La propuesta de reformas a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y al Código Administrativo, ambos estatales, pretende que auditorios, teatros, cines, museos y centros culturales incorporen estos sistemas y demás apoyos de accesibilidad auditiva que resulten procedentes, atendiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Además, el proyecto legislativo presentado en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense indica que se deberá instalar señalización visible, comprensible y accesible que informe a las personas sobre la disponibilidad de estos apoyos y la forma de acceder a ellos.
Especifica que el Instituto Mexiquense para la Discapacidad se coordinará con las autoridades estatales y municipales, así como con los sectores social y privado, para promover, supervisar, dar seguimiento y, en su caso, emitir recomendaciones sobre el cumplimiento de la obligación de instalación, operación y mantenimiento de estos sistemas, así como para participar en la elaboración de lineamientos técnicos, programas de implementación gradual, capacitación y difusión en la materia.
De aprobarse por el Pleno legislativo, este instituto, en coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo, garantizaría el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad para disfrutar y beneficiarse equitativamente de las actividades culturales y recreativas, mediante el fomento de la incorporación progresiva de medidas de accesibilidad auditiva, asegurando la participación efectiva de este sector.
De igual forma, en la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se plantea que esta dependencia promueva que la infraestructura y los espacios destinados a servicios turísticos incorporen medidas de accesibilidad auditiva, para garantizar el acceso de este sector en condiciones de igualdad.
El documento describe a los sistemas de escucha asistida como productos, dispositivos o sistemas de tecnología de asistencia destinados a mejorar la audición funcional y el acceso a la comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva, mediante la transmisión o amplificación de la señal sonora de forma accesible y adecuada al entorno, incluyendo, de manera enunciativa, mas no limitativa, sistemas de bucle magnético, frecuencia modulada, infrarrojos o tecnologías digitales de apoyo, de conformidad con las disposiciones técnicas aplicables.
Respecto al Código Administrativo, se pretende que las construcciones, además de cumplir con las previsiones correspondientes a protección civil, ingeniería sanitaria y accesibilidad para personas en situación de discapacidad, incluyan sistemas de escucha asistida y demás apoyos de accesibilidad auditiva.
En sus artículos transitorios, el proyecto propone que el Congreso mexiquense realice una consulta previa, abierta, accesible, informada, significativa y con participación efectiva de las personas con discapacidad, particularmente de aquellas con discapacidad auditiva.
Adicionalmente, el Instituto Mexiquense para la Discapacidad dispondría de un plazo no mayor a 180 días, a partir de la entrada en vigor del decreto de la iniciativa, para emitir, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, la Secretaría de Cultura y Turismo y, en su caso, con los ayuntamientos, los lineamientos técnicos para la implementación de medidas de accesibilidad auditiva y de sistemas de escucha asistida.
Aplicaría el mismo plazo para implementar acciones de difusión, orientación y capacitación dirigidas a autoridades, operadores de espacios de uso público y sectores social y privado, respecto de las obligaciones, buenas prácticas y beneficios de la accesibilidad auditiva.
Cada ayuntamiento tendría un plazo equivalente para armonizar sus reglamentos, procedimientos administrativos, criterios técnicos y acciones de verificación. Se precisa, además, que las obligaciones contempladas serían aplicables de manera gradual y progresiva.
En tanto, las dependencias y entidades de la administración pública estatal, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a la disponibilidad presupuestaria, realizarían la implementación gradual y progresiva de las medidas previstas, priorizando espacios con alta afluencia pública.
Tratándose de nuevas construcciones, ampliaciones, rehabilitaciones, adecuaciones o modificaciones relevantes, el cumplimiento sería exigible conforme a las autorizaciones, licencias, permisos o actos administrativos que se emitan con posterioridad a la entrada en vigor.
Para el caso de inmuebles, instalaciones o espacios públicos o privados existentes con anterioridad a la entrada en vigor, la incorporación de los sistemas se realizaría de manera gradual, progresiva y razonable, atendiendo a la naturaleza del inmueble, la factibilidad técnica y la disponibilidad presupuestaria o capacidad operativa.
La iniciativa expone que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó que, entre las personas con discapacidad, el 19.4 por ciento manifestó tener dificultad para oír, aun usando aparatos auditivos. A su vez, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, también del INEGI, registró que el 33.8 por ciento de la población de 12 años y más con discapacidad declaró haber sido discriminada en los últimos 12 meses.
De ese porcentaje, el 49.6 por ciento señaló como motivo principal de segregación su discapacidad. El documento agrega que, con base en el último Censo de Población y Vivienda, del mismo instituto, se estima que cerca de 2.3 millones de mexicanas y mexicanos viven con discapacidad auditiva (más de 167 mil son mexiquenses), de los cuales más del 50 por ciento son mayores de 60 años, poco más del 3 por ciento tienen entre 30 y 59 años, mientras cerca del 2 por ciento son niñas y niños.
