viernes, 9 de octubre de 2015
Las condiciones que Cofece le puso a Soriana para comprar 'la Comer'
EXCELSIOR CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó que para poder concretarse la concentración entre Soriana y Controladora Comercial Mexicana (CCM), el pleno determinó sujetar la autorización al cumplimiento de diversas condiciones.
Entre ellas, destacó que Soriana podrá optar por abstenerse de adquirir diversas tiendas propiedad de CCM ubicadas en 27 mercados relevantes.
O bien podrá adquirirlas, pero deberá venderlas en un periodo establecido. En este último caso, el comprador requerirá la autorización Cofece”, señaló.
Lo anterior, mencionó, al detectar que la transacción reduciría de manera significativa la competencia en dicho número de mercados y podría tener como consecuencia un incremento en los precios a los consumidores.
Agregó que el Pleno de la Comisión determinó que la dimensión geográfica de los mercados analizados es local, conforme al área de influencia de las tiendas objeto de esta operación.
Así, analizó los efectos que la misma tendría en 160 mercados relevantes identificados”, afirmó la Comisión en un comunicado.
La Cofece explicó que como resultado de la operación Soriana obtendría elevadas participaciones de mercado en términos de piso de venta y acumularía un elevado número de tiendas en cada uno de los 27 mercados.
Asimismo, el organismo precisó que en un análisis más detallado de dichos mercados, también se encontró que la participación de mercado en términos de valor de las ventas sería elevada.
También, señaló, se fortalecerían las barreras a la entrada para nuevos competidores, principalmente las relacionadas con el desarrollo de redes de distribución, altos costos de inversión y escasez de espacios comerciales en algunas ciudades.
Por lo que la Comisión concluyó que la operación sería riesgosa para la competencia y podría ocasionar un incremento de precios en detrimento de los consumidores y determinó que la operación debía objetarse en los términos en los que fue planteada.
La comisión acordó que ésta sólo se autorizaría si Soriana cumple con la condición de sujetarse a un programa de desinversión o la no compra de tiendas ubicadas en esas zonas.
Asimismo, precisó que Soriana y CCM deberán presentar, dentro de un plazo de 10 días hábiles, un escrito mediante el cual acepten en su totalidad las condiciones señaladas y de no hacerlo, la concentración se considerará como no autorizada.
Denuncian que el sindicato del IMSS promueve la privatización del organismo
PROCESO Integrantes del Frente Unido de Disidentes, Colectivos y Derechohabientes IMSS denunciaron un contubernio entre la dependencia y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para privatizar a la institución.
Ante ello, el viernes 9 realizarán una marcha contra la “desnacionalización” de los servicios de salud.
En rueda de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Ismael Bautista y Arturo Calva, en representación del Frente, hablaron sobre las intimidaciones que han sufrido más de 10 mil trabajadores por participar en acciones de denuncia de la corrupción tanto en el sindicato que encabeza el priista Manuel Vallejo Barragán como en el IMSS.
En el marco de la realización del congreso nacional ordinario del SNTSS, que se celebra desde este jueves 8 en Monterrey, Nuevo León, y donde se modificará el contrato colectivo de trabajo (CCT), Bautista informó que solicitó por escrito una copia de la licencia sin sueldo de Vallejo Barragán, secretario general del sindicato.
La finalidad del congreso, comentó, es aprobar la cláusula 12-bis del CCT firmado desde el 2012 para que los trabajadores del sector público –Apartado “B” de la LFT– sean incluidos completamente al Apartado “A” como trabajadores del sector privado, sin conservar sus prestaciones laborales.
“Es facilitar lo que es el paso a una nula presentación al pueblo de lo que es una universalidad de los servicios de salud. Desde 2012 públicamente se presentó que no querían contratar enfermeras o médicos con la pretensión de quitarnos del Apartado B”, acusó Bautista.
Luego exigió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que realice revisiones al presupuesto destinado a medicamentos
“La salud no es meritoria de recortes, porque la salud conlleva el derecho a la vida y esto se coarta cuando el tratamiento ya no se complementa con los medicamentos que prescriben los médicos”, consideró.
“Creo que la privatización ya está. Desde las reformas que hicieron desde 1998 jamás se ha ido, la han mantenido paulatinamente. La recogen en el intercambio de servicios entre instituciones. Esto ya sucedió a través de un acuerdo que emitió la Secretaría de Salud que se llama ‘Lineamientos operativos para el intercambio de servicios, que se aprobó el 4 de abril de 2015. Ya está autorizado y se está dando”.
También destacó que la intención de la reforma impulsada desde el sexenio de Felipe Calderón es la subrogación de los servicios de salud, fortalecer el Seguro Popular y reestructurar el sistema corporativo del IMSS y de todo el sector.
Bautista mostró un documento de un Acuerdo del Consejo Técnico que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para modificar el programa institucional 2013-2018, con cinco lineamientos importantes para la privatización del Seguro Social.
El documento indica que al desaparecer el programa IMSS-Oportunidades para traspasarlo al Seguro Popular, la prestación de guarderías la pasarán a terceros para así reducir los pasivos contingentes derivados de los procesos judiciales que encara la institución, entre otros.
Calva se refirió a las sanciones por protestar impuestas por el IMSS y el sindicato. “Lo único que se pretende es que las autoridades digan qué van a hacer con el Seguro Social. Den la cara y, si se puede, acepten el debate público sobre este tema”, emplazó.
Mario Flores cuestionó: “Lo paradójico es que tienes una plantilla de trabajadores y otra que te brinda servicios. ¿Cómo es posible que el IMSS tenga una doble plantilla? ¿Esto de qué habla, de que tiene el IMSS dinero o no?”.
Por último, deploraron se elimine el seguro facultativo para estudiantes quienes, indicaron, serán los más afectados por la privatización de la salud.
Cámara de Diputados aumenta número de sus sesiones
EXCELSIOR CIUDAD DE MÉXICO. La Junta de Coordinación Política aprobó que a partir de la próxima semana el Pleno de la Cámara de Diputados sesiones tres días a la semana, en lugar de dos, por la carga legislativa que se tiene, afirmó el coordinador del PAN, Marko Cortés Mendoza.
Todos los grupos parlamentarios logramos que se acordara que sesionemos martes, miércoles y jueves, de aquí hasta donde desahoguemos la agenda pesada que traemos" , indicó.
Llevamos un mes con ocho días de esta nueva Legislatura y ya traemos un rezago en muchas de las iniciativas que se tienen que presentar y por falta de tiempo no ha sido posible", agregó.
El pleno de la Cámara de Diputados sesiona regularmente los martes y jueves de cada semana, pero ahora también se hará los miércoles, día en los se presentarán iniciativas de ley.
Martes, miércoles y jueves serán los días que sesionará el pleno de la Cámara
Recordó que los diputados tienen hasta el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos 2016 y turnarla al Senado para su análisis y eventual ratificación, y que el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año debe aprobarse a más tardar el 15 de noviembre.
Cortés Mendoza aseguró que la Cámara de Diputados sesionará tres días a la semana y por el tiempo necesario para que se desahogue la agenda legislativa pendiente.
Hay un número de iniciativas pendientes que simplemente se van retrasando sesión con sesión. Lo que queremos es dar la oportunidad para que se puedan presentar y desahogarlas a la brevedad posible", aseveró.
Finalmente indicó que este periodo de sesiones tres veces a la semana terminara cuando se concluya con la agenda pendiente.
Terror en Tamaulipas: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violación en cuartel militar…
PROCESO NUEVO LAREDO, TAMPS. El 29 de septiembre, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, entregó un informe a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en 64 páginas resume el clima oprobioso que envuelve a Tamaulipas. El documento incluye 23 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las fuerzas federales, 22 desapariciones forzadas y una violación cometida en el Cuartel Militar de dicha ciudad.
En la entidad, los homicidios, secuestros y desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones a los derechos humanos y otros delitos se cuentan por miles, lo que mantiene en la zozobra a los pobladores. Desde hace meses, el temor es generalizado y lo mismo se cuidan de los criminales que de las fuerzas federales desplegadas en territorio tamaulipeco.
Este es el diagnóstico del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), entregado el martes 29 de septiembre a Tracy Robinson, comisionada de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un encuentro realizado en Monterrey, Nuevo León.
Ese día se realizaron audiencias privadas en las que integrantes de agrupaciones sociales de los estados del norte del país hablaron de sus experiencias en la búsqueda de sus familiares desaparecidos y reiteraron su exigencia de justicia a los visitantes.
Según el CDHNL, fundado en 1999 y dirigido por Raymundo Ramos Vázquez, la estrategia de seguridad para Tamaulipas emprendida el año pasado es un fracaso. Pese a que arribaron a la zona 15 mil elementos de la Policía Federal (PF), así como soldados y marinos, la inseguridad e indefensión no disminuyen.
Por mucho que el gobierno federal asegure que en Tamaulipas, entidad gobernada por el priista Egidio Torre Cantú, “la vigencia del estado de derecho es una realidad”, lo cierto es que los ciudadanos viven entre el horror y la destrucción, de acuerdo con el análisis de la citada organización, la única de su tipo que aún funciona en la entidad, en medio del hostigamiento de delincuentes y las fuerzas federales.
Durante el encuentro en Monterrey, efectuado en la Facultad Libre de Derecho y al que acudieron representantes del CDHNL, así como activistas proderechos humanos de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Zacatecas, Robinson escuchó de viva voz las quejas ciudadanas.
El CDHNL le entregó a la comisionada su informe de 64 páginas titulado Desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y agresiones sexuales cometidas por las Fuerzas Armadas en Tamaulipas, una de las entidades más inseguras, violentas y con mayor índice de desconfianza hacia las autoridades.
Ramos le entregó el informe personalmente a Robinson, quien estuvo acompañada por Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, y los especialistas Tania Reneaum y Efrén Olivares. La enviada se comprometió a analizar el documento y a contactar a Ramos posteriormente.
El documento refiere que la violencia se percibe principalmente en Ciudad Victoria, Tampico, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, justo en la frontera norte.
El 13 de mayo de 2014, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la estrategia para apaciguar Tamaulipas, luego de una escalada de violencia atizada por sicarios de Los Zetas y del Cártel del Golfo, que paralizó las principales ciudades de la entidad.
Y aunque las autoridades aseguraron que su intención era desarticular las bandas, sellar las rutas del tráfico de drogas, personas, armas y dinero, así como garantizar la creación de instituciones locales de seguridad eficientes y confiables, hasta ahora nada de eso se ha cumplido, sostiene Ramos.
En su quinto informe de gobierno, presentado la semana pasada, Torre Cantú aseguró que habían llegado a la entidad 6 mil 120 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 900 de la Secretaría de Marina (Semar), 2 mil 293 de la PF, 2 mil 790 de la Policía Militar (PM) y 2 mil 962 de la Policía Estatal Acreditable (PEA), que se desplegarían en los 42 municipios del estado.
Sin embargo, lejos de tranquilizar la entidad –indica el informe del CDHNL–, la llegada de las fuerzas federales en los últimos meses sólo creó un ambiente de miedo, injusticia y abuso de autoridad. Hoy, varios poblados están abandonados, las carreteras son intransitables y los desaparecidos se cuentan por miles.
“Cuando el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, declaró una guerra frontal al crimen organizado, en Tamaulipas la violencia alcanzó alturas inimaginables, creando una guerra de todos contra todos: cárteles contra cárteles, y cárteles contra autoridades de los tres órdenes de gobierno”, dice el informe entregado a la comisionada Robinson.
Y abunda: “Con Peña Nieto el escenario no tuvo una mejoría, a pesar de anunciar una estrategia diferente. En Tamaulipas las personas siguen desapareciendo, principalmente mujeres jóvenes, las carreteras son inseguras, los cárteles de las drogas siguen operando, a pesar de la captura de sus principales dirigentes, y las fuerzas federales no han podido garantizar ni paz ni seguridad”.
Cifras negras
Según las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, inscrito en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Tamaulipas se documentaron 5 mil 293 casos de desaparecidos entre enero de 2007 y diciembre de 2014. Sin embargo, Ramos asegura que la cifra negra puede ser de 15 mil.
Las cifras oficiales representan sólo 27% de los desaparecidos en todo el país –estimados en 23 mil 27–. Tamaulipas es líder en ese rubro, seguido por Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua y Sinaloa.
Entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de enero de este año, el mayor número de denuncias de privaciones ilegales de la libertad fueron registradas en el Estado de México, con mil 225; Tamaulipas, 607; Guerrero, 516; Morelos, 499; Distrito Federal, 418, y en Veracruz con 340.
No hay estadísticas de los abusos que sufren en su travesía a Estados Unidos los migrantes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. Sólo se sabe que son víctimas de las autoridades migratorias y los vigilantes de La Bestia.
Muchos de ellos son extorsionados, secuestrados y asesinados por bandas criminales en la ruta de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tamaulipas, de acuerdo con reportes del albergue Hermanos del Camino, que dirige el padre Alejandro Solalinde.
Y aun cuando el presidente Peña Nieto impulsó el fortalecimiento del marco jurídico para proteger los derechos humanos, promulgó la Ley General de Víctimas e incluso creó el mecanismo de protección a defensores de los derechos humanos y de los periodistas, en la práctica esos mecanismos no funcionan, dice el informe del CDHNL.
Hoy, agrega, la prevención del delito y la persecución de delincuentes es prácticamente inexistente en Tamaulipas, pues desde la administración de Calderón el gobierno estatal desapareció la policía local en la mayoría de los municipios.
Torre Cantú firmó un convenio de colaboración mediante el cual el gobierno estatal depositaba en las Fuerzas Armadas y sus oficiales la estructura y operatividad de seguridad pública.
El gobierno del estado incluso se encarga de cubrir los salarios de soldados, marinos y policías federales asentados en Tamaulipas, así como su hospedaje, transporte, armamento, vehículos y combustible, además de gastos médicos en caso de accidente e indemnizaciones por fallecimiento en el cumplimento del deber.
“Según expertos en temas de seguridad –dice el informe–, Tamaulipas es un estado fallido donde las autoridades estatales no pueden garantizar a la población el derecho a la paz social, la justicia, la libertad de tránsito o expresión, entre otras.
“Sin embargo, para el gobierno de la República, la vigencia del estado de derecho es una realidad. La corrupción en los más altos niveles de gobierno ha permitido una cercana convivencia entre funcionarios y delincuentes, cobijados también bajo un poderoso manto protector: el poder político.”
Ciudadanos en el desamparo
En el apartado más amplio, el CDHNL documenta 23 ejecuciones extrajudiciales, 22 desapariciones forzadas y una violación cometida en el Cuartel Militar de Nuevo Laredo. Pese a las denuncias ciudadanas, hasta ahora ningún militar ha sido procesado.
En junio de 2011, la Marina envió a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila fuerzas especiales para recabar información de inteligencia a fin de combatir al crimen organizado, aunque no informaron a autoridades locales del resultado de sus acciones.
Las tropas navales tomaron como base de operaciones la denominada Ciudad Deportiva, ubicada en el Libramiento Segundo Anillo Periférico.
“En ese lugar torturaban a los detenidos, hombres y mujeres, niños y adolescentes, para obtener información que les permitieran detectar a delincuentes de mayor rango que operaban en la región y así proceder a su captura”, dice el informe.
Entre el 2 y el 14 de junio de ese año, la CDHNL recibió 15 quejas que implicaban a personal naval por violaciones graves a los derechos humanos en las detenciones arbitrarias. Algunos incluso fueron torturados e incomunicados; otros desaparecieron.
Entre los casos denunciados por desaparición forzada –en 23 de los cuales estuvieron implicados elementos de las fuerzas federales– destacan los de José Cruz Díaz Camarillo, José Fortino Martínez, Martín Rico García, Diego Omar Guillén Martínez, Usiel Gómez Rivera y Héctor Alejandro Rodríguez Vázquez. Familiares de otros nueve detenidos se retractaron de sus denuncias por miedo a represalias mayores de las autoridades, dice Ramos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su recomendación 39/2012 contra la Secretaría de Marina relacionada con la averiguación AP/PGR/TAMPS/REY-III/1979/2011, en el que la Procuraduría General de la República había concentrado las seis investigaciones.
La Marina pagó 200 mil pesos a cada familia y se comprometió a solventar los estudios de los hijos de las víctimas hasta nivel licenciatura.
No obstante, la fiscal federal Rocío Escobar González no encontró elementos de responsabilidad contra los marinos implicados y el 27 de abril de ese año informó a las familias que la averiguación quedaba en reserva.
También hay otro caso de desaparición forzada y ejecuciones que involucran a personal de la Marina. Las víctimas son tres menores: Juan Pablo Hernández Rodríguez, de 13 años, Raúl David Álvarez Gutiérrez, de 17, quien fue arrestado el 30 de julio de 2013, y Diana Laura Hernández Acosta, de 15, así como David Veliz Leija y José de Jesús Martínez Chigo.
La madre de Juan Pablo denunció que el 8 de agosto elementos navales entraron a su casa y se lo arrebataron; al día siguiente apareció muerto en la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras. Tenía huellas de tortura. El cuerpo fue robado antes de que llegara el MP a dar fe de los hechos, según la averiguación AP/PGR/TAMPS/NL-II/3048/2013. Junto al chico apareció el cadáver de Veliz Leija.
El informe del CDHNL menciona también los casos de los exgobernadores Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, quienes enfrentan acusaciones criminales en Estados Unidos. Contra el primero hay una orden de aprehensión por narcotráfico, fraude bancario y lavado de dinero; Hernández enfrenta un cargo formal en el estado de Texas por lavado y narco.
Publican en el DOF acuerdo para crear Fiscalía por Desaparecidos
EXCELSIOR CIUDAD DE MÉXICO. La Procuraduría General de la República (PGR) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que crea la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Quedará adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
El titular de la nueva Fiscalía tendrá la calidad de agente de Ministerio Público de la Federación y será designado y removido libremente por la Procuradora General de la República.
Para su nombramiento el fiscal deberá reunir una serie de requisitos entre los que se encuentran: ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación y contar con título de licenciatura en derecho y cédula profesional.
Deberá tener por lo menos cinco años de ejercicio profesional contados a partir de la fecha de expedición de su cédula; no estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, y ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado, mediante sentencia irrevocable, como responsable de un delito doloso.
Entre otras facultades, el nuevo fiscal recibirá las denuncias; realizará de manera eficaz y urgente todas las diligencias necesarias para buscar y encontrar a las personas desaparecidas.
Será el encargado de diseñar, instrumentar, supervisar y evaluar la ejecución de los protocolos relativos a la búsqueda y localización de personas desaparecidas e identificación forense, los cuales deberán ajustarse a los estándares científicos reconocidos internacionalmente.
También deberá solicitar a las autoridades competentes la autorización para realizar exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que haya cuerpos u osamentas de víctimas.
Requerirá con carácter urgente de las áreas de investigación policial, tecnológica, científica y pericial de la Procuraduría o de otras instancias, toda la información que sea necesaria para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.
Solicitará a las instancias penitenciarias, federales o locales, el traslado de los internos a otros centros de reclusión salvaguardando sus derechos humanos, siempre que esta medida favorezca la localización de las víctimas.
Atenderá e informará a los familiares de las personas desaparecidas acerca de las líneas de investigación y los incorporará a los procesos destinados a la búsqueda y localización de las víctimas.
Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, contará con los recursos humanos, materiales y financieros suficientes.
El acuerdo entrará en vigor a partir de mañana sábado y quedará abrogado el A/066/13, por el que se creó la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas. De esta manera se transferirán los recursos materiales, financieros, humanos y la información con la que cuenta actualmente, a la nueva dependencia.
Incrementa número de pobres en Edomex: PRD
· En el periodo 2012-2014, el Estado de México vio incrementado el número de pobres al pasar del 45.3% de su población al 49. 6 %.
“En el período 2012-2014, el Estado de México vio incrementado el número de pobres al pasar del 45.3% de su población al 49. 6 %; en pobreza extrema de 5.8% al 7.2%. Es decir, 941,117 más pobres y, 261,187 personas más en pobreza extrema, según informe del Coneval”
Expuso la diputada del PRD, Bertha Padilla Chacón, durante la comparecencia del Secretario de Desarrollo Social, Arturo Osornio Sánchez, por lo que cuestionó al titular sobre las causas de dicho incremento y medidas que se tomarán.
“Como usted sabe, la reciente Evaluación del CONEVAL coloca al Estado de México como la entidad en donde la pobreza fue en repunte, le pregunto: ¿A qué debemos este incremento de la pobreza señor Secretario y que acciones tienen en puerta para que reviertan esta condición?”
Dicha situación, comentó la diputada perredista, le preocupa a su Grupo Parlamentario, pues el estado es la entidad en donde aumentó más el número de pobres, incremento que alcanza la cifra de 8 millones 269 mil mexiquenses que padecen algún tipo de pobreza, por encima de Chiapas, Puebla, Michoacán y de Oaxaca.
Por ello, consideró importante cambiar la concepción del Desarrollo Social, en el que los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno Federal, estatal y municipal, lleven como premisa garantizar la calidad de vida de los mexiquenses que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
“Indispensable transformar el marco operativo de los Programas Sociales, no solo basta con entregar apoyos en especie y económicos para ir eliminado las condiciones de pobreza de los mexiquenses, debemos tener un proyecto integral que fomente la paz, la libertad, la justicia y la equidad…” propuso.
Finalmente, la diputada Bertha Padilla preguntó al Secretario de Desarrollo Social: ¿Qué ha fallado en el Gobierno para atender a estos millones de mexiquenses? Y ¿Qué debe de cambiar, para que los Programas Estatales de Desarrollo Social funcionen y realmente sean los mecanismos idóneos que permitan sacar de la pobreza a los poco más de 8 millones de mexiquenses?
En un dilema el futuro de la Suprema Corte de Justicia
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