• El Diputado Prieto Gómez (PRD) plantea reformar el artículo 123 de la Carta Magna
El Diputado Mauricio Prieto Gómez (PRD) propuso reformar el
artículo 123 de la Constitución Política, con el objetivo de garantizar que las
autoridades federales, estatales y municipales propicien “un salario digno” al
personal del sistema de seguridad.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos
Constitucionales para dictamen, busca que el personal del Ministerio Público
(MP), de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, tengan
acceso a una vida digna, así como a condiciones laborales y salariales dignas.
Señala que en México el salario de un policía va desde los 6
mil pesos mensuales a los 18 mil, con un promedio nacional de 13 mil pesos, es
decir, que cada hora que un elemento policiaco patrulla, cuida, resguarda y
arriesga su vida para salvaguardar la integridad física y el patrimonio de la
sociedad, deteniendo a delincuentes, cuesta, en promedio, 20 pesos en jornadas
de 24 y hasta 32 horas ininterrumpidas.
Por otra parte, los elementos policiacos no cuentan con la
capacitación, unidades y equipo adecuados para llevar a cabo su trabajo, lo
cual los coloca en una circunstancia de mayor riesgo al combatir a la
delincuencia.
El legislador apunta que los criterios para definir los
sueldos y salarios de las policías están acotados más por el costo de vida en
cada región del país y no necesariamente por el nivel de peligro en el desempeño
de sus labores.
Destacó que, si bien el Ejecutivo Federal se comprometió en
mejorar las capacidades de las policías, así como sus percepciones laborales
con la aplicación de un Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, a la
fecha esa intención no se ha concretado.
Por ello, el legislador indicó que es fundamental que los
policías cuenten con salarios justos, estén capacitados, equipados y con una
formación estratégica, pero también bien alimentados y con un descanso físico y
mental suficientes.
Subraya que para mejorar las condiciones laborales de los
cuerpos policiales se podría reactivar el subsidio del Programa de
Fortalecimiento para la Seguridad Pública (FORTASEG), el cual era otorgado a
los municipios y, en su caso, a los estados.
Añadió que con este recurso se cubrirían aspectos de
evaluación de control de confianza a los elementos operativos municipales,
además para su capacitación, homologación, mejora de las condiciones laborales,
equipamiento, construcción de infraestructura y prevención del delito.
Asimismo, para la conformación de bases de datos de
seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia
y, en general, apoyar la profesionalización y certificación de los elementos de
las instituciones de seguridad pública.
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