Destacan en Congreso Local beneficios de transferir la COPRISEM a ISEM

*Actualmente la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM) es un organismo descentralizado del gobierno estatal y está sectorizado a la Secretaría de Salud

*La reforma plantea que la COPRISEM sea una unidad administrativa del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM)

*Resaltan congresistas que la reforma busca eficiencia administrativa y certeza jurídica para la protección de riesgos sanitarios, y protege los derechos de las personas trabajadoras

La Diputada Jennifer Nathalie González López (MORENA), Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social de la LXII Legislatura mexiquense, afirmó que brindar certeza jurídica, optimizar los recursos públicos y avanzar en la atención integral de la población es el objetivo de la iniciativa para que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM) cambie su naturaleza jurídica de organismo público descentralizado a unidad administrativa del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

En reunión de análisis de la propuesta de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, diputadas, diputados y personas funcionarias del sector salud subrayaron que las reformas mantienen intactos los derechos laborales del personal de la COPRISEM, no afectan el presupuesto asignado y fortalecen la eficiencia en la tarea de garantizar que los productos y servicios cumplan con los estándares de calidad y seguridad, incluida la regulación y supervisión de la producción, distribución y comercialización de alimentos, medicamentos, cosméticos y otros artículos.

El Legislador Edmundo Luis Valdeña Bastida (MORENA) resaltó la relevancia de la Comisión en aspectos de protección a la salud pública, regulación y supervisión, fomento de la competencia y protección de la y el consumidor, por lo que es importante darle certeza jurídica con las modificaciones legales que garantizan que los derechos laborales de sus integrantes estén salvaguardados, y no se afecte el presupuesto asignado al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

En su oportunidad, la Diputada Lilia Urbina Salazar (PRI) indicó que la COPRISEM ha actuado durante seis años sin reglamento interno propio, por lo que preguntó por la razón para detonar el proceso legislativo, cuya naturaleza y aprobación es más compleja, en lugar de emitir la reglamentación administrativa para regularizar su descentralización.

También, pidió aclarar cómo afectará el recorte presupuestal al ISEM en 2025 en las funciones de protección contra riesgos sanitarios y cuestionó por qué reducir supuestos de clausura de establecimientos y qué acciones adoptarán para no poner en riesgos los derechos laborales de las personas trabajadoras.

Al respecto, Benjamín Roberto Vera Sánchez, asesor y encargado del Área Jurídica de la Coordinación de Regulación Sanitaria, explicó que, si bien el decreto para su creación determinaba un término para la emisión de un reglamento interno, la Secretaría de Finanzas estableció una ruta para la descentralización y no se materializaron las gestiones, aunado a que el sistema federal sanitario determinó que la del Estado de México es la única comisión que tiene naturaleza jurídica como organismo público descentralizado.

Añadió que es trascendente que la COPRISEM pase a ser una unidad administrativa, porque la creación de un organismo implica generar unidades como el órgano interno de control, la unidad jurídica y consultiva, así como la de información, planeación, programación y evaluación, lo cual impacta en temas presupuestales, por lo que con la reforma se aprovecha la estructura y se logra austeridad.

Señaló que el presupuesto para la protección de riesgos sanitarios está garantizado por los ramos y las aportaciones establecidas; y explicó que las disminuciones de clausura de establecimientos por permisos sanitarios (como los que hacen traslados de cadáveres) corresponde a trámites que concluyeron en multa.

Además, confirmó que la nómina de la Comisión sigue siendo pagada por el ISEM, por lo que aplicarán las mismas condiciones laborales para la totalidad del personal.

Finalmente, Imelda López Martínez, asesora de la Secretaría de Salud y directora General del ISEM, enfatizó que todo el personal tendrá las mismas condiciones laborales y que el objetivo es la certeza jurídica.

A la reunión también asistieron Gerardo Valdés Martínez, coordinador de Regulación Sanitaria; Julio Ramales Mejía, coordinador jurídico de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la Secretaría de Salud, y Vanthie Rubi Esquivel, asesor jurídico consultivo de la Coordinación de Regulación Sanitaria.

La iniciativa referida plantea reformas al Código Administrativo, la Ley de Eventos Públicos y la Ley que regula los centros de asistencia social y las adopciones, así como la abrogación de la Ley que crea el organismo público descentralizado denominado Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México.

Necesaria, la evaluación legislativa para mejorar calidad de las leyes, coinciden especialistas y senadores

• “En el Senado, tenemos la responsabilidad de legislar con base en evidencia y con una visión a largo plazo”, aseguran senadores

El Senador Navor Alberto Rojas Mancera, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, aseguró que introducir la evaluación del impacto legislativo al Congreso mexicano traerá más beneficios que riesgos, porque permitirá una mayor transparencia en el quehacer legislativo, lo que fortalecerá la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones.

Al inaugurar el Foro “Herramientas de Evaluación de impacto Legislativo en el Senado, medir y mejorar”; Rojas Mancera explicó que habilidades como esta coadyuvan en el fortalecimiento del trabajo de senadores y diputados, así como en la mejora continua de las funciones como representantes del pueblo y del pacto federal.

Además, agregó, fomentará una cultura de rendición de cuentas, donde cada ley y cada reforma se analizarán rigurosamente, en función de beneficios y retos, y al mismo tiempo, nos proporcionará datos valiosos para tomar decisiones más informadas optimizando así los recursos y esfuerzos de todo el Congreso.

Sin embargo, el legislador de MORENA reconoció que la implementación de estas evaluaciones implica desafíos por la complejidad de los procesos legislativos, la diversidad de temas que se abordan y la necesidad de contar con herramientas y personal capacitado.

No obstante, Navor Rojas señaló que es imperativo superar la “resistencia del cambio” que pueda existir dentro de las propias filas de los grupos parlamentarios, por lo que consideró que la adopción de un modelo de evaluación de impacto legislativo requiere de una firme voluntad política y el compromiso de todos y todas las legisladoras.

“Es crucial que, ante el umbral de una nueva legislatura, los y las integrantes del Congreso se familiaricen con este modelo de evaluación, no sólo como una metodología adicional, sino como una práctica esencial de su labor. Sólo así podremos garantizar que las leyes que promulgamos no sólo cumplan con su propósito inicial, sino que generen beneficios tangibles y sostenibles para todos los mexicanos”.

Estas herramientas, indicó, no sólo nos ayudarán a identificar áreas de mejora, sino que también nos permitirán demostrar la transparencia y la eficacia de nuestro trabajo ante la ciudadanía, porque en el Senado tenemos la responsabilidad de legislar con base en evidencia y con una visión a largo plazo.

Por su parte, el Senador de MORENA, Gilberto Herrera Ruiz, promovente de la iniciativa que evalúa el impacto legislativo en los trabajos del Senado, calificó como “de vital” importancia que se implemente esta medida, ante la crisis que se está registrando en el Congreso por el exceso de leyes de baja importancia que se presentan.

Dijo que se debe discutir sobre la crisis de imagen y credibilidad en la que se encuentran los legisladores, en la cual se enfrentan a la desconfianza ciudadana y la idea equivocada que son más productivos quienes presentan mayor número de iniciativas, aunque se deje de lado la trascendencia de los temas que abordan y los alcances que en verdad tienen sus planteamientos.

Silvia Matallana Villegas, Investigadora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, detalló que entre los aspectos que afectan la calidad de las leyes está la “hiperlegislación”, que se ocasiona porque cada vez se aprueban más leyes que no tienen un impacto significativo en las políticas públicas ni en la sociedad.

“Como ejemplo basta mencionar que de 1985 al 2015 el promedio de iniciativas por legislador creció más de dos mil 500 por ciento. En la LVII Legislatura se presentaron 667 iniciativas y se aprobaron 144; mientras que en la LXIV se presentaron 11 mil 74, de las cuales, sólo 650 se aprobaron”, afirmó.

Eduardo Bohórquez López, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, destacó la necesidad de pasar a la democracia participativa y dejar de lado la democracia de audiencias, es decir que los representantes populares presenten sólo las iniciativas que de verdad contribuyan a mejorar las políticas públicas, en vez de usarlas como lucimiento personal.