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martes, 21 de noviembre de 2023

Piden que patrones otorguen permisos hasta por tres meses con goce de sueldo a mujeres víctimas de violencia extrema

• Cada día, más de 150 mujeres en México son víctimas de lesiones o maltratos: Diputada Sánchez Ramos

La Diputada Paloma Sánchez Ramos (PRI) promueve una iniciativa para adicionar las leyes federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el objetivo de que las mujeres puedan solicitar permisos hasta por tres meses con goce de sueldo cuando sufran de violencia extrema y que otorgarlos sea una obligación de los patrones.

La iniciativa, turnada a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Igualdad de Género, resalta que cada día más de 150 mujeres en México son víctimas de lesiones o maltratos. Asimismo, a diario los servicios de emergencia reciben casi mil llamadas de ayuda por alguna forma de violencia y “ninguna de ellas puede, en este momento, pedir en su trabajo que le permitan ausentarse para salir de su entorno de violencia”.

Actualmente, la legislación no contempla que ir a un refugio sea una causa de licencia para el trabajo. “En este momento, las mexicanas que son víctimas de violencia extrema no tienen derecho a ausentarse con goce de sueldo mientras reciben el tratamiento físico y psicológico apropiado y necesario”.

Detalla que el periodo en lograr un trabajo funcional para la recuperación de una víctima es de tres meses de contacto cero con el exterior. Esto permite crear un entorno adecuado para cambiar la perspectiva de la víctima sobre su vida, la de sus hijos y sus relaciones en torno a la violencia.

“De ahí que, por ejemplo, sin un permiso directo del patrón, cualquier trabajadora se vería imposibilitada de ausentarse por tres meses sin ser despedida”, indica.

El documento explica que los refugios o centros de justicia que funcionan como espacios temporales ofrecen servicios de protección, alojamiento y atención con perspectiva de género a mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema, a fin de que recuperen su autonomía y alcanzar un plan de vida libre de violencia.

Dichos refugios, agrega, en su mayoría son operados por organizaciones de la sociedad civil, que reciben recursos del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Actualmente, con excepción de Baja California Sur, Colima, Tabasco, Tamaulipas, Sonora y Zacatecas, las demás entidades federativas cuentan con al menos un refugio.

Subraya que, gracias a estos espacios temporales, las mujeres cuentan con una herramienta que les ayuda a encontrar protección, seguridad, hospedaje, alimentación, vestido, calzado, servicios de enfermería, asesoría jurídica y atención psicológica, así como programas que les permiten reeducarse y capacitarse para adquirir habilidades y conocimientos para una nueva vida libre de violencia.

Por ello, destaca la importancia de reformar dichas normas legales, a fin de que mujeres cuenten con mayores herramientas que les ayude a salvar su vida y a salir del círculo de la violencia.

jueves, 5 de enero de 2023

Plantean aumentar capacidades de municipios en materia de protección y prevención de la violencia de género

 


• Se propone que cuenten con un instituto o dirección general para el tema y promover cursos de capacitación a sus policías y personal que atiende a víctimas

La diputada Paloma Sánchez Ramos, del PRI, propuso una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre De Violencia, con el fin de aumentar las capacidades institucionales de los municipios en materia de protección y prevención de la violencia de género.

La propuesta busca establecer que corresponde a los municipios el contar con un instituto o dirección general para atender el tema; promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación para las personas que brinden atención a víctimas, así como ejecutar las acciones necesarias para dicho objetivo.

De igual forma, deberán diseñar programas de reeducación integral y sensibilización para los agresores, promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres, realizar estudios de impacto de la violencia de género en sus comunidades, además de fomentar promover el liderazgo local de las mujeres en sus comunidades a través de la participación ciudadana.

También la obligación de difundir herramientas de empoderamiento de las mujeres que resulten convenientes para su entorno, apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas, participar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, y llevar a cabo programas de información a la población sobre la violencia contra las mujeres.

Además, las autoridades municipales deberán capacitar a sus policías sobre perspectiva de género, y la celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia.

La iniciativa turnada a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen, explica que las mujeres de México conviven con un entorno de violencia normalizado en el país, que es demostrable por el hecho de que siete de cada diez mexicanas ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea en su entorno familiar, escolar, laboral y en diversas modalidades como la sexual, psicológica o patrimonial.

La diputada Sánchez Ramos subraya que las mexicanas víctimas de violencia no denuncian a sus agresores, no conocen los protocolos de atención y/o no solicitan apoyo para salir de ese entorno desfavorable.

Esto quiere decir que menos del 5 por ciento de las víctimas denuncian y solicitan apoyo, lo que indica que la existencia de programas nacionales o locales de atención a la violencia en contra de las mujeres no significa que la población podrá sensibilizarse ante los diferentes esquemas de atención.

Por ello, agrega la legisladora, el gobierno municipal tiene un área de oportunidad inigualable en la prevención y atención de la violencia de género, toda vez que la cercanía por cumplir con los servicios públicos vinculados a los ciudadanos le otorga una proximidad envidiable sobre los desafíos que pueden envolver a las diferentes localidades que administra.