La Autoridad Judicial con sede en Tlalnepantla, Estado de México, dictó una sentencia condenatoria de ocho años y siete meses de prisión para José Adrián Jaimes Zepeda, luego de que el Representante Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) acreditó su responsabilidad penal en el delito de robo con violencia a casa habitación.
El sujeto fue encontrado culpable de un robo registrado en el mes de febrero del año 2015, cuando ingresó a un inmueble localizado en la colonia Jardines de Atizapán, en el municipio de Atizapán, y sustrajo diversos objetos de valor y dinero en efectivo.
Tras cometer el robo, este sujeto pretendió darse a la fuga, sin embargo fue detenido por elementos de la policía municipal, quienes realizaban un operativo en la zona y se percataron de los hechos.
Este individuo fue presentado ante el Agente del Ministerio Público (MP), quien inició la carpeta de investigación correspondiente y se encargó de reunir los elementos de prueba necesarios para ponerlo a disposición de un Juez.
Luego de revisar las pruebas aportadas por esta Representación Social, y previo proceso legal, la Autoridad Judicial lo condenó a ocho años y siete meses de cárcel, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.
• Citan a 90 demarcaciones, toda vez que directores de seguridad, obras públicas, tesoreros o secretarios del ayuntamiento no cuentan con el perfil-certificación-para ocupar el cargo que les confirieron. Alcalde, síndicos y regidores podrían haber incurrido en responsabilidad.
Por Mario Ruíz
TOLUCA Méx., a 11 de junio del 2016.- Al menos integrantes de 90 municipios en el estado de México, han sido citados a garantía de audiencia ante la contraloría del Poder Legislativo porque no nombraron a funcionarios con el perfil que señala la ley para ser directores de seguridad pública, tesoreros, directores de obras públicas o secretarios del ayuntamiento.
Victorino Barrios Dávalos, contralor del Poder Legislativo local lamentó que varios ediles, pese a los cursos que les dieron antes de llegar al cargo, optaron por seguir nombrando a su gente incondicional: "al ahijado, al compadre, al amigo", en lugar de buscar a quienes pudieran ser los mejores para gobernar los municipios..
Afirmó que varios en las garantías de audiencia han señalado que harán los cambios, pero advirtió que en algunos casos no solo los alcaldes, sino también síndicos y regidores podrían haber incurrido en alguna responsabilidad, al no acatar la Ley Orgánica Municipal, y en algunos casos, tampoco la Ley de Seguridad.
Fue descubierto el cuerpo sin vida de un hombre en un paraje que se ubica cerca de 50 metros de la carretera federal Toluca-Naucalpan, en el municipio de Lerma, Estado de México.
El hallazgo se tuvo sobre la calle Lienzo Charro, en la comunidad de San Agustín Huitzizilapan sin número, en la zona conocida como El Charco, por vecinos que acudían a sus actividades diarias.
Acudieron al lugar, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y después de realizar una inspección, confirmaron la muerte del hombre, el cual quedó a un costado de un camino, junto a la hierba.
La víctima, de aproximadamente 35 años de edad, que no fue identificada y que llevaba ropa oscura, tenía un impacto de arma a la altura de la cabeza; pudo haber sido privada de la vida en el sitio ya mencionado, ya que a unos metros del cuerpo se encontró un cartucho percutido presumiblemente calibre 9 milímetros.
Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) acudió para realizar las diligencias necesarias y levantar evidencias de la escena del crimen.
Posteriormente ordenó el levantamiento del cuerpo.
Las autoridades iniciaron la carpeta de investigación correspondiente, por el delito de homicidio, en aras de determinar su móvil.
En Chilpancingo, Guerrero, al menos 10 cuerpos han sido exhumados de diferentes fosas clandestinas ubicadas en un sólo punto del municipio de Chilapa de Álvarez, donde la violencia continúa pese al operativo policiaco-militar que se mantiene en la zona que conecta la región Centro con la Montaña guerrerense.
Según un comunicado de la Fiscalía General del estado (FGE), se localizaron cinco cuerpos en tres fosas localizadas en la colonia Nueva Orleans de la cabecera municipal de Chilapa.
Allí mismo, sobre el camino que conduce al poblado de Ajacayán, el 31 de mayo se halló un sexto cuerpo, hecho que exhibió el cementerio clandestino en ese sitio.
Dos días después peritos de la FGE encontraron a otra víctima y el pasado lunes 6 fueron exhumados tres cuerpos de dos hombres y una mujer.
Según el informe, en este momento se realizan los dictámenes de antropología, odontología y genética para extraer y procesar muestras que determinen el perfil genético y conocer las características de sexo, edad y altura, entre otros datos.
En el municipio de Cocotitlán, Estado de México, localizaron el cuerpo de un hombre en los límites de éste municipio y el de Temamatla, sobre tierras de cultivo.
El cuerpo sin vida de un hombre que se reportó como desconocido, fue hallado en terrenos de siembra por habitantes de la comunidad de Los Reyes, quienes reportaron el suceso a las autoridades de ambos municipios.
Los hechos se desarrollaron cuando dos vecinos de la comunidad de Los Reyes, del municipio de Temamatla, al caminar por una vereda se percataron del cuerpo del hombre que se encontraba sobre la tierra, boca arriba, con la cara ensangrentada; por lo que al acercarse se dieron cuenta de que ya no respiraba.
De esta manera, hicieron una llamada a los cuerpos de seguridad pública de ambos municipios, quienes arribaron más tarde, confirmando la muerte del joven que no presentaba heridas de bala o de arma blanca, por lo que afirmaron que fue muerto a golpes, además que presentaba huellas de neumáticos en sus ropas.
Versiones de efectivos policiacos del municipio de Cocotitlán comentaron que recibieron una llamada de vecinos que habían visto a unos sujetos pasar por el frente de una tienda de autoservicio de la cadena OXXO, correteando a un joven, reporte que no tuvo más trascendencia, porque al salir los elementos municipales a verificar, ya no vieron nada, a pesar de haber realizado patrullajes.
El joven que vestía sudadera negra con gorro, pantalón de mezclilla azul cielo y tenis de color negro, fue levantado por el Ministerio Público (MP) de Amecameca y trasladado a las instalaciones de esa demarcación; donde se levantó la carpeta de averiguación con el número 66579055003516 por homicidio.
La Masacre del Jueves de Corpus o La Masacre de Corpus Christi —llamada El Halconazo por la participación de un grupo paramilitar identificado con el nombre Halcones— es como se le conoce a los hechos ocurridos en la Ciudad de México, el 10 de junio de 1971 (día de la festividad de Corpus Christi, de donde tiene origen el nombre coloquial de la matanza), cuando una manifestación estudiantil en apoyo a los estudiantes de Monterrey, fue violentamente reprimida por un grupo paramilitar al servicio del estado llamado "Los Halcones".
En ese tiempo, el presidente, Luis Echeverría Álvarez, se desligó de los hechos; pero nunca aclaró la situación que fue siempre negada oficialmente. De los hechos sangrientos nadie se responsabilizó y mucho menos fue llevado ante la justicia.
Desde sus primeros días de gobierno, el presidente Luis Echeverría Álvarez anunció reformas de apertura democrática en el país. Inmediatamente permitió el regreso de algunos líderes del movimiento estudiantil de 1968 exiliados en Chile y la excarcelación de muchos otros presos desde hacía dos años (en abril de 1971 la prensa habló de próximas reformas educativas y pronto resurgieron en el ámbito político personajes como José Revueltas y Heberto Castillo, encarcelados dos años y medio atrás).
Los estudiantes estaban entusiasmados y creyeron que habría oportunidades para regresar a las calles a manifestarse en contra del gobierno. El conflicto en la Universidad Autónoma de Nuevo León les dio una razón más para hacerlo: A finales de 1970 profesores y estudiantes de la universidad presentaron una ley orgánica que proponía un gobierno paritario y en marzo de 1971 llegó Héctor Ulises a la rectoría bajo esta nueva ley.
El gobierno estatal, en desacuerdo, redujo drásticamente el presupuesto, lo que disgustó a los universitarios, y obligó al Consejo Universitario a aprobar un nuevo proyecto de ley que prácticamente suprimía la autonomía de la institución.
Los universitarios comenzaron una huelga y se pidió solidaridad a las demás universidades del país. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional inmediatamente respondieron y los estudiantes convocaron a una manifestación masiva en apoyo a Nuevo León el día 10 de junio.
El 30 de mayo el gobernador de Nuevo León, Eduardo A. Elizondo Lozano, renunció como parte del programa de conciliación de la Secretaría de Educación Pública y el 5 de junio entró en vigor una nueva ley orgánica que resolvía el conflicto.
Los estudiantes capitalinos, pese a ello, decidieron manifestarse, aun cuando las demandas no eran claras. El Comité Coordinador de Comités de Lucha (CoCo) estaba dividido; había quienes pensaban que la marcha era inútil y sólo provocaría al gobierno, sin embargo, la mayoría la apoyó arguyendo que había muchos problemas más sin resolver.
Se pedían desde 500 millas de mar territorial hasta efectividad en la apertura democrática prometida por Echeverría. Era, además, una oportunidad para que el gobierno mostrara que no sería represor como el anterior.
El jueves 10 de junio de 1971 a las 17:00 horas salió la marcha estudiantil cerca de la estación del metro Normal, que dirigía al Zócalo, pero las calles estaban bloqueadas por granaderos, agentes que impedían el paso, tanques antimotines y entre ellos “Los Halcones”.
Al llegar a la Calzada México-Tacuba, al norte de la ciudad, según los testimonios de la época, de varios autobuses salieron jóvenes fornidos, de pelo muy corto y tenis blancos, con macanas, kendos (un sable de bambú japonés) y armas de fuego, que usaron para arremeter contra los estudiantes.
La policía, que aparentemente vigilaba la marcha, no intervino en el enfrentamiento. Minutos después, hubo disparos y de los jóvenes que marchaban cayeron heridos o muertos.
Los estudiantes trataron de defenderse con los palos de las pancartas, con piedras y con lo que encontraban a su paso, pero ante la desventaja huyeron. Pero metros adelante, en la avenida Hidalgo (centro de la ciudad) los tanques del Ejército y los gases lacrimógenos les cerraron el paso.
El ataque contra los estudiantes ocurrió. Los integrantes de esta fuerza de seguridad estaban armados con varas de bambú y palos de kendo, los estudiantes los repelieron y en el contraataque ellos agredieron con armas de fuego. Los heridos fueron llevados a un hospital; sin embargo, algunas versiones aseguran que los Halcones llegaron y asesinaron a los jóvenes en el nosocomio.
Oficialmente se reconoció que había 9 jóvenes muertos, 40 heridos de bala, varias decenas de atropellados y numerosos detenidos, según documentos del Archivo General de la Nación.
Tras el enfrentamiento alrededor de 120 jóvenes resultaron muertos o desaparecidos.
Por varios años el caso no fue investigado por la justicia mexicana sino hasta julio de 2004 cuando la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) consignó el expediente del Jueves de Corpus y solicitó 11 órdenes de aprehensión.
Entre los indiciados se encontraban el exmandatario Echeverría y su secretario de Gobernación, Mario Moya; los extitulares de la Dirección Federal de Seguridad Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro, así como otros siete acusados, entre ellos varios integrantes de los halcones.
Un año después, el 26 de julio de 2005 un tribunal unitario concluyó con la exoneración del expresidente Echeverría y Moya Palencia, negó las órdenes de aprehensión en contra de ambos inculpados, tras considerar que la Femospp no acreditó que la matanza del 10 de junio de 1971 fuese un acto de genocidio.
En la Ciudad de México, un delincuente muerto y otro herido dejó un asalto a una tienda de conveniencia ubicada en las calles Indiana y San Antonio, colonia Nápoles.
Dos asaltantes más escaparon tras enfrentarse a balazos con policías capitalinos, luego de robar mercancía y dinero en efectivo de una sucursal de la tienda 7-Eleven.
Los sujetos llegaron a la zona en un auto Volkswagen Jetta que dejaron en la esquina de Viaducto Río Becerra y Calle 17, colonia San Pedro de Los Pinos.
Cuando volvían a su vehículo, fueron sorprendidos por policías y se originó una balacera.
Dos de ellos alcanzaron a llegar al Jetta y huyeron, pero otro fue abatido por agentes y el cuarto fue detenido.
En el lugar, los oficiales hallaron un revólver calibre 38 que portaba uno de los delincuentes.
Por Mario Ruíz
TOLUCA Méx., a 11 de junio del 2016.- Al menos integrantes de 90 municipios en el estado de México, han sido citados a garantía de audiencia ante la contraloría del Poder Legislativo porque no nombraron a funcionarios con el perfil que señala la ley para ser directores de seguridad pública, tesoreros, directores de obras públicas o secretarios del ayuntamiento.
Victorino Barrios Dávalos, contralor del Poder Legislativo local lamentó que varios ediles, pese a los cursos que les dieron antes de llegar al cargo, optaron por seguir nombrando a su gente incondicional: "al ahijado, al compadre, al amigo", en lugar de buscar a quienes pudieran ser los mejores para gobernar los municipios..
Afirmó que varios en las garantías de audiencia han señalado que harán los cambios, pero advirtió que en algunos casos no solo los alcaldes, sino también síndicos y regidores podrían haber incurrido en alguna responsabilidad, al no acatar la Ley Orgánica Municipal, y en algunos casos, tampoco la Ley de Seguridad.
Dos asaltantes más escaparon tras enfrentarse a balazos con policías capitalinos, luego de robar mercancía y dinero en efectivo de una sucursal de la tienda 7-Eleven.
Los sujetos llegaron a la zona en un auto Volkswagen Jetta que dejaron en la esquina de Viaducto Río Becerra y Calle 17, colonia San Pedro de Los Pinos.
Cuando volvían a su vehículo, fueron sorprendidos por policías y se originó una balacera.
Dos de ellos alcanzaron a llegar al Jetta y huyeron, pero otro fue abatido por agentes y el cuarto fue detenido.
En el lugar, los oficiales hallaron un revólver calibre 38 que portaba uno de los delincuentes.
