- Comisiones unidas del Congreso mexiquense aprobaron la expedición de dos leyes y reformas a otros cinco ordenamientos para dar paso a la creación de un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría estatal denominado Transparencia Mexiquense.
- El dictamen, que integra las iniciativas del Diputado Gerardo Pliego Santana (MORENA) y de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, deriva de la sustitución del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.
- Congresistas de MORENA afirmaron que se garantizan los derechos de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, mientras que legisladoras del PAN, MC y PRD consideraron que el dictamen resta autonomía e imparcialidad institucional al ubicar a Transparencia Mexiquense dentro de la estructura del Ejecutivo.
Comisiones unidas del Congreso mexiquense aprobaron la expedición de las nuevas leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas del Estado de México y Municipios, para dar paso a la creación de un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría estatal denominado Transparencia Mexiquense.El dictamen que conjuntó las iniciativas del Diputado Gerardo Pliego Santana (MORENA) y de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez deriva de la sustitución del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) conforme a las reformas constitucionales estatales aprobadas en junio de 2025.
Avalado por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el documento —cuya votación está prevista para el Octavo Periodo Extraordinario de Sesiones, programado el próximo jueves 20 de agosto— también plantea reformas a cinco ordenamientos, a efecto de garantizar el derecho humano al acceso a la información pública y promover la transparencia y rendición de cuentas en el Estado de México.
En la reunión, presidida por el Legislador Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (MORENA), el Congresista Octavio Martínez Vargas (MORENA) subrayó que, de ninguna manera, se prescribe o se eliminan derechos.
Resaltó que se lograrán ahorros en viajes, altos salarios, fondos de retiro, gastos de representación y lo que consideró una “burbuja que contrasta con lo que la sociedad del Estado de México requiere”. En este sentido, enfatizó que se podrá eliminar lo que calificó como una burocracia obesa y majadera, que no tiene cabida en la administración pública honesta de la transformación.
La Parlamentaria Paola Jiménez Hernández (MORENA) aclaró que el dictamen es resultado de la armonización con la nueva legislación federal en la materia, y que en este marco normativo se mantienen procedimientos para solicitudes, recursos, obligaciones y sanciones, aprovechando las estructuras existentes y evitando la duplicidad administrativa.
En este tenor, afirmó que se protegen derechos y se legisla a favor de la eficacia y la eficiencia de los recursos públicos, además de que expuso que la gobernadora actúa con responsabilidad, al igual que el Diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense y Coordinador Parlamentario de MORENA, en virtud de los espacios de debate y consenso.
También de la bancada de MORENA, el Diputado Vladimir Hernández Villegas coincidió en que hay una “falsa narrativa” de la desaparición de derechos y que la creación de los organismos autónomos no reflejó una transparencia total y mucho menos austeridad republicana.
Por lo tanto, explicó que se está dando un rediseño institucional para recobrar la confianza de la población y pidió a las personas funcionarias que asuman su responsabilidad como garantes de la transparencia y la protección de datos personales.
En contraste, la Legisladora Krishna Karina Romero Velázquez (PAN) expresó el rechazo de su bancada al dictamen al que se refirió como un retroceso, con el argumento de que el diseño propuesto coloca a Transparencia Mexiquense dentro de la estructura del Ejecutivo y prevé que la persona titular sea designada dentro de este mismo poder, lo cual calificó como un problema de diseño institucional, pues la independencia exige distancia frente al sujeto obligado al que debe revisar, ordenar y, en su caso, sancionar.
Recalcó que su grupo parlamentario está a favor de eliminar excesos, privilegios, duplicidades y gastos innecesarios, pero que “una cosa es gastar mejor y otra muy distinta es ahorrar debilitando los contrapesos que tienen el objetivo de vigilar al poder”.
La Congresista Ruth Salinas Reyes (MC) lamentó que se pretenda “cortar de tajo” un logro ciudadano de reconocimiento constitucional y de consolidación de instituciones garantes y autónomas en favor de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales.
Manifestó su inconformidad en aspectos del dictamen como la falta de autonomía financiera de Transparencia Mexiquense, y que la persona titular sea nombrada por la o el titular del Poder Ejecutivo, sin mencionar requisitos de idoneidad, convocatoria, duración del encargo y sin contemplar causales de remoción ni intervención de la Legislatura.
Al respecto, la Parlamentaria Araceli Casasola Salazar (PRD) expresó que se pone “en grave tela de juicio” la autonomía e imparcialidad que debe regir la función garante de transparencia, toda vez que, aseveró, existe un conflicto de interés estructural derivado de que la Secretaría de la Contraloría es un órgano que depende jerárquicamente del propio gobierno y de la persona titular del Ejecutivo.
Cuestionó que el documento omita cifras, partidas o montos sobre el presupuesto asignado para la operación de Transparencia Mexiquense, ya que un organismo sin un presupuesto propio, garantizado e independiente, indicó, carece de viabilidad real para cumplir sus obligaciones. Enfatizó que subordinar este mecanismo a la vigilancia interna de la administración pública representa un retroceso y opacidad en los estándares de rendición de cuentas e información accesible, además de vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía.
Cabe señalar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios tiene, entre sus objetivos, establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, agencia, comisión, comité, corporación, ente, entidad, institución, órgano, organismo o equivalente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos constitucionalmente autónomos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o jurídica colectiva que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal.
Precisa que Transparencia Mexiquense (identificada como autoridad garante local), la Contraloría Interna del Poder Judicial, la Contraloría del Poder Legislativo y los órganos internos de control o equivalentes de los órganos autónomos son autoridades garantes del Estado.
El documento refiere que el Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus integrantes, procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la evaluación de la gestión pública, la promoción del derecho de acceso a la información, la difusión de una cultura de la transparencia y a su accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición de cuentas efectivas.
El subsistema funcionaría por conducto de su respectivo comité, integrado por la persona titular de la Secretaría de la Contraloría estatal (quien lo presidirá), así como las personas titulares de la Contraloría del Poder Legislativo; de la Contraloría Interna del Poder Judicial y de órganos internos de control o equivalentes de los órganos autónomos (Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Fiscalía General de Justicia del Estado de México; Instituto Electoral del Estado de México; Tribunal Electoral del Estado de México; Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y Universidad Autónoma del Estado de México).
Asimismo, por siete personas titulares de los órganos internos de control municipales, una por cada una de las siete zonas (Oriente, Nororiente, Centro, Norte, Valle de Toluca, Sur y Sureste) conforme a lo establecido en el Plan de Desarrollo del Estado de México, designadas anualmente por insaculación.
Tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia y acceso a la información pública estatal y municipal, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos correspondientes que se emitan.
De aprobarse, los sujetos obligados tendrían la obligación de constituir un comité de transparencia y unidades de transparencia, así como velar por su correcto funcionamiento.
El comité de transparencia sería la autoridad máxima al interior del sujeto obligado en materia del derecho de acceso a la información y estaría conformado de manera colegiada e integrado siempre por un número impar, cuyas resoluciones se adoptarían por mayoría de votos. En caso de empate, quien presida el comité tendría voto de calidad.
Los sujetos obligados integrarían sus comités con la persona titular de la unidad de transparencia, quien lo presidiría; la persona responsable del área coordinadora de archivos o equivalente, así como la persona titular del Órgano Interno de Control o equivalente.
Respecto a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, entre otros aspectos, busca establecer las bases y condiciones que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos, así como proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos de la entidad, y de los municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento.
El dictamen también reforma las leyes Orgánica de la Administración Pública; de Archivos y Administración de Documentos; del Sistema Anticorrupción, así como los códigos Administrativo y Financiero, todos del ámbito estatal.
