y garantizar en caso de no proporcionar el servicio si el alojamiento no es como debería, si el anfitrión no facilita las llaves o acceso al lugar o se presenta algún contratiempo en el viaje, el reembolso y, en su caso, cubrir la cobertura por daños que se ocasionen.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, sostiene en su exposición de motivos que a nivel mundial en los últimos años los servicios de alojamiento temporal para turistas y visitantes han sufrido una profunda transformación.

Actualmente se transita del hospedaje tradicional en grandes cadenas hoteleras, al alojamiento temporal en habitaciones de menor capacidad, como en casas y departamentos particulares, que surgieron como una alternativa económica empática y de acceso inmediato para las personas que buscan una opción de respuesta inmediata, ante la falta de disponibilidad en los establecimientos hoteleros.

Este tipo de servicios, agrega la iniciativa, es conocido en el mundo como Airbnb, que significa AirBed & Breakfast (cama de aire y desayuno), cuya plataforma de hospedaje es la más popular a nivel global, ya que cuenta con más de seis millones de anuncios de alojamiento en 191 países.

En el país, esta situación es una realidad en su presencia y funcionamiento, y se ofrece no solo en ciudades y lugares turísticos, los huéspedes los pueden usar en cualquier lugar de nuestro territorio, lo que ha impulsado que algunas autoridades intervengan en este modelo, puntualiza.

Proponen que en la Constitución se garanticen salarios dignos para policías

• El Diputado Prieto Gómez (PRD) plantea reformar el artículo 123 de la Carta Magna

El Diputado Mauricio Prieto Gómez (PRD) propuso reformar el artículo 123 de la Constitución Política, con el objetivo de garantizar que las autoridades federales, estatales y municipales propicien “un salario digno” al personal del sistema de seguridad.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, busca que el personal del Ministerio Público (MP), de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, tengan acceso a una vida digna, así como a condiciones laborales y salariales dignas.

Señala que en México el salario de un policía va desde los 6 mil pesos mensuales a los 18 mil, con un promedio nacional de 13 mil pesos, es decir, que cada hora que un elemento policiaco patrulla, cuida, resguarda y arriesga su vida para salvaguardar la integridad física y el patrimonio de la sociedad, deteniendo a delincuentes, cuesta, en promedio, 20 pesos en jornadas de 24 y hasta 32 horas ininterrumpidas.

Por otra parte, los elementos policiacos no cuentan con la capacitación, unidades y equipo adecuados para llevar a cabo su trabajo, lo cual los coloca en una circunstancia de mayor riesgo al combatir a la delincuencia.

El legislador apunta que los criterios para definir los sueldos y salarios de las policías están acotados más por el costo de vida en cada región del país y no necesariamente por el nivel de peligro en el desempeño de sus labores.

Destacó que, si bien el Ejecutivo Federal se comprometió en mejorar las capacidades de las policías, así como sus percepciones laborales con la aplicación de un Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, a la fecha esa intención no se ha concretado.

Por ello, el legislador indicó que es fundamental que los policías cuenten con salarios justos, estén capacitados, equipados y con una formación estratégica, pero también bien alimentados y con un descanso físico y mental suficientes.

Subraya que para mejorar las condiciones laborales de los cuerpos policiales se podría reactivar el subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (FORTASEG), el cual era otorgado a los municipios y, en su caso, a los estados.

Añadió que con este recurso se cubrirían aspectos de evaluación de control de confianza a los elementos operativos municipales, además para su capacitación, homologación, mejora de las condiciones laborales, equipamiento, construcción de infraestructura y prevención del delito.

Asimismo, para la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y, en general, apoyar la profesionalización y certificación de los elementos de las instituciones de seguridad pública.

Impulsan iniciativa para que el Estado otorgue becas a estudiantes de educación superior

• El diputado Prieto Gómez (PRD) propuso reformar el artículo 4º constitucional.

Con el objetivo de que el Estado otorgue becas a estudiantes de educación superior, cuya preferencia educativa no se ofrezca por las instituciones públicas de ese nivel en las entidades federativas donde residan, el diputado Mauricio Prieto Gómez (PRD) propuso adicionar un párrafo al artículo 4º de la Constitución Política.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, considera que el derecho a recibir educación universal, inclusiva, pública, gratuita y laica no siempre se cumple.

Detalla que en algunas entidades la juventud que quiere formarse académicamente estudian una licenciatura, tiene que optar por elegir una disciplina profesional diferente de su vocación, en razón de que las instituciones públicas de educación superior en su oferta académica no ofrecen la que los jóvenes desean y se han preparado en el bachillerato para recibir.

Esta deficiencia trae consigo múltiples problemas, agrega, entre los que destaca deserción escolar, frustración por ejercer una profesión de la que no tiene vocación, dedicarse laboralmente en una actividad totalmente ajena de la profesión en la que se formó universitariamente, desperdicio de recursos públicos como materiales, humanos, tecnológicos y financieros, que se destinan en un estudiante que probamente no ejercerá la profesión.

Además, genera que muchos jóvenes, mujeres y hombres, no continúen sus estudios porque las opciones académicas de su preferencia, sólo las encuentran en universidades privadas cuyos costos de inscripción, matricula, mensualidades y titulación, no están al alcance de la economía familiar. 

Asimismo, menciona que lamentablemente optarán por no estudiar ninguna carrera universitaria, porque las instituciones públicas de educación superior ubicadas en su estado de residencia no cuentan con aquella para la cual sí tienen vocación y capacidad intelectual.

“Esta iniciativa de reforma es la respuesta a la demanda de cientos de jóvenes. La juventud merece que se incluya en la Constitución este derecho”, puntualiza.