viernes, 29 de abril de 2016
Diputados aprueban agilizar trámites de adopción y atender a menores extranjeros en condición de refugiados
Aproximadamente, 30 mil menores se encuentran en desamparo familiar y viven en 700 centros de asistencia social.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes que reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de atender a los infantes extranjeros que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo y agilizar los trámites de adopción de menores, respectivamente.
El primer dictamen, aprobado por 441 votos, busca incluir en el artículo cuarto, como parte de las definiciones dentro del cuerpo de la ley, el término Sistema Municipal de Protección, toda vez que no estaba considerado, pero sí se mencionaba en el texto de la ley.
Por otra parte, se definen los mecanismos de coordinación entre el Instituto Nacional de Migración, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de la Secretaría de Gobernación, a efecto de adoptar medidas de protección especial de infantes y adolescentes que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo.
El segundo dictamen, avalado por 434 votos, pretende construir una regulación cada vez más sólida y eficaz en materia de adopción, regida por el principio del interés superior de la niñez.
Al respecto, el Sistema DIF hizo un diagnóstico con proyecciones estadísticas sobre el aumento del número de niños en desamparo familiar e institucionalizados en nuestro país, el cual mostró que en 2005 el número de niños en casas hogar era de 28 mil 107 y estimó que en 2010 se tendrían a 29 mil 310 y para el 2040 se llegaría al clímax con una población de 33 mil 242 niñas, niños y adolescentes.
Al fundamentar los dictámenes, enviados al Senado de la República, para sus efectos constitucionales, el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (PRD), presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez, indicó que con las modificaciones al primer documento se lograrán implementar mecanismos de coordinación a favor de los derechos de los menores y adolescentes migrantes.
El segundo dictamen pretende que se cuente con un marco jurídico general que potencialice la adopción como un medio para garantizar el interés superior de la niñez, alineado a instrumentos internacionales, los cuales México ha firmado y ratificado.
Detalló que las reformas tienen el objetivo de facilitar y agilizar el proceso de adopción a efecto de atender el interés superior de la niñez; que menores en situación de desamparo sean reintegrados con su familia y, en su caso, sean adoptados, a través de un procedimiento ágil y seguro, y se establece de forma expresa que la adopción es plena e irrevocable.
Explicó que el riego que significa contar con procesos que ocasionan largos periodos de institucionalización, pues la edad de las niñas, niños y adolescentes es un factor determinante para sus posibilidades de ser adoptados.
Al establecer la existencia de un procedimiento único que permita que el trámite de adopción sea rápido, eficaz y transparente, mediante la homologación de los requisitos y procedimientos administrativos, por primera vez todos los estados tendrán como plazo máximo de 45 días para emitir el certificado de idoneidad. Dichos certificados serán válidos para iniciar el proceso de adopción de cualquier estado del país.
En los posicionamientos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (PES) mencionó que los niños deben ser protegidos como un espacio jurídico, social y político, libre de ideologías. “Y debemos tener algo clarísimo, sin ignorar que existen padres buenos y padres malos, sólo con el cálido afecto de pertenecer a esta relación paterno materno filial podrían los niños desarrollarse sin descuidar ninguna de las facetas de todo ser humano”, comentó.
“Con esta reforma hoy damos un espaldarazo a la falta de plazos, a la falta de procedimientos únicos, lógicos, simples; a la falta de procesos claros de adopción”, subrayó.
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral (Nueva Alianza) dijo que su voto sería a favor, pues se busca construir una regulación sólida y eficaz en materia de adopción, regida por el principio de interés superior de la niñez.
“Uno de los principales derechos de las niñas y los niños es vivir en familia. Desafortunadamente, para miles de ellos esto no es accesible. De acuerdo con el Centro de Estudios de Adopción, aproximadamente 30 mil menores en desamparo familiar se encuentran viviendo en 700 centros de asistencia social”, refirió.
En cuanto al otro dictamen, consideró que estipular una actuación coordinada entre los sistemas municipales y la Comar, era un imperativo que se tenía que atender. “Como legisladores, no podemos ser omisos ante la situación por la que han pasado los más de 18 mil 650 menores no acompañados en el 2015, que fueron detectados por las autoridades mexicanas”.
El diputado Jorge Álvarez Maynez (Movimiento Ciudadano) avaló ambos dictámenes porque orientan los criterios, tanto para agilizar el tema de adopción como para proteger los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y normar criterios bajo los cuales se puede resguardar su integridad y su seguridad de manera adecuada.
Expuso que es una reforma que va en el sentido correcto y llama a potenciar otros instrumentos jurídicos como los códigos Penal y el Civil, así como las propias leyes estatales en la materia y la Ley General de Adopción.
En representación de Morena, la legisladora Ariadna Montiel Reyes se manifestó a favor, pues se vela el interés superior de la niñez, el cual es trasgredido en el territorio nacional por la violencia desatada por el crimen organizado y por los graves índices de pobreza.
“Muchos niños no acompañados, migrantes nacionales o de otros países, luchan todos los días por llegar a lo que consideran puede ser una mejor calidad de vida”.
Por otra parte, expuso que “nos da mucho gusto conocer que se agilizará el procedimiento de adopción, porque muchos niños que se encuentran en diversos albergues a lo largo y ancho del país, esperan tener una familia, y hay familias que esperan tener un hijo”.
La diputada Daniela de los Santos Torres (PVEM) señaló que se da un gran paso en materia de adopción, ya que por una parte se atienden las recomendaciones del Comité de Niñas, Niños y Adolescentes de la ONU, para prohibir las adopciones privadas en nuestro país, y eliminar los riesgos que estas conllevan, incluyendo el de que niñas y niños sean vendidos para ser adoptados.
Además, por primera vez todos los estados tendrán tiempos de respuesta a los posibles padres adoptantes. Una vez entregados los requisitos, los sistemas DIF o, en su caso, las procuradurías de la Defensa del Menor tendrán plazos máximos para emitir el certificado de idoneidad.
El perredista Rafael Hernández Soriano se pronunció a favor, ya que se agilizan los mecanismos de adaptación para que la niñez viva en un entorno de felicidad, de mayor atención a sus derechos y necesidades.
La otra reforma, continuó, logrará atender a más de cinco mil niñas y niños centroamericanos y de nuestro país que atraviesan el territorio, buscando llegar a Estados Unidos y muchos de ellos van sin compañía.
En tanto, la diputada panista Rocío Matesanz Santamaría agregó que la reforma permitirá que niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo sean reintegrados a una familia. También define que el proceso deberá anteponer el interés superior de la niñez.
“Es muy importante este dictamen, pues prevé dotar una vida familiar para los niños que nunca la han tenido, y una posibilidad para todas aquellas parejas que han estado años y años tratando de adoptar a un pequeño”, aseguró.
Finalmente, la priista Alicia Guadalupe Gamboa Martínez mencionó que con estas modificaciones se logrará reducir el número de mayores de edad que actualmente viven en desamparo familiar, a través de un marco normativo que perfeccione los procesos de adopción y que, a su vez, les asegure que vivirán en un ambiente de afecto, de seguridad moral y también material.
“El vínculo que une a una familia no es la sangre, sino el respeto y la alegría mutua, por ello vayamos todos juntos por los niños de México”, puntualizó.
Aprueba Senado Ley General contra la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes
Castiga hasta con 20 años este delito, al cual establece como imprescriptible.
Envía el proyecto de decreto a la Cámara de Diputados.
El Senado de la República aprobó, con 90 votos a favor y cuatro en contra, el dictamen que expide Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Este ordenamiento tiene el objetivo de establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar el delito de tortura y el de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Especifica que las acciones, medidas, mecanismos y procedimientos, así como la planeación, programación e instrumentación de políticas públicas para la prevención de los delitos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios de dignidad humana, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, no revictimización, perspectiva de género y transparencia y acceso a la información pública.
Asimismo, establece que el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial; además de que el ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga judicialmente para este ilícito son imprescriptibles.
Precisa que no constituyen causas de exclusión del delito de tortura la obediencia a órdenes o instrucciones de un superior jerárquico que dispongan, autoricen o alienten su comisión, y señala que las órdenes de los superiores para cometer esta práctica son ilícitas, por lo que los subordinados tienen el deber de desobedecerlas y denunciarlas.
Del mismo modo, se incluyó no considerar como causas de justificación o excluyentes de responsabilidad de tortura el que existan o se invoquen circunstancias especiales o situaciones excepcionales como tiempo de guerra, invasión o su peligro inminente, perturbación grave de la paz pública, grave peligro, conflicto armado, inestabilidad política interna, suspensión de derechos y sus garantías.
Se explica que un funcionario comete el delito de tortura cuando, a fin de obtener información o una confesión, cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona, cometa una conducta que sea tendiente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento y realice procedimientos médicos o científicos en un individuo sin su consentimiento, o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo.
Los senadores consideraron conveniente que el servidor público vinculado a proceso por el delito de tortura, se le imponga prisión preventiva y ser suspendido temporalmente de su encargo para no afectar la investigación.
Dejaron en claro que también comete el delito de tortura el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, intervenga, en cualquier grado de autoría o participación, en algunas de dichas prácticas.
La Ley estipula que se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión, y de 500 a mil días multa, al funcionario que incurra en alguna de las conductas establecidas.
Tratándose de un particular, se le impondrá una pena de cuatro a doce años de prisión y de 300 a 600 días multa.
Adicionalmente, se estableció que cuando el sujeto activo tenga el carácter de servidor público, se le destituirá e inhabilitará para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
En el nuevo ordenamiento se dispone que las penas previstas para el delito de tortura aumentarán hasta en una mitad cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, mujer, migrante, adulto mayor, indígena, discapacitado, haya sido sometida a cualquier forma de violencia sexual, entre otros.
Asimismo, al servidor público que tenga conocimiento de la presunta comisión del delito de tortura y se abstuviese de denunciar inmediatamente este acto, se le impondrá una pena de cuatro a siete años de prisión y de 250 a 500 días multa.
Ninguna persona procesada o sentenciada por el delito de tortura podrá beneficiarse de inmunidades, indultos, amnistías, figuras análogas o con similares efectos.
También, establece que el Ministerio Público se abstendrá de considerar como parte de su investigación todos aquellos datos o medios de prueba obtenidos directa o indirectamente de hechos constitutivos de tortura y serán excluidas por carecer de valor probatorio todas las pruebas obtenidas, mediante esta práctica.
Se mandata a las instituciones de procuración de justicia a crear fiscalías especiales con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de delitos previstos en la Ley y deberán contar con ministerios públicos, policías, servicios periciales y técnicos especializados para su efectiva operación.
Por otro lado, las autoridades de los tres órdenes de gobierno tendrán que implementarán un sistema homologado de revisión sistemática de las normas, procedimientos y protocolos relativos a la detención, interrogatorio o tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de privación de la libertad, y del uso legítimo de la fuerza, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Se crea el Mecanismo Nacional de Prevención como la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de libertad en todo el territorio nacional y se constituye el Registro Nacional, como herramienta de investigación y de información estadística que incluye los datos sobre todos los casos en los que se denuncie y se investigue los casos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Al presentar el dictamen, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que se trata de una ley “que deja muy claro que la tortura es un delito y una violación grave” a las garantías, que se debe erradicar y desterrar
La legisladora del Grupo Parlamentario del PRD expresó que la tortura sólo genera más y nuevas víctimas e impide el acceso a la verdad y la justicia.
Por la Comisión de Gobernación, la senadora Cristina Díaz Salazar comentó que es una Ley de avanzada, progresista y apegado a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.
No sólo busca castigar la tortura, sino también, constituye un enfoque particular en la prevención de este delito, precisó la legisladora del Grupo Parlamentario del PRI.
Al manifestar la postura en contra del Grupo Parlamentario del PT, la senadora Layda Sansores Sanromán aseveró que no se establecen los mecanismos necesarios para evitar la práctica de la tortura por parte de elementos del Ejército, por lo que seguirá la impunidad en el país.
A ello se suma que en el país no existe un equipo profesional de investigación, por lo que el Ministerio Público actúa bajo lineamientos de flagrancia y testimonios o declaraciones, que se obtienen a través de acciones de tortura.
El dictamen se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Detiene Policía de Ecatepec a un probable homicida en colonia Luis Donaldo Colosio
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Asesinan a abogado en Coacalco
En el municipio de Coacalco de Berriozábal, fue emboscado un abogado cerca de su domicilio cuando viajaba en una camioneta, en compañía de su hermana.
Los hechos ocurrieron en plena luz del día, cuando los hermanos González Ramos fueron emboscados, en la calle Abetos frente al número 119, de la colonia Villa de las Flores, pues fueron rodeados en el vehículo en que viajaban, por cuatro hombres.
Aunque la mujer de nombre Jessica, intentó esquivarlos, las más de 27 balas que les dispararon hicieron que perdiera el control y se estrellara contra un poste de concreto.
Uno de esos proyectiles dio en el cráneo de José Antonio y al comprobar que el abogado estaba muerto los sujetos decidieron huir a pie.
De esta forma, en el asiento del copiloto de la Grand Cherokee gris quedó el cadáver de José Antonio, su hermana resultó con heridas y sobre el pavimento los casquillos que dispararon los asesinos.
Al lugar de llegaron elementos de Protección Civil,para atender a la persona lesionada, así la Policía Estatal, a quienes comentaron los familiares que José Antonio había sido secuestrado hace unos meses, pero pagaron el rescate y fue liberado.
Las autoridades consideraron la posibilidad de que el ataque esté relacionado con este suceso.
“Dicen que lo secuestraron unos policías, no especificaron de qué corporación, pero piensan que probablemente temían que fueran delatados”, comentó uno de los uniformados que resguardaba el área.
Luego de realizar los peritajes, el cadáver de José Antonio fue trasladado al anfiteatro municipal y la camioneta fue llevada a la agencia del Ministerio Público (MP)a bordo de una grúa; el estado de salud de Jessica fue reportado estable.
Por intento de rapto a menor, fue asegurado en Toluca
PF destruye tres plantíos de amapola, en Guerrero
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