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martes, 19 de mayo de 2026

Ricardo Monreal afirmó que en la Cámara de Diputados están preparados para recibir iniciativa presidencial sobre prórroga de elección de jueces y magistrados

  • Anunció que el jueves próximo, en la Comisión Permanente, se tomará la decisión de la convocatoria al periodo extraordinario

El Presidente de la Junta de Coordinación, Ricardo Monreal Ávila, señaló que en la Cámara de Diputados están preparados para recibir la iniciativa de reforma constitucional que enviará la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que prorroga de la fecha de la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial Federal e introduce otras reformas en la materia.

Expresó que “estamos preparados, seremos Cámara de origen; estamos listos para recibirla y para que podamos en tiempo y forma dictaminarla junto con las otras iniciativas que existen al respecto”.

En un mensaje a través de sus redes sociales, el legislador precisó que en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum se anunció el envío de esta iniciativa a la Cámara de Diputados, como Cámara de origen.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, adelantó que el jueves próximo, en la Comisión Permanente, se tomará la decisión de la convocatoria al periodo extraordinario que tendrá verificativo la semana próxima, antes de la conclusión del mes.

Agregó que esto para “dar tiempo a que los congresos locales también puedan participar como lo establece la Constitución cuando se reúne el Constituyente Permanente en todo el proceso de modificación constitucional”.

Ricardo Monreal enfatizó que en la Cámara de Diputados “estamos listos para poder trabajar por México”.

viernes, 6 de diciembre de 2024

Cámara de Diputados notifica de recepción y turno de iniciativa presidencial que regula el trabajo en plataformas digitales

• Incorpora derechos laborales y seguridad social en favor de las personas trabajadoras, así como derechos, obligaciones y prohibiciones para los empleadores


La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados notificó que el pasado 3 de diciembre recibió y turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la iniciativa de la presidenta de la República que reforma la Ley Federal del Trabajo para regular la labor de las personas trabajadoras en plataformas digitales.

La propuesta plantea reformar los artículos 49, 50 y 127 de dicho ordenamiento legal, así como adicionar un capítulo IX BIS “Trabajo en plataformas digitales” (que abarca del precepto 291-A al 291-U) al Título Sexto y un artículo 997-B.

Señala que el dinamismo de la economía del país y las múltiples modalidades de contratación que se han generado, han dejado rezagados a muchas personas trabajadoras, entre ellas los de plataformas digitales, “a quienes resulta necesario incorporar a un régimen de derechos sociales, tales como garantías laborales, salud y vivienda”

En ese sentido, subraya que la iniciativa tiene la finalidad de garantizar el derecho al trabajo digno, formal y flexible de las personas trabajadoras de dichas plataformas, asegurando la sostenibilidad del modelo de negocio.

La reforma incorpora derechos laborales y de seguridad social en favor de las personas trabajadoras en plataformas digitales, así como derechos, obligaciones y prohibiciones para los empleadores de las mismas

Define a las personas de esta modalidad como aquellas que presten servicios personales, remunerados y subordinados, bajo el mando y supervisión de la plataforma digital de una persona física o moral.

También considera el trabajo de plataformas digitales como una relación laboral subordinada para el desempeño de actividades remuneradas que requieran la presencia física de la persona trabajadora para la prestación del servicio, las cuales son gestionadas por una persona física o moral en favor de terceros a través de una plataforma digital utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para ejercer el mando y la supervisión sobre la persona trabajadora.

Precisa las reglas para que las personas trabajadoras en plataformas digitales participen en el reparto de utilidades reconocido por la Constitución Política conforme al tiempo efectivamente laborado, señalado en el artículo 127 de la iniciativa, mismo que tendrá que ser superior a las 288 horas al año.

Por otro lado, el artículo 127 fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo reconoce el derecho de los trabajadores eventuales a participar en las utilidades de las empresas siempre y cuando hayan laborado al menos 60 días durante el año bajo un esquema laboral tradicional de ocho horas diarias de lunes a sábado y un día de descanso.

Lo anterior implica que un trabajador deberá acumular un total de 48 horas a la semana, 192 al mes o 384 horas de trabajo en dos meses para ser elegible para Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

Sin embargo, en el contexto del trabajo en plataformas digitales, y aplicando el factor de 0.75 horas de trabajo efectivo por hora, el equivalente ajustado para la elegibilidad al PTU sería de 288 horas efectivas.

Se establece que, por plataformas digitales, deberá entenderse al conjunto de mecanismos, aplicaciones informáticas, sistemas y dispositivos que asignan tareas, servicios, obras, trabajos o similares a personas trabajadoras en favor de terceros, considerando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación que ejercen el mando y supervisión sobre la persona trabajadora.

No considera como empleadores de las personas trabajadoras en plataformas digitales a los usuarios, consumidores o beneficiarios de tareas, servicios y obras o trabajos.

La iniciativa señala que el trabajo en plataformas digitales será primordialmente flexible y discontinuo, por lo que se entenderá que existe relación laboral durante el tiempo efectivamente laborado por la persona trabajadora de plataforma digital, el cual será comprendido desde que la persona trabajadora acepta prestar una tarea, servicio, obra o trabajo en la plataforma digital, hasta el momento en el que dicha prestación concluye efectivamente.

Respecto al salario en el trabajo de plataformas digitales, se establece que éste se fijará por tarea, servicio, obra o trabajo realizado. En atención a la naturaleza flexible del trabajo, dicho pago contemplará el proporcional del día de descanso semanal, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo.

En cuanto al contrato laboral de las personas trabajadoras en plataformas, la propuesta de reforma establece que deberá ser individual o colectivo, mismo que será diferenciado de los términos y condiciones de la prestación del servicio en la plataforma, y podrá ser firmado de manera digital. Asimismo, se prevé la obligación de que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral autorice y registre los contratos.

También se estipulan diversas obligaciones especiales para las empresas de plataformas, entre las que se encuentran: pagos de servicios en un plazo no mayor a una semana, mecanismos para llevar registros de horas trabajadas, emisión de recibos de pagos realizados, implementación de mecanismos que garanticen la seguridad de la información y datos de las personas trabajadoras.

Asimismo, inscripción de las personas trabajadoras en el régimen obligatorio de seguridad social, retener y enterar el pago de cuotas, aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mecanismo de adiestramiento capacitación y asesoría, e informar sobre las medidas de seguridad y salud.

También, mecanismos específicos de atención y seguimiento de quejas o denuncias respecto de faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento o acoso sexual, malos tratamientos, actos discriminatorios u otros similares, en contra de las personas trabajadoras en plataformas digitales con motivo de su trabajo

La iniciativa refiere que las empresas de plataformas digitales deberán observar y proteger a sus trabajadores de actos de violencia, acoso u hostigamiento con motivo de su trabajo, al tiempo que procura la conciliación de sus labores con la vida personal y familiar.

Como prohibiciones para las empresas de plataformas digitales, la iniciativa incorpora las siguientes: cobro a las personas trabajadoras por la inscripción, uso, separación o conceptos relacionados con el esquema laboral; trabajo de menores de edad, retención de dinero a las personas trabajadoras adicional a los conceptos establecidos en la ley, entre otras.

La propuesta prohíbe transferir a las personas trabajadoras que se encuentren sujetas a una relación laboral tradicional a un esquema de trabajo en plataformas digitales, con el fin de buscar desvirtuar el vínculo laboral, los derechos asociados con el mismo o con el objeto de reducir las cargas fiscales, de seguridad social o laborales que se desprendan de la relación de trabajo.

Finalmente, la presidenta de la República apunta que estas reformas contribuirán al desarrollo pleno de estas actividades y al otorgamiento efectivo de las prestaciones de seguridad social para aquellos que integran a este sector y que cumplen con las condiciones establecidas en la ley.

lunes, 4 de noviembre de 2024

Cámara de Diputados recibe iniciativa presidencial que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

* Crea la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones


* Modifica la denominación de Secretaría de la Función Pública por Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno


La Cámara de Diputados recibió hoy de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Secretaría de las Mujeres, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y modifica la denominación de Secretaría de la Función Pública por Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

El documento, remitido al Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Sergio Gutiérrez Luna, por medio de la Secretaría de Gobernación, establece entre otros cambios, el sustituir el término presidente de los Estados Unidos mexicanos por la persona titular del Ejecutivo Federal.

La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria, señala que con la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el Estado garantizará la definición, articulación y coordinación de las estrategias con diversas secretarías en materia de investigación humanística y científica del país.

Esa sinergia permitirá potenciar proyectos innovadores que establecerán agendas de investigación prioritaria para incidir en el entendimiento y búsqueda de soluciones a los retos nacionales en materia de salud, energía, agua, alimentación, seguridad humana, vivienda, educación y cultura, entre otros, añade.

Establece la transformación del Instituto Nacional de las Mujeres por la Secretaría de las Mujeres, lo que permitirá una mejora en el rango institucional, estructural y operativo, y abonar de manera más efectiva las violencias y desigualdades históricas y estructurales que enfrentan las mujeres en México; es decir, ampliar y fortalecer las atribuciones que tenía el InMujeres para dotar a la nueva Secretaría de las herramientas adecuadas para alcanzar sus objetivos.

Modifica la denominación de la Secretaría de la Función Pública por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, concepción que abarca la tarea de prevención, detección y sanción de actos de corrupción, con lo que se da mayor enfoque a los procesos y controles que la misma realizará y que aseguran la eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez del servicio público, fundamental para garantizar la confianza ciudadana y promover un gobierno más ético y responsable que dignifique la carrera del servicio público.

Establece que la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones debe ser considerada como un elemento esencial del Estado Mexicano para poner al servicio de la ciudadanía diferentes herramientas tecnológicas, para que de una manera inmediata ejerzan y exijan sus derechos. El objetivo es poner la tecnología al servicio del pueblo de México.

De igual forma, pretende inscribir el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE) a la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de facilitar su ámbito de actuación.

En cuanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores plantea reformas para asegurar una mayor presencia de México en foros internacionales, reafirmando el compromiso de nuestro país como un líder global y un socio clave en la solución de desafíos internacionales.

Respecto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, busca que se encargue de formular y conducir la política nacional en materia de residuos sólidos y de economía circular, en coordinación con las instancias que correspondan; regule, autorice y vigile las actividades forestales productivas, así como que coordine programas de conservación, aprovechamiento sostenible y restauración de los suelos forestales y sus ecosistemas.

En lo que concierne a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural plantea actualizar de forma integral y homogénea el marco jurídico de actuación de la Secretaría, el cual no ha sido actualizado de manera integral desde 1976, así como fortalecer sus atribuciones, al incluir de manera clara la soberanía alimentaria como eje rector de agricultura, y adicionar facultades para producir y comercializar semillas, además de emitir Normas Oficiales Mexicanas del sector agroalimentario.

Los cambios en la Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes plantean que tenga facultades para alinearse a la visión transformadora.

En la Secretaría de Salud busca consolidar su rectoría en la política nacional en materia de salud pública, asistencia social, atención a la salud y salubridad, lo que permitirá coordinar, concentrar y unificar las acciones y esfuerzos de las instituciones prestadoras de servicios de salud para la transformación del sistema de salud identificando factores de riesgo, promoviendo la prevención universal de enfermedades y proporcionando atención oportuna y de calidad.

Sobre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, busca reformarla para precisar el término de “normatividad agraria” e “institución de las leyes agrarias”, lo que permitirá distinguir la Ley Agraria, sus reglamentos y demás disposiciones, reforzar su facultad de asesorar a las entidades federativas y municipios en la modernización y vinculación informativa de sus registros públicos de propiedad y sus catastros, así como diseñar y apoyar los proyectos de modernización de los mismos.

También, incluir el desarrollo comunitario y fortalecer los instrumentos para identificar zonas de alto riesgo ante fenómenos naturales para su prevención y mitigación, en colaboración con la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Designa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lugar de la Secretaría de la Función Pública, como la encargada de establecer disposiciones de carácter general sobre el modelo organizacional y de operación de las unidades de administración y finanzas de las dependencias y de las entidades paraestatales.