Debate Pleno del Senado de la República resolución de la SCJN sobre renovación del Poder Judicial

* Se analizará el tema de la estrategia de seguridad pública

* El presidente de la JUCOPO informó también que la siguiente semana se votará la ratificación de 12 altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

El Diputado Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), informó que el próximo lunes los coordinadores de los grupos parlamentarios sostendrán una reunión de trabajo con el Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

La reunión --detalló-- será para analizar el tema de la estrategia de seguridad pública y las reformas planteadas al artículo 21 de la Constitución, “y si funciona bien, será posible que la repitamos con otros altos funcionarios para que la JUCOPO, de manera directa, tenga diálogo e intercambio de opiniones, preguntas, respuestas y aclaraciones de su responsabilidad”.

También informó que ayer miércoles la Cámara de Diputados recibió comunicación de la Presidencia de la República, relativa a la ratificación de 12 altos funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre ellos el Titular de esa dependencia, Rogelio Ramírez de la O.

“Este documento nos llegó ayer por la tarde, y hoy estamos turnándolo a comisiones, para que dictaminen y poderlo discutir, en el caso de que así sea necesario, el martes en el Pleno”, anunció.

Comentó que si el secretario de Hacienda es ratificado por la Cámara de Diputados, es probable que el miércoles acuda para su toma de protesta, y el viernes regrese para la entrega del Paquete Económico 2025.

Los funcionarios que se proponen para su ratificación son: Édgar Abraham Amador Zamora, como Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y Antonio Martínez Dagnino, como Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Asimismo, Bertha María Elena Gómez Castro, como Subsecretaria de Egresos; Grisel Galeano García, como procuradora Fiscal de la Federación; Gari Gevijoar Flores Hernández González, como Administrador General de Recaudación; Amelia Guadalupe de León Ortega, como Administradora General de Auditoría Fiscal Federal, y Ricardo Carrasco Varona, como Administrador General Jurídico,

También, Armando Ramírez Sánchez, como Administrador General de Grandes Contribuyentes del SAT; María del Carmen Bonilla Rodríguez, como Titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de Hacienda; Fernando Renoir Baca Rivera, como Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, y Pablo Gómez Álvarez, como Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Monreal Ávila Informó que la próxima semana el Pleno de la Cámara de Diputados discutirá y, en su caso, aprobará tres dictámenes de reformas constitucionales en materias de bienestar animal, ampliación del catálogo de delitos graves y extinción de organismos autónomos.

Sobre el último tema, dijo que ha sostenido reuniones con funcionarias y funcionarios de esos organismos autónomos “y lo voy a seguir haciendo todos estos días para escucharlos y atenderlos”.

También, abundó, “tenemos la semana próxima el cómputo y la declaratoria de constitucionalidad de la reforma aprobada en materia de igualdad sustantiva, y también tenemos Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que está ya en proceso de dictaminación en las comisiones”, finalizó.

Cámara de Diputados recibe iniciativa presidencial que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

* Crea la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

* Modifica la denominación de Secretaría de la Función Pública por Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

La Cámara de Diputados recibió hoy de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Secretaría de las Mujeres, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y modifica la denominación de Secretaría de la Función Pública por Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

El documento, remitido al Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Sergio Gutiérrez Luna, por medio de la Secretaría de Gobernación, establece entre otros cambios, el sustituir el término presidente de los Estados Unidos mexicanos por la persona titular del Ejecutivo Federal.

La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria, señala que con la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el Estado garantizará la definición, articulación y coordinación de las estrategias con diversas secretarías en materia de investigación humanística y científica del país.

Esa sinergia permitirá potenciar proyectos innovadores que establecerán agendas de investigación prioritaria para incidir en el entendimiento y búsqueda de soluciones a los retos nacionales en materia de salud, energía, agua, alimentación, seguridad humana, vivienda, educación y cultura, entre otros, añade.

Establece la transformación del Instituto Nacional de las Mujeres por la Secretaría de las Mujeres, lo que permitirá una mejora en el rango institucional, estructural y operativo, y abonar de manera más efectiva las violencias y desigualdades históricas y estructurales que enfrentan las mujeres en México; es decir, ampliar y fortalecer las atribuciones que tenía el InMujeres para dotar a la nueva Secretaría de las herramientas adecuadas para alcanzar sus objetivos.

Modifica la denominación de la Secretaría de la Función Pública por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, concepción que abarca la tarea de prevención, detección y sanción de actos de corrupción, con lo que se da mayor enfoque a los procesos y controles que la misma realizará y que aseguran la eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez del servicio público, fundamental para garantizar la confianza ciudadana y promover un gobierno más ético y responsable que dignifique la carrera del servicio público.

Establece que la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones debe ser considerada como un elemento esencial del Estado Mexicano para poner al servicio de la ciudadanía diferentes herramientas tecnológicas, para que de una manera inmediata ejerzan y exijan sus derechos. El objetivo es poner la tecnología al servicio del pueblo de México.

De igual forma, pretende inscribir el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE) a la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de facilitar su ámbito de actuación.

En cuanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores plantea reformas para asegurar una mayor presencia de México en foros internacionales, reafirmando el compromiso de nuestro país como un líder global y un socio clave en la solución de desafíos internacionales.

Respecto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, busca que se encargue de formular y conducir la política nacional en materia de residuos sólidos y de economía circular, en coordinación con las instancias que correspondan; regule, autorice y vigile las actividades forestales productivas, así como que coordine programas de conservación, aprovechamiento sostenible y restauración de los suelos forestales y sus ecosistemas.

En lo que concierne a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural plantea actualizar de forma integral y homogénea el marco jurídico de actuación de la Secretaría, el cual no ha sido actualizado de manera integral desde 1976, así como fortalecer sus atribuciones, al incluir de manera clara la soberanía alimentaria como eje rector de agricultura, y adicionar facultades para producir y comercializar semillas, además de emitir Normas Oficiales Mexicanas del sector agroalimentario.

Los cambios en la Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes plantean que tenga facultades para alinearse a la visión transformadora.

En la Secretaría de Salud busca consolidar su rectoría en la política nacional en materia de salud pública, asistencia social, atención a la salud y salubridad, lo que permitirá coordinar, concentrar y unificar las acciones y esfuerzos de las instituciones prestadoras de servicios de salud para la transformación del sistema de salud identificando factores de riesgo, promoviendo la prevención universal de enfermedades y proporcionando atención oportuna y de calidad.

Sobre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, busca reformarla para precisar el término de “normatividad agraria” e “institución de las leyes agrarias”, lo que permitirá distinguir la Ley Agraria, sus reglamentos y demás disposiciones, reforzar su facultad de asesorar a las entidades federativas y municipios en la modernización y vinculación informativa de sus registros públicos de propiedad y sus catastros, así como diseñar y apoyar los proyectos de modernización de los mismos.

También, incluir el desarrollo comunitario y fortalecer los instrumentos para identificar zonas de alto riesgo ante fenómenos naturales para su prevención y mitigación, en colaboración con la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Designa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lugar de la Secretaría de la Función Pública, como la encargada de establecer disposiciones de carácter general sobre el modelo organizacional y de operación de las unidades de administración y finanzas de las dependencias y de las entidades paraestatales.

Respalda Senado reforma para que SEMAR coadyuve en protección de instalaciones estratégicas

• También se avaló proyecto de decreto para que el INEGI emita mapa oficial de la República Mexicana que incluya zonas marinas. 

La Cámara de Senadores aprobó una reforma para que a la Secretaría de Marina también le corresponda coadyuvar en la vigilancia y protección de las instalaciones estratégicas y prioritarias del país, vinculadas al desarrollo nacional.

El dictamen, que modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica de la Armada de México, fue aprobada en lo general con 42 votos a favor, 32 en contra y dos abstenciones.  

El proyecto también establece que a dicha dependencia federal le corresponde construir, reconstruir y conservar, las obras portuarias “que requiera el interés nacional en áreas estratégicas y prioritarias vinculadas al desarrollo marítimo”.

Además, plantea la creación de Estaciones Navales de Protección y Vigilancia, las cuales serán la infraestructura establecida en las áreas estratégicas y prioritarias para el apoyo de las operaciones.

La Presidenta de la Comisión de Marina, Verónica Martínez García, presentó el proyecto. Dijo que estas reformas tienen el propósito dotar a la Secretaría de Marina de un marco legal para continuar con sus tareas con eficacia y eficiencia. 

Agregó que el proyecto, que proviene de una minuta, busca que dicha Secretaría lleve a cabo la vigilancia de áreas estratégicas, vinculadas al desarrollo marítimo nacional, por medio de Estaciones Navales de Protección y Vigilancia en dichas áreas.

Además, de que se pretende aprovechar la posición geoestratégica del Istmo de Tehuantepec y competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de transporte.

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, su presidente, el Senador Rafael Espino de la Peña, coincidió en que estas reformas proporcionan el marco legal, para que la Secretaría cumpla con su responsabilidad de forma eficiente y transparente. 

“Como país, debemos aprovechar nuestras ventajas geográficas, para asegurar un mejor futuro para los mexicanos. Estas modificaciones pretenden mantener una regularidad jurídica y darle atribuciones a la Secretaría de Marina y a la Administración Pública Federal. 

En tanto, el Senador Damián Zepeda Vidales, del PAN, presentó una reserva para eliminar la redacción del artículo 30 del dictamen, pues consideró que con esta reforma se respaldan las acciones del gobierno de “estar sacando” de sus principales funciones al Ejército y a la Marina, “para encargarles cosas que tiene que ver con cuestiones civiles”. 

Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la Asamblea, con 40 votos a favor de mantener la redacción original del proyecto y 31 en contra, por lo que, una vez aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen se remitió al Ejecutivo Federal. 

Además, la Asamblea aprobó una reforma para que el Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente emita un mapa oficial de la República Mexicana, que incluya las zonas marinas mexicanas.

Lo anterior, conforme a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Mar; además, dicho mapa será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

El proyecto, que recibió 82 votos a favor y se remitió al Ejecutivo Federal, plantea que las autoridades competentes en materia de límites territoriales proporcionarán al INEGI la información necesaria para la elaboración del mapa. 

La Senadora Verónica Martínez García, del PRI, subrayó que en la página oficial del INEGI existen mapas referentes a los diferentes elementos que conforman el territorio nacional, pero no hay un mapa oficial que incluya las zonas marítimas mexicanas, las aguas marinas interiores, la zona contigua, la plataforma continental y las plataformas insulares el mar territorial y la zona económica exclusiva.

El Senador Rafael Espino de la Peña, de MORENA, dijo que es necesario contar con un mapa oficial que refleje de manera precisa la delimitación de estas zonas marinas mexicanas, para una mejor administración por parte de la Marina Armada de México.

Plantean reformas para que edificios públicos se equipen con sistemas de cosecha de agua pluvial

• También, se instalen paneles solares con la finalidad de generar energía eléctrica para el bombeo del agua.
• La diputada Leticia Zepeda Martínez (PAN) presentó iniciativa que modifica diversas leyes en la materia.

La diputada Leticia Zepeda Martínez (PAN) propuso reformar diversas leyes con el objetivo de que se instalen en los edificios públicos sistemas de captación de agua de lluvia, para apoyar la cobertura de agua potable. 

La iniciativa, que busca adicionar el artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, plantea establecer que los edificios públicos de los tres órdenes de gobierno se equipen con sistemas de cosecha de agua pluvial, los cuales se entenderán como el equipamiento que utilizará tecnologías y mecanismos para captar, almacenar, bombear y dar tratamiento al agua de lluvia, con la finalidad de darle diversos usos. 

Asimismo, reforma los artículos 16 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para señalar que, en cuanto al equipamiento de las instalaciones de las Secretarías, se deberá contemplar como obligación de los titulares el acondicionar y equipar los edificios públicos con sistemas de cosecha de agua de lluvia para su aprovechamiento y reutilización. 

De la misma forma, todos los edificios públicos deberán ser equipados con paneles solares con la finalidad de generar energía eléctrica para el bombeo del agua, reduciendo los costos de consumo de estas instalaciones. La energía solar acumulada también se podrá utilizar para la operación de los edificios. Los procedimientos para la instrumentación de esta disposición se establecerán en el reglamento que se emita para ese fin. 

También indica que los organismos descentralizados -entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios- deberán acondicionar y equipar los edificios públicos en los que se establezcan para el despacho de sus asuntos, con sistemas de cosecha de agua de lluvia para su aprovechamiento y reutilización. 

Además, modifica el artículo 30 de la Ley General de Cambio Climático, para precisar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, las entidades federativas y los municipios, promoverán el aprovechamiento sustentable de las fuentes superficiales y subterráneas de agua, así como programas de captación de agua de lluvia, lo que incluye los bienes inmuebles de servicio público. 

El documento, remitido a las comisiones de Gobernación y Población, de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, y de Cambio Climático y Sostenibilidad, resalta que el agua es un recurso imprescindible en el mantenimiento de los ecosistemas, pero sobre todo es un derecho esencial para la vida y la dignidad de los seres humanos. 

Afirma que la garantía del suministro de agua en cantidad y en calidad suficientes es fundamental para el desarrollo de la sociedad y para la lucha contra la pobreza y las enfermedades. El carácter transversal del agua hace que sea un recurso básico para el desarrollo sostenible a nivel económico, social y ambiental. 

Sostiene que la principal preocupación es el aprovechamiento correcto del agua en estos edificios, apoyando al suministro de los servicios de agua potable. La reforma aportará a mejorar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica de nuestro país. 

“Al expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con energía limpia en los edificios públicos de nuestro país, se podrá avanzar en el objetivo crucial que puede estimular el crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente”, puntualiza.