En el Congreso mexiquense avanzan reformas para proteger el ‘Patrimonio Natural y Biocultural’

• La Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático del Congreso local aprobó la iniciativa de la Diputada Susana Estrada (MORENA), para dotar de certeza legal a autoridades para proteger los recursos ambientales.
• El dictamen incluye la propuesta del Grupo Parlamentario del PVEM para reconocer, conservar y fomentar el uso sostenible del ‘Patrimonio Natural y Biocultural del Estado de México’ como base para el desarrollo sostenible, la justicia ambiental y la equidad intergeneracional.

La Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático del Congreso mexiquense aprobó iniciativas presentadas por separado por la Diputada Susana Estrada Rojas (MORENA) y el Grupo Parlamentario del PVEM, para incluir la figura de ‘Patrimonio Natural y Biocultural’ en la legislación, y brindar certeza legal para su protección, ampliar el catálogo de espacios naturales protegidos y fortalecer la prevención, conservación y restauración de estas áreas; además de reconocer, conservar y fomentar el uso sostenible de estos recursos.

Al destacar la relevancia de su reforma para modificar el Código para la Biodiversidad Estatal, la Legisladora Susana Estrada compartió que en la entidad hay 97 áreas naturales protegidas (que abarcan más de 987 mil 500 hectáreas), muchas de las cuales están resguardadas bajo términos genéricos y supuestos, lo cual, aseguró, es insuficiente para proteger la biodiversidad, los ecosistemas y los servicios ambientales. 

En la reunión, presidida por el Diputado Carlos Alberto López Imm (PVEM), quien agradeció la coordinación con quienes integran la Comisión (particularmente con MORENA y la Diputada Susana Estrada), para concretar el dictamen, se explicó que la reforma establece el reconocimiento, conservación y uso sostenible del ‘Patrimonio Natural y Biocultural del Estado de México’, como base para el desarrollo sostenible, justicia ambiental y equidad intergeneracional.

El documento puntualiza que este patrimonio está constituido por los ecosistemas, paisajes, especies, saberes tradicionales, prácticas culturales y expresiones materiales o inmateriales que, en conjunto, reflejan una relación histórica, ecológica y espiritual entre las comunidades humanas y su entorno. La reforma armonizará la legislación local con los tratados internacionales y las leyes federales para asegurar un enfoque integral en la protección del medio ambiente.

El dictamen, con el que también se modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, indica que las Secretarías del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Cultura y Turismo, y los ayuntamientos, promoverán la gestión comunitaria de este patrimonio, así como la transmisión intergeneracional de los saberes asociados a su conservación. 

En tanto que la alteración grave, destrucción o aprovechamiento ilegal de los elementos señalados será sancionada conforme a lo establecido en el Código y demás disposiciones aplicables, que consideran apercibimiento, amonestación o multa; clausura temporal o definitiva, total o parcial; arresto administrativo hasta por 36 horas; la incautación de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados con infracciones relativas a recursos forestales o especies de flora y fauna silvestre; la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes o la reparación del daño y deterioro ambiental.

Al respecto, la Diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez (MORENA) reconoció las iniciativas porque colocan al ‘Patrimonio Natural y Biocultural’ en el centro de la visión orientada al desarrollo sustentable, a fin de proteger los ecosistemas y paisajes, y valorar el conocimiento ancestral y las prácticas tradicionales de los pueblos originarios. 

Finalmente, la Legisladora María del Carmen de la Rosa Mendoza (MORENA) consideró imprescindible que el Congreso mexiquense otorgue la certeza jurídica necesaria para salvaguardar el patrimonio natural, en concordancia con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029. En particular, destacó la importancia de preservar los recursos ambientales de Nezahualcóyotl y agradeció la inclusión de sus aportaciones a las iniciativas.

Destacan en Congreso Local beneficios de transferir la COPRISEM a ISEM

*Actualmente la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM) es un organismo descentralizado del gobierno estatal y está sectorizado a la Secretaría de Salud

*La reforma plantea que la COPRISEM sea una unidad administrativa del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM)

*Resaltan congresistas que la reforma busca eficiencia administrativa y certeza jurídica para la protección de riesgos sanitarios, y protege los derechos de las personas trabajadoras

La Diputada Jennifer Nathalie González López (MORENA), Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social de la LXII Legislatura mexiquense, afirmó que brindar certeza jurídica, optimizar los recursos públicos y avanzar en la atención integral de la población es el objetivo de la iniciativa para que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM) cambie su naturaleza jurídica de organismo público descentralizado a unidad administrativa del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

En reunión de análisis de la propuesta de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, diputadas, diputados y personas funcionarias del sector salud subrayaron que las reformas mantienen intactos los derechos laborales del personal de la COPRISEM, no afectan el presupuesto asignado y fortalecen la eficiencia en la tarea de garantizar que los productos y servicios cumplan con los estándares de calidad y seguridad, incluida la regulación y supervisión de la producción, distribución y comercialización de alimentos, medicamentos, cosméticos y otros artículos.

El Legislador Edmundo Luis Valdeña Bastida (MORENA) resaltó la relevancia de la Comisión en aspectos de protección a la salud pública, regulación y supervisión, fomento de la competencia y protección de la y el consumidor, por lo que es importante darle certeza jurídica con las modificaciones legales que garantizan que los derechos laborales de sus integrantes estén salvaguardados, y no se afecte el presupuesto asignado al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

En su oportunidad, la Diputada Lilia Urbina Salazar (PRI) indicó que la COPRISEM ha actuado durante seis años sin reglamento interno propio, por lo que preguntó por la razón para detonar el proceso legislativo, cuya naturaleza y aprobación es más compleja, en lugar de emitir la reglamentación administrativa para regularizar su descentralización.

También, pidió aclarar cómo afectará el recorte presupuestal al ISEM en 2025 en las funciones de protección contra riesgos sanitarios y cuestionó por qué reducir supuestos de clausura de establecimientos y qué acciones adoptarán para no poner en riesgos los derechos laborales de las personas trabajadoras.

Al respecto, Benjamín Roberto Vera Sánchez, asesor y encargado del Área Jurídica de la Coordinación de Regulación Sanitaria, explicó que, si bien el decreto para su creación determinaba un término para la emisión de un reglamento interno, la Secretaría de Finanzas estableció una ruta para la descentralización y no se materializaron las gestiones, aunado a que el sistema federal sanitario determinó que la del Estado de México es la única comisión que tiene naturaleza jurídica como organismo público descentralizado.

Añadió que es trascendente que la COPRISEM pase a ser una unidad administrativa, porque la creación de un organismo implica generar unidades como el órgano interno de control, la unidad jurídica y consultiva, así como la de información, planeación, programación y evaluación, lo cual impacta en temas presupuestales, por lo que con la reforma se aprovecha la estructura y se logra austeridad.

Señaló que el presupuesto para la protección de riesgos sanitarios está garantizado por los ramos y las aportaciones establecidas; y explicó que las disminuciones de clausura de establecimientos por permisos sanitarios (como los que hacen traslados de cadáveres) corresponde a trámites que concluyeron en multa.

Además, confirmó que la nómina de la Comisión sigue siendo pagada por el ISEM, por lo que aplicarán las mismas condiciones laborales para la totalidad del personal.

Finalmente, Imelda López Martínez, asesora de la Secretaría de Salud y directora General del ISEM, enfatizó que todo el personal tendrá las mismas condiciones laborales y que el objetivo es la certeza jurídica.

A la reunión también asistieron Gerardo Valdés Martínez, coordinador de Regulación Sanitaria; Julio Ramales Mejía, coordinador jurídico de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la Secretaría de Salud, y Vanthie Rubi Esquivel, asesor jurídico consultivo de la Coordinación de Regulación Sanitaria.

La iniciativa referida plantea reformas al Código Administrativo, la Ley de Eventos Públicos y la Ley que regula los centros de asistencia social y las adopciones, así como la abrogación de la Ley que crea el organismo público descentralizado denominado Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México.

Proponen reformas para garantizar protección integral a niñas, niños y adolescentes

• La Diputada De los Santos Flores (PVEM) plantea cambios a los artículos 109 y 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales

La Diputada Casandra Prisilla De los Santos Flores (PVEM) impulsa una iniciativa para establecer en el Código Nacional de Procedimientos Penales que el Ministerio Público aplicará de manera supletoria las medidas urgentes de protección previstas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuando se trate de delitos cometidos en contra de la niñez y adolescencia.

La propuesta de reforma a los artículos 109 y 137, turnada a la Comisión de Justicia, considera importante contar con un marco legal más riguroso, adecuado a las necesidades actuales que garantice una protección real y efectiva a las niñas, niños y adolescentes, adaptándose a las recomendaciones internacionales y a los principios constitucionales que sustentan los derechos de los menores.

Señala que a pesar de que el Código Penal Federal tipifica la violencia sexual como cualquier acto que implique la agresión o abuso hacia una persona sin su consentimiento, y establece penas severas para los agresores, aún existen vacíos legales y dificultades en la implementación de justicia efectiva que requieren modificaciones urgentes para adaptarse a los estándares internacionales de protección infantil.

Agrega que la reforma permitirá definir de manera precisa el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes y garantizar que se cumplan con los principios de taxatividad, claridad normativa y respeto al interés superior de la infancia.

Además, se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con el objetivo de asegurar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir una vida libre de violencia, prejuicios y estereotipos.

De los Santos Flores argumenta que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es uno de los crímenes más devastadores y destructivos que afecta no solo la salud física y emocional de las víctimas, sino que también perpetúa un ciclo de desigualdad, trauma y exclusión que puede durar toda la vida.

Refiere que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) los niños que han sufrido abuso sexual tienen una mayor probabilidad de desarrollar problemas de salud mental, de consumo de sustancias y otros trastornos psicosociales a lo largo de sus vidas.

En tanto, el Sistema de Información de la Fiscalía General de la República (FGR), en 2022 reportó más de 11 mil casos de abuso sexual infantil en el país; no obstante, expertos aseguran que solo una fracción de estos casos son denunciados debido al miedo, la vergüenza y la falta de confianza en el sistema judicial.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que 70 por ciento de los casos de abuso sexual no se denuncian, lo cual refleja la magnitud oculta de este problema.

Subraya que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, especialmente niñas y adolescentes, con fines de explotación sexual y estima que miles de niñas y niños son abusados mediante el turismo sexual y la explotación en la industria del entretenimiento.

En tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó en 2023 más de 6 mil llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual, de las cuales un alto porcentaje involucró a menores de edad.

Ante este panorama, la diputada subraya que es fundamental tomar medidas efectivas para prevenir y erradicar cualquier forma de violencia y abuso sexual en contra de la niñez y adolescencia.

Comisión Permanente declara constitucionales las reformas que prohíben cigarrillos electrónicos, vapeadores y el uso ilícito del fentanilo

• Luego de la recepción de 22 votos aprobatorios de congresos locales, la declaratoria fue remitida al Ejecutivo Federal

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su sesión de este miércoles, declaró adicionados un párrafo quinto al artículo 4º y un párrafo segundo al artículo 5º de la Constitución Política, que prohíben cigarrillos electrónicos, vapeadores y el uso ilícito del fentanilo.

El Senador Gerardo Fernández Noroña (MORENA), en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dijo que una vez realizado el cómputo de votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, se emite el siguiente declaratoria:

“La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara adicionados un párrafo quinto al artículo 4º y un párrafo segundo al artículo 5º de la Constitución Política, en materia de protección a la salud. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales”.

Previamente, la Secretaria de la Mesa Directiva, Diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT), leyó comunicación del Senado de la República y dio fe del cómputo de votos aprobatorios de la minuta con proyecto de decreto.

Informó que se recibieron 22 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

Con las reformas constitucionales, se establece que, para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.

Además, queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra de las actividades que refiere el párrafo quinto del artículo 4º anterior.

Avalan en comisiones del Senado de la República reformas a la Ley Aduanera

* Las modificaciones son en materia de agentes aduanales independientes

Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos aprobaron con 12 votos a favor y dos abstenciones, reformas a la Ley Aduanera en materia de agentes aduanales independientes.

El Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, detalló que la reforma es para adicionar al artículo 163, fracción séptima de la Ley Aduanera, sobre los agentes aduanales independientes que se encuentran en una situación desigual con relación a la agencia aduanal, ya que no pueden proponer un sustituto para que sea evaluado en caso de retiro voluntario, fallecimiento o incapacidad permanente.

Dijo que con el marco normativo vigente y con la ausencia del agente aduanal, los trámites se ven interrumpidos al no contar con una persona autorizada que dé continuidad a los trabajos, por ello se establece que el agente aduanal independiente pueda proponer a una persona que sea evaluada por el Servicio de Administración Tributario (SAT), para que lo sustituya por retiro voluntario, fallecimiento o incapacidad permanente.

Ochoa Fernández refirió que con esta reforma se salvaguarda el principio por el que la patente de agente aduanal es personal e intransferible, y permite que los mejores aspirantes y quienes obtengan los mejores resultados mantengan la patente, además, establece que el aspirante que obtenga la patente no podrá, a su vez, designar a otra persona física por retiro voluntario, fallecimiento o incapacidad permanente, ni ser designado por dos o más agentes aduanales al mismo tiempo.

Especificó que, con estas modificaciones a la Ley Aduanera, se reconoce el derecho del agente aduanal a retirarse de manera voluntaria cuando acredite que la patente tiene una antigüedad de 25 años, o bien, que haya alcanzado la edad de 65 años.

Waldo Fernández González, por el PVEM, dijo que este dictamen moderniza la figura del agente aduanal, el cual desempeña una función crucial, dado que facilita el flujo de mercancía y garantiza el cumplimiento de las regulaciones fiscales, por lo que tendrá un impacto positivo en la economía del país, además de introducir un derecho innovador y permitir la profesionalización del sector.

Por el PRI, Carolina Viggiano Austria, afirmó que si bien votarán a favor, es importante decir que la figura aduanal ha sida mal usada, por eso es trascendental que los requisitos sean rigurosos en cuanto a que sean personas técnicas, confiables, calificadas, para que pueden cumplir con los compromisos internacionales que tiene el país, “no debemos dar cheques en blanco”.

Del PAN, Gustavo Sánchez Vázquez, aseveró que, al estar México inmerso en un movimiento transfronterizo, la función del agente aduanal es fundamental, por lo que es importante darles un trato igualitario a los agentes independientes comparados con las agencias aduanales, a fin de que la economía continúe en movimiento.

De MORENA, Nora Ruvalcaba Gámez, indicó que esta reforma no es un “pase automático” a los agentes aduanales sustitutos, por el contrario, se trata de fortalecer la tarea de garantizar la continuidad de las funciones aduanales, a fin de que quienes operan en el comercio exterior, dispongan de herramientas necesarias para aprovechar los beneficios de los acuerdos comerciales y contribuir a la economía nacional.

Inicia trabajos la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados

* La preside el Diputado Arturo Olivares Cerda (MORENA)

* Al emitir la declaratoria de instalación, dijo que se legislará para mejorar y actualizar la cobertura de los servicios de salud

Este lunes quedó formalmente instalada la Comisión de Seguridad Social, presidida por el Diputado Arturo Olivares Cerda (MORENA), quien resaltó que en esta instancia legislativa se propondrán y discutirán “iniciativas de gran calado para la protección social de las y los ciudadanos”.

La seguridad social, afirmó, es un derecho humano que asegura la dignidad de cada ciudadano, protegiéndolo ante situaciones de enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, desempleo y retiro laboral. “Es esencial comprender que legislar en materia de seguridad social significa mejorar y actualizar la cobertura de los servicios de salud”.

Subrayó que se vive un contexto de creciente demanda en atención médica y salud pública, donde millones de personas dependen del IMSS y del ISSSTE para recibir dicha cobertura; sin embargo, “sin leyes que garanticen recursos suficientes, infraestructura moderna y personal capacitado, estos servicios se vuelven insuficientes y desiguales”.

Esta Comisión, agregó, juega un papel fundamental en la construcción de leyes, políticas y reformas que garanticen el blindaje social de las y los trabajadores y sus familias; se promoverán acciones tendientes a regular el buen funcionamiento de las instituciones de salud, se evaluarán y propondrán reformas que fortalezcan el sistema de seguridad social y hagan viable su sostenimiento para garantizar el acceso a servicios de calidad.

Asimismo, dijo, es esencial contar con leyes que aseguren una adecuada financiación de los servicios de salud y con reglas claras que permitan a las instituciones operar eficientemente. “Discutiremos los cambios necesarios para actualizar los sistemas de pensiones y jubilaciones”.

Diputadas y diputados

El Diputado Fernando Mendoza Arce (MORENA) afirmó que dentro de las prioridades están legislar sobre la protección de las familias ante la pérdida de ingresos, ya que las afores no prevén un esquema de retribución sostenible a quien de manera inesperada pierde a la persona que es el sustento de la familia. También, la incorporación de personas que hoy laboran en sectores informales. “Tenemos el compromiso de hacer realidad que todos tengan garantizado el derecho a la salud, asistencia médica y protección de medios de subsistencia”.

Del PVEM, la Diputada Celia Esther Fonseca Galicia se comprometió a fortalecer el sistema de pensiones, mejorar el de salud y modernizar la seguridad social. Consideró fundamental garantizar que los adultos mayores, personas con discapacidades especiales, niñas y niños en situación de pobreza y desigualdad, tengan acceso a servicios de seguridad social. “Debe ser nuestra tarea asegurar que los sistemas de protección social sean inclusivos, equitativos y efectivos”.

La Diputada Claudia Quiñones Garrido (PAN) sostuvo que la seguridad social es un tema de gran interés para todas y todos, ya que su correcta implementación es clave para atender las necesidades de las y los mexicanos y fortalecer las bases institucionales que permitan brindarles un mayor bienestar. “Debemos analizar cuál es el sistema más adecuado para el futuro del país, uno que no afecte las finanzas públicas pero que asegure los bienes, servicios y prestaciones de las y los trabajadores”

Por el PT, el Diputado Amarante Gonzalo Gómez Alarcón resaltó que la seguridad social representa uno de los pilares de la protección de derechos, bienestar y desarrollo de la sociedad. Y se tiene la oportunidad y responsabilidad de construir políticas que no sólo aborden las necesidades actuales, sino que también anticipen los desafíos futuros y garanticen la estabilidad de las instituciones de seguridad y asistencia social. “Aún existen desafíos como el asegurar una sostenibilidad del sistema de pensiones, ampliar la cobertura de salud a la población informal y mejorar la calidad de los servicios”.

El Diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez (PRI) planteó trabajar en perfeccionar los ordenamientos legales que sustentan el sistema de seguridad social, por lo que propondrán mecanismos que garanticen que las y los mexicanos tengan acceso digno a la salud, vivienda y pensiones, así como mejorar las condiciones de trabajo, ampliar la cobertura y acceso a la seguridad social. “Creemos que la seguridad social debe evolucionar en prestaciones y beneficios”.

Del PAN, el Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba dijo que su grupo parlamentario se sumará al trabajo de la Comisión, para lo cual entregó al Diputado Olivares Cerda un plan de trabajo. “Queremos entregarle el plan de trabajo que estaremos sumando junto con las acciones que ustedes propongan para la siguiente Legislatura”.

Gilberto Daniel Castillo García, Diputado de MORENA, enfatizó que la seguridad social va más allá de la asistencia médica por enfermedades en nuestro país. “Esta institución ampara los riesgos de trabajo, la maternidad en cuanto a la atención médica y pago de incapacidades, declaración de invalidez, jubilaciones y pensiones; guardería, vivienda y una diversidad de prestaciones sociales de subsistencia. Por ello, se pronunció por perfeccionar los ordenamientos legales y proponer mecanismos que salvaguarden su acceso de manera digna.

En tanto, la Diputada Sandra Beatriz González Pérez (MORENA) indicó que la Comisión es un espacio donde se reafirma su responsabilidad y compromiso con el bienestar de las y los mexicanos. “Nuestra prioridad es clara: trabajar por un México más justo en el que las condiciones de trabajo y el acceso a la seguridad social sean verdaderamente dignos y accesibles para todos y todas”. Manifestó su compromiso de fortalecer iniciativas que garanticen acceso a servicios de atención médica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación.

Hilda Magdalena Licerio Valdez, Diputada del PVEM, se pronunció por impulsar políticas que amplíen y mejoren la cobertura y calidad de los servicios de seguridad social en cuanto a salud, vivienda, pensiones y prestaciones. Agregó que un sistema robusto es la base de una sociedad justa, inclusiva y resiliente. “Trabajemos juntos sin importar partidos ni colores para garantizar que cada mexicano tenga la certeza de que su seguridad está resguardada”.

La Diputada María Magdalena Rosales Cruz (MORENA) destacó que es fundamental homologar los salarios porque no se puede seguir con la disparidad que no motiva a los trabajadores; también es relevante analizar las pensiones, el pago de vacaciones y aguinaldos. “Tenemos que apuntar a la normatividad de las instituciones y trabajar en ello. Creo que hay consenso en los diputados de diferentes partidos de que se revise la normatividad de las instituciones del país”.

A su vez, la Diputada Cindy Winkler Trujillo (PVEM) consideró que se tiene la oportunidad de ayudar a los más vulnerables en los ámbitos de salud, bienestar, desempleo, enfermedad y vejez. Destacó la importancia de abordar el tema de las pensiones, que es el patrimonio de todos los mexicanos y las mexicanas y “donde se requiere toda nuestra atención y profesionalismo, pues representa garantizar el nivel de vida adecuado y digno para todos los adultos mayores”.

La Cámara de Diputados actuará institucionalmente para aprobar leyes y reformas que limiten los excesos y abusos de cualquier Poder: Ricardo Monreal

• El Presidente la JUCOPO afirma que en la integración del Comité de Evaluación de aspirantes a cargos de personas juzgadoras se buscó cumplir con los requisitos que la ley establece

El Diputado Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), afirmó que en la Cámara de Diputados se actuará institucionalmente para aprobar “leyes y reformas que limiten los excesos y los abusos del Poder Judicial y de cualquier otro Poder contra la ciudadanía”.

“Estamos en ese proceso institucional legislativo para poner frenos, límites a cualquier abuso, a cualquier extralimitación, a cualquier invasión que se tenga por ministros contra el Poder Legislativo y violación flagrante de la Constitución”, manifestó en declaraciones a los representantes de los medios de comunicación.

“Se ha actuado con prudencia, y lo importante de lo que está sucediendo es que se realizan cambios profundos de manera pacífica e institucional y que, a pesar de que se ha actuado con mucha prudencia, la decisión democrática de las urnas se va a defender”, agregó.

Asimismo, el Diputado Monreal Ávila abordó el tema de la integración del Comité de Evaluación que determinará la elegibilidad e idoneidad de aspirantes a los cargos de personas juzgadoras, el cual se aprobó este martes, y dijo que se buscó cumplir con los requisitos que la ley establece.

“Lo importante de estos nombramientos es que cumplan los requisitos de ley y los que son los requisitos de ley tienen que aprobarse aquí por la mayoría calificada”, dijo.

También comentó que la renuncia que ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han presentado al Senado de la República, es un acto soberano de ellos, y le corresponderá al Senado revisar ese asunto.

“La renuncia es una hipótesis jurídica que se regula en la Constitución y en la Ley Reglamentaria se permite. Lo que ellos están haciendo es renunciar con efectos para agosto para recibir los haberes, porque los que vengan no van a recibir haberes”, expuso.

Hizo notar que los haberes son la seguridad, los vehículos, las secretarias y los bienes muebles que les proporciona la Suprema Corte, así como secretarios, auxiliares, asesores y recursos como gasolina y servicios médicos que duran toda la vida con ellos después de retirarse.

Finalmente, subrayó que puede darse la hipótesis, como ha pasado en la historia, de que el Senado no acepte las renuncias de las y los ministros. “Y si no la aceptan, se quedarán sin haberes de retiro, y van a estar hasta agosto”.

DIPUTADO RICARDO MONREAL ÁVILA

Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena

Rueda de prensa ofrecida en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

PREGUNTA.- Diputado, renuncian los ministros. ¿Están alarmados o no por esta situación?

RESPUESTA.- A ver, respecto de la renuncia de ministros, que era obvio, porque si no renuncian antes de la fecha que establece la Constitución, no pueden recibir los haberes que cada ministro había venido recibiendo.

¿Qué son los haberes? Los haberes son la seguridad, los vehículos, las secretarias, los bienes muebles que les proporciona la Corte, como secretarios, como auxiliares, como asesores que duran toda la vida con ellos después de retirarse; y recursos, gasolina, servicios médicos. Todo eso son haberes de retiro y si no lo hacen, entonces pudieran no recibir esos haberes. Esto es lo que hay en el fondo.

Ahora, a los que les corresponde revisar y aceptar la renuncia de ellos es el Senado. Puede darse la hipótesis, como ha pasado en la historia, que no la acepten y, si no la aceptan, se quedarán sin haberes de retiro y van a estar hasta agosto.

PREGUNTA.- Pero esto de los haberes de retiro lo establece la reforma que ustedes mismos aprobaron.

RESPUESTA.- Sí, si renuncian; por eso lo están haciendo.

PREGUNTA.- Les dieron plazo.

RESPUESTA.- Si renuncian, esa es la condición y por eso lo están haciendo. Si no renuncian, no tienen posibilidades de los haberes de retiro.

PREGUNTA.- Yo escuché a usted que decía que violaban la Constitución con la renuncia.

RESPUESTA.- ¿Cómo?

PREGUNTA.- ¿Que violaban la Constitución con la renuncia, decía usted?

RESPUESTA.- No. La renuncia es una hipótesis jurídica que se regula en la Constitución y en la Ley Reglamentaria, se permite. Lo que ellos están haciendo es renunciar con efectos para agosto para recibir los haberes, porque los que vengan no van a recibir haberes.

PREGUNTA.- ¿Se puede, entonces, renunciar, posfechado?

RESPUESTA.- Eso es lo que tiene que calificar el Senado de la República.

PREGUNTA.- Diputado, ¿fue plan con maña proponer eso a los magistrados: “si te vas en tal fecha, tienes tus privilegios, si te vas después…”?

RESPUESTA.- No.

PREGUNTA.- Porque, ¿cómo? A ver.

RESPUESTA.- No, pues ellos decidieron. Es un acto soberano de los ministros de la Corte.

PREGUNTA.- Pero es una opción ¿no?

RESPUESTA.- Pero la Constitución lo establece. A mí lo que me alegra es que, finalmente, aunque está la disputa de aceptar o no la Constitución, pues ellos se están sometiendo a lo que establecen la Constitución y sus transitorios.

PREGUNTA.- Diputado, ¿qué opinión le merece este proyecto que se sometió…?

RESPUESTA.- Ayer lo dije, pero lo repito por ustedes. Para mí es un arrebato, no tiene asidero constitucional.

El ministro Alcántara se extralimitó, se excedió, invadió facultades y funciones del Congreso de la Unión y, obviamente, no puede admitirse, ni puede tampoco aplaudirse una decisión de ese nivel.

Porque por la Constitución se establece que no procede recurso, ninguno, contra una adición o una reforma a la Constitución.

PREGUNTA.- Diputado, perdóneme. Ustedes… mucha de la gente que votó por Morena, por la 4T, lo que quieren es que los ministros se vayan. ¿Por qué ahora podría haber una traba del Senado, sin en el Senado se habían escuchado voces…?

RESPUESTA.- No quiero adelantarme porque será decisión soberana del Senado, es una decisión que ellos tendrán que calificar, si conviene o no que renuncien.

PREGUNTA.- ¿Pero no querían que se fueran los ministros?

RESPUESTA.- Sí, pero el tema es el haber de retiro, el recurso económico.

PREGUNTA.- Pero la misma reforma decía eso, que si renunciaban, se iban con su haber.

RESPUESTA.- Sí, por eso lo hacen, por eso lo hacen.

PREGUNTA.- ¿Y entonces?

RESPUESTA.- Si no lo hicieran, no reciben haber de retiro.

PREGUNTA.- (Inaudible)

RESPUESTA.- Es eso.

PREGUNTA.- Diputado, ayer mencionaba que la ciudadanía está lista y dispuesta a defender su voto ¿A qué se refería?

RESPUESTA.- A que institucionalmente lo vamos a hacer. Lo que digo yo es que se ha actuado con prudencia, y que lo importante de lo que está sucediendo es que realizan cambios profundos de manera pacífica e institucional y que, a pesar de que se ha actuado con mucha prudencia, la decisión democrática de las urnas se va a defender.

¿De qué manera? Aquí, de manera legislativa. Vamos a actuar institucionalmente aprobando leyes y reformas que limiten los excesos y los abusos del Poder Judicial y de cualquier otro Poder, contra la ciudadanía.

Estamos en ese proceso institucional legislativo para poner frenos, límites a cualquier abuso, a cualquier extralimitación, a cualquier invasión que se tenga por ministros contra el Poder Legislativo y violación flagrante de la Constitución.

PREGUNTA.- ¿Diputado, con esta reforma qué alternativa le queda a la ciudadanía para, entonces, defenderse de estos atropellos?

RESPUESTA.- Las mismas que tiene ahora, son lo mismo que tiene ahora. La ciudadanía, a través de los conductos y canales que establece la Constitución y la ley pueden acudir, en el caso de leyes reglamentarias y secundarias a impugnar actos legales no constitucionales.

PREGUNTA.- Sobre el Comité de Evaluación…

RESPUESTA.- Ah, el Comité de Evaluación. ¿Ya vieron la lista?

PREGUNTA.- (Inaudible) hay personas que han sido apoyadas por Morena… (Inaudible) para ocupar otros cargos.

RESPUESTA.- ¿Tres de Morena? No lo he visto.

PREGUNTA.- ¿Cómo que no la ha visto?

RESPUESTA.- Ahorita lo reviso. ¿Cuáles son?

PREGUNTA.- Norberto García Retes, que participó en lo del INE; Ana Patricia Briceño, la presidenta del Instituto de Transparencia de Sinaloa, apoyada por Morena; y también… bueno, ya tiene dos, diputado.

RESPUESTA.- No, no lo sé. Yo propuse dos, pero…

PREGUNTA.- ¿No puede haber dados cargados?

RESPUESTA.- No hay. Será la mayoría calificada la que determine.

PREGUNTA.- Pero entonces, ya le dijeron dos casos,

RESPUESTA.- No lo sé. Lo importante de estos nombramientos es que cumplan los requisitos de ley y los que son los requisitos de ley tiene que aprobarse aquí por la mayoría calificada.

PREGUNTA.- (Inaudible)… no deben tener simpatías partidistas.

RESPUESTA.- Eso no dice la Constitución ni la ley. Se establece una serie de requisitos.

PREGUNTA.- Usted dijo que no debían tener simpatías partidistas…

RESPUESTA.- Yo lo que hice, sí, lo que dije es que iba a ser estricto en el cumplimiento de requisitos y que se garantizara imparcialidad, probidad y profesionalismo.

PREGUNTA.- Pero eso… (inaudible) del Comité, ¿no, diputado?

RESPUESTA.- ¿Cómo?

PREGUNTA.- ¿Están morenizadas las propuestas de integración del Comité de Evaluación. Todos tienen lazos con Morena.

RESPUESTA.- ¿Todos?

PREGUNTA.- Eso no es imparcialidad, diputado. Maribel ción era la otra que decía, que en 2020 la apoyó el presidente Andrés Manuel López obrador para ser magistrada del Tribunal Superior Agrario

RESPUESTA.- Pero pues entonces todos los propuestos…

PREGUNTA.- Todos, diputado, ahí no hay imparcialidad.

RESPUESTA.- Pero pues entonces todos los propuestos. Alcántara fue propuesto por el presidente López Obrador y Margarita…

PREGUNTA.- Pero estamos hablando del Comité Técnico.

RESPUESTA.- No, por eso, pero por lo que me dice —le estoy contestando a él—, o sea, Margarita Fajardo también es propuesta del presidente López Obrador, Ríos Fajardo. O sea, igual que Maribel, fue propuesta por el presidente López Obrador.

PREGUNTA.- Ahí no hay imparcialidad, diputado Monreal, perdónenos.

RESPUESTA.- Ah, bueno, es una opinión de ustedes, es una opinión, es una opinión que la respeto. Nosotros lo que buscamos es que se cumpla con los requisitos que la ley establece.

PREGUNTA.- Yo te quiero preguntar: ¿en qué abona este plan de rebeldía en que están en el Legislativo, Morena, PT y Verde Ecologista con la Suprema Corte? Parece que están…

RESPUESTA.- No abona en nadie. Lo que abona es en el respeto a la Constitución. Lo único que queremos nosotros es que se respete la Constitución y la ley. Y eso es lo único que estamos buscando: que no se viole flagrantemente, que no se invadan facultades y funciones, que no haya ningún acto de intromisión ilegal del Poder Judicial con el Poder Legislativo. Eso es lo que estamos buscando.

PREGUNTA.- ¿Coordinador, impugnabilidad sigue firme para mañana?

RESPUESTA.- Sigue firme, iba a ser ahora, pero va a ser hasta mañana. Hoy nada más será lo del nombramiento del Comité de Evaluación.

PREGUNTA.- Muchas gracias.

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó reformas que impiden impugnar modificaciones a la Carta Magna

* El dictamen a la minuta modifica el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al 105 de la Constitución Política

* Fue ratificado con 30 votos a favor y 11 en contra, y remitido a la Mesa Directiva para su programación legislativa

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 30 votos a favor y 11 en contra, el dictamen a la minuta que reforma el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Carta Magna. Se remitió a la Mesa Directiva para su programación legislativa.

El Presidente de la instancia legislativa, Diputado Leonel Godoy Rangel (MORENA), informó que en acuerdo con los grupos parlamentarios se resolvió que las reservas se desahogarán en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Además, indicó que recibió dos votos particulares que se anexarán al final proyecto del dictamen para su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

La adición de un quinto párrafo al artículo 105 precisa que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución”.

Mientras que la reforma al primer párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional, establece que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.

Queda: “las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”.

En los transitorios se precisa que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto.

El documento, avalado en términos de la minuta, precisa que la reforma y adición propuestas guarda completa relación con los principios del constitucionalismo mexicano, en principio, porque el artículo 135 de la Constitución Política dispone que la Carta Magna puede ser adicionada o reformada mediante un proceso legislativo que requiere el voto de las dos terceras partes de cada Cámara que conforma el Congreso de la Unión de los individuos presentes y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

Subraya que con esta reforma se perfeccionarán los procesos constitucionales y reivindican las reglas del control de constitucionalidad que han sido sobrepasadas. Añade que son suficientes los argumentos y razonamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales que sostienen estas propuestas de reforma para reafirmar sobre la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución. La pugnabilidad de las reformas constitucionales solo ha sido un debate en la doctrina.

Además, con esta reforma se refuerza el razonamiento jurídico de la inimpugnabilidad como regla y principio constitucional, asentando para no dejar lugar a dudas el criterio que ha imperado de manera inveterada, evitando sobreinterpretaciones que sean completamente ajenas y fuera de los márgenes de la Constitución.

Primera ronda

Al iniciar la primera ronda, la Diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) expresó que con la reforma se engaña al pueblo porque se quita a la ciudadanía sus legítimas armas para defenderse del abuso y arbitrariedad de los representantes y elimina la posibilidad de impugnación de reformas constitucionales.

Por MORENA, la Diputada Mariana Benítez Tiburcio mencionó que la reforma para transformar el sistema de justicia apenas inició con la aprobada el pasado 15 de septiembre, y “esta modificación solo busca dejar de manera clara que no procede ningún recurso de control contra reformas constitucionales.

A su vez, la Diputada Laura Hernández García (MC) resaltó que la reforma pretende eliminar la posibilidad de impugnar las adiciones y reformas a la Constitución, dejando al poder reformador prácticamente sin contrapeso.

Ruth Maricela Silva Andraca, Diputada del PVEM, destacó que la reforma garantiza que el Poder Legislativo sea el único con la facultad para modificar la Carta Magna, al eliminar la posibilidad de intervención judicial sobre reformas constitucionales, lo que refuerza la independencia de este órgano, que ha sido elegido por el pueblo para ejercer soberanía.

El Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) aseguró no hay un sustento, solamente venganza contra el Poder Judicial; no hay un razonamiento técnico-jurídico de fondo y las reformas violentan los principios fundamentales que dieron origen a la Constitución de 1917, como es la separación de poderes y evitar la concentración del poder en uno solo.

Por MORENA, el Diputado Hugo Eric Flores Cervantes expuso que lo que busca esta reforma es terminar con el activismo judicial; es decir, que los ministros puedan legislar, toda vez que su tarea es jurisdiccional. “Es relevante que se arropen las facultades legislativas, de lo contrario se dañarían los pesos y contrapesos de los Poderes del Estado”.

La Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) afirmó que la reforma marcará un antes y un después en el equilibrio del Poder en México. “Si la Constitución deja de ser una barrera contra excesos del poder, el país se enfrenta a un riesgo autoritario real, donde los derechos y la justicia quedarían vulnerables”.

Julieta Kristal Vences Valencia, Diputada de MORENA, relató que el artículo 39 constitucional dice: “el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de alterar o modificar su forma de gobierno”, por lo que “quienes tienen la responsabilidad de llevar las demandas más sentidas son las y los legisladores; es cuestionable que el Poder Judicial ordenara una suspensión”.

El Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) señaló que el motivo de la reunión deriva de una reforma para sustituir a los integrantes del Poder Judicial, pero no se trata de un asunto de justicia. Rechazó que los mexicanos vayan a seleccionar a su juzgador, por lo que se debe conocer cuántas boletas se van a manejar y cómo se va a llevar a cabo este procedimiento.

La Diputada Irma Yordana Garay Loredo (PT) dijo que la reforma no es un intento por imponer un régimen autoritario; al contrario, es un derecho que se tiene como poder reformador, es un mecanismo de defensa para evitar que las reformas constitucionales que cumplan con una amplia mayoría y legitimidad sean echadas para abajo.

Paulina Rubio Fernández, Diputada del PAN, consideró que con la reforma se elimina la posibilidad de que la ciudadanía se defienda con amparos ante reformas constitucionales; lo mismo ocurrirá con los gobernadores, pues no podrán llevar a cabo las controversias constitucionales o los partidos políticos o las minorías del Congreso con las acciones de anticonstitucionalidad.

El Diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (MORENA) indicó que la reforma no pretende modificar algo que ponga en riesgo los derechos humanos y garantías; tampoco atenta contra el control de convencionalidad, sino que lleva a rango constitucional un texto de la Ley de Amparo que es fundamental.

Segunda ronda

La Diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI) subrayó que no puede afirmarse que los derechos humanos están salvaguardados, porque lo que se propone es la eliminación de mecanismos jurídicos para corregir o detener abusos e irregularidades en la aprobación de modificaciones a la Constitución.

De MORENA, la Diputada Katia Alejandra Castillo Lozano precisó que la reforma garantiza y consolida certeza jurídica, y que una vez que la voluntad del pueblo ha sido elevada a rango constitucional no podrá ser cuestionada mediante procesos judiciales. No implica una disminución en la protección de sus derechos fundamentales.

A su vez, la Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) consideró que el dictamen acaba con la posibilidad de que alguien pueda defenderse de los actos de autoridad. “No hay certeza ni validez de lo que se va a determinar aquí. Desde esta Comisión hay que hacer ciencia jurídica”.

El Diputado del PVEM, Ricardo Astudillo Suárez aclaró que en el dictamen no se modifica el tema de amparo; por el contrario, busca recalcar lo que ya está especificado en la Constitución, al establecer estabilidad institucional y evita que las modificaciones constitucionales sean objeto de impugnación.

La Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (MC) cuestionó cómo se garantizará la defensa de los derechos humanos, las garantías y las libertades individuales, así como la protección a la propiedad privada, si se aprueba la reforma.

Del PT, la Diputada Mary Carmen Bernal Martínez aseveró que no se están afectando los derechos humanos ni desaparecen los medios de control de constitucionalidad, pues sigue vigente el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad frente a normas generales.

El Diputado Fernando Torres Graciano (PAN) afirmó que con la reforma se está cercenando y debilitando a una institución que representa un orgullo para las y los mexicanos, pues pretende quitarle el juicio de amparo a los ciudadanos, lo que claramente representa una violación a sus derechos humanos.

Favio Castellanos Polanco, Diputado de MORENA, expuso que la reforma viene a fortalecer lo que dice la Ley de Amparo. “Hoy se reforma para el bien del pueblo de México, aunque la oposición hoy intenta renunciar a la facultad de legislar. Nosotros desde la coalición tenemos un mandato popular y que las reformas sean una realidad”.

Gabriela Georgina Jiménez Godoy, Diputada de MORENA, señaló que con estas adecuaciones se eleva a rango constitucional lo ya previsto en la ley y se garantiza que haya una real división de poderes, al estipular la claridad y la certeza jurídica respecto a la improcedencia a nivel constitucional de las acciones de inconstitucionalidad, controversias y juicio de amparo.

Del PAN, la Diputada Noemí Berenice Luna Ayala afirmó que la reforma reduce los efectos del amparo en su función como garantía de protección a los derechos humanos. “El juicio de amparo protege de actos inconstitucionales o violatorios de derechos humanos. A ustedes no les importa desmantelar la estructura jurídica y, en lugar de apelar, reforman la Constitución”.


El Diputado José Alejandro Peña Villa (MORENA) señaló que son claras las posiciones. “Nosotros queremos seguir en la democratización y garantizar que haya reformas constitucionales en beneficio de la gente. No se puede seguir permitiendo la intromisión del Poder Judicial”.

Tercera ronda

El Diputado Carlos Hernández Mirón (MORENA) afirmó que la reforma no significa la eliminación judicial sobre leyes generales y es una mentira lo que comentan quienes están en contra del dictamen, y también es falso que se vaya en contra de los derechos de las personas.

La Diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (MC) puntualizó que la propuesta es una reacción a las determinaciones de las autoridades judiciales en distintos momentos. No es una reforma sobre supremacía constitucional, sino que busca imponer la supremacía de una mayoría legislativa temporal sobre la Constitución.

Oscar Iván Brito Zapata, Diputado de MORENA, expresó que si la Suprema Corte de Justicia no actuara en prevaricato no se tendrían que hacer adecuaciones a la Carta Magna. “Sólo se cumple con la facultad del Poder Legislativo y no se modifican los medios para revisar las controversias que vulneren los derechos humanos”.

El Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) indicó que la reforma da claridad y certeza al texto constitucional, evita que intereses particulares, políticos, económicos, de élite o extranjeros prevalezcan por encima de la Carta Magna y que se utilicen vías judiciales para entorpecer o revertir reformas aprobadas democráticamente.

Francisco Javier Estrada Domínguez, Diputado de MORENA, señaló que el artículo segundo transitorio del dictamen propone que los asuntos en trámite se resuelvan conforme a lo que se votará en la reunión de este lunes, por lo que “no aplica la retroactividad de la ley, porque no existe ninguna resolución concluida por la Suprema Corte, ni por algún juzgado o tribunal colegiado, de ahí que se está respetando el orden jurídico”.

Por el PT, la Diputada Lilia Aguilar Gil manifestó que con la reforma permanece el juicio de amparo; simplemente se eleva a rango constitucional lo que ya dice el artículo 61 de “que la Constitución no puede ser inconstitucional”. Además, las adiciones no afectan a los ciudadanos.

El Diputado de MORENA, Julio César Moreno Rivera, reiteró que con la reforma no se eliminan las facultades de la Corte, ni se suprime la figura de juicio de amparo, porque éste seguirá vigente, protege los derechos humanos de la ciudadanía. Lo que se pretende es evitar que los jueces excedan sus facultades al intervenir en decisiones exclusivas de las y los legisladores.

Comisión de Puntos Constitucionales aprobó, en lo general, reformas al Poder Judicial de la Federación

• Establece la elección directa y secreta de ministros, magistrados y jueces, por la ciudadanía

• Sustituye el Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial

• Determina que la remuneración de las personas servidoras públicas del Poder Judicial no podrá ser mayor a la del presidente

La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), aprobó en lo general, por 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, el dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución Política, en materia de reforma del Poder Judicial, y establece que los puestos de ministros, magistrados de Circuito y jueces de Distrito sean designados por medio de elección popular.

El documento, que deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal, y diversas propuestas de diputadas y diputados, sustituye al Consejo de la Judicatura Federal por el nuevo Órgano de Administración Judicial y la Comisión de Disciplina Judicial por el Tribunal de Disciplina Judicial.

Para lo particular, se dio cuenta de 330 reservas a través de 34 legisladoras y legisladores de los diferentes grupos parlamentarios, a la totalidad del proyecto, es decir, a los artículos: 17, 20, 76, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116, 122 y 123 de la Constitución Política, así como transitorios: Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo.

MORENA, por medio de 16 diputadas o diputados, presentó 71 reservas; PAN, con 6 legisladoras o legisladores, 49; del PRI, por medio de 6 diputadas o diputados, un total de 106 reservas; una o un diputado del PVEM dos reservas; dos representantes del PT un total de 4 reservas y dos de MC, 70, mientras que la diputada Susana Prieto Terrazas (sin partido), 28.

Elección libre, directa y secreta por la ciudadanía

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales expone que la administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial.

Precisa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de nueve integrantes, ministras y ministros, y funcionará en Pleno. Su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.

Las ministras y ministros de la SCJ N durarán en el cargo doce años y solo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Además, ninguna persona que ha sido ministro podrá ser electa para un nuevo periodo.

Entre los requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá poseer el día de la publicación de la convocatoria título profesional de licenciado en derecho expedido legalmente, un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y práctica profesional de cuando menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica.

Las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda.

Además, el Senado de la República publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas dentro de los 30 días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda, que contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables y los cargos a elegir. El órgano de administración judicial hará del conocimiento del Senado los cargos sujetos a elección, la especialización por materia, el circuito judicial respectivo y demás información que requiera.

Los Poderes de la Unión postularán el número de candidaturas que corresponda a cada cargo. Los Poderes establecerán mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas que acrediten los requisitos establecidos en esta Constitución y en las leyes, presenten un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y remitan cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo.

Cada Poder integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

El Senado de la República recibirá las postulaciones y remitirá los listados al Instituto Nacional Electoral a más tardar el 12 de febrero del año de la elección que corresponda, a efecto de que organice el proceso electivo. Las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios Poderes de la Unión, siempre que aspiren al mismo cargo. Los Poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria no podrán hacerlo posteriormente.

El Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres. También declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones antes de que el Senado de la República instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas aspirantes electas tomarán protesta de su encargo ante dicho órgano legislativo.

Subraya que el Poder Ejecutivo postulará por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República hasta tres personas aspirantes para el caso de ministras y ministros de la SCJN, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial; el Poder Legislativo postulará hasta tres personas, una por la Cámara de Diputados y dos por el Senado, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes, y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postulará hasta tres personas por mayoría de seis votos.

Las personas candidatas tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria, conforme a la distribución del tiempo que señale la ley y determine el Instituto Nacional Electoral. Podrán, además, participar en foros de debate organizados por el propio Instituto o en aquéllos brindados gratuitamente por el sector público, privado o social en condiciones de equidad.

Para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna

Las magistradas y los magistrados de Circuito, así como las juezas y los jueces de Distrito durarán en su encargo nueve años y podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluya su periodo. No podrán ser readscritos fuera del circuito judicial en el que hayan sido electos, salvo que por causa excepcional lo determine el Tribunal de Disciplina Judicial.

Argumenta que, para ser electo magistrada o magistrado de Circuito, así como jueza o juez de Distrito, se necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; contar el día de la publicación de la convocatoria con título de licenciatura en derecho expedido legalmente y haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.

Cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que investigue y, en su caso, sancione la conducta denunciada. El Tribunal de Disciplina Judicial conducirá y sustanciará sus procedimientos de manera pronta, completa, expedita e imparcial, conforme al procedimiento que establezca la ley.

Relata que cuando la falta de una ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrada o magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrada o magistrado del Tribunal Electoral, magistrada o magistrado de Circuito y jueza o juez de Distrito excediere de un mes sin licencia o dicha falta se deba a su defunción, renuncia o cualquier causa de separación definitiva, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo; en caso de declinación o imposibilidad, seguirá en orden de prelación la persona que haya obtenido mayor votación.

Tribunal de Disciplina Judicial

El documento expone que el Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Se integrará por cinco miembros electos por la ciudadanía a nivel nacional conforme al procedimiento establecido en el artículo 96 de esta Constitución.

Para ser elegibles, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de la Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. Durarán seis años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser electos para un nuevo período. Cada dos años se renovará la presidencia del Tribunal de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.

El Tribunal de Disciplina Judicial funcionará en Pleno y en comisiones. El Pleno será la autoridad substanciadora en los términos que establezca la ley y resolverá en segunda instancia los asuntos de su competencia. Podrá ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine.

Además, el Tribunal podrá dar vista al Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos y, sin perjuicio de sus atribuciones sancionadoras, solicitar el juicio político de las personas juzgadoras electas por voto popular ante la Cámara de Diputados.

Las sanciones que emita el Tribunal podrán incluir la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas, con excepción de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistradas y magistrados electorales, que sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de la Constitución.

El Tribunal evaluará el desempeño de las magistradas y magistrados de Circuito y las juezas y jueces de Distrito que resulten electas en la elección federal que corresponda durante su primer año de ejercicio. La ley establecerá los métodos, criterios e indicadores aplicables a dicha evaluación.

De igual modo, el dictamen precisa que, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley.

Artículos transitorios

En los transitorios resalta que el proceso electoral extraordinario 2024-2025 dará inicio el día de la entrada en vigor del presente Decreto. En dicha elección se elegirán la totalidad de los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, en los términos del presente artículo.

Las personas que se encuentren en funciones en los cargos señalados en el párrafo anterior al cierre de la convocatoria que emita el Senado serán incorporadas a los listados para participar en la elección extraordinaria del año 2025, excepto cuando manifiesten la declinación de su candidatura previo al cierre de la convocatoria o sean postuladas para un cargo o circuito judicial diverso. En caso de no resultar electas por la ciudadanía para ejercer su encargo por un nuevo periodo, concluirán su encargo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria conforme a las disposiciones transitorias aplicables del presente Decreto.

Menciona que el Senado de la República tendrá un plazo de treinta días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para emitir la convocatoria para integrar los listados de las personas candidatas que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación.

Para el caso de magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, la elección será escalonada, renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria del año 2025 y la parte restante en la elección federal ordinaria del año 2027.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2025 y para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables para los procesos electorales federales, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. Las y los consejeros del Poder Legislativo y las y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas a este proceso.

Las boletas electorales contendrán, entre otros datos, el cargo, la entidad federativa y, en su caso, el circuito judicial que corresponda a cada tipo de elección. Llevarán impresas al anverso los nombres completos numerados de las personas candidatas distribuidos por orden alfabético y progresivo iniciando por el apellido paterno, e indicando la especialización por materia cuando corresponda.

Además, la jornada electoral se celebrará el primer domingo de junio del año 2025. Podrán participar como observadoras las personas o agrupaciones acreditadas por el Instituto, con excepción de representantes o militantes de un partido político. Las personas que resulten electas tomarán protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1º de septiembre de 2025.

El periodo de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resulten electos en la elección extraordinaria que se celebre conforme a lo previsto en el artículo Segundo transitorio durarán ocho y once años, por lo que vencerá el año 2033 y 2036 para cuatro y cinco de ellos, respectivamente. Los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación.

Lo anterior no será aplicable a las ministras y ministros en funciones que sean electos en la elección extraordinaria del año 2025, quienes ejercerán el cargo por el periodo que reste a su nombramiento original.

Las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que estén en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto permanecerán en su encargo hasta el año 2027, concluyendo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección federal ordinaria que se celebre para tal efecto.

El periodo de las magistradas y magistrados electorales de la Sala Superior que sean electos en la elección extraordinaria del año 2025 durará ocho años, por lo que vencerá en el año 2033; mientras que el periodo de las Magistradas y Magistrados electorales de la Sala Superior que resulten electos en la elección federal ordinaria del año 2027 durará seis años, por lo que vencerá el año 2033.

El periodo de las magistradas y magistrados electorales de salas regionales que resulten electos en la elección extraordinaria del año 2025 durará ocho años, y vencerá el año 2033. Además, la ley preverá la extinción de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a más tardar el 1 º de septiembre de 2025, por lo que sus magistraturas no se renovarán en la elección extraordinaria del año 2025.

De igual modo, precisa que el Consejo de la Judicatura Federal continuará ejerciendo las facultades y atribuciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta en tanto sean creados el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial.

El período de las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que sean electos conforme al presente artículo transitorio vencerá el año 2030 para tres de ellos, y el año 2033 para los dos restantes. Los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación.

Las consejeras y consejeros de la Judicatura Federal que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto podrán postularse y participar en la elección extraordinaria del año 2025 para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial u otro cargo de elección popular del Poder Judicial de la Federación por el periodo que corresponda cuando cumplan con los requisitos constitucionales y legales aplicables.

Determina que las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales de las entidades federativas y de la Ciudad de México que estén en funciones al momento de la entrada en vigor del presente Decreto no podrán ser mayores a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente, por lo que deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el artículo 127 de esta Constitución en los casos que corresponda, sin responsabilidad para los Poderes Judiciales.

Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de este Decreto, misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño.

Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables.

Los órganos del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, de las entidades federativas, llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación o de las entidades federativas, según corresponda.

Los recursos federales a que se refiere el párrafo anterior deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la implementación del presente Decreto y a los demás fines que esta determine.

Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.

Fundamental, asegurar que México tenga los ingresos para las reformas con impacto presupuestal que necesitan las mujeres: Marcela Guerra Castillo

• La presidenta de la Cámara de Diputados se reúne con la Organización Colectiva de Mujeres 50+1, para abordar los pendientes legislativos

La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, afirmó que es fundamental que en el Paquete Económico 2025 se asegure que México cuente con los ingresos que garanticen los presupuestos que requieren las reformas legislativas pendientes en favor de las mujeres, y que tienen impacto presupuestal.

“Tenemos que asegurar que México tenga los ingresos para poder tener los egresos y hacer frente a estas demandas sociales para las mujeres”, subrayó la diputada presidenta durante la reunión que sostuvo con diputadas e integrantes de la organización “Colectiva de Mujeres 50+1”, para abordar los pendientes legislativos que formarán parte de la agenda legislativa de la próxima legislatura en pro de las mujeres y niñas.

“Tenemos que luchar para que haya presupuestos, y para eso nos vamos a abocar, ahora en septiembre, y en el plazo perentorio que tenemos a noviembre, para conocer, discutir y, en su caso, aprobar el paquete fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación, y asegurar que para poder tener una erogación, una salida presupuestal, también podemos generar un ingreso. Eso se va a discutir aquí en la Cámara y vamos a estar muy activas”, abundó.

“Acuérdense que una iniciativa que no tiene presupuesto, pues es una iniciativa que puede ser letra muerta”, agregó.

Al hacer un balance de los trabajos y reformas aprobadas en pro de niñas y mujeres, Guerra Castillo resaltó las modificaciones realizadas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para reconocer como delitos a la violencia vicaria y la violencia sexual en espacios públicos.

Asimismo, las reformas para el fortalecimiento de la reglamentación y organización de los Centros de Justicia para las Mujeres, la eliminación de los materiales que hacían apología de la violencia contra las mujeres en los programas educativos, la inclusión de la educación con perspectiva de género en los planes y programas de estudio, y la mejora de la coordinación de las autoridades en materia de alertas de género.

Además, la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, la eliminación del IVA a los productos de higiene menstrual, la integración de la perspectiva de género en la política fiscal y la reforma constitucional conocida como “Ley 3 de 3 contra la violencia”, cuya adopción en algunas entidades federativas aún está pendiente.

Entre los pendientes, dijo, están las leyes secundarias para armonizar el marco legal federal a la reforma constitucional de paridad en todo, de 2019, así como la aprobación de la minuta en materia del Sistema Nacional de Cuidados, que se encuentra en el Senado.

“Tenemos reformas para establecer que el IMSS y el ISSSTE otorgarán a la mujer asegurada el tamiz auditivo neonatal durante el embarazo; esa se quedó pendiente porque tiene un gran impacto presupuestal”, refirió.

Apuntó que había un rezago de iniciativas heredado de otras Legislaturas que no pudieron concretarse porque no hubo consenso, tenían impacto presupuestal o no estaban bien fundamentadas, “pero las hemos separado y tenemos una lista que después con las diputadas la vamos a perfeccionar, con expertas, para volverlas a presentar, ya sea en los mismos términos o incluso adecuándolas a la nueva realidad social”.

Guerra Castillo señaló que aún se requieren reformas legales para definir las conductas que expresan la violencia institucional; por ejemplo, en los ministerios públicos, y sancionar como falta administrativa grave en la administración pública las conductas de acoso y hostigamiento sexual, así como las omisiones de las autoridades responsables.

También, las propuestas en materia de salud para las mujeres adolescentes y niñas con lupus y otras enfermedades, los derechos sexuales y reproductivos, la gestión menstrual, la atención integral y multidisciplinaria en las muertes fetales y perinatales, la violencia obstétrica, la discriminación de mujeres con discapacidad y el feminicidio, que se ha tipificado, pero no cede.

Finalmente, hizo votos por que exista la voluntad política para constituir, en la próxima Legislatura que inicia el 1 de septiembre, el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva que surgió en diciembre de 2019, para la construcción de consensos en la pluralidad entre todas las diputadas de las diferentes fuerzas políticas.

Académicos, especialistas y abogados participan en el Segundo Foro de Diálogos Nacionales sobre reformas al Poder Judicial

• Formularon comentarios sobre reorganización del Poder Judicial, elección de jueces, magistrados y ministros, y régimen de responsabilidades

Académicos, especialistas y abogados externaron posturas sobre la nueva integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), duración del cargo de jueces, magistrados y ministros, y régimen de responsabilidades, como parte de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial que realiza la Cámara de Diputados, y que este lunes se efectuó en Guadalajara, Jalisco.

En materia de justicia, la reforma es incompleta

Ana Sofía Torres Menchaca, Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, expresó que es una reforma compleja, amplia, bien elaborada y con argumentos. Consideró valioso ofrecer una justicia pronta y expedita, revisar los sueldos del funcionario público y la crítica al gobierno de las élites.

No obstante, dijo, es incompleta si no se incluye a las fiscalías, a las comisiones de la verdad, de atención a víctimas o de derechos humanos, así como a las escuelas de derecho.

Sobre la elección popular de ministros, magistrados y jueces, planteó tener mejores procesos, trascender el partidismo, las formas de cuotas y amigos.

No generar una parálisis en las decisiones de la SCJN

Carlos Ramiro Ruiz Moreno, Director de la División de Estudios Jurídicos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, señaló que en la propuesta de elección popular directa de ministras y ministros es importante considerar los fundamentos de la gobernabilidad; es decir, no generar una parálisis en las decisiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Llamó a considerar el perfil de elegibilidad que se deberá determinar para que ministras y ministros conozcan las diferentes disciplinas jurídicas sobre las cuales tendrían que estar preparados; además, garantizar la transversalidad de género.

Las personas candidatas a jueces no deben hacer campaña

El Abogado de la Universidad de Guadalajara, Juan Alberto Ruvalcaba González, exhortó a los próximos legisladores a no desmantelar el Poder Judicial de la Federación, pues la asignación de magistradas y magistrados, de juezas y jueces debe sostenerse en la carrera judicial, en concurso de oposición y en la acreditación de exámenes de alta complejidad, acordes a su responsabilidad.

Los jueces, dijo, no deben hacer campañas; “no imagino a un candidato juez de lo penal ofreciendo sentencias absolutorias o sentencias condenatorias. Los jueces deben estar de manera más humana, sensible y empática dictando sentencias, abonando a la justicia y a la paz que este país reclama”.

Añadió que la elección popular provocaría la intervención indirecta de los partidos políticos y no sería una auténtica elección popular. “No queremos un Poder Judicial que se deba a cuotas de partido”.

Existen puntos que deben evaluarse a profundidad

Gildardo Galinzoga Esparza, Magistrado de Circuito, señaló que existen puntos de la reforma que deben evaluarse a profundidad; entre ellos la elección de personas juzgadoras, por lo cual propuso que se considere que las y los jueces cuenten con las condiciones necesarias exigidas, como una sólida formación ética, sensibilidad a la protección de la población más vulnerable, una visión judicial más humanista y que sean más receptivos a las necesidades de las personas.

Para aspirar a una candidatura a juez o jueza se deben poner candados estrictos: tener carrera judicial sólida entre 5 o 10 años y no haber sido sancionado por falta grave. En caso de no contar con una carrera judicial, la persona aspirante debe cumplir con un examen de oposición que le practique la nueva Escuela Federal de Formación Judicial.

El Poder Judicial debe rendir cuentas

La Abogada Katya Fernanda Ocampo Sáenz afirmó que la reforma propuesta cambia el mecanismo de elección de las personas juzgadoras, para que los Poderes Ejecutivo, Judicial y la Cámara de Diputados propongan 10 candidatos cada uno, e integren la lista de lo que votaría la población de manera libre y secreta. “Al final, la responsabilidad caerá en los tres Poderes, pero la última palabra la debe tener el pueblo”, enfatizó.

Llamó a no tener miedo a que la ciudadanía decida los perfiles que irán al máximo tribunal y resolverán los asuntos más relevantes para el país, y a abandonar la visión de la justicia elitista que ha dejado decisiones en los que se consideró que eran los únicos que sabían derecho. “Apostemos por un Poder Judicial que rinda cuentas, que tenga cercanía y resuelva en favor de la gente.

Necesario, avanzar en consensos

Fany Lorena Jiménez Aguirre, Presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa y magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, reconoció el valor de la propuesta de un cambio consensuado y definir un proceso, para que de manera paulatina, transparente y democrática se ocupen los cargos de ministras, ministros, juezas, jueces, magistradas y magistrados con altos valores éticos y técnicos, con legitimidad social e independencia de intereses ajenos.

Detalló que someterse a órganos disciplinarios debe ser una constante, donde se les exija un estándar de excelencia y profesionalismo para alcanzar una justicia igualitaria, transparente, equitativa, con paridad y respetuosa de los derechos humanos. Por ello, pidió avanzar en los consensos que permitan hacer un cambio democrático para que el pueblo de México y cada entidad de la República confíe en el Poder Judicial.

Se deben proteger los derechos humanos

Marcos del Rosario Rodríguez, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, dijo que para garantizar el acceso a la justicia se requiere de jueces que la administren con perspectiva de derechos humanos, cuenten con el suficiente criterio para dar entrada a los asuntos que requieren una atención urgente o, en su caso, dictar las medidas cautelares necesarias de manera oportuna y pertinente, y de esta forma proteger los derechos humanos que puedan verse en riesgo.

Señaló que es indispensable que quienes integran los cargos jurisdiccionales estén ajenos de cualquier interés o pretensión de partes de grupos políticos, económicos o delincuenciales, ya que de lo contrario sus decisiones al momento de resolver una litis estarán sesgadas.

El Consejo de la Judicatura requiere modificación

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Sección II, Toluca, Víctor Flores Nicolás, resaltó que el actual Consejo de la Judicatura Federal requiere una modificación, porque no puede estar en manos de una sola persona. La SCJN y el Consejo “son muy independientes”.

Comentó que en el Consejo de la Judicatura existen infinidad de demandas y quejas por acoso sexual, acoso laboral, por pago de horas extras que no son cubiertas; por ello, propuso que al CJF así como al Tribunal de Disciplina Judicial se integren representantes de trabajadores que provengan del sindicato, a fin de que haya un contrapeso del nuevo órgano de administración judicial y en el Tribunal.

Hay nepotismo en el Poder Judicial; la reforma es fundamental

Jaime Cárdenas Gracia, Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que hay un gran problema de nepotismo en el Poder Judicial, Federal y Local, ya que, en la carrera judicial, casi el 84 por ciento de los concursos son cerrados y es un poder con muchos privilegios en los salarios y las prestaciones; de ahí que la reforma es fundamental.

Planteó que la elección de las ministras, ministros, jueces y magistrados debe ser el mismo día del resto de las autoridades electas. Estimó que el Tribunal de Disciplina Judicial debe ser poderoso y capaz de superar el secreto fiscal, bancario, ministerial y fiduciario, así como tener facultades para asegurar bienes y congelar cuentas de funcionarios judiciales. Pidió que en la reforma secundaria se establezca un catálogo de faltas administrativas y de delitos.

La propuesta al Poder Judicial fortalece la democracia

La Abogada y Maestra en Derecho Internacional en Derechos Humanos, Gabriela Díaz Salinas, argumentó que la nueva composición de la Suprema Corte plantea que todos los asuntos los resolverá el Pleno, en lugar de las dos Salas que existen actualmente para hacerlo, lo cual favorece a la democracia, porque se podrá conocer ahora a quienes conformarán este tribunal y permitirá restaurar el equilibrio de poderes.

Consideró que la propuesta del Instituto de la Defensoría Pública es un error, en virtud de que los defensores públicos están muy saturados, En este sentido, se pronunció porque se les recorten prebendas innecesarias a los ministros, como camionetas, seguro de gastos médicos mayores, lo cual es ilegítimo democráticamente, y con esos recursos, fortalecer a los tribunales y juzgados que tengan mayor necesidad.

Integrar la SCJN conforme a circunscripciones, circuitos o regiones

Al referirse a la nueva integración del Pleno de la SCJN, el integrante del Sistema Nacional de Investigadores y Constitucionalista, Javier Hurtado González, dijo que la iniciativa cuestiona el supuesto prejuicio de que quienes hacen las leyes pueden ser electos y quienes las integran no, y se revisa el concepto de autonomía del Poder Judicial pues esta se ha tergiversado. “La autonomía es de la función jurisdiccional, no del Poder Judicial, no puede haber en el mundo ni en una democracia un Poder autónomo e independiente, es un absurdo y una contradicción histórica”.

Propuso que en lugar de una lista de 30 candidaturas de las que se va a integrar la SCJN sean tres listas divididas en igual número de circunscripciones, circuitos o regiones con candidatos oriundos o que hayan hecho su carrera profesional en alguna de las entidades de esa delimitación.