• El Diputado Manzanilla Téllez (PT) pide reformar el artículo 19 de la Constitución Política
En el documento, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales, expone que la seguridad en el transporte público es un derecho fundamental para las y los ciudadanos, quienes deben desplazarse con la confianza de que no serán víctimas de delitos que atenten contra su integridad física y patrimonial.
Hace mención que el robo en el transporte público se ha convertido en una problemática que afecta gravemente a la población, particularmente en zonas urbanas y conurbadas del país, como es el caso del Estado de México. “A pesar de los esfuerzos por reducir la incidencia delictiva, el robo en el transporte público sigue siendo un fenómeno que pone en peligro no solo el bienestar de los usuarios, sino la estabilidad social”.
Por ello, considera que la incorporación de este ilícito en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es una medida para enfrentar dicha problemática de manera efectiva y contundente, pues la impunidad en estos casos es factor que contribuye a la percepción de inseguridad y frustración de la ciudadanía.
Manzanilla Téllez reiteró que el robo en este tipo de transporte es uno de los delitos que más afecta a la población mexicana y mencionó que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que el robo con violencia es una constante en muchas entidades federativas.
Tan solo en el Estado de México, esta problemática alcanza niveles alarmantes, ya que, de acuerdo con el SESNSP, entre enero y agosto de 2023 se registraron 6 mil 312 robos con violencia en transporte público, de los cuales 5 mil 432 ocurrieron en esa entidad federativa, lo que representa más de 86 por ciento de los casos a nivel nacional.
Además, dicho delito no solo afecta el patrimonio de las víctimas, sino en muchos casos pone en riesgo su integridad física y su vida. Los delincuentes suelen actuar en grupos organizados, con armas de fuego o armas blancas, lo que aumenta la peligrosidad de estos eventos.
El robo en el transporte público es un delito que impacta de manera directa en la percepción de inseguridad de los ciudadanos. La reincidencia es común entre los delincuentes que cometen estos actos, ya que, al no considerarse éste dentro del catálogo de aquellos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los responsables pueden enfrentar su proceso en libertad, lo que facilita que vuelvan a delinquir.
Explica que el artículo 19 constitucional amplía el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa y se justifica por la necesidad de proteger a la sociedad ante la alta reincidencia y peligrosidad de ciertos delitos; pero el robo en el transporte público, a pesar de su alta incidencia y gravedad, no ha sido incluido, dejando un vacío en la protección de los usuarios de este servicio.
La prisión preventiva oficiosa permitirá que los delincuentes que cometen este tipo de robos enfrenten su proceso legal desde el interior de un centro penitenciario, reduciendo el riesgo de que continúen delinquiendo mientras se lleva a cabo su juicio, y es una respuesta a la exigencia de la sociedad para tener un sistema de justicia más efectivo y protector de los derechos de las víctimas, subraya.
