• Que en la práctica sea un tipo penal que se pueda
comprobar: diputada Julieta Vences Valencia.
• Participaron diputadas federales y locales, funcionarias,
especialistas y organizaciones.
En las mesas 1 y 2 del Parlamento Abierto de análisis para
la dictaminación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, en materia de violencia vicaria, convocado por la Comisión de
Igualdad de Género, diputadas federales y locales, funcionarias, especialistas
y representantes de organizaciones, externaron comentarios sobre las violencias
en el ámbito familiar y de género.
La presidenta de la instancia legislativa, diputada Julieta
Kristal Vences Valencia (MORENA), consideró importante la participación de
jueces familiares, a fin de conocer su perspectiva y la lógica de cómo lo ven,
“para que en el momento que haya denuncias o se lleve a la práctica sea un tipo
penal que se pueda comprobar y realizar”.
Por el PRI, la diputada Adriana Campos Huirache aplaudió que
el Parlamento permita escuchar a especialistas, integrantes de la sociedad
civil, personas servidoras públicas, funcionarios de organismos internacionales
y posibles víctimas de la violencia vicaria, con referencia a las iniciativas
presentadas en la Cámara de Diputados.
María Rosete, diputada del PT, dijo que las y los
legisladores “estamos obligados a generar instrumentos jurídicos que permitan
la protección más amplia de los derechos humanos de todas las personas y en
todas las familias, legislar con equidad de género y de forma integral, así
como garantizar la protección de las víctimas de violencia y la reparación
integral de los daños que sufran los afectados”.
Violencia familiar
En la “Mesa 1. Violencia en el Ámbito Familiar”, vía
plataforma digital Anabel López Sánchez, directora general para la Promoción de
una Vida Libre de Violencia e Impulso a la Participación Política de INMUJERES,
dijo que para conceptualizar los tipos de violencia es importante que cualquier
denominación se circunscriba al contexto social y uso del lenguaje.
“No se puede transitar a un tipo penal específico, debido a
que ya existe el delito de violencia familiar o sustracción de menores, figuras
en las que se pueden apoyar para castigar estas conductas. Es importante no
engrosar el código de delitos, sino utilizar los que ya están tipificados y
fortalecerlos para que sean más eficientes y adecuados”, añadió.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del
Congreso de la Ciudad de México, diputada local Ana Francis López Bayghen
Patiño, señaló que para juzgar con perspectiva de género se necesita reconocer
que, en todas las áreas de la vida, las mujeres tienen desventaja respecto a
los hombres. Agregó que las madres no salen de los círculos de violencia si no
pueden garantizar el sustento de sus hijas e hijos, así como la guarda y
custodia de los mismos.
Juanita del Carmen González Chávez, diputada de la XXXIII
Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, consideró que la violencia
vicaria cumple con los elementos conceptuales para ser denominada como una
expresión de violencia familiar. “Son importantes las modificaciones legales a
nivel federal, ya que de ahí los estados buscarán la armonización legal. Hoy
reafirmo mi compromiso con cada mujer víctima, los agresores deben ser
castigados, es momento de unir fuerzas por un México sin violencia
vicaria”.
Perla Georgina Cerón Alvarado, coordinadora del Frente
Nacional Mujeres, explicó que la violencia vicaria genera crisis, depresión,
indefensión, discapacidad e incluso la muerte. Además, las víctimas ven
vulnerada su autoestima, desarrollo intelectual, creatividad y su capacidad
para relacionarse con otros, mientras que las niñas, niños y adolescentes se
enfrentan a la eliminación del vínculo materno-filial, elemento determinante
para lo que serán en la etapa adulta.
Carlos Adrián Angrigiani, representante del Colectivo
Materia Familiar, consideró vital que México tenga un debate amplio e
incluyente sobre la alienación parental y la violencia vicaria, y se llegue a
conclusiones que no estén apegadas a ideologías ni a intereses electorales ni
políticos. Además, hizo un homenaje a las niñas y a los niños de México, “a los
que sufren y sufrieron manipulación, maltrato y cualquier violación a sus
derechos”.
Carlos Enrique Sánchez Aparicio, abogado especialista en
materia penal, pidió que el marco normativo pase de la intención al beneficio
de la mujer y que se incluya en el ámbito del derecho familiar, el concepto de
violencia vicaria en las legislaciones locales. Asimismo, establecer
consecuencias jurídicas para cada caso, evitar que se acote sólo a asuntos de
patria potestad, guardia y custodia, visitas y convivencia y velar por la
reparación integral del daño.
Por el colectivo VivaVoz FemxFem, Paula Medina López
reconoció que se haga visible “una violencia guardada tras las puertas y
ventanas de lo íntimo y escondida en el ámbito familiar”. Llamó a tener una ley
que refleje el verdadero acceso a la justicia que las mujeres merecen. “Pedimos
una ley clara y que prevea la verdadera impartición de justicia, para frenar la
ola de impunidad, de violencia institucional y vicaria, así como velar por el
bien superior de la niñez”.
Diana Torres, coordinadora de asesores del Congreso de la
Ciudad de México, señaló que en la ley de violencia vicaria se debe contemplar y
proteger a las mujeres que pertenecen a la diversidad sexual: lesbianas,
bisexuales, trans y no binarias, así como considerar los actuales conceptos de
familia y de hogar. “Las familias diversas existimos y debemos ser protegidas
por los marcos legales”.
Yanina Natalia Lococo, fundadora del Frente Nacional
Mujeres, afirmó que la violencia familiar es un problema que va en aumento y
afecta a niñas, niños y adolescentes. Consideró que la ley vicaria es una
obligación del Estado porque esa violencia no es aislada, es cruel y la
penúltima antes del feminicidio.
“Al no juzgar con perspectiva de género se expone a la mujer
a sufrir riesgos graves en su integridad. En México, hay millones de deudores
alimentarios que ocultan bienes, sueldos e ingresos; por ello, la evasión de
pensión alimenticia debe ser considerada como un maltrato infantil”,
agregó.
La abogada especialista en materia penal, Erika Magali
Correa Riofrio, consideró que el tema debe ser analizado con perspectiva de
género, de lo contrario podría generarse que aun cuando se legisle no exista
conciencia y sensibilidad para entender los alcances y efectos de la norma, lo
cual visibilizaría las denuncias de las mujeres por motivos de violencia.
Violencia de género
En la “Mesa 2. Violencia de Género”, desde vía digital
Teresa Peramato Martín, Fiscal de la Sala Contra la Violencia sobre la Mujer de
la Fiscalía General del Estado de España, señaló que los niños que conviven en
un entorno de violencia aprenden a utilizar la violencia en la resolución de los
conflictos y en la relación de pareja, y las niñas asumen roles de sumisión.
“Un maltratador por regla general no puede ser un buen padre, por lo que, para
acordar el mantenimiento de cualquier contacto con un progenitor investigado
por violencia de género se tiene que acreditar que es adecuado al interés
superior del niño”.
Vía telemática, Sonia Vaccaro, profesora de la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, España, refirió que la
violencia vicaria es de género, es contra la mujer, y como tal está dirigida a
dañarla; para ello, el hombre violento lastima a las hijas e hijos. “No debemos
confundirla con el maltrato infantil, pero sí este tipo de violencia es
maltrato contra niñas y niños. Las instituciones y muchas veces la justicia
ponderan y privilegian el rol de padre de familia por encima del riesgo que
éste puede entrañar al quedar al cuidado de hijas e hijos”.
Vía zoom, la directora general de Planeación y Evaluación
del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Celia Aguilar Setien,
argumentó que, en la construcción de un nuevo Estado protector y basado en los
derechos de las personas, es fundamental que se modifique el estereotipo de
familia para que esta no sea autoritaria, represora y maltratadora, sino
protectora. Es importante, dijo, que la ley considere que, en los sistemas de
registro, tanto del sector salud y de impartición de justicia de la denuncia,
se pueda registrar este tipo de violencia.
Samantha Cerisola Galván, presidenta de la asociación
VivaVoz FemxFem, aplaudió que se hable de la violencia que apremia y pone en
riesgo a las mujeres. Agregó que la violencia vicaria está en la misma esfera
que la familiar, al estar en el espacio privado. “La ley en contra de la
violencia vicaria debe contemplar la obligación del Estado de reconocer la
emergencia de género, para garantizar y proteger los derechos humanos de las
mujeres; necesitamos transformación y reconstrucción, así como reconocer la
violencia vicaria como una machista”.
José Antonio Oloarte Atanasio, representante de víctima del
estado de Puebla, mencionó que la mayoría de los violentadores tienen nivel de
licenciatura, maestría y poder económico, lo que dificulta el litigio porque
hay más violencia. Propuso que el Estado genere comisiones especiales en los
congresos de los estados para revisar cada uno de los expedientes, tanto de
hombres como de mujeres, así como capacitar a los abogados. “Este parlamento va
a ayudar mucho en la medida que ejerza sus facultades de hacer exhortos para
que se revisen los casos”.
Abril Montserrat Ramírez Vega, asesora jurídica de la Red de
Abogadas Violeta, expuso que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia está limitada y no se acopla a las necesidades al sólo
considerar las violencias psicológica, física patrimonial, económica, sexual.
Ante ello, urgió a establecer el concepto de violencia vicaria y promover que
el Ministerio Público opere bajo la perspectiva de género, se armonicen las
legislaciones y los poderes trabajen en conjunto.
Desde plataforma digital, María López Urbina, especialista
en Seguridad Pública y Procuración de Justicia, expuso que la violencia vicaria
es de los casos más graves que puede tener la mujer; desde hace diez años se ha
buscado legislar y en el país ha habido impunidad, porque no se cuenta con un
tipo penal; el 90 por ciento de la violencia vicaria la cometen los
hombres.
Por ello, planteó tipificarla en la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que tenga sanciones para el
agresor, como es la limitación en el ejercicio de la custodia o la convivencia
con las y los hijos e incluso con la privación de la libertad.
La representante del Comité Internacional Frente Nacional
Mujeres, Diana Alejandra Sánchez González, indicó que la violencia vicaria está
cimentada en el abuso de poder; es importante dictar medidas de prevención con
visión de perspectiva de género que radique en su efectividad para detectar y
eliminar las situaciones de desventaja y discriminación.
“Para garantizar que las medidas de reparación sean
determinadas con perspectiva de género, es crucial demostrar que el delito se
cometió por motivos de género y ha causado un impacto basado en una categoría
sospechosa de discriminación, añadió.
Desde plataforma digital, la académica de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, Norma Estela Pimentel Méndez, manifestó que para tener una legislación que garantice la justicia a las mujeres y se eviten las malas prácticas de la abogacía, es necesario transversalizar la perspectiva de género, toda vez que el tipo penal es una parte, pero lo que se requiere es de protocolos de atención a la violencia vicaria.
