• Se propone que cuenten con un instituto o dirección general para el tema y promover cursos de capacitación a sus policías y personal que atiende a víctimas
La diputada Paloma Sánchez Ramos, del PRI, propuso una
iniciativa que reforma y adiciona el artículo 50 de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre De Violencia, con el fin de aumentar las
capacidades institucionales de los municipios en materia de protección y
prevención de la violencia de género.
La propuesta busca establecer que corresponde a los
municipios el contar con un instituto o dirección general para atender el tema;
promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación
para las personas que brinden atención a víctimas, así como ejecutar las
acciones necesarias para dicho objetivo.
De igual forma, deberán diseñar programas de reeducación
integral y sensibilización para los agresores, promover programas educativos
sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la violencia
contra las mujeres, realizar estudios de impacto de la violencia de género en
sus comunidades, además de fomentar promover el liderazgo local de las mujeres
en sus comunidades a través de la participación ciudadana.
También la obligación de difundir herramientas de
empoderamiento de las mujeres que resulten convenientes para su entorno, apoyar
la creación de refugios seguros para las víctimas, participar en la prevención,
atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, y llevar a cabo
programas de información a la población sobre la violencia contra las mujeres.
Además, las autoridades municipales deberán capacitar a sus
policías sobre perspectiva de género, y la celebración de convenios de
cooperación, coordinación y concertación en la materia.
La iniciativa turnada a la Comisión de Igualdad de Género
para dictamen, explica que las mujeres de México conviven con un entorno de
violencia normalizado en el país, que es demostrable por el hecho de que siete
de cada diez mexicanas ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su
vida, ya sea en su entorno familiar, escolar, laboral y en diversas modalidades
como la sexual, psicológica o patrimonial.
La diputada Sánchez Ramos subraya que las mexicanas víctimas
de violencia no denuncian a sus agresores, no conocen los protocolos de
atención y/o no solicitan apoyo para salir de ese entorno desfavorable.
Esto quiere decir que menos del 5 por ciento de las víctimas
denuncian y solicitan apoyo, lo que indica que la existencia de programas
nacionales o locales de atención a la violencia en contra de las mujeres no
significa que la población podrá sensibilizarse ante los diferentes esquemas de
atención.
Por ello, agrega la legisladora, el gobierno municipal tiene
un área de oportunidad inigualable en la prevención y atención de la violencia
de género, toda vez que la cercanía por cumplir con los servicios públicos
vinculados a los ciudadanos le otorga una proximidad envidiable sobre los
desafíos que pueden envolver a las diferentes localidades que administra.
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