lunes, 22 de diciembre de 2014
"El Gobierno mexicano siente que somos tontos, pero sabemos lo que está haciendo"
Indulto para reos no peligrosos, indígenas y pobres: Octavio Martínez Vargas
• Indulto a internos de baja peligrosidad, de origen étnico y de escasos recursos económicos para despresurizar las cárceles del Estado de México, propuso el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la LVIII Legislatura, Octavio Martínez Vargas
• La sobrepoblación alcanza 90 por ciento y aumenta los riesgos de motín y el desgaste de recursos públicos, advirtió.
Como una estrategia para despresurizar las cárceles del Estado de México, que tienen una sobrepoblación de 90 por ciento, garantizar la correcta reinserción social de los internos y evitar que se encuentren recluidos sólo por ignorancia o pobreza, el diputado Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, planteó al gobernador Eruviel Ávila, la posibilidad de emitir un decreto para otorgar el indulto a internos de baja peligrosidad, de origen étnico y de escasos recursos económicos.
Damián Canales, secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México, ha reconocido que los penales de la entidad padecen hacinamiento de hasta 90 por ciento, debido a que las detenciones se han incrementado.
Sin embargo, el legislador perredista advirtió que, de continuar así, en breve las cárceles mexiquenses se convertirán en un problema, incluso con el riesgo latente de motines por sobrecupo y mantenerlos implica una elevada erogación pública que bien podría encaminarse a la generación de empleos para ellos o en su educación.
En la actualidad, dicho por el propio Canales Mena, prosiguió, el número promedio de internos en el Estado de México es del orden de los 20 mil 400.
En este entendido, propuso al gobernador Eruviel Ávila promover un indulto para los reos de baja peligrosidad, de escasos recursos económicos y origen étnico, generalmente encarcelados sólo tras robarse un pan por hambre, condición de la que no son culpables pues no existen ni educación ni fuentes de empleo para ellos, como alternativas que el Estado se encuentra obligado a proporcionarles.
Generalmente, comentó, este tipo de internos se encuentra recluido porque no puede contratar un buen abogado, es ignorante y/o pobre.
Además, siendo los penales escuelas del crimen, destacó, dentro estos primo-delincuentes de baja peligrosidad, sí corren el riesgo de contaminarse y aprender lecciones ilícitas, en lugar de que el Estado les garantice una correcta reinserción social, como también es su obligación.
Estos beneficios, consideró, deben alcanzar a las mujeres, mientras los internos con problemas psiquiátricos, que no son pocos, deben ser enviados a clínicas especializadas para su atención.
De esta manera, el además subcoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aprovechó para solicitar un primer corte de caja sobre los avances y resultados del Tribunal de Tratamiento de Adicciones como una alternativa de justicia terapéutica, pues 60 por ciento de los delitos han sido cometidos bajo el influjo de algún estupefaciente, mientras en el caso de los menores infractores esta cifra es de 54.3 por ciento.
EU investiga a cuatro exgobernadores priistas por lavado de dinero
JUAN ALBERTO CEDILLO
Los exgobernadores tamaulipecos Eugenio Hernández y Tomás Yarrington y los coahuilenses Jorge Torres López y Humberto Moreira. Fotos: B. Flores y O. Gómez
Saltillo, Coah., (apro).- Los exgobernadores tamaulipecos Eugenio Hernández y Tomás Yarrington y los coahuilenses Jorge Torres López y Humberto Moreira estarían implicados en el lavado de 699 millones de pesos provenientes de dos fuentes: el erario y sobornos del narcotráfico a cambio de favores.
Según se desprende de documentos de cortes federales de Texas, en esa compleja red de corrupción habrían participado también el extesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, y el secretario de Desarrollo Social de Tamaulipas, Homero de la Garza Tamez, además de cuatro empresarios, entre ellos Guillermo Flores Cordero, originario de Torreón, Coahuila, quien presuntamente lavó alrededor de 30 millones de dólares.
De acuerdo con los fiscales estadunidenses, parte de esos recursos eran sobornos de Los Zetas que fueron entregados a Eugenio Hernández.
Tomás Yarrington y Jorge Torres López tienen demandas civiles en las cortes federales por la incautación de más de 10 millones de dólares que depositaron en bancos de Texas y las Bermudas o que lavaron en la compra de bienes inmuebles y negocios.
Desde mayo de 2012 se presentaron demandas civiles en cortes federales de San Antonio y Corpus Christi contra Yarrington Ruvalcaba, a quien se acusa de lavar dinero con la compra de propiedades a través de prestanombres.
El exgobernador habría recibido esos recursos como pago por la protección que brindó al Cártel del Golfo, cuando fue alcalde de Matamoros y posteriormente como mandatario de Tamaulipas.
Las autoridades estadunidenses aseguraron a Yarrington un departamento de lujo en la Isla del Padre y dos residencias más, una de ellas de dos niveles ubicada en un exclusivo sector de McAllen, además de una aeronave y cuentas en bancos de las Bermudas y de Texas.
El total de los bienes incautados suman alrededor de 7.5 millones de dólares.
Algunas de las propiedades fueron adquiridas a través de dos prestanombres: el empresario ferretero Napoleón Rodríguez de la Garza y su exsecretaria Cindy Chapa.
En septiembre de 2013 fiscales federales presentaron una demanda civil en contra el exgobernador de Coahuila Jorge Torres –quien sustituyó a Humberto Moreira cuando éste renunció al cargo–, a quien se le decomisaron 2.8 millones de dólares que fueron lavados en bancos de Texas y las Bermudas.
El tercer exgobernador implicado en los juicios que se llevan en las cortes de Texas es Eugenio Hernández Flores, acusado de recibir dinero del crimen organizado que controla Tamaulipas, y que fue depositado en bancos de Texas a través de prestanombres.
“Eugenio Hernández ha sido identificado por la DEA como quien recibió de sobornos del cártel de drogas Los Zetas, una organización criminal transnacional, a cambio de que éste tuviera la capacidad para operar sin restricciones en Tamaulipas, mientras fue gobernador”, informó la fiscal asistente Julie Hampton en la audiencia contra el empresario Guillermo Flores Cordero, quien supuestamente lavó esos fondos.
En el proceso que se le sigue al extesorero de Coahuila, Javier Villarreal, las autoridades estadunidenses demostraron que en bancos de Texas lavó más de 357 millones de pesos.
Las cuentas bancarias descubiertas hasta ahora a su nombre y el de su familia están calculadas en 6.5 millones de dólares, y ya le fueron requisadas distintas propiedades.
Los últimos reportes de los fiscales que llevan su caso en cortes de Texas aseguran que parte de ese dinero provino de favores por contratos otorgados por el gobierno de Humberto Moreira a proveedores, entre ellos una empresa relacionada con el grupo criminal Los Zetas.
La demanda civil contra el exsecretario de Desarrollo Social de Tamaulipas, Homero de la Garza Tamez, busca confiscarle 1.1 millones de dólares depositados en cuentas de bancos de Texas.
De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, los fondos presuntamente provienen del lavado de dinero derivado de sobornos a cambio de la asignación de contratos.
A los empresarios tamaulipecos a quienes se les siguen procesos en Texas son: Fernando Cano y Napoleón Rodríguez de la Garza –ambos señalados como prestanombres para lavar dinero de Tomás Yarrington, proveniente de sobornos–, así como los coahuilenses Guillermo Flores Cordero y Rolando González Treviño.
El primero fue detenido junto con su esposa Leticia María de Guadalupe Galán Villalobos en agosto de 2013, en San Antonio. Posteriormente se declaró culpable de lavado de dinero en una corte de Corpus Christi.
El diario San Antonio Express News difundió las declaraciones de empresario en una audiencia de la Corte Federal de Corpus Christi.
“Él utilizó empresas ficticias para enviar dinero de México a cuentas bancarias en el Valle del Río Grande a nombre de terceros, para encubrir la procedencia de los fondos”, dijo la fiscal asistente Julie Hampton.
Entre los años 2009 y 2012, el empresario coahuilense lavó al menos 30 millones de dólares a través de empresas ficticias. Parte de ese dinero era propiedad del exgobernador de Tamaulipas.
Rolando González Treviño forma parte de la familia dueña de la cadena de Televisión RCG de Coahuila, que recibió contratos millonarios durante la administración de Humberto Moreira, y también tuvo arreglos con el PRI para que manejara anuncios de campaña de sus candidatos.
Los fiscales demostraron con pruebas proporcionadas por la DEA que los políticos y hombres de negocios cometieron los ilícitos señalados. No obstante, la mayoría de ellos no tiene procesos judiciales en su contra en México.
Exigen al presidente del Congreso de Guerrero que pida a sus hermanos liberar a secuestrados
EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
El presidente del Congreso de Guerrero, Bernardo Ortega Jiménez.
Foto: José Luis de la Cruz
AYOTZINAPA, Gro., (proceso).- Familiares de cinco hombres desaparecidos pidieron al presidente del Congreso estatal, Bernardo Ortega Jiménez, que le pida a sus hermanos, identificados como líderes del grupo criminal “Los Ardillos”, que liberen a las víctimas.
Los familiares acusaron al legislador y coordinador de la fracción parlamentaria del PRD de proteger a sus hermanos Celso y Antonio Ortega Jiménez, identificados por el gobierno federal como jefes de una banda criminal que opera en el municipio de Quechultenango, ubicado en la región Centro de la entidad.
Los familiares de las víctimas identifican a los líderes de este grupo delictivo como los responsables de la retención y desaparición de los cinco hombres.
El pasado 26 de noviembre, un grupo armado se llevó por la fuerza a cinco hombres, entre ellos un empresario constructor y dos arquitectos que ejecutaban un proyecto del programa Escuelas de Calidad en una zona marginada del municipio de Chilapa de Álvarez.
El hecho se registró en las inmediaciones del poblado de El Jagüey, colindante con el municipio de Quechultenango, donde sicarios al servicio de “Los Ardillos” y “Los Rojos” mantienen una confrontación que se ha recrudecido en los últimos días y ha dejado durante este año al menos 18 personas desaparecidas y varios homicidios.
Las víctimas fueron identificadas con los nombres de: Vicente Apreza García, Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer, ambos procedentes del municipio de Cuautla, Morelos; así como los hermanos Hugo y Alejandro Díaz Navarro, comerciantes originarios de Chilapa.
José Díaz Navarro, hermano de Hugo y Alejandro, acudió acompañado de familiares a la normal de Ayotzinapa , donde el nuncio apostólico en México, Christopher Pierre, ofició una misa en la normal para tratar de aliviar el dolor de los padres de los estudiantes que siguen desaparecidos.
Los familiares de los desaparecidos de Chilapa pidieron al jerarca católico que intervenga para que las autoridades reduzcan la violencia en dicho municipio, donde también fue ejecutado y enterrado en una fosa clandestina el sacerdote de origen ugandés John Ssenyondo.
José Díaz reprochó la indolencia gubernamental frente al caso de los cinco desaparecidos y aseguró que el presidente del Congreso de Guerrero está interviniendo ante autoridades federales para proteger a sus hermanos.
A casi un mes de este hecho, el gobierno federal no ha implementado un operativo en el municipio de Quechultenango, a pesar de que los familiares de las víctimas ubicaron dos casas de seguridad donde fue llevada la camioneta en la que viajaban los cinco desaparecidos.
PGJ Quintana Roo ocultó evidencias que vinculan a "Niño Verde" con muerte de modelo en Cancún
SDPNOTICIAS.
PGJ Quintana Roo ocultó evidencias que vinculan a Modelo búlgara que falleció en departamento de "Niño Verde"
El era el dueño del departamento donde presuntamente se habría suicidado la modelo, aunque un informe forense indica que la mujer fue violada e intentó defenderse previo al suicidio.
Galina Chankova Chaneva fue violada e intentó defenderse antes de presuntamente 'saltar' desde la terraza del piso 19 de la Torre Emerald Cancún, según lo revela el informe del levantamiento de cadáver realizado por el médico forense de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, Alberto Domínguez el 2 de abril de 2011.
Galina Chankova venía de Ámsterdam en Holanda, acompañada por Gergana o Ivanova Ralitsa, quienes habían sido contratadas por una agencia de modelos para trabajar durante la noche en una fiesta organizada por el que fuera dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Emilio González Martínez.
La modelo búlgara, según detalla la declaración de Mario Pidev al subprocurador de la Zona Norte, Ludwig Alejandro Vivas Arjona, así como a la representante de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, Ingrid Alejandrina Flores Arjona, había sido contratada para trabajar en el departamento prestado por el 'Niño Verde' a su amigo Pidev, donde residía.
La averiguación previa CAN/1617/2011 relata las últimas horas de vida de Galina, desde su arribo al aeropuerto de Cancún, los preparativos, el inicio y el desarrollo de la fiesta, hasta que abandonó furiosa la habitación, tras intentar que dos sujetos la sacaran de la fiesta sin éxito, de acuerdo con Pidev, Galina se aferró al balcón y saltó al vacío.
En la fiesta había licor y cocaína
De acuerdo con Pidev, notó que la chica se comportaba de manera extraña al llegar a Cancún y pensó que podría estar drogada. Galina había sido contratada debido a su experiencia en eventos políticos y al parecer era Gergana quien fungía como contacto con la agencia europea de modelos y edecanes.
Pidev relató que vio a Galina inhalar una sustancia en dos ocasiones y a las 12:30 entró con dos hombres a una habitación, luego de 20 minutos salió muy alterada y señaló que no deseaba estar más tiempo en el lugar; entró de nuevo a la habitación y apareció con una herida en una de sus manos que se había provocado con un abrecartas.
Posteriormente fue cuando la chica 'saltó', entonces los invitados asustados corrieron hacia el elevador y la fiesta se transformó en caos.
El dictámen del médico forense Alberto Domínguez, indica que Galina presentaba huellas de violación por el recto, lo cual le ocasionó un desgarramiento, además la cortada con arma punzocortante que llevaba en la mano había sido en defensa propia.
La Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo cremó los restos de la búlgara sin autorización de sus familiares o de la embajada de Bulgaria en México, cinco días después de su muerte.
Las autoridades estatales no volvieron a citar a los involucrados.
La familia de Galina en Karnobat, fue informada sobre el deceso, su hermano Veliko Chanev, informó que se había abierto un proceso ante la justicia búlgara para esclrecer el asunto, además de que busca a Ivanova Ralista, pieza claves en los hechos.
Cobertura en medios locales
Una vez que se ventilaron los acontecimientos por parte del exgobernador Félix González Canto, entre columnistas y directores de periódicos locales a su servicio, González Martínez negó que fuera dueño del departamento y que asistiera a la fiesta de la tragedia, sin embargo, el diario Reforma descubrió que era propietario de dos departamentos de lujo del complejo Emerald: el 19 B y el 19 C, que fueron fusionados, lo cual lo obligó a aceptar su propiedad, pero continuó negando que hubiese asistido a la reunión.
Con información de Luces del Siglo
Asegura SCT que “no se ha pagado nada” por cancelar tren México-Querétaro
Autodefensas toman alcaldía de Apatzingán; exigen justicia para Manuel Mora
SDPNOTICIAS.
Autodefensas toman alcaldía de Apatzingán; exigen justicia para Manuel Mora (@SexenioMX) Autodefensas en alcaldía de Michoacán
Un grupo de autodefensas, tomó las instalaciones de la alcaldía de Apatzingán en Michoacán, con el objetivo de exigir la detención de las personas que participaron en la muerte del hijo de Hipólito Mora.
Mediante pancartas, los manifestantes exigen a los tres niveles de gobierno que aprehendan a los responsables del ataque en La Ruana de la semana pasada que culminó con la muerte de Manuel Mora, además exigieron la captura del líder del grupo de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez "La Tuta".
Durante la protesta, los trabajadores del ayuntamiento no pudieron ingresar al inmueble municipal, mientras los inconformes aseguraban que la toma sería indefinida.
Con información de Quadratín
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